Consideraciones al comentario general nº 6 sobre el artículo del pacto internacional por los derechos civiles y políticos



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Asociación Hazte Oír

Paseo de la Habana 200

28016 MADRID


            

CONSIDERACIONES AL COMENTARIO GENERAL Nº 36 SOBRE EL  

ARTÍCULO 6 DEL PACTO INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
La Asociación Hazte Oír quiere expresar su preocupación ante las recomendaciones que figuran en el Comentario General número 36 sobre el artículo 6 del Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos. Consideramos que en la última versión del Comentario se promueven prácticas como el aborto y la eutanasia que, más que una protección del derecho a la vida suponen un claro atentado contra el mismo.
Además, asumen la existencia de un derecho al aborto y a la eutanasia que no sólo no son aceptados ni contemplados como tales en ninguna declaración internacional de derechos humanos, sino que atentan contra el primero y fundamental de todos, sin el cual ningún otro derecho tiene sentido: el derecho a la vida.
El derecho a la vida es un derecho fundamental recogido en la Declaración Universal de Los Derechos Humanos, y en la Convención Europea de Derechos Humanos, entre otros. Asimismo, el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos recoge este derecho en su artículo 6, tal como se recoge a continuación:


6. 1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.
Este derecho a la vida asiste a todos los seres humanos, tanto a aquellos que se encuentran viviendo y desarrollándose dentro del seno materno, como aquellos que ya han nacido, muchos de los cuales aún siguen siendo dependientes de un tercero para poder continuar con su ciclo vital.
Además, tal y como recoge la Convención de la ONU sobre las personas con discapacidad, el derecho a la vida se refiere también a aquellos seres humanos padecen algún tipo de discapacidad física o psíquica, y también a las personas que padezcan cualquier enfermedad, ya sea congénita o adquirida.
Es por tanto que en este sentido apoyamos la afirmación que se hace en el párrafo 3 del Comentario General de que “este derecho no debe interpretarse de forma restrictiva” sino que creemos que debe ser entendido como un derecho que asiste a todos los seres humanos, independientemente de la fase del desarrollo o de las circunstancias concretas en las que dicha vida se encuentre.
Existe unanimidad científica en que desde el momento de la fecundación surge un nuevo ser vivo humano, con una dotación genética única, que lo convierte, por tanto, en un ser humano diferente de su padre y de su madre biológicos. De aquí se desprende que el aborto consiste en la eliminación de un ser humano que vive dentro del seno materno, y, cuya vida se acaba en el con la práctica del mismo. Por tanto no se puede promover el aborto como un derecho de la mujer, ya que esto supondría una incompatibilidad con el derecho a la vida de otro ser humano, el hijo, con una identidad y corporalidad distintas a las de la madre, y por tanto esta no puede disponer de él como si fuera una parte de su propio cuerpo.
No podemos en consecuencia aceptar la siguiente afirmación  el párrafo 9, en la que se considera un trato cruel e inhumano el hecho de que la mujer siga adelante con su embarazo, protegiendo así el derecho a la vida de su hijo.
Aunque los Estados Partes pueden adoptar medidas destinadas a regular las interrupciones del embarazo, tales medidas no deben resultar en violación del derecho a la vida de una mujer embarazada ni de sus otros derechos en virtud del Pacto, incluida la prohibición de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por lo tanto, las restricciones legales a la capacidad de las mujeres para solicitar el aborto no deben, entre otras cosas, poner en peligro sus vidas o someterlas a sufrimientos físicos o mentales (…) especialmente cuando el embarazo es el resultado de la violación o el incesto o cuando el feto sufre de una discapacidad mortal"

Hoy, en pleno siglo XXI, no existe prácticamente ninguna patología materna que contraindique un embarazo y el desarrollo del mismo. Por tanto, es necesario insistir en la dotación de medios económicos y humanos a todos los países, pero sobre todo a los países pobres, para que puedan dar a las mujeres embarazadas con cualquier tipo de enfermedad la atención que en este sentido necesitan y a la que tienen  derecho, más que invertir en fondos para facilitarles el aborto.


Recordemos aquí el caso de “Beatriz”, en El Salvador, una mujer embarazada enferma de lupus, cuyo embarazo se presentó ante la opinión pública como un grave riesgo para su vida, afirmándose que se le debía permitir abortar ya que moriría si no lo hacía. El mensaje por parte de determinados colectivos era que su enfermedad era incompatible con la vida de la mujer, y que por tanto debía de permitírsele la práctica del aborto, ilegal en su país. Sin embargo la mujer siguió adelante con su embarazo, se le facilitaron los cuidados médicos necesarios, y fue posible que, naciera su hijo y que ella siguiera con vida.
El caso en el que la vida de la mujer corre un peligro inminente y real, es una urgencia médica que el profesional debe siempre resolver aplicando tomando la decisión que, sobre la base de su buen saber y ejercer la Medicina de acuerdo con la lex artis, considere la más correcta. Es por tanto inadecuado e innecesario regular estos casos por la vía de la aprobación de leyes, tal y como recomienda el artículo 9,  permitan el aborto, al igual que es innecesario aprobar una ley que permita al médico practicar una apendicectomía en el caso en el que el paciente padezca un apendicitis. De ser así, se estaría favoreciendo el recurso rápido y en muchas ocasiones no indicado al aborto, el cual también pone en riesgo a la mujer, y además acaba con la vida de un ser humano.
Por tanto, no se puede considerar una violación del derecho a la vida de la mujer el hecho de que, cuando esta se encuentra ante un embarazo complicado,  se le proporcionen los recursos y cuidados necesarios para tener a su hijo en lugar de procurar un aborto.
En los casos en los que el Comentario, también en el párrafo 9, recomienda la práctica del aborto, tales como incesto, violación, el Comité hace referencia al sufrimiento de la mujer, defendiendo la práctica del aborto para evitar que se incumpla con la prohibición de un trato cruel, inhumano o degradante.
No hay lugar a dudas de que la violación es un ataque inaceptable a la mujer, que atenta contra su integridad y que debe de ser perseguido y castigado. Pero este castigo debe ser infligido al único culpable que hay en estas situaciones: el violador. El aborto en casos de violación convierte en culpable al que, en todo caso sería, junto a la mujer, una víctima: el hijo concebido.
El porcentaje de casos de embarazo tras violación es muy escaso, pero no por esto deja de ser un trauma y una situación de enorme sufrimiento para la mujer. Sin embargo, intentar resolver este sufrimiento practicándole un aborto, no acabaría con el trauma psicológico de la violación, sino que añadiría otro más: el del aborto. Es conocido y publicado en la bibliografía que el aborto conlleva un trauma psicológico para la mujer, que puede aparecer incluso años después de que este se practique, por lo que una mujer que ha sido violada, podría acarrear durante toda su vida un doble trauma: el de su violación y el del aborto.
Además, el aborto en caso de violación supone convertir en culpable al hijo concebido, aplicando la pena de muerte a alguien que, en todo caso, sería una víctima. La práctica del aborto en casos de violación no hace que la mujer olvide este hecho, y además acaba con la vida de un inocente.
Es primordial promover el acompañamiento de estas mujeres durante su embarazo y facilitarle, en su caso, la entrega del hijo en adopción. Para esto es necesario que se promuevan  en todo el mundo políticas de adopción ágiles y eficaces, que permitan que se pueda respetar el derecho a la vida del hijo, y además proteger a la mujer que no quiera hacerse cargo del mismo.
Los miembros del Comité llaman la atención sobre los riesgos de un aborto clandestino, alegando que es por tanto necesario legalizarlo en los países. Las cifras de aborto clandestino, se desconocen precisamente por esa misma clandestinidad en la que se realiza, por eso la mayoría de ellas están sobrevaloradas y no se basan en una estadística fiable y real.
Promover el aborto en los países en vías de desarrollo no es una práctica que pueda catalogarse como encaminada a la mejora de la salud maternal, ya que identificar aborto legal con aborto seguro es un error. El aborto no es saludable para la mujer. Evidentemente menos aún si se lleva a cabo en malas condiciones, pero aún en situaciones de legalidad el aborto es una práctica que daña a la mujer y pone en riesgo tanto su salud física como psicológica.
El aborto aumenta en los países en los que su práctica es legal, como se ha visto en España, y esto aumenta también el riesgo al que se expone a la mujer. Lo deseable y verdaderamente encaminado a promover la salud maternoinfantil en los países en vías de desarrollo consiste en la aplicación de programas que inviertan en educación para la salud dirigidos a las mujeres, y en los medios que favorezcan el seguimiento y control de los embarazos y la asistencia al parto en los centros sanitarios.
En otro orden de cosas, el Comentario Generalen su párrafo 10 induce a la práctica de la eutanasia, aceptando que sea el médico el que ùeda poner fina la vida de su propio paciente:
Los Estados Partes [pueden permitir] [no deben impedir] que los profesionales de la medicina proporcionen tratamiento médico o los medios médicos para facilitar la terminación de la vida de adultos [catastróficamente] afectados, como los mortalmente heridos o enfermos terminales”
Esta recomendación no deja de entrar en contradicción con la  previa de prevenir la práctica de suicidios. Se acepta que se intervenga para impedir la práctica de un suicido en alguien que se supone no padece una “afectación catastrófica” en su vida, incluso se acepta la intervención de las fuerzas policiales para evitarlo, pero por otro lado se recomienda que el médico colabore en la acción deliberada de provocar la muerte al paciente cuando éste lo demande.

SI esta recomendación se hace en aras de preservar la autonomía personal, no se entiende cómo se pide la prevención del suicidio sólo en unos casos determinados, y cómo limita esta autonomía personal a unas determinadas personas ( catastróficamente afectadas, mortalmente heridas o enfermos terminales).


Esta contradicción hace evidente que los propios redactores del Comentario reconocen que el deseo de morir no es algo natural, ya que hay personas a las que se les debe impedir suicidarse. Es prioritario reclamar una atención adecuada a estas personas en la fase final de su vida, y las recomendaciones deberían ir encaminadas a la puesta en práctica de una formación adecuada en cuidados paliativos, y reclamar a los estado miembros que inviertan en la atención a los enfermos en situación terminal
Un estado no puede imponer al médico una práctica que, de nuevo, al igual que en el caso del aborto, supone acabar deliberadamente con la vida de una persona. El deber del médico ha de ser prevenir, curar, y, cuando esto no sea posible, paliar. En ningún caso un Estado debería disponer un sistema sanitario encaminado a provocar la muerte del paciente, sino procurar una vida digna hasta su muerte de manera natural


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