Comisión interamericana de derechos humanos



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anuales -> Original: Español Informe Anual de la Comisión
anuales -> Vol. II informe Anual de la cidh 2011

Canadá





  1. La Relatoría Especial toma nota de las sentencias de la Corte Suprema de Canadá en los casos Peter Grant et al v. Torstar Corp et al140, y Douglas Quan et al v. Danno Cusson141, del 22 de diciembre de 2009. De acuerdo con la información recibida, ambos fallos ordenaron nuevos juicios y aceptaron la posibilidad de invocar en ellos, como defensa, la comunicación responsable en asuntos de interés público (responsible communication on matters of public interest), según la cual no puede ser declarado culpable un comunicador que demuestre haber actuado con responsabilidad respecto de la confirmación de la información contenida en sus reportes, aunque no pueda demostrar en un juicio la verdad de lo publicado. Las sentencias sostienen que las leyes de difamación vigentes en Canadá hasta ese momento no protegían afirmaciones en asuntos de interés público, si no podían ser probadas como verdaderas. Sin embargo, la Corte Suprema consideró que, insistir ante un tribunal en la acreditación de la certeza en informaciones concernientes a asuntos de interés público, puede evitar la comunicación de hechos que una persona considere razonables y relevantes para el debate público, inhibir el discurso político y el debate en materias de importancia pública, así como impedir el proceso de discusión necesario para descubrir la verdad. La Corte Suprema tomó en cuenta jurisprudencia de otras democracias con sistemas legales regidos por el common law para sostener la necesidad de reemplazar las reglas canadienses vigentes por la doctrina de la comunicación responsable en asuntos de interés público, que en su criterio brinda una mayor cobertura a la libertad de expresión, a la vez que ofrece una adecuada protección a la reputación. A la fecha de cierre de este informe, la decisión en los nuevos juicios de ambos casos se encuentra pendiente.




  1. Por otra parte, la Relatoría Especial fue informada de la sentencia de la Corte Suprema de Canadá en el caso R v. National Post, del 7 de mayo de 2010, la cual reconoce el derecho de los periodistas a mantener la confidencialidad de las fuentes de información, sin embargo establece algunas excepcionales limitaciones. Según la Corte: “En las circunstancias apropiadas, por consiguiente, las cortes deberán respetar la promesa de confidencialidad dada a una fuente secreta por un periodista o editor. El interés del público en ser informado acerca de asuntos que sólo podrían ser revelados por fuentes secretas, sin embargo, no es absoluto. Este debe ser contrastado con otros importantes intereses públicos, incluyendo la investigación de un crimen. En algunas situaciones, el interés en proteger una fuente secreta debe ser sopesado con intereses públicos en competencia, y una promesa de confidencialidad puede no ser suficiente para justificar la supresión de evidencia”142. Aplicando este juicio de proporcionalidad al caso concreto, la Corte Suprema determinó ordenar al periódico National Post entregar la información que el periódico había argumentado protegida por la confidencialidad de las fuentes143. La Corte Suprema encontró que: “Las ofensas alegadas son de una gravedad suficiente para justificar la decisión de la policía de investigar las alegaciones criminales. La evidencia física es esencial para la investigación policial y probablemente esencial también para cualquier futuro proceso penal”144.




  1. En su decisión en el caso Globe and Mail v. Canada (Attorney General), emitida el 22 de octubre de 2010, la Corte Suprema de Canadá aplicó un criterio parecido en el contexto de un proceso civil145. La Suprema Corte reiteró lo dicho en el caso R v. National Post, en el sentido que la Carta de Canadá protege el derecho de los periodistas a mantener la confidencialidad de las fuentes de información con algunas excepciones que deben ser valoradas en el caso concreto cuando se reúnen ciertos criterios146. En particular, en un caso civil, el tribunal debe valorar la importancia de contar con la información para la administración de la justicia versus el interés público en mantener la confidencialidad de las fuentes del periodista147. La Corte Suprema destacó que, para ordenar un periodista a hacer declaraciones que podrían identificar una fuente confidencial en un proceso judicial, la parte que solicita la información debe mostrar su relevancia y luego el tribunal debe aplicar los criterios anunciados por la Corte Suprema, entre ellos el juicio de proporcionalidad.148 En el caso concreto, la Corte Suprema dejó sin efecto una orden de la Corte Superior que tenía el efecto de obligar al periodista en cuestión a declarar, y ordenó a dicho tribunal volver a considerar el asunto tomando en cuenta los criterios establecidos por la Corte Suprema149. Adicionalmente, la Corte Suprema dejó sin efecto una orden emitida por la Corte Superior que prohibía al periodista continuar publicando sobre las negociaciones destinadas a obtener una solución amistosa en el caso. Consideró la Corte Suprema que: “la orden de la Corte Superior se debe entender como lo que es: una prohibición judicial de publicar que tuvo el efecto de limitar la libertad de expresión del [periodista]”150.




  1. La Relatoría recuerda que el principio 8 de la Declaración de Principios establece que: “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”. Asimismo, el principio 5 establece que: “La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.




  1. La Relatoría Especial recibió información acerca del uso excesivo de la fuerza que autoridades policiales habrían ejercido contra manifestantes pacíficos, y la imposición de importantes limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión durante la cumbre del G20 en Toronto, los días 26 y 27 de junio. De acuerdo con la información recibida, cientos de personas habrían sido arrestadas durante ese fin de semana, y la Policía habría empleado fuerza excesiva para realizar arrestos y controlar al público, incluso contra manifestantes pacíficos, en zonas protegidas y habilitadas para el ejercicio de la libertad de expresión151. Al menos nueve periodistas y trabajadores de los medios de comunicación habrían sido golpeados y/o detenidos, mientras a otros se les habría impedido cubrir las protestas152. Según la información recibida, cientos de personas habrían sido detenidas hasta por 24 horas en un centro de detención temporal que consistía en jaulas de varios tamaños153. Según informaron organizaciones de la sociedad civil, las condiciones de detención fueron inadecuadas en cuanto a espacio, sanidad, alimento y medicación; y las personas detenidas no tuvieron acceso a asistencia legal ni al uso de un teléfono154. La información recibida por la Relatoría Especial indica que la mayoría de las personas arrestadas habría sido liberada sin condiciones, mientras que se habrían presentado cargos contra al menos 270155. En una audiencia pública sostenida el 25 de octubre de 2010, en el marco del 140ª periodo ordinario de sesiones de la CIDH, los peticionarios informaron a la Comisión sobre estos hechos, las deficiencias en el sistema jurídico que les dieron soporte y las graves consecuencias en materia de libertad de expresión. En particular, indicaron que el artículo 63 del Código Penal canadiense, el cual prohíbe la concentración ilegal (unlawful assembly), resulta vago e impreciso, y ha sido utilizado para reprimir las actividades políticas en Canadá156. En la misma audiencia, el Estado de Canadá informó que existen varios procesos internos en curso dirigidos a examinar la conducta de la fuerza pública en el marco de la cumbre del G20157.




  1. En seguimiento a dicha audiencia la CIDH formuló un pedido de información al Estado de Canadá con la finalidad de esclarecer los hechos ocurridos el 26 y 27 de junio en Toronto. En su respuesta del 13 de diciembre de 2010, el Estado reiteró que existen varios procesos internos en curso e informó que se encontraba solicitando la información relevante a los distintos niveles de gobierno, por lo cual enviaría su respuesta final a la CIDH a más tardar el 31 de enero de 2011. Asimismo, la CIDH fue informada de la publicación, en diciembre de 2010, de un informe del Ombudsman de Ontario sobre estos hechos. En dicho informe, el Ombudsman denunció el hecho de que en preparación para la cumbre se había aprobado la Regulación 233/10, la cual activó la Ley de Protección de Obras Públicas (Public Works Protection Act), una legislación poco conocida de la época de la Segunda Guerra Mundial. Según señaló el Ombusdman, “la regulación activó el poder extravagante de la Policía contemplado en la Ley de Protección de Obras Públicas, incluyendo la potestad de arrestar y detener arbitrariamente a las personas”158. Concluyó el Ombusdman que, “el efecto de la Regulación 233/10, ahora vencida, era violar la libertad de expresión en formas que no parecen justificables en una sociedad libre y democrática”159.




  1. La Relatoría manifiesta su preocupación por estos hechos y recuerda que el principio 2 de la Declaración de Principios de la CIDH señala que: “Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. Como lo ha indicado la Relatoría, este principio no se aplica sólo a la actividad periodística, pues se extiende a otras formas de ejercicio de la libertad de expresión como las manifestaciones públicas y la protesta social.




  1. Por su parte, el principio 5 de la Declaración de Principios señala que: “La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.




  1. Asimismo, respecto al marco jurídico, la Relatoría ha señalado que: “las normas legales vagas o ambiguas que por esta vía otorgan facultades discrecionales muy amplias a las autoridades son incompatibles con la Convención Americana, porque pueden sustentar potenciales actos de arbitrariedad que equivalgan a censura previa o que impongan responsabilidades desproporcionadas por la expresión de discursos protegidos. Las normas vagas, ambiguas, amplias o abiertas, por su simple existencia, disuaden la emisión de informaciones y opiniones por miedo a sanciones, y pueden llevar a interpretaciones judiciales amplias que restringen indebidamente la libertad de expresión; de allí que el Estado deba precisar las conductas que pueden ser objeto de responsabilidad ulterior, para evitar que se afecte la libre expresión de inconformidades y protestas sobre la actuación de las autoridades”160.




  1. La Relatoría Especial recibió información según la cual, en los primeros días de febrero de 2010, las autoridades canadienses habrían impedido el ingreso a su país de dos periodistas estadounidenses que pretendían cubrir los Juegos Olímpicos de Invierno 2010 en la ciudad de Vancouver. Según la información recibida, John Weston Osburn, reportero independiente asociado a la organización Indymedia, habría sido impedido de ingresar a Canadá tras ser interrogado por oficiales de inmigración. En tanto, el periodista Martin Macias Jr, colaborador de Vocalo, un sitio de noticias en línea afiliado a la Radio Pública de Chicago, también habría sido impedido de ingresar a Canadá por las autoridades migratorias. Según la información disponible, ambos periodistas tenían la intención de cubrir las protestas contra los Juegos Olímpicos161.




  1. La Relatoría Especial recuerda lo establecido en el principio 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, antes señalado.



      1. Chile





  1. La Relatoría Especial reconoce los importantes avances alcanzados por el Consejo para la Transparencia en Chile, en materia del derecho de acceso a la información. El presente año, el Consejo cumplió un año de funcionamiento y el balance de su gestión reporta importantes logros que serán reseñados en detalle en otro capítulo de este informe162.




  1. La Relatoría Especial también destaca la aprobación de la Ley 20.453, que “consagra el principio de neutralidad en la red para los consumidores y usuarios de Internet”. Esta ley, publicada el 26 de agosto de 2010, establece que los proveedores de acceso al Internet: “No podrán arbitrariamente bloquear, interferir, discriminar, entorpecer ni restringir el derecho de cualquier usuario de Internet para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal a través de Internet, así como cualquier otro tipo de actividad o uso legal realizado a través de la red. En este sentido, deberán ofrecer a cada usuario un servicio de acceso a Internet o de conectividad al proveedor de acceso a Internet, según corresponda, que no distinga arbitrariamente contenidos, aplicaciones o servicios, basados en la fuente de origen o propiedad de éstos, habida cuenta de las distintas configuraciones de la conexión a Internet según el contrato vigente con los usuarios”163.




  1. En materia de desafíos, la Relatoría recibió información según la cual, el documentalista Jaime Díaz Lavanchy habría sido agredido verbalmente por Pedro Sabat, alcalde de la comuna de Ñuñoa, provincia de Santiago, el 5 de mayo de 2010, mientras que algunos de sus guardias de seguridad y colaboradores lo habrían golpeado y dañado accesorios de su equipo de trabajo. La información recibida indica que Díaz Lavanchy había preguntado a Sabat sobre la falta de atención a los damnificados del sismo164.




  1. Según la información recibida, el 10 de febrero de 2010, Richard Curinao, comunicador social del Pueblo Mapuche, habría sido detenido por agentes policiales en su lugar de trabajo. Según denunció el periodista, los agentes requisaron su disco duro y lo trasladaron por la fuerza a su domicilio, donde requisaron también el disco duro de su computadora particular y diversos accesorios empleados en las funciones comunicacionales. Según la información recibida, Richard Curinao cumple labores como editor del informativo Werken Kvrruf, integra el Programa Radial Wixage Anai, es miembro de la Red de Comunicadores Mapuche y colaborador de diversos sitios informativos165.




  1. El 13 de mayo de 2010, el comunicador, poeta, cantante y fotógrafo Alejandro Stuart habría sido detenido. Según la información recibida, la detención habría ocurrido después del allanamiento de la casa de Stuart por parte de agentes de la fuerza pública chilena. La información recibida indica que el día antes del allanamiento y detención Stuart fotografió una marcha del pueblo indígena Mapuche en Temuco166.




  1. El principio 2 señala: “Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.




  1. El 9 de noviembre fueron cerradas las radios comunitarias Radio Felicidad, Tentación y Radio 24, en la comuna de Paine. Según la información recibida, integrantes de la Brigada de Delitos Contra la Propiedad Intelectual de la Policía de Investigaciones confiscaron los equipos de Tentación y Radio 24, en el marco de un proceso penal en contra de integrantes de las radios. La información recibida indica además que cinco personas fueran detenidas, incluyendo a los directores de Tentación y Radio 24. Según la información recibida, la denuncia que dio lugar al proceso penal fue iniciada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones en respuesta al reclamo de una radio comercial de la zona167.




  1. La Relatoría recuerda que toda restricción impuesta a la libertad de expresión por las normas sobre radiodifusión debe ser proporcionada, en el sentido que no exista una alternativa menos restrictiva del derecho a la libertad de expresión para lograr el fin legítimo perseguido. Así, el establecimiento de sanciones penales ante casos de violaciones a la legislación sobre radiodifusión no parece ser una restricción necesaria168.




  1. El 4 de mayo de 2010 fue publicada en el Diario Oficial la Ley 20.433, que crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana169. Esta legislación reconoce la radiodifusión comunitaria y establece que las emisoras comunitarias tendrán una potencia de transmisión mínima de 1 watt y máxima de 25 watts, con una antena de altura máxima de 18 metros. Excepcionalmente pueden tener una potencia máxima de 40 watts para localidades fronterizas o apartadas, rurales o de población dispersa. Según la legislación, pueden instalar una radio comunitaria las personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro que tengan entre sus fines esenciales la promoción del interés general, mediante la prosecución de objetivos específicos de carácter cívico, social, cultural o espiritual, que estén constituidas en Chile y tengan domicilio en el país, como por ejemplo las juntas de vecinos, los sindicatos y otras organizaciones de trabajadores, las comunidades y asociaciones indígenas, entre otras. Las concesiones se otorgarán en un segmento especial del espectro FM, tanto para señales analógicas como digitales. La concesión dura 10 años y la concesionaria tendrá preferencia para su renovación170.




  1. La Relatoría reconoce el avance que significa la emisión de una ley que explícitamente reconoce la radiodifusión comunitaria, la cual responde al llamado reiterado de la Relatoría a los Estados de legislar en materia de radiodifusión comunitaria. Asimismo, la Relatoría observa con satisfacción el propósito de proteger la radiodifusión comunitaria y la radiodifusión privada comercial, de otras formas de radiodifusión que no responden a los intereses y a la gestión comunitaria, y que representan una competencia desleal para toda la radiodifusión privada. La Relatoría observa no obstante que la Ley 20.433 establece una serie de limitaciones para las radios comunitarias—con relación, por ejemplo, a la potencia171, el financiamiento172, y la posibilidad de transmitir en cadena173—que no aplican a las radios comerciales. La Relatoría recuerda que no es suficiente el reconocimiento legal de la radiodifusión comunitaria si existen normas que establecen condiciones discriminatorias para su operación. Son discriminatorias, por ejemplo, las limitaciones que pueden estar previstas en la legislación, o que se imponen en la práctica, que establecen para cierto tipo de medios restricciones en cuanto a contenidos, cobertura territorial o acceso a fuentes de financiamiento, sin un argumento suficiente, objetivo y razonable, que persiga una finalidad legítima ajustada a la Convención Americana174. Así, por ejemplo, si bien es cierto que muchas comunidades objeto de protección, se encuentran ubicadas en algunos municipios o localidades bien determinados, otras sin embargo podrían tener presencia nacional. En estos casos, no parecería existir ninguna razón para impedir que la radio comunitaria respectiva pudiera tener cobertura nacional.




  1. El principio 12 señala que: “Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos”. Por esta razón, la Relatoría Especial, desde sus inicios, ha solicitado a los Estados el reconocimiento, en condiciones de equidad, de todas las formas de radiodifusión y el establecimiento de una legislación razonable y no discriminatoria.




  1. El 27 de septiembre de 2010 fue publicado el Decreto No. 264 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones175. Este Decreto “fija normas complementarias al Decreto No. 136 del 14 de septiembre de 2009”. En particular, extiende los “permisos para efectuar transmisiones demostrativas del servicio de radiodifusión televisiva de libre recepción con tecnología digital” por un periodo de hasta cinco años176. Según la información recibida, un grupo de diputados presentó el 6 de noviembre un requerimiento de inconstitucionalidad para anular la validez del Decreto No. 264, requerimiento que fue acogido a trámite por el Tribunal Constitucional chileno177.




  1. La Relatoría recuerda que la transformación tecnológica en la radiodifusión debería tener como meta asegurar que el nuevo dividendo digital haga un uso óptimo del espectro para asegurar la mayor pluralidad y diversidad posible. Para ello, los Estados deberían establecer mecanismos legales específicos para llevar adelante la transición a los servicios de radiodifusión digitales. Esta regulación debería contemplar un programa de migración que tenga en cuenta las necesidades y capacidades de los distintos actores involucrados en este proceso, así como el nivel de aplicación de las nuevas tecnologías. En particular, los Estados deberían evaluar las posibilidades de emisión derivadas del uso del dividendo digital, considerando este cambio tecnológico como una oportunidad para incrementar la diversidad de voces y habilitar el acceso de nuevos sectores de la población a los medios de comunicación. Al mismo tiempo, los Estados deberían adoptar medidas para evitar que el costo de la transición analógica a la digital limite la capacidad de los medios de comunicación en función de los costos económicos178.





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