Constitucion politica de la republica del ecuador



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CCPR/C/ECU/5

Página



UNITED
NATIONS




ADVANCE EDITED VERSION

CCPR



Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos


Distr.
GENERAL
CCPR/C/ECU/5
17 de diciembre de 2008
Original: Español

Comité de Derechos Humanos



EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS
PARTES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 40 DEL PACTO


Quinto informe periódico

ECUADOR

[22 de diciembre de 2007]
QUINTO INFORME PERIÓDICO DEL ECUADOR SOBRE LA APLICACIÓN DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS1
Integrantes Grupo de Trabajo sobre Derechos Civiles y Políticos de la Comisión de Coordinación Pública para los Derechos Humanos

(Por orden alfabético)



Instituciones Públicas

Institución

Siglas

Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional




Consejo Nacional de la Judicatura




Consejo de la Niñez y Adolescencia

CNNA

Consejo Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador de Pueblos Indígenas

CODENPE

Consejo Nacional de Discapacidades

CONADIS

Consejo Nacional de las Mujeres

CONAMU

Corte Nacional de Justicia Policial




Corte Suprema de Justicia

CSJ

Defensoría del Pueblo




Dirección Nacional de Migración

DNM

Dirección Nacional de Registro Civil

DNRC

Instituto de Estadísticas y Censos

INEC

Ministerio de Ambiente

MA

Ministerio de Bienestar Social

MBS

Ministerio de Defensa Nacional

MD

Ministerio de Economía y Finanzas

MEF

Ministerio de Educación

ME

Ministerio de Gobierno y Policía

MG

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración

MRE

Ministerio de Salud Pública

MSP

Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos

MT

Ministerio Público

MP

Procuraduría General del Estado

PGE

Secretaría Técnica del Frente Social




Subsecretaría de Policía




Tribunal Constitucional

TC

Tribunal Supremo Electoral

TSE


Organizaciones de la Sociedad Civil invitadas

Amnistía Internacional




Auditoría Democrática Andina




Comisión Ecuménica de Derechos Humanos

CEDHU

Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer,

CLADEM







Coordinadora Política Juvenil




Democracia y Desarrollo




Fundación Equidad




Fundación Nuestros Derechos




Fundación Regional de Derechos Humanos

INREDH

Fundación para la Rehabilitación Integral de Víctimas de la Violencia,

PRIVA

Grupo Derechos Humanos

GEDHU

Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente,

ILANUD

Observatorio Internacional de Prisiones




Observatorio Internacional de Prisiones




Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas




Plan País




Servicio Paz y Justicia

SERPAJ


ÍNDICE

Temario:





Párrafos

Página

I. INTRODUCCIÓN……….…………………………………………

1-4




II. PANORAMA POLÍTICO Y ECONÓMICO GENERAL…..……...

5-17



III. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ARTÍCULOS 1 AL 27 DEL PACTO…………………………………………………………………..


18-519




A. Artículo 1……………………………………………………….

18-20




B. Artículo 2………………………………………………………..

21-61




C. Artículo 3…………………………………………………….....

62-101




Ch. Artículo4……………………………………………………......

102-107




D. Artículo 5…………………………………………………….....

108-110




E. Artículo 6……………………………………………………......

111-141




F. Artículo 7……………………………………………………......

142-167




G. Artículo 8………………………………………………………..

168-176




H. Artículo 9………………………………………………………..

177-192




I. Artículo 10………………………………………………………

193-213




J. Artículo 11………………………………………………………

214-216




K. Artículo 12………………………………………………………

217-231




L. Artículo 13……………………………………………………….

232-248




M. Artículo 14……………………………………………………….

249-284




N. Artículo 15………………………………………………………

285-288




Ñ. Artículo 16………………………………………………………

289-291




O. Artículo 17………………………………………………………

292-295




P. Artículo 18………………………………………………………

296-319




Q. Artículo 19………………………………………………………

320-333




R. Artículo 20………………………………………………………

334-338




S. Artículo 21……………………………………………………….

339-344




T. Artículo 22……………………………………………………….

345-358




U. Artículo 23………………………………………………………

359-366




V. Artículo 23………………………………………………………

367-368




W. Artículo 24……………………………………………………….

369-410




X. Artículo 25………………………………………………………

411-425




Y. Artículo 26………………………………………………………

426-484




Z. Artículo 27………………………………………………………

485-519




IV. REPARACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DE CONFORMIDAD CON EL PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS ……………………………

520-521




Anexos…………………………………………………………………..


--------






LISTA DE CUADROS





Página

  1. RECURSOS DE HABEAS CORPUS TRAMITADOS POR AÑOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ……………………………………………………….




  1. RECURSOS CONSTITUCIONALES TRAMITADOS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO A NIVEL NACIONAL POR AÑOS…………………………………………




  1. COMISARÍAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA DEL ECUADOR – 2006……………




  1. DIRECCIÓN NACIONAL DE GÉNERO, MINISTERIO DE GOBIERNO Y POLICIA COMISARÍAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA /DENUNCIAS PRESENTADAS ENTRE 1999 Y 2006 …………………………………………………………………….




  1. PERSONAS ELEGIDAS A NIVEL NACIONAL ELECCIONES MAYO 2000.………




  1. CANDIDATURAS A NIVEL NACIONAL / ELECCIONES MAYO 2000……..…….




  1. CANDIDATURAS A NIVEL NACIONAL/ELECCIONES DEL 20 DE OCTUBRE DE 2002…………………..………………………………………………………………




  1. PERSONAS ELEGIDAS A NIVEL NACIONAL/ ELECCIONES DEL 20 DE OCTUBRE DE 2002….……………………………………….…………………………




  1. MORBILIDAD 2006……………………………………..………………………………




  1. CAUSAS CORTE JUSTICIA POLICIAL 2003…………………………………………




  1. CASOS PRESENTADOS ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, OEA…….……………………………………………………




  1. TIPO Y NÚMERO DE TRÁMITES PRESENTADOS EN EL ÁMBITO NACIONAL EN LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, AÑOS 1998- 2006………………….…………




  1. DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL DE INTERNOS SEGÚN SITUACIÓN LEGAL, AÑOS 2004-2005…………………………………………………………………………




  1. POBLACIÓN PENITENCIARIA POR AÑOS 1999-2006………..……………………




  1. POBLACIÓN DE INTERNOS SEGÚN SITUACIÓN LEGAL POR AÑOS POBLACIÓN DE INTERNOS PROCESADOS ………………………………………..




  1. POBLACIÓN DE INTERNOS CONDENADOS ……………………………………….




  1. POBLACIÓN PENITENCIARIA QUE SE ACOGIÓ A  BENEFICIOS DE LEY POR AÑOS ………………………………………………………………………....................




  1. POBLACIÓN DE INTERNOS EXTRANJEROS POR AÑOS…………………………




  1. POBLACIÓN PENITENCIARIA SEGÚN CAPACIDAD INSTALADA POR AÑOS…………………………………………………………………………………….




  1. ENTRADAS Y SALIDAS DE ECUATORIANOS Y EXTRANJEROS 1998-2005……




  1. PASAPORTES ENTREGADOS DESDE EL 2003 (FECHA EN QUE SE IMPLEMENTÓ EL NUEVO PASAPORTE) AL 2006…………………….……………




  1. CONCESIÓN DE PASAPORTES DURANTE EL AÑO 2001……….…………………




  1. ESTADÍSTICAS MIGRATORIAS AÑO 2004…………………………….……………




  1. ESTADÍSTICAS DE REFUGIADOS Y SOLICITANTES DE REFUGIO EN EL ECUADOR…………………………………………………………………….…………




  1. NÚMERO DE JUZGADOS DE LAS PROVINCIAS ……………………………..……




  1. ACTUACIÓN JUDICIAL POR PROVINCIAS…………………………………………




  1. CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA / TOTAL DE PERSONAS SINDICADAS Y SENTENCIADAS ……………………………………………………




  1. CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA / NÚMERO DE PERSONAS CONDENADAS POR LOS TRIBUNALES PENALES, DETERMINADOS POR TIPOS DE DELITO …………………………………………………………………




  1. TOTAL DE PERSONAS CONDENADAS, POR SEXO INDEPENDIENTE DEL DELITO …………………………………………………………….……………………




  1. EMBARAZO EN ADOLESCENTES DE 12 A 19 AÑOS…..…………………………




  1. PORCENTAJE DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS MUJERES DE 12 A 49 AÑOS …………………………………………………………………….………………




  1. TITULACIÓN DE TIERRAS ANCESTRALES…………………………………………





QUINTO INFORME PERIÓDICO DEL ECUADOR SOBRE LA APLICACIÓN DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

I. INTRODUCCIÓN

1. El Estado ecuatoriano tiene el agrado de presentar al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas el Quinto y el Sexto Informes Periódicos Consolidados sobre la aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que cubren los períodos comprendidos entre 1996-2001 y 2001-2006, de conformidad con la solicitud expresa que hizo el Estado Parte al Comité en febrero de 2006 y que fue aceptada oportunamente por el Comité, ambas gestiones realizadas por intermedio de la Misión del Ecuador ante las Naciones Unidas en Ginebra.


2. Los Informes recogen la totalidad de las observaciones y recomendaciones formuladas por el Comité durante el examen del Cuarto Informe Periódico del Ecuador, que tuvo lugar el 14 de julio de 1998 y que constan en el documento número CCPR/C/79/Add.92, de 18 de agosto de 1998.
3. Para la formulación de los Informes Consolidados se contó con la activa participación y aporte de las instituciones del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil, que integran el Grupo de Trabajo sobre los Derechos Civiles y Políticos, creado en el marco de la Comisión de Coordinación Pública para los Derechos Humanos, mecanismo interministerial, establecido en el año 2002, para el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos, asumidas por el Estado Parte.
4. En relación con el párrafo 23 de las Observaciones Finales del Comité, en el proceso de elaboración de los Informes, el citado Grupo de Trabajo tomó en consideración las Directrices para los informes de los Estados Partes del Pacto, constantes en el documento CCPR/C/66/GUI/Rev. 2, y acogiendo lo sugerido en el párrafo 22 de sus Observaciones Finales, estas últimas fueron ampliamente difundidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, que ostenta la Secretaría Permanente de la Comisión, arriba señalada, a través de su página Web: www.mmrree.gov.ec/politicaexterior/politicamultilateral/ddhh y de varios talleres de capacitación, impartidos a funcionarios del Estado y a delegados de la sociedad civil, entre los años 2003 y 2005.
II. PANORAMA POLÍTICO Y ECONÓMICO GENERAL

5. La República del Ecuador se define constitucionalmente como un Estado social de derecho, soberano, unitario, democrático, pluricultural y multiétnico. Tiene 12.156.608 habitantes de los cuales el 50,5% son mujeres (6.138.255), según el último Censo de Población del 2001. De ese porcentaje de población femenina, más de tres millones viven en la región Costa y la Región Insular, dos millones y medio en la Sierra y más de doscientas cincuenta mil en la Amazonía. El 61,1% de la población se concentra en el área urbana en donde hay 104,9 mujeres por cada 100 hombres. En el grupo etario de 0 a 14 años, el 49,3% son mujeres mientras que en el grupo de 65 años y más, el porcentaje de mujeres es del 52,2%.


6. Según proyecciones de población realizadas en octubre de 2003 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la población femenina en el 2005 sería de 6.684.639 y la masculina de 6.723.631. La tasa de fecundidad promedio ha disminuido para ubicarse en un total de 3,4 por mil en el 2001, con 2,9 en lo urbano y 4,4 en lo rural. Tres de cada diez ecuatorianos son jóvenes. Del total de población joven, el grupo etario más importantes es de19 a 24 años con el 41,65%, siendo similar el porcentaje de población femenina y masculina.
7. Los grupos raciales mayoritarios son el mestizo e indígena, con porcentajes menores de blancos y afro descendientes. Según datos del Censo del 2001, en el Ecuador existían 271.372 personas entre negros y mulatos. Las organizaciones afroecuatorianas estiman que esta población oscila entre 900.000 y 1.200.000 personas2. La población indígena era de alrededor de 830.418 personas, de las cuales más del 50% son mujeres. Según el mismo censo del año 2001, la población mestiza alcanza un total de 9.411.890 y la población blanca 1.271.051 personas. Datos de la CEPAL nos indican que en la población indígena se registran 95,08 hombres por cada cien mujeres, en tanto que en la población afroecuatoriana este índice es de 106,7 hombres por cada 100 mujeres.
8. Se tiene un total nacional de 21,3% de hogares con jefatura femenina, según datos del 2003. El 52% de las personas que hablan una lengua indígena o habitan en hogares donde se habla lenguas nativas tienen sus necesidades básicas insatisfechas.
9. Tal como lo establece la Constitución Política, el Gobierno del Ecuador es republicano, presidencial, electivo, representativo, alternativo, participativo y de administración descentralizada, a través de gobiernos locales provinciales y cantonales. Sin embargo, en estos últimos ocho años, dos presidentes no han podido terminar su mandato como consecuencia de levantamientos populares. Los mandatos presidenciales en ambos casos fueron asumidos por sus vicepresidentes. Se continúa el proceso para alcanzar la independencia de las funciones del Estado, en especial la despolitización de la Función Judicial, por lo cual, en el año 2006 y de forma inédita, la ciudadanía hizo escrutinio público, con veeduría internacional y nacional, para la designación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que actualmente se encuentra en funciones.
10. La crisis política y financiera de los años 1999 y 2000 afectó profundamente el desarrollo económico y social del país. Los indicadores muestran que el índice de pobreza aumentó y las tasas de desempleo así como las tasas de migración a centros urbanos y al exterior (cerca de 700.000 personas en 2003)3 fueron elevadas. En el año 2000, luego de una de las más graves caídas de la actividad productiva y bancaria, el gobierno reformó el sistema monetario adoptando el dólar americano como única moneda de uso oficial (cotización: 25.000 sucres/dólar). En el año 2001 Ecuador mostró signos de estabilización en la actividad económica, como la tendencia a la baja del índice de desempleo, considerando que las remesas de los emigrantes ecuatorianos en ese año representaron 1.430 millones de dólares de los Estados Unidos de América, valor superior a la inversión extranjera directa recibida en el año anterior.
11. Durante el año 2002, el comportamiento de la economía nacional fue moderado en casi todos los sectores productivos, destacándose el crecimiento del sector de la construcción y las inversiones en el sector petrolero. A partir del año 2000, la inversión presupuestaria para el gasto social se duplicó de 690 millones de dólares a 1.500 millones en el año 2002 y a 2.500 millones de dólares en el año 2006, gracias a un acuerdo nacional entre el Gobierno y la sociedad civil, dirigido a la rendición de cuentas hacia la ciudadanía en la elaboración y aprobación del presupuesto del Estado, llamado Observatorio Fiscal.
12. A partir del 2003, los índices macroeconómicos son favorables pero la situación económica de la población se dificulta porque la inflación dolarizada significa incremento en el costo de vida. El déficit fiscal continúa siendo uno de los problemas estructurales. Tampoco se cubren los mínimos presupuestarios fijados por la Constitución para el sector de la educación y salud, debido a los compromisos de la deuda externa, pese al incremento de la inversión social por parte del Estado.
13. A nivel nacional, la pobreza, según el método del ingreso, ascendió del 56% en 1995 hasta alcanzar su valor más alto con el 69% en el 20004. Posteriormente declina hasta estabilizarse en un 60% en el 2003. Según estas fuentes, el costo no revertido de la crisis sería de un 4% en términos de pobreza. La evolución de la indigencia es más pronunciada y su costo no revertido alcanza el 13%. En otras palabras los pobres más pobres agudizaron su situación sin posibilidades de revertirla.
14. Este panorama político y económico desembocó en la disminución progresiva de la clase media, incrementando los niveles de pobreza y extrema pobreza, que a su vez precipitó un flujo migratorio externo, sin precedentes en la historia del país y que se mantiene hasta la presente fecha.
15. Los indicadores sociales evidencian que la crisis de 1999 y 2000 afectó a los sectores más vulnerables. Dicha crisis económica provocó un estancamiento en la producción, la industria, el comercio y la construcción. El modelo económico aperturista ha favorecido la producción de bienes exportables, principalmente primarios, basados en ventajas naturales, lo que sumado a un estilo de industrialización, forjado en épocas anteriores y basado en tecnología intensiva en capital, han tenido un limitado efecto en la generación de empleo en la economía.
16. Sin embargo, la economía creció en los últimos tres años y el gasto social se incrementó, debido a tres factores básicos: la renegociación de la deuda externa, que permitió una reducción del 11,3% al 10,6%; la creación del segundo oleoducto petrolero y del Fondo de Inversión de los Recursos Petroleros (FEIREP); y el aumento permanente de la recaudación fiscal, por el manejo eficiente y transparente del Servicio de Rentas Internas. Ello se evidencia también con el comportamiento del presupuesto del Estado. Si para el año 2000, los ingresos fueron de apenas 2018 millones de dólares, lo que representaba el 45,8% del presupuesto total, para el año 2006, los ingresos fueron de 5.758 millones de dólares, que representaron el 67,9% del presupuesto total del Estado.5
17. Otra de las dificultades que ha enfrentado el país desde el año 2000, es el intenso flujo migratorio y de refugiados, procedente de Colombia y Perú, como consecuencia del conflicto armado interno en el primer país y de la crisis económica del segundo.

III. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ARTÍCULOS 1 AL 27 DEL PACTO



A. Artículo 1

18. En relación con el presente artículo, a partir de la vigencia de la actual Constitución Política de la República del Ecuador, desde el 10 de agosto de 1998, se consolidó en la legislación interna el principio de libre determinación de los pueblos, con la incorporación de los llamados Derechos Colectivos que garantizan la protección y goce de los derechos de pueblos indígenas y afroecuatorianos que habitan el territorio del Estado (Artículos 83, 84 y 85 de la Constitución). Asimismo, desde el 15 de mayo de 1998, Ecuador es Estado Parte del Convenio N.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, de 1989.


19. El artículo uno del título primero, relacionado con Los Principios Fundamentales define al Ecuador como “un Estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, pluricultural y multiétnico”.
20. Por ende, la Constitución confirma la participación activa de la población indígena y negra o afroecuatoriana en el campo político y social. Algunos avances se han alcanzado para integrar a dicha población en el desarrollo político, económico y social del país, sobre los cuales se hablará en el Artículo 27 de los presentes informes.

B. Artículo 2

1. Garantía y respeto de derechos.




21. El artículo 16 de la Constitución Política de la República del Ecuador dispone: “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos que garantiza esta Constitución.” Esta norma ratifica el compromiso del Estado de hacer efectivos los derechos humanos, coincidentes con aquellos reconocidos en el Pacto.



a) Artículo 2. 1. del Pacto.
22. El artículo 23 de la Constitución, en su numeral 3 establece el derecho a la igualdad ante la ley: “Todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma; religión, filiación política, posición económica, orientación sexual; estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole”. Al incluir la prohibición de discriminación por estas causas que no estaban explícitamente señaladas en la anterior Constitución, se amplía el campo de protección a los derechos humanos de grupos vulnerables. Al añadirse también la frase “o diferencia de cualquier otra índole”, la Constitución está acorde con lo prescrito en los tratados internacionales de derechos humanos, particularmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 2.1) que prohíbe la discriminación por “cualquier otra condición social”.
23. Al respecto del artículo dos, párrafo uno del Pacto, el Estado Ecuatoriano ha ampliado la cláusula no discriminatoria, a sectores de la sociedad considerados vulnerables, lo que ha favorecido el fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil que se han involucrado en actividades tendientes a la promoción y defensa de los derechos humanos de tales grupos.
24. El Art. 13 de la Constitución establece que los extranjeros gozarán de los mismos derechos que los ecuatorianos, con las limitaciones establecidas en la Constitución y la Ley. La protección y ejercicio de los derechos humanos de los extranjeros se encuentra en la información constante en los Artículos 13, 16 y 24 de los presentes informes consolidados.
25. Como se dijo en el anterior informe, para cumplir en la práctica la cláusula no discriminatoria del artículo 2.1 del Pacto, el Estado Ecuatoriano, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, discutieron y aprobaron el Plan Nacional de Derechos Humanos del Ecuador, adoptado como política de Estado, en junio de 1998. Con el fin de lograr la aplicación efectiva de dicho programa de Estado, se elaboraron y aprobaron, de manera participativa con todos los actores sociales involucrados, Planes Operativos de Acción, relacionados con: Minorías Sexuales; Prisioneros; Consumidores; Trabajo; Migrantes, Extranjeros, Refugiados y Apátridas; Educación; Tercera Edad; Pueblo Afroecuatoriano y Jóvenes, los cuales se encuentran en proceso de ejecución, desde el año 2003, bajo el liderazgo de la Comisión Permanente de Seguimiento al Plan Nacional de Derechos Humanos del Ecuador, integrada, de manera paritaria, por representantes del Estado y de la sociedad civil, desde noviembre de 1999.
b) Artículo 2.2 del Pacto
Naturaleza y alcance de las normas internacionales sobre derechos humanos en la legislación interna del Ecuador
26. La actual Constitución Política de la República de 1998 introdujo principios fundamentales para hacer efectivos a nivel interno los derechos reconocidos en el Pacto.
27. El Ecuador reconoce que “las normas contenidas en los tratados y convenios internacionales, una vez promulgados en el Registro Oficial, formarán parte del ordenamiento jurídico de la República y prevalecerán sobre las leyes y otras normas de menor jerarquía” (Artículo 163 de la Constitución Política del Ecuador).
28. El artículo 19 de la Constitución Política dispone: “Los derechos y garantías señalados en esta Constitución y en los instrumentos internacionales, no excluyen otros que se deriven de la naturaleza de la persona y que son necesarios para su pleno desenvolvimiento moral y material.”
29. El artículo 18 señala: “Los derechos y garantías determinados en esta Constitución y en los instrumentos internacionales, serán directa e inmediatamente aplicables por y ante cualquier juez, tribunal o autoridad. [...] No podrá alegarse falta de ley para justificar la violación o desconocimiento de los derechos establecidos en esta Constitución, para desechar la acción por esos hechos, o para negar el reconocimiento de tales derechos.”

30. Estas disposiciones establecen la supremacía de la Constitución sobre cualquier otra norma legal y la obligación de que las leyes internas guarden relación con la Carta Suprema y de que carecerán de valor si están en contradicción con ella. El Artículo 273 de la Constitución señala que, “Las cortes, tribunales, jueces y autoridades administrativas tendrán la obligación de aplicar las normas de la Constitución que sean pertinentes, aunque la parte interesada no las invoque expresamente”.


31. El Art. 274 de la Constitución concede la facultad a cualquier juez o tribunal de declarar inaplicable, no solamente los preceptos contrarios a la Constitución, sino también contrarios a los tratados y convenios internacionales, con lo que se amplía enormemente la posibilidad de proteger los derechos del individuo, en casos concretos, cuando existan normas legales contrarias a los preceptos constitucionales y de tratados internacionales, respaldando la acción de los jueces en ese sentido y concediendo igual jerarquía a los convenios internacionales sobre la materia. Con ello, la Constitución reconoce que las normas internacionales y las nacionales forman parte de un solo sistema jurídico. Los jueces, fiscales y funcionarios en general están obligados a conocer el contenido y alcances de las disposiciones internacionales y aplicarlas en el plano interno.
32. En los artículos 20, 21 y 22 de la Constitución se establece el derecho de reparación por efectos de las violaciones a los derechos consagrados en la Carta Política.
33. En la práctica, el Estado aún enfrenta dificultades para aplicar directamente las normas internacionales, particularmente por la ausencia de una mayor formación y convicción de los operadores de justicia y abogados en el tema de la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos.
2. Difusión y programas de enseñanza de los derechos humanos en el Ecuador
34. Acogiendo la recomendación del Comité, formulada en el párrafo 21 de las observaciones al Cuarto Informe Periódico, el Estado está realizando esfuerzos puntuales para lograr la formación en materia derechos humanos de los agentes estatales. La obligación del Estado ecuatoriano de promover la enseñanza de los derechos humanos está consignada en el segundo inciso del Artículo 66 de la Constitución Política que dispone:
“La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la paz.”

35. Desde 1993, el Estado ecuatoriano ha promovido la enseñanza de los derechos humanos en el país, particularmente en la formación profesional del personal encargado de la aplicación de la ley, sea éste civil o militar.



3. Programas de enseñanza de derechos humanos en la institución policial
36. Dentro de los programas de enseñanza sobre los derechos humanos, la Policía Nacional ha instituido dentro de su programa de estudios la cátedra de derechos humanos, en la Escuela de Formación de Policías y Clases, en la Escuela de Formación de Oficiales; en la Escuela de Formación de Perfeccionamiento; en la Escuela de Especialización; y en la Escuela de Estado Mayor, como eje vertical y transversal de derechos humanos en los centros de educación superior y como requisito indispensable para el ascenso a las categorías superiores del escalafón policial.
37. El Estado ecuatoriano ha trabajado estrechamente con la sociedad civil en el tema de la capacitación en derechos humanos. Otras organizaciones de derechos humanos, en coordinación con la Policía Nacional, iniciaron programas de educación en derechos humanos para personal policial que han fomentado la sensibilización de dicho personal en el tema de los derechos humanos, particularmente en lo referente a los derechos civiles y políticos.
38. Uno de los programas más destacados ha sido el iniciado por el Centro de Estudios e Investigaciones Multidisciplinarias del Ecuador (CEIME), que desde 1994 hasta la presente fecha ha impulsado capacitación en derechos humanos a la Policía Nacional, la cual va dirigida a agentes de mandos superiores e inferiores. Los temas centrales de la capacitación han sido la prohibición de la tortura y los malos tratos, los sistemas de investigación, el mejoramiento de la atención a víctimas de violencia intrafamiliar, entre otros. Con estos programas, se han capacitado alrededor de 16.192 elementos policiales cada año.
4. Programas de enseñanza de derechos humanos en las Fuerzas Armadas
39. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas también han implementado en los últimos años en los programas de estudios de oficiales y tropa, doctrinas, principios y conceptos fundamentales para cumplir con su misión, subordinándose al respeto de los derechos humanos tanto interna como externamente.
40. Con el acuerdo suscrito en octubre de 1993 entre el Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores, ALDHU y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se inició el programa denominado “Formación en Derechos Humanos dirigido a los miembros de las Fuerzas Armadas del Ecuador”6, cuyo objetivo fundamental ha sido “contribuir al fortalecimiento del rol de las Fuerzas Armadas como garantes del Estado de Derecho y abrir un espacio de diálogo cívico militar, respecto a los temas de Democracia, Seguridad y Derechos Humanos”.
41. En la primera etapa del programa que va desde 1993 hasta 1996, se capacitaron 6500 miembros de las Fuerzas Armadas, principalmente del Ejército, quienes participaron en actividades educativas con las cuales se logró la incorporación de los contenidos de derechos humanos en la instrucción profesional militar. La segunda fase del programa 1996-1997, implementó un Plan de Emergencia para dar capacitación en derechos humanos a 8000 miembros de las Fuerzas Armadas. En esta segunda fase se incorporaron 360 miembros de la Fuerza Aérea y Naval. En febrero de 1997, el Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo una evaluación del programa que sirvió de base para la tercera fase del mismo. La tercera fase 1997-1999, incluyó la realización de un diplomado sobre Derechos Humanos y Seguridad, cuya ejecución estuvo bajo la responsabilidad de la FLACSO-Ecuador, con el cual se formó a 12 profesionales militares, que se han constituido en profesores de derechos humanos en las instancias educativas de las Fuerzas Armadas.
42. El programa ha ayudado a cambiar la concepción de los derechos humanos por parte de la institución militar, que en una primera etapa identificaba los derechos humanos como una disciplina excluyente de las Fuerzas Armadas.
43. En la institución militar se han dado cambios importantes en las disposiciones internas, especialmente en el trato de los miembros de tropa y personal que realiza el servicio militar. Se abrieron canales de presentación de denuncias de violaciones de derechos para el personal militar y se han dado disposiciones expresas para incluir el tratamiento de los derechos humanos en la formación regular de los militares y personal civil de las Fuerzas Armadas.
5. Programa de capacitación sobre los derechos de los extranjeros, refugiados, apátridas y desplazados
44. El Estado ecuatoriano, con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, inició la capacitación particularmente del personal de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, dirigido específicamente a conocer la normativa internacional y local sobre los derechos de los extranjeros, refugiados, apátridas y desplazados. Este programa tuvo una duración de dos años (2000-2002).
45. El Programa estuvo dirigido a autoridades policiales migratorias y militares de zona de frontera y de la Defensoría del Pueblo, nacionales y provinciales, a periodistas, a profesores, así como a la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos, vinculadas con el tema. Durante el programa se realizaron siete talleres en Cayambe, Azogues, Esmeraldas, Cuenca, Coca, Quito, Guayaquil y Santo Domingo de los Colorados. Con el programa se han capacitado alrededor de 2000 personas.
6. Educación y derechos humanos en el Plan Nacional de Derechos Humanos del Ecuador
46. Como ya se mencionó en el párrafo 25 de los presentes informes, el Estado ecuatoriano, desde 1998, adoptó como política de Estado el Plan Nacional de Derechos Humanos del Ecuador7, en el cual se recoge como eje transversal, el tema de la educación en y para los derechos humanos. En la parte que corresponde a la capacitación del personal encargado de la aplicación de la ley, el Plan Nacional contempla:
“Art. 33. Incentivar para que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional reciban cursos de Derechos Humanos, de conformidad a los programas de estudio, acordados en los respectivos Convenios, que suscriban los órganos directivos de las Instituciones de la Fuerza Pública con los Organismos especializados”.
47. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el marco del Proyecto “Apoyo al Plan Nacional de Derechos Humanos”, en el Componente IV del citado Proyecto “Educación y Derechos Humanos”, inició la capacitación de agentes de la Policía Nacional, agentes fiscales y representantes de los medios de comunicación social, en un programa que duró un año (2000-2001) y que benefició alrededor de mil personas.
48. En el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos, el Estado y la sociedad civil elaboraron el Plan Nacional de Educación para los Derechos Humanos, el cual ha sido consultado y aprobado por la Comisión Permanente de Seguimiento del Plan Nacional8, en el cual se prevé la puesta en marcha del Plan Nacional de Capacitación en derechos humanos, que incluye maestros, agentes del orden, comunicadores, agentes fiscales, profesionales de varias ramas y miembros de la sociedad civil. Este Plan Nacional de Capacitación inició sus trabajos en el año 2003.
49. El sistema carcelario en Ecuador, al 2006, cuenta con 256 profesionales para 36 centros de rehabilitación (no se incluyen los tres centros de detención preventiva -CDP). De este número, 84 son profesionales de la salud entre médicos y odontólogos, 61 trabajadores sociales, 54 psicólogos, 26 educadores y 31 responsables de las áreas laborales en los talleres.9 En coordinación con la sociedad civil, la Comisión Permanente del Plan Nacional publicó los manuales: “Debido Proceso Penitenciario”, “Capacitación para Equipos Profesionales de los Centros de Detención y Rehabilitación Social del Ecuador” y el folleto “Los Derechos son de Todos”, que son el resultado de un proceso de capacitación impartido a personal directivo, profesional (médicos, psicólogos, trabajadores sociales, educadores y maestros de talleres) y de custodia de los centros penitenciarios del país. El proceso de capacitación se realizó entre los años 2003 y 2004, con la cooperación del Consejo Nacional y de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, de la Fundación para la Rehabilitación Integral de Víctimas de la Violencia (PRIVA), del Instituto de Criminología de la Universidad Central del Ecuador y del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD). Dichos Manuales han sido distribuidos, previa la capacitación correspondiente, a otros funcionarios judiciales, fiscales y delegados de la sociedad civil, en talleres realizados en el ámbito provincial por la Comisión Permanente, durante los años 2005 y 2006.

50. Pese a estos avances, el Estado es consciente que el tema de la educación y capacitación en derechos humanos debe ser fortalecido y debe cubrir, en el marco del Plan Nacional de Educación, otras áreas profesionales como la medicina y la psiquiatría.


51. Finalmente, el Estado ecuatoriano, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones que entrañan el ser Estado Parte de tratados y convenios internacionales, creó, mediante Decreto Ejecutivo 3493, publicado en Registro Oficial No. 735, de 31 de diciembre de 2002, la Comisión de Coordinación Pública para los Derechos Humanos, como mecanismo de coordinación para asuntos de derechos humanos que competen al Estado y para la atención de compromisos del Ecuador con los comités y órganos creados en virtud de instrumentos internacionales de derechos humanos. Una vez creada, la Comisión aprobó su Plan de Trabajo, que incluye la elaboración de los informes pendientes ante los Comités de Seguimiento de las Naciones Unidas, entre ellos, el Comité de Derechos Humanos.
7) Artículo 2.3 del Pacto
52. Con la promulgación de la Carta Constitucional de 1998, se han introducido varios recursos constitucionales que protegen y garantizan el ejercicio de los derechos humanos en el Ecuador:



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