Comisión interamericana de derechos humanos



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La Colegiación obligatoria de periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, Serie A No. 5, párr. 55.

1566 Del mismo modo, la Declaración de Chapultepec (adoptada por la conferencia hemisférica sobre libertad de expresión celebrada en México, D.F. el 11 de marzo de 1994) establece en el Principio 7 explícitamente que: “Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas”. Aunque no es jurídicamente vinculante, la Declaración es una manifestación de voluntad y apoyo de numerosos dirigentes a la defensa del derecho a la libertad de expresión.

1567 CIDH, Informe Anual 2003. OEA/ Ser. L/ V/ II.118. Doc. 70, 29 de diciembre de 2003 Volumen III: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Capítulo V (Violaciones Indirectas de la Libertad de Expresión: Asignación Discriminatoria de Publicidad Oficial), párr. 1.

1568 CIDH, Informe Anual 2008. OEA/Ser.L/V/II.134. Doc. 5, 25 de febrero de 2009. Volumen III: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Capítulo III (Marco jurídico interamericano del derecho a la libertad de expresión: La prohibición de la censura y de las restricciones indirectas a la libertad de expresión), párrs. 86 y ss. 129 y ss.

1569 CIDH, Informe Anual 2009. OEA/SER.L/V/II. Doc.51, 30 de diciembre de 2009. Volumen II: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Capítulo III (Marco Jurídico Interamericano del Derecho a la Libertad de Expresión), párrs. 97 y ss. y 157 y ss.

1570 Corte I.D.H. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, Serie A No. 5, párr. 76.

1571 Corte I.D.H. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia del 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párrs. 158 a 163.

1572 Corte I.D.H. Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, párr. 139; Corte I.D.H., Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 151.

1573 Corte I.D.H. Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, párr. 346; Corte I.D.H., Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 375.

1574 CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana en el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Transcritos en: Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párrs. 101.2.a), 101.2.e) y 101.2.k); CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana en el caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Transcritos en: Corte I.D.H., Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 72.i).

1575 CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana en el caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Transcritos en: Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 64.e); CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana en el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Transcritos en: Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 101.2).

1576 Corte I.D.H., Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 367; Corte I.D.H., Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194. párr. 340.

1577 Corte I.D.H. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 48.

1578 CIDH. Informe Anual 2003, OEA/ Ser. L/ V/ II.118. Doc. 70, 29 de diciembre de 2003. Volumen III: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Capítulo V (Violaciones Indirectas de la Libertad de Expresión: Asignación Discriminatoria de Publicidad Oficial), párr. 13.

1579 CIDH. Informe Anual 2003. OEA/ Ser. L/ V/ II.118. Doc. 70, 29 de diciembre de 2003 Volumen III: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Capítulo V (Violaciones Indirectas de la Libertad de Expresión: Asignación Discriminatoria de Publicidad Oficial), párr. 2.

1580 Corte I.D.H. Caso Baruch Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 154. En sentido similar, conf. Corte I.D.H, “Caso Perozo y otros Vs. Venezuela”. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195.

1581 Cfr. Corte I.D.H. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 48. Cfr. asimismo Corte IDH in re Caso Ríos y otros vs. Venezuela. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, párr. 340.

1582 CIDH, Audiencia pública realizada el 29 de octubre de 2010 en Washington D.C. sobre “Censura Indirecta y Publicidad Oficial en las Américas”. La audiencia fue solicitada por la Open Society Justice Initiative, la Asociación por los Derechos Civiles (Argentina); el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Uruguay) y el Grupo Medios y Sociedad (Uruguay); la Fundación para la Libertad de Prensa (Colombia); el Instituto Prensa y Sociedad (Perú); Article 19 (México); la Fundación Pro Acceso (Chile); el Centro de Análisis e Investigación Fundar (México) y el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Costa Rica).

1583 Ver Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, Caso Río Negro. Sentencia del 5 de septiembre de 2007.

1584 Ver Corte Suprema de Chile, Recurso 9148/09, sentencia del 22 de abril de 2010.

1585 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Recomendación 57/2009 del 14 de septiembre de 2009.

1586 Communication Policy of the Government of Canada, 1 de agosto de 2006, disponible en, http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=12316§ion=text#cha1.

1587 Communication Policy of the Government of Canada, 1 de agosto de 2006, sección 2.

1588 Communication Policy of the Government of Canada, 1 de agosto de 2006, sección 3.

1589 Communication Policy of the Government of Canada, 1 de agosto de 2006, sección 13.

1590 Communication Policy of the Government of Canada, 1 de agosto de 2006, sección 23.

1591 Ley 28.874 del Perú, sancionada el 14 de agosto de 2006. Disponible en: http://www.censuraindirecta.org/web_files/download/articulos/adjuntos/Ley-28874-de-Publicidad-Estatal-pdf-1586.pdf. Cabe destacar que la norma no habría logrado eliminar la discrecionalidad en la distribución de la pauta publicitaria, en parte como consecuencia de su falta de reglamentación.

1592 Ley 29/05 de Publicidad y Comunicación Institucional, sancionada el 29 de diciembre de 2005, artículo 4.1.a, disponible en PDF en http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/30/pdfs/A42902-42905.pdf.

1593 Ley 29/05 de Publicidad y Comunicación Institucional, sancionada el 29 de diciembre de 2005 disponible en PDF en http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/30/pdfs/A42902-42905.pdf.

1594 Ley 28.874 del Perú, sancionada el 14 de agosto de 2006. Disponible en: http://www.censuraindirecta.org/web_files/download/articulos/adjuntos/Ley-28874-de-Publicidad-Estatal-pdf-1586.pdf; Cabinet Office, Propriety Guidance, disponible en: http://tna.europarchive.org/20070807115016/http://www.cabinetoffice.gov.uk/government_communication/propriety/guidance.pdf

1595 CIDH, Informe Anual 2003. OEA/ Ser. L/ V/ II.118. Doc. 70, 29 de diciembre de 2003. Volumen III: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Capítulo V (Violaciones Indirectas de la Libertad de Expresión: Asignación Discriminatoria de Publicidad Oficial), párr. 56. Ver, en particular, párrs. 24 y ss., donde se explica que las pocas normas que regulan la materia en la mayoría de los países de la región son normas no destinadas específicamente a evitar que la distribución de publicidad oficial se convierta en un mecanismo de censura indirecta.

1596 CIDH, Informe Anual 2003. OEA/ Ser. L/ V/ II.118. Doc. 70, 29 de diciembre de 2003.Volumen III: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Capítulo V (Violaciones Indirectas de la Libertad de Expresión: Asignación Discriminatoria de Publicidad Oficial), párr. 56.

1597 Congreso Nacional de Chile, Cámara de Diputados, Informe de la Comisión Especial Investigadora sobre Avisaje del Estado, 2007, pág 134.

1598 CIDH, Informe Anual 2009. Volumen II: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Capítulo II (Evaluación sobre el Estado de la Libertad de Expresión en el Hemisferio), párr. 114.

1599 Ver Medios latinos, “Gobernación colombiana reglamenta distribución equitativa de la publicidad oficial”, 23 de abril de 2009, disponible en http://www.medioslatinos.com/modules/news/article.php?storyid=2336.

1600 CIDH, Informe Anual 2009. OEA/Ser.L/V/II Doc.51, 30 de diciembre de 2009. Volumen II: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Capítulo II (Evaluación sobre el Estado de la Libertad de Expresión en el Hemisferio), párr. 503.

1601 CIDH, Informe Anual 2009. OEA/Ser.L/V/II Doc.51, 30 de diciembre de 2009. Volumen II: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Capítulo II (Evaluación sobre el Estado de la Libertad de Expresión en el Hemisferio), párr. 346.

1602 Corte Suprema de Justicia de Argentina, caso Río Negro, decisión del 5 de septiembre de 2007, considerando 11.e.

1603 Corte Suprema de Justicia de Argentina, caso Río Negro, decisión del 5 de septiembre de 2007, considerando 4.

1604 Corte Suprema de Justicia de Argentina, caso Río Negro, decisión del 5 de septiembre de 2007, considerando 9.

1605 Sala IV de la Cámara de lo Contencioso Administrativo Federal. 10 de febrero de 2009. Causa No. 18.639/2006: Editorial Perfil S.A. y otro contra EN – Jefatura Gabinete de Ministros – SMC sobre amparo ley 16-986, considerando 11; Asociación por los Derechos Civiles.11 de febrero de 2009. Caso Perfil: un fallo en contra de la censura indirecta. Disponible en: http://www.adc.org.ar/sw_contenido.php?id=513; Comité para la Protección de los Periodistas. 19 de febrero de 2009. Argentine court orders official ads into critical publications. Disponible en: http://cpj.org/2009/02/argentine-court-orders-official-ads-into-critical.php; Sociedad Interamericana de Prensa. 12 de febrero de 2009. Satisface a la SIP fallo en Argentina sobre publicidad oficial. Disponible en: http://www.sipiapa.org/v4/index.php?page=cont_comunicados&seccion=detalles&id=4136&idioma=sp

1606 Ver Una Censura Sutil. Abuso de la publicidad oficial y otras restricciones a la libertad de expresión en Argentina. Asociación por los Derechos Civiles / Open Society Justice Initiative. Buenos Aires: Porter y Cía., 2005 y El Precio del Silencio. Abuso de publicidad y otras formas de censura indirecta en América Latina. Asociación por los Derechos Civiles / Open Society Justice Initiative. Buenos Aires: Porter y Cía., Colección Reformas Legales, 2008.

1607 Corte de Apelaciones del Primer Circuito, Puerto Rico, caso El Día vs. Rossello, decisión del 25 de enero de 1999, 165 F.3d 106.

1608 Corte de Apelaciones del Primer Circuito, Puerto Rico, caso El Día vs. Rossello, decisión del 25 de enero de 1999, 165 F.3d 106, pág. 109.

1609 Corte de Apelaciones del Primer Circuito, Puerto Rico, caso El Día vs. Rossello, decisión del 25 de enero de 1999, 165 F.3d 106, pág. 110.

1610 Alta Corte de Andhra Pradesh, caso de Ushodaya Publications Private Ltd. Vs. Government of Andhra Pradesh and Others, decidido el 10 de octubre de 1980, párr. 19.

1611 Alta Corte de Andhra Pradesh, caso de Ushodaya Publications Private Ltd. Vs. Government of Andhra Pradesh and Others, decidido el 10 de octubre de 1980, párr. 8.

1612 Es lo que hizo, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de Argentina en el mencionado caso Editorial Río Negro S.A. c. Provincia de Neuquén.

1613 CIDH, Informe Anual 2003. Volumen III: Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión. Capítulo V. Párr. 23.

1614 CIDH, Informe Anual 2003. Volumen III: Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión. Capítulo II, párr. 18.

1615 CIDH, Informe Anual 2003. Volumen III: Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión. Capítulo V, párr. 86.

1616 CIDH, Informe Anual 2003. Volumen III: Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión. Capítulo V, párr. 3.

1617 CIDH, Informe Anual 2009. Volumen II: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Capítulo IV (El Derecho de Acceso a la Información), párrs. 32 y ss.

1618 Existen estudios que muestran que en época de elecciones aumenta la utilización propagandística de la pauta estatal así como su distribución discriminatoria hacia medios afines para hacerlos más vigorosos. Durante dichos procesos es necesario que la legislación específica sobre la materia establezca mecanismos que impidan que las campañas que deben servir al interés comunitario sean utilizadas como herramientas de captación del sufragio, ya que la utilización de recursos públicos con ese fin vulneraría el principio de equidad e igualdad de condiciones que deben regir una contienda electoral. Para lograr ese fin sería posible establecer normas que regulen la suspensión de la publicidad por un tiempo razonable durante las campañas políticas y los comicios, salvo en casos en los que exista un deber legal de informar o una emergencia sobre la cual es necesario comunicar cierto mensaje.

1619 Declaración conjunta de los mecanismos internacionales para promover la libertad de expresión, diciembre de 2002. Véase, Anexo al Informe de la Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión 2001, OEA/Ser./L/V/II.114, Doc. 5, 16 de abril de 2002.

1620 CIDH, Informe Anual 2003. Volumen III: Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión. Capítulo V, párr. 12.

1621 CIDH, Informe Anual 2003. Volumen III: Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión. Capítulo V, párr. 11. En sentido concordante conf. CSJN (República Argentina) “Caso Río Negro”. Sentencia del 5 de septiembre de 2007, donde se lee: “Existe un derecho contra la asignación arbitra­ria o la violación indirecta de la libertad de prensa por medios económicos. La primera opción para un Estado es dar o no publicidad, y esa decisión permanece dentro del ámbito de la discrecionalidad estatal. Si decide darla, debe hacerlo cumpliendo dos criterios constitucionales: 1) no puede mani­pular la publicidad, dándola y retirándola a algunos medios en base a criterios discriminatorios; 2) no puede utilizar la publicidad como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión.”

1622 Conf. Declaración Conjunta de los Relatores Especiales sobre Libertad de Expresión de la ONU, la OEA y la OSCE. 2004 (“(…) las autoridades públicas deberán tener la obligación de publicar de forma dinámica, incluso en la ausencia de una solicitud, toda una gama de información de interés públicos (…) [así como] se establecerán sistemas para aumentar, con el tiempo, la cantidad de información sujeta a dicha rutina de divulgación); Comité Jurídico Interamericano. Resolución 147 del 73° Período Ordinario de Sesiones: Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información. 7 de agosto de 2008, punto resolutivo 4° (“los órganos públicos deben difundir información sobre sus funciones y actividades –incluyendo su política, oportunidades de consultas, actividades que afectan al público, presupuestos, subsidios, beneficios y contratos- de forma rutinaria y proactiva, aún en la ausencia de una petición específica, y de manera que asegure que la información sea accesible y comprensible”).

1623 Ver CIDH, Informe Anual 2009. Volumen II: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Capítulo IV (El Derecho de Acceso a la Información), párr. 26 (“La adecuada satisfacción del derecho de acceso a la información supone la necesidad de incorporar en el ordenamiento jurídico un recurso efectivo e idóneo que pueda ser utilizado por todas las personas para solicitar la información requerida. Para garantizar la verdadera universalidad del derecho de acceso, este recurso debe reunir algunas características: (a) debe ser un recurso sencillo, de fácil acceso para todas las personas, que sólo exija el cumplimiento de requisitos básicos tales como: la identificación razonable de la información solicitada y los datos requeridos para que la administración pueda entregarle la información al interesado; (b) debe ser gratuito o de bajo costo, de tal forma que no desaliente las solicitudes de información; (c) debe establecer plazos cortos pero razonables para que las autoridades suministren la información requerida; (d) debe permitir que las solicitudes se hagan de forma oral en los casos en que no pueda realizarse por escrito, por ejemplo, por no conocer la lengua, por no saber escribir o en situaciones de extrema urgencia; (e) debe establecer la obligación de la administración de asesorar al solicitante sobre la manera de formular la solicitud, incluyendo la asesoría sobre la autoridad facultada por la ley para responder, incluso hasta el punto de que la propia autoridad haga la correspondiente remisión informando del trámite a la persona interesada; y (f) debe establecer la obligación de que la respuesta negativa sea motivada y la posibilidad de que ésta pueda ser impugnada ante un órgano superior o autónomo y posteriormente cuestionada en la vía judicial.”).

1624 Ver CIDH. Informe Anual 2009. Volumen II: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Capítulo IV (El Derecho de Acceso a la Información), párr. 29 (“Dicho recurso debe: (a) resolver el fondo de la controversia para determinar si se produjo una vulneración del derecho de acceso, y (b) en caso de encontrar tal vulneración, ordenar al órgano correspondiente la entrega de la información. En estos casos, los recursos deben ser sencillos y rápidos, pues la celeridad en la entrega de la información suele ser indispensable para el logro de las funciones que este derecho tiene aparejadas.”). Ver además Corte IDH. Caso de Claude Reyes y otros. Sentencia del 19 de septiembre de 2006, Serie C No. 151., párr. 137.

1625 CIDH, Informe Anual 2003. Volumen III: Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión. Capítulo V, párr. 89.

1626 Comité Jurídico Interamericano. Resolución 147 del 73° Período Ordinario de Sesiones: Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información. 7 de agosto de 2008. Punto resolutivo 2.

1627 CIDH. Informe Anual 2009. Volumen II: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Capítulo IV (El Derecho de Acceso a la Información), párr. 19.

1628 CIDH. Informe Anual 2009. Volumen II: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Capítulo IV (El Derecho de Acceso a la Información), párr. 21.

1629 CIDH. Informe Anual 2009. Volumen II: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Capítulo IV (El Derecho de Acceso a la Información), párr. 22; Comité Jurídico Interamericano. Resolución 147 del 73° Período Ordinario de Sesiones: Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información. 7 de agosto de 2008. Punto resolutivo 2.

1630 Por ejemplo, en Canadá, esta información se incluye en el “Informe Anual”, un exhaustivo documento que contiene detalles sobre gastos por organismos, gastos por tipo de medio, proveedores contratados y datos puntuales sobre cada campaña importante, entre otros. En España, la ley 29/2005 exige la elaboración de un informe anual en el que se incluyen las campañas, su importe, los adjudicatarios de los contratos celebrados y los planes de medios correspondientes.

1631 La independencia de los órganos encargados de realizar los controles es fundamental para que los mismos puedan cumplir su cometido libres de presiones de todo tipo. Los mecanismos para garantizar esa independencia son múltiples y variados, pero puede mencionarse, a modo de ejemplo, a los términos preestablecidos de mandato; la estabilidad en los cargos salvo supuestos de grave inconducta; la idoneidad técnica; nombramientos que requieran la aprobación previa de un órgano colegiado con representación plural; remuneraciones adecuadas y transparencia en su accionar, entre otros.

1632 Algunas legislaciones comparadas, como la de Canadá, adoptan la exigencia de efectuar evaluaciones técnicas posteriores para medir el resultado cuando se trata de campañas grandes (que superan cierto monto). En ese país, todas las instituciones deben incluir dichas investigaciones posteriores en el proyecto de cada campaña como una parte integral de él, para asegurar que haya suficientes fondos para financiarlas. Conf. Legislación comparada sobre regulación de publicidad oficial. ADC. Agosto 2008, p. 14. Disponible en http://www.censuraindirecta.org.ar/sw_seccion.php?id=26 [Consulta: Enero 2010].

1633 En Australia, por ejemplo, el ordenamiento legal considera que un funcionario o Ministro usó de manera inapropiada el dinero público al utilizarlo o permitir que se hayan utilizado fondos del erario público mediante publicidades que contradicen el interés comunitario que debe primar en las comunicaciones oficiales, y precisa una pena de prisión con un máximo preestablecido de siete años (Government Advertising Bill 2005, prohibiting use of taxpayers’ money on party political advertising, A. 14)

1634 “En su dimensión individual, la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios […] En su dimensión social la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres humanos. Así como comprende el derecho de cada uno a tratar de comunicar a los otros sus propios puntos de vista, implica también el derecho de todos a conocer opiniones y noticias”. Corte I.D.H., La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva (OC5/85) del 13 de noviembre de 1985, Serie A No. 5, párr. 30-33.

1635 Según la Corte IDH, “son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable, inter alia, la pluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar (…)”. (Corte IDH. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 34). Por su parte, la Comisión IDH tiene dicho que “la libre circulación de ideas y noticias no es concebible sino dentro de una pluralidad de fuentes de información” (CIDH, Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Caso Ivcher Bronstein. 31 de marzo de 1999, p. 28). Sobre este punto también se ha pronunciado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH estableciendo que: “la libertad de expresión implica además que los ciudadanos tengan la posibilidad de acceder a diversas fuentes de información, incluyendo opiniones e ideas, así como a una variedad de expresiones artísticas y culturales (…)” (CIDH, Informe Anual 2004. OEA/Ser.L/V/II.122. Doc.5, 23 de febrero de 2005. Volumen III: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Capítulo V, “Violaciones indirectas a la libertad de expresión”, párr. 18 y 20). El Principio 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión elaborada por la Relatoría y aprobada por la Comisión IDH en el año 2000 tiene particular relevancia ya que señala que: “Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho de la libertad de información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deber ser exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos”. La Relatoría ha dicho que el principio 12 “fundamenta su lógica en el entendimiento que si los monopolios y oligopolios existen en los medios de comunicación social, sólo un pequeño número de individuos o sectores sociales podría ejercer control sobre las informaciones que se brindan a la sociedad. De esta forma los individuos podrían verse privados de recibir información proveniente de otras fuentes” y que “en este sentido, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA considera que esta provisión no limita en manera alguna la obligación del Estado de garantizar a través de la legislación la pluralidad en la propiedad de los medios” (CIDH, Informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2004, Capítulo V, párr. 93 y 94). En la misma línea se inscribe la “Declaración Conjunta Sobre Diversidad en la Radiodifusión”, emitida en diciembre de 2007 por el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europeas (OSCE) sobre Libertad de los Medios de Comunicación, y la Relatora Especial de la CADHP (Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos) sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información, que destaca “la importancia fundamental de la diversidad en los medios comunicación para el libre intercambio de información e ideas en la sociedad, en términos de dar voz y satisfacer tanto las necesidades de información como otros intereses de todos y todas”.

1636 Conf. Corte I.D.H. Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia del 2 de mayo de 2008. Serie C No 177 párr. 57. “Dada la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática y la elevada responsabilidad que ello entraña para quienes ejercen profesionalmente labores de comunicación social, el Estado no sólo debe minimizar las restricciones a la circulación de la información sino también equilibrar, en la mayor medida de lo posible, la participación de las distintas informaciones en el debate público, impulsando el pluralismo informativo.”



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