Comisión interamericana de derechos humanos



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anuales -> Original: Español Informe Anual de la Comisión
anuales -> Vol. II informe Anual de la cidh 2011

Honduras416





  1. El golpe de Estado de junio de 2009 dio lugar a una serie de violaciones masivas de derechos humanos, y el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión no fue la excepción417. Si bien el 27 de enero de 2010 asumió la presidencia de la República de Honduras el señor Porfirio Lobo Sosa, la situación de riesgo para comunicadores y comunicadoras sociales, periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos se mantuvo. En particular, preocupa especialmente a la CIDH los asesinatos de periodistas registrados en 2010; los actos de amenazas, agresiones y hostigamientos perpetrados contra periodistas y medios de comunicación; y la extendida situación de impunidad que pesa sobre estos crímenes, que genera un efecto inhibitorio generalizado que limita la libertad de expresión de los ciudadanos, el derecho de éstos a acceder a información y la riqueza y el vigor del debate público.




  1. Periodistas asesinados




  1. Durante 2010 asesinaron al menos a nueve periodistas en Honduras.




  1. El 1 de marzo de 2010 fue asesinado a balazos Joseph Hernández Ochoa, periodista del canal 51 de Tegucigalpa. Su acompañante, la periodista Karol Cabrera, sufrió heridas pero sobrevivió. Según la información recibida, en la noche del lunes 1° de marzo, el automóvil en que viajaban los periodistas Hernández Ochoa, del canal 51, y Cabrera, de Radio Cadena Voces y el Canal estatal 8, fue atacado por varios individuos con armas de fuego. La información señala que Hernández Ochoa falleció a causa de los disparos, mientras que Cabrera recibió tres impactos de bala, pero se recuperó de las heridas. Según reportes de la prensa local, Cabrera –quien en varias ocasiones denunció haber recibido amenazas - contaba con protección policial en su domicilio y era el objetivo de los agresores418.




  1. El 11 de marzo de 2010 fue asesinado David Meza Montesinos, periodista de Radio América y Radio El Patio, de la ciudad de La Ceiba. Meza, de 51 años, fue asesinado alrededor de las cinco y media de la tarde cerca de su casa en la ciudad costera de La Ceiba, ubicada a doscientos kilómetros al norte de Tegucigalpa, la capital del país. El periodista fue atacado desde un vehículo en movimiento mientras circulaba por una calle del lugar419.




  1. El 14 de marzo de 2010 fue asesinado en la ciudad de Tocoa el periodista Nahúm Palacios, director de noticias de la Televisora Canal 5 del Aguán. Según la información recibida, Nahúm Palacios fue asesinado por dos desconocidos que lo atacaron con fusiles automáticos AK-47 en la noche del domingo 14 de marzo, cuando regresaba a su casa en el barrio Los Pinos de la ciudad de Tocoa, ubicada a unos 400 kilómetros al norte de Tegucigalpa. El periodista recibió 30 balas, y el automóvil en el que viajaba, 42 impactos de bala. Las dos personas que viajaban con él resultaron heridas. Tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, Nahúm Palacios dio cobertura a las manifestaciones organizadas por la resistencia al golpe y expresó públicamente su rechazo al mismo. Según la información recibida por la Comisión, el 30 de junio de 2009 se realizó un operativo militar en el cual le fueron confiscados equipos de trabajo del canal, allanaron su domicilio, apuntaron a sus hijos con armas y decomisaron su vehículo. El 24 de julio de 2009, la CIDH otorgó medidas cautelares para Nahúm Palacios y solicitó al Estado de Honduras que adoptara las medidas necesarias para proteger su vida y su integridad personal. De acuerdo a la información recibida, estas medidas no fueron implementadas por las autoridades hondureñas420.




  1. El 26 de marzo de 2010 fueron asesinados los periodistas de Canal 4 R.Z. Televisión y Radio Excélsior José Bayardo Mairena y Manuel Juárez, quienes circulaban por una carretera cerca a la ciudad de Juticalpa en el departamento de Olancho. Según la información recibida, Mairena y Juárez se encontraban en una carretera cercana a la ciudad de Juticalpa, cuando fueron alcanzados por otro vehículo desde el cual les dispararon varias ráfagas de metralleta. Fuentes consultadas por la Relatoría Especial señalaron que recientemente Mairena había realizado informes periodísticos relacionados con el conflicto de tierras y el crimen organizado en Honduras421.




  1. El 20 de abril de 2010 fue asesinado Jorge Alberto “Georgino” Orellana, periodista del canal Televisión de Honduras, en la ciudad de San Pedro Sula422. Según la información recibida, Orellana fue baleado el martes 20 de abril en horas de la noche, minutos después de abandonar las oficinas del canal Televisión de Honduras en el cual dirigía un programa de opinión sobre temas de actualidad. El periodista murió poco después, como consecuencia de los disparos recibidos.




  1. El 14 de junio fue asesinado Luis Arturo Mondragón Morazán, director del Canal 19 y del programa de noticias “Teleprensa”, en El Paraíso, en el oriente del país, cuando salía de la televisora. Según la información recibida, Mondragón recibió cuatro impactos de bala, al salir de las oficinas del Canal 19. En su programa, el periodista informaba, entre otras cosas, sobre corrupción, crímenes y problemas ambientales. El periodista murió en el lugar de los hechos, como consecuencia de los disparos recibidos423.




  1. El 24 de agosto de 2010 fue asesinado Israel Zelaya Díaz, periodista de Radio Internacional, de la ciudad de San Pedro Sula, Honduras. De acuerdo con la información recibida, Israel Zelaya fue encontrado muerto con heridas de bala en una plantación de caña. No fueron robadas sus pertenencias personales. Tres meses antes, su casa había sido dañada por un incendio cuya causa no pudo ser determinada. Según conoció la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Zelaya trabajaba en un programa de noticias locales en Radio Internacional, en San Pedro Sula, y acostumbraba a hacer denuncias acerca de asuntos de interés público424.




  1. El 28 de diciembre de 2010 fue asesinado el periodista Henry Suazo, corresponsal de la radio HRN en el departamento de La Ceiba y periodista de una televisora local, cuando salía de su casa en la localidad de La Masica. De acuerdo con la información recibida, días antes de los hechos, el periodista había sido amenazado de muerte a través de un mensaje de texto recibido en su celular425.




  1. La Secretaría de Seguridad presentó un informe ante el Congreso Nacional el 5 de mayo, en el que dio cuenta de la situación de las investigaciones relacionadas con estos asesinatos426. El informe fue reservado y no se conoció su contenido. Desde la Secretaría de Seguridad sostuvieron que su revelación podría entorpecer las investigaciones427. El viceministro de Seguridad, Armando Calidonio, expresó a la CIDH en mayo de 2010 que “hasta el momento no existe relación de las muertes de los periodistas con el ejercicio de su profesión”428. Sin embargo, tanto la Fiscalía Especial de Derechos Humanos como las organizaciones no gubernamentales que monitorean el avance en las investigaciones de estos crímenes, manifestaron que en algunos de estos casos existen hipótesis serias que permiten relacionar los asesinatos con el ejercicio de la profesión periodística. Esas organizaciones no gubernamentales sostuvieron que no se habían producido avances en las investigaciones y opinaron que no había voluntad de las autoridades para esclarecer los asesinatos429. Desde la Fiscalía se atribuyeron las falencias de las investigaciones a la “poca capacidad de la policía para investigar”430.




  1. En la audiencia pública realizada el 25 de octubre de 2010 ante la CIDH, sobre la Situación de la Libertad de Expresión en Honduras, los representantes del Estado expresaron que existen avances en las investigaciones de los crímenes de periodistas e indicaron que ninguno de los periodistas asesinados en 2010 fue ultimado por ejercer su profesión, sino que se trató de crímenes comunes431. Sin embargo, los representantes del Estado, al igual que los funcionarios con quienes se entrevistó la CIDH en su visita oficial de mayo, no aportaron prueba para sustentar tal afirmación432.




  1. En sus observaciones al Informe Anual de la CIDH 2010, el Estado señaló: “De las investigaciones preliminares se constata que los homicidios son producto de la delincuencia común o crimen organizado y no se ha determinado como móvil las opiniones vertidas por los comunicadores sociales, ni la intervención de agentes del Estado, de ahí que las causas son investigadas dentro de la Fiscalía de Delitos Comunes y no por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos. Se ha concluido las investigaciones en dos de los casos y se han presentado las acusaciones criminales correspondientes, con la consecuente detención preventiva de los supuestos responsables de esos dos crímenes. En otros dos casos se concluyen [sic] las investigaciones y se espera que el Ministerio Público los presente pronto”433. Cabe destacar que el Estado no indicó en qué casos se avanzó ni aportó pruebas que sustenten sus afirmaciones.




  1. Desde la organización no gubernamental C-Libre informaron que una persona fue sentenciada por el asesinato de Georgino Orellana, pero subsisten las sospechas de que el crimen fue instigado por razones políticas. Asimismo, indicaron que una persona se encontraría detenida por el crimen de David Meza, pero indicaron que no hay avances sustanciales en esa causa434.




  1. Tal como sostuvo la CIDH luego de su visita de mayo de 2010, es imprescindible que el Estado realice, de manera urgente, investigaciones a cargo de cuerpos especializados independientes con protocolos especiales de investigación que conduzcan a determinar de manera confiable si efectivamente los crímenes están relacionados con el ejercicio de la profesión y que permitan el enjuiciamiento y condena de las personas responsables de los mismos. Asimismo, es necesario que el Estado adopte mecanismos permanentes de protección para garantizar la vida y la integridad de los comunicadores en riesgo. El mantenimiento de la impunidad no solo ofende a los familiares de las víctimas sino que afecta a la sociedad en su conjunto, ya que promueve el temor y la autocensura, tal como lo expresaron distintos periodistas y comunicadores sociales en las reuniones mantenidas con la CIDH en su visita a Honduras de mayo de 2010435.




  1. Cabe recordar que el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.


b. Amenazas, agresiones y hostigamientos a periodistas


  1. El 6 de enero de 2010, pasadas las 3:30 de la madrugada, la radio comunitaria Faluma Bimetu (Coco Dulce), instalada en Triunfo de la Cruz, departamento de Atlántida, fue incendiada por desconocidos. La radio pertenece a la comunidad garifunas de Triunfo de la Cruz. Desde junio de 2009, la radio había recibido varias amenazas por su oposición al golpe de Estado y a diversos proyectos de desarrollo inmobiliario que se están llevando a cabo en la región. La radio había informado de su situación de riesgo a la CIDH. Alfredo López, gerente de Faluma Bimetu, indicó que el 24 de abril, poco antes de la visita de la CIDH a Honduras de mayo de 2010, acordó con el Estado dos patrullajes diarios436. Sin embargo, López indicó que luego de unos días los patrullajes cesaron437. El Estado de Honduras informó que las investigaciones sobre este hecho “no arrojaron indicios de responsabilidad sobre determinada persona o personas que habrían provocado el incendio de las instalaciones de la radioemisora en referencia” e informó que “continúan las investigaciones para dar con los responsables”438.




  1. A fines de marzo de 2010, el periodista José Alemán, corresponsal de Radio América y colaborador de Diario Tiempo en San Marcos de Ocotepeque, abandonó el país por las amenazas recibidas. Según la información recibida, el 28 de marzo de 2010 Alemán recibió una llamada anónima en horas de la mañana, en la que lo amenazaron. Ese mismo día, desconocidos ingresaron en su vivienda cuando él no estaba y efectuaron disparos de armas de fuego en la habitación del reportero. Según la información recibida, la policía de San Marcos de Ocotopeque le informó que eran “incapaces” de brindarle seguridad. Como consecuencia de esos hechos, Alemán decidió abandonar el país en la noche de ese mismo día439.




  1. El 9 de abril de 2010, la vivienda del periodista Ricardo Oviedo, del Canal 40 de la ciudad de Tocoa, Colón, fue atacada a balazos por desconocidos. El periodista, quien es además presidente de la Asociación de Comunicadores Sociales de Colón, denunció que es perseguido y hostigado desde el golpe de Estado de junio de 2009. El día en que su vivienda fue atacada, el periodista había cubierto un retén policial en el que las fuerzas de seguridad estaban deteniendo buses y registrando a la gente que viajaba en ellos. Ante la pregunta de Oviedo de por qué registraban a la gente, uno de los policías le contestó de manera agresiva con una serie de improperios440.




  1. En su visita de mayo de 2010, la CIDH recibió información sobre un ataque sufrido por integrantes de la radio comunitaria La Voz de Zácate Grande, de la localidad de Zácate Grande, en la zona del Golfo de Fonseca. Esta radio se encuentra vinculada a un movimiento de campesinos de la región que mantienen un conflicto por la propiedad de las tierras con un empresario de la zona. Según la información recibida, en abril de 2010 La Voz de Zácate Grande fue agredida por un grupo de individuos supuestamente vinculados al mencionado empresario. Posteriormente, personas armadas se presentaron en la radio como miembros del Ministerio Público y solicitaron los papeles que autorizaban su funcionamiento. En días ulteriores, el fiscal Marco Tulio Campos presentó una denuncia penal ante el juzgado de sección de Amapala en contra de Pedro Canales Torres, José Ernesto Laso, Wilmer Rivera Cabrera, Ethel Verónica Corea, Rafael Osorio, José Danilo Osorio, todos integrantes de la radio, por los delitos de usurpación de las tierras, así como por el delito de defraudación de la administración pública por instalar la radio sin autorización de CONATEL441. Los cargos por defraudación fueron retirados. Según la información recibida, los acusados fueron encontrados culpables del delito de “usurpación”. Esta decisión fue apelada ante la Corte de Apelación de Choluteca, pero la apelación fue rechazada442.




  1. El 18 de abril de 2010, el periodista Jorge Ott Anderson, titular de un pequeño canal de cable en la ciudad de Colón, recibió una llamada en su programa en la que un desconocido le advirtió que lo matarían en cualquier momento. El 13 de mayo de 2010 recibió otra amenaza en horas de la noche. Según el periodista, las amenazas en su contra comenzaron dos días después del golpe de Estado, el 30 de junio de 2009. Se producían telefónicamente y eran pasadas “al aire”, ya que en su programa, el periodista recibe llamadas de televidentes en vivo. Luego del golpe de Estado, el canal fue cerrado por los militares y estuvo dos meses y medio fuera del aire. Según Ott Anderson, desde entonces recibe amenazas permanentemente. La frecuencia de las mismas habría aumentado luego de que reportara sobre el asesinato del periodista Nahúm Palacios y la detención de un joven en Bonito Oriental que habría sido sometido a apremios ilegales por parte de la policía en abril de 2010443.




  1. Hacia fines de abril de 2010, la Compañía de Jesús denunció que el padre Ismael Moreno, director de Radio Progreso, el periodista de esa emisora Gerardo Chévez y la abogada Lucy Mendoza, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús –ERIC-, habían sido amenazados. Según la información recibida, el padre Moreno tuvo que ocultarse a fines de abril de 2010 como consecuencia de las amenazas recibidas444. Según la misma información, el periodista Gerardo Chévez fue amenazado mediante un mensaje de texto el 29 de marzo de 2010, aproximadamente a las tres de la tarde. Ese mismo día, en horas de la madrugada el periodista recibió otro mensaje con el siguiente texto: “Resistencia estamos eliminando a los chebes luego van los curas”. Cabe destacar que el 11 de abril de 2010 habían asesinado a su primo, el locutor Luis Alberto Chévez445. En tanto, la abogada Lucy Mendoza fue amenazada el 24 de abril de 2010 mediante un mensaje de texto en el que le decían: “Coronel: Vos crees que no te conocemos? Pasas en el parque sabemos a que horas llegas y vemos cuando y con quien llegas mejor deja todo eso de resistencia”. La abogada Mendoza, quien ha sido objeto de seguimientos y otras amenazas, trabaja para el ERIC desde hace aproximadamente dos años y en los últimos meses ha estado apoyando directamente a los periodistas de Radio Progreso446.




  1. El 13 de mayo de 2010, la periodista Jessica Pavón, presentadora de los noticieros Notiseis Matutino y Notiseis Nocturno en el Canal 6 de Tegucigalpa, recibió una llamada en su teléfono celular y luego un mensaje en el que le decían: “Sentís la muerte verdad perra, porque andas vestida de blanco te vamos a matar perra” [sic.]. Cabe destacar que Pavón vestía de blanco. Casi diez minutos después, recibió otro mensaje que decía: “Donde te miremos te vamos a volar la cabeza perra, prepárate porque le toca ahora a canal 6 se nos escapo Orlin Castro [un colega de Pavón de Canal 6 que trabaja en San Pedro Sula, que habría sido objeto de persecuciones recientemente], pero la suerte es para vos JESSICA PAVON atentamente el Chele” [sic]. Luego de comunicarse con la policía, Pavón fue llevada a su casa a las ocho de la noche por dos policías enviados por la Secretaría de Seguridad en un auto particular. A partir de entonces ha recibido varias llamadas y mensajes del mismo tenor. Pavón hizo la denuncia ante la Dirección General de Investigación Criminal y el Ministerio Público. Como presentadora de noticias, suele presentar noticias policiales, y recientemente había entrevistado a personas vinculadas al sindicato de maestros y a trabajadores y empresarios por las negociaciones sobre el salario mínimo447.




  1. El 19 de mayo de 2010, el director del noticiario Sucesos, Manuel Gavarrete, y el dueño de la radio La Voz de Occidente, Arturo Rendón Pineda, denunciaron ante la Fiscalía de Delitos Comunes que fueron víctimas de amenazas. El 17 de mayo de 2010, mientras se transmitía el noticiero, recibieron en el canal tres llamadas realizando amenazas contra la vida del propietario de la radio y del periodista Gavarrete y su familia. Rendón Pineda denunció que, desde el golpe de Estado, él y los periodistas de su radio son objeto de distintos actos de hostigamiento, como ráfagas de metralleta en las afueras de la radio y en la casa de Rendón448. Asimismo, Gavarrete denunció que su esposa recibió un llamado en el que le decían que iban a acabar con sus hijos si su marido no se callaba449. Rendón Pineda decidió hacer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y distintas organizaciones de la sociedad civil. El titular de La Voz de Occidente recordó que, poco antes de recibir las amenazas telefónicas, habían leído al aire una nota de opinión publicada en el diario Tiempo en el que se cuestionaba los datos del Tribunal Supremo Electoral sobre las elecciones de noviembre de 2009450.




  1. El 3 de junio de 2010 miembros de un contingente militar y policial que tenía el propósito de capturar a cinco dirigentes del Movimiento de Recuperación y Titulación de Tierras de Zácate Grande se presentaron en la radio comunitaria La Voz de Zácate Grande. Según la información recibida, los miembros de las fuerzas de seguridad colocaron una cinta amarilla con la leyenda “escena del crimen” en la puerta de acceso a la radio comunitaria, supuestamente con el objeto de evitar que La Voz de Zácate Grande pueda transmitir su programación451.




  1. Según la información recibida, el 30 de agosto de 2010, la Radio Uno, ubicada en San Pedro Sula, habría sido saboteada mediante el corte de los cables que llevan energía eléctrica a la sede de la estación. Cerca de las ocho y veinte de la noche, mientras en la radio se discutía la represión de una marcha de maestros realizada días anteriores, la radio salió súbitamente del aire452.




  1. El 14 de septiembre sujetos desconocidos dispararon contra el periodista hondureño, Luis Galdámez Álvarez. Gracias a la reacción del comunicador fue posible evitar que se consumara el atentado. El periodista dirige un programa de opinión en Radio Globo y ha sido un crítico del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Debido a las amenazas de muerte que había recibido, la CIDH otorgó medidas cautelares a su favor desde el 24 de julio de 2009. Sin embargo, por la inadecuada implementación de las medidas y la continuidad de las amenazas, la CIDH solicitó el 6 de diciembre de 2010 medidas provisionales ante la Corte Interamericana453.




  1. Asimismo, según información recibida, una marcha y concierto organizados por el Frente Nacional de Resistencia Popular en San Pedro Sula fue reprimida por miembros de las fuerzas de seguridad con gases lacrimógenos el 15 de septiembre de 2010, mientras se celebraba el 189 aniversario de la independencia de Honduras. Durante la represión, el edificio de Radio Uno habría sido atacado y sus empleados agredidos454. Se reitera la necesidad de recordar el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH.



  1. Deficiente implementación de medidas cautelares




  1. Durante 2010 la CIDH otorgó medidas cautelares a 24 personas amenazadas por el ejercicio de su libertad de expresión, en su mayoría periodistas455. En muchos casos, dichas medidas incluyeron a sus grupos familiares. Nahúm Palacios, el periodista asesinado el 14 de marzo de 2010, contaba con esas medidas de protección al momento de su asesinato. Tanto en la visita realizada por la CIDH en mayo de 2010 como en la audiencia sobre Mecanismos para la implementación de medidas cautelares en Honduras, realizada en Washington D.C. el 25 de octubre de 2010, las organizaciones de la sociedad civil y los propios beneficiarios manifestaron haber experimentado enormes dificultades para la correcta implementación de las medidas cautelares456.




  1. La desconfianza de los y las comunicadores y comunicadoras sociales en la Policía y la falta de una actitud proactiva de parte de las autoridades parecen ser las causas de la inadecuada implementación de las mismas457. Esta situación se ve agravada por la impunidad de la que gozan los autores de los crímenes contra comunicadores sociales, hecho que fue mencionado en los párrafos precedentes.




  1. Cabe destacar que, hasta el momento, la respuesta de las autoridades a las medidas cautelares, cuando fue positiva, consistió en ofrecer carnets de identificación, patrullajes de domicilio, escolta hacia y desde los lugares de trabajo, y guardia personal durante la noche458. Sin embargo, algunos periodistas manifestaron tener un gran temor a la policía por su vinculación con la represión luego del golpe de Estado y con grupos relacionados con el crimen organizado459. En la audiencia ante la CIDH realizada en octubre de 2010, representantes de la sociedad civil hondureña señalaron que existe una clara falta de voluntad del Estado de proteger a los comunicadores y comunicadoras sociales en riesgo; que no existen evaluaciones adecuadas del riesgo; que las escoltas son colocadas por el Estado a costo de quien las recibe (aproximadamente 250 dólares semanales); que los patrullajes se centran en las zonas urbanas y no están disponibles en las zonas rurales; que los enlaces telefónicos muchas veces no funcionan y que no hay personal especializado o capacitado para implementar medidas de protección460. El Estado de Honduras informó que en marzo de 2010 creó la Unidad de Derechos Humanos dentro de la Secretaría de Seguridad, encargada de consensuar, implementar y dar seguimiento a las medidas cautelares. También informó que se creó la Unidad Investigativa de Derechos Humanos, parte de la Secretaría de Seguridad adscrita a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y que en julio de 2010 el Grupo de Trabajo de la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos acordó el nombramiento de “personal permanente”, aunque no informó si esos nombramientos ya se habían efectuado ni dónde se iba a efectivizar el refuerzo de personal. Asimismo, reconoció que “en algunas ocasiones se dificulta consensuar las medidas y su implementación pero no necesariamente por causas imputables al Estado”. Entre ellas, señaló a la “actitud no colaboradora del beneficiario” como la principal causa, así como pedidos por parte de los beneficiarios que “exceden las atribuciones de la policía nacional, tales como que se les proporcione fondos para contratar seguridad privada”461. Finalmente, informó que los beneficiarios deben proveer de alimento a sus escoltas ya que “el Estado no puede materialmente hacer llegar alimentación a todos los lugares donde se encuentran los escoltas”. También rechazó que los patrullajes se hagan sólo en zonas urbanas y señaló que no cuenta con fondos para pagar escolta privada462.




  1. La grave situación de inseguridad que viven los comunicadores y las comunicadoras sociales de Honduras, sumada a la impunidad que subsiste sobre los crímenes de periodistas cometidos en 2010 exige respuestas eficientes y efectivas. En este sentido, es imprescindible que el Estado establezca órganos y protocolos especiales de investigación, así como mecanismos especializados de protección que sean eficaces, reforzados y concertados con los propios periodistas. Cabe recordar el principio 9 de la Declaración de principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH.




  1. Investigaciones por cierres de medios de comunicación




  1. El 28 de junio de 2009, Canal 36 fue tomado por las FF.AA. y dejó de transmitir hasta el 4 de julio, cuando volvió al aire luego de la intervención de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos. Asimismo, los transmisores de Radio Globo y Radio La Catracha fueron intervenidos el 28 de junio en la zona del Cerro Cantagallo463.




  1. De acuerdo a la información recabada, el Teniente Coronel del Ejército José Arnulfo Jiménez tomó las instalaciones de Canal 36 el 28 de junio de 2009 en horas de la mañana, mientras que el Teniente del Ejército Darvin Ismael Ardón tomaba el control de los transmisores de Radio Globo y Radio La Catracha464. Ambos fueron acusados de los delitos de ‘destrucción o daño del servicio telecomunicaciones’ y ‘abuso de autoridad’. En el proceso, iniciado por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, los acusados alegaron tener ordenes de superiores y haber actuado en cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, que habría ordenado secuestrar los materiales propagandísticos y relacionados con la votación por la llamada “cuarta urna”465. Los militares sostuvieron que tenían sospechas de que en los medios de comunicación mencionados había material relacionado con la “cuarta urna”. Tal como reconocieron los propios acusados en la audiencia inicial, dicho material nunca fue encontrado. Sin embargo, la toma del edificio de Canal 36 se extendió durante ocho días. La jueza Marta Murillo resolvió dictar el sobreseimiento definitivo en esta causa, por considerar que los militares habían actuado siguiendo una orden legítima466. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos apeló el 13 de enero de 2010467. Sin embargo, el 31 de agosto de 2010, la jueza Lilian Maldonado, de los Tribunales Unificados de Francisco Morazán consideró que el Teniente Coronel Jiménez era inocente de los cargos que le imputaba el Ministerio Público y los abogados de las víctimas468.




  1. El 28 de junio también fueron tomados y obligados a suspender sus transmisiones Radio Juticalpa, en el departamento de Olancho, y Radio Progreso, en el departamento de Yoro. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos planteó dos requerimientos fiscales contra los oficiales que dirigieron esas acciones. En el caso del cierre de Radio Juticalpa, si bien en primera instancia se había dictado auto de prisión contra uno de los acusados, la Corte Tercera de Apelaciones revocó esa medida y decretó el sobreseimiento definitivo del imputado469. Con respecto a la toma de Radio Progreso, los imputados fueron sobreseídos. La última información oficial recibida sobre este proceso indica que aún no se ha resuelto el recurso de apelación planteado por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos470.




  1. El 28 de septiembre de 2009 fueron confiscados los equipos de Canal 36, Radio La Catracha y Radio Globo, impidiendo efectivamente su salida al aire, como consecuencia de un proceso iniciando por CONATEL en base al decreto PCM-M-016-2009, dictado solo dos días antes471. El operativo contó con la intervención de diversas fuerzas de seguridad, algunos de ellos encapuchados. En octubre, el Estado informó a la CIDH que se habían regresado los equipos y que los medios estaban transmitiendo normalmente, ya que el decreto en el que se había basado el cierre de esos medios de comunicación había sido derogado472. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos realizó un requerimiento fiscal el 15 de diciembre de 2009 contra los miembros de CONATEL que habían dispuesto la confiscación de los equipos de los medios de comunicación. Sin embargo, su pedido no tuvo éxito: la jueza Marta Murillo dictaminó el sobreseimiento de los comisionados de CONATEL que ordenaron este cierre473. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos apeló la decisión el 15 de abril de 2010, pero a la fecha de cierre de este informe no habría sido resuelto ese recurso474.


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