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16El 27 de abril de 2017, se practicaron los siguientes estudios: electrolitos séricos, química sanguínea, biometría hemática, grupo sanguíneo y Rh. [Fojas 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 216 del legajo de pruebas].

17 El día 28 de abril se practicaron los siguientes estudios médicos: cropológico, coprocultivo, biometría hemática, frotis de sangre periférica, electrolitos séricos y química sanguínea. [Fojas 58, 59, 60, 61 y 62 del legajo de pruebas].

18 Fojas 284 y 219 del legajo de pruebas.

19 Fojas 134 a 137 del legajo de pruebas.

20 Nota de evolución del 3 de mayo de 2017 [Foja 272 del legajo de pruebas]; último párrafo del punto b) de la demanda de amparo [Foja 6 del juicio de amparo *****] y ficha informativa del 3 de mayo de 2017 dignada por la Subprocuradora de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Morelos [Foja 74 del incidente de suspensión].

21 La quejosa señaló como autoridades responsables a la Procuraduría de Asistencia jurídica y Social del DIF estatal, la Subprocuradora de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF estatal, el Hospital Infantil de Especialidad de Chihuahua, el Director del Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua y la doctora *****.

22 En su escrito de demanda la quejosa agregó como material probatorio el acta de nacimiento de la menor y un escrito del 2 de mayo de 2017 en el cual solicita al Hospital Infantil de Especialidades de chihuahua, el expediente clínico de la menor. Quince días después el día 23 de mayo de 2017, presentó un escrito para ofrecer el siguiente material probatorio: (i) certificación médica expedida por el doctor *****, en la cual establece que el tratamiento de quimioterapia es adecuado pero recomienda que en lugar de transfusión sanguínea se usen tratamientos alternativos estimulantes de la hematopoyesis, derivado de los riesgos a largo plazo de las transfusiones sanguíneas; (ii) artículo médico editado por servicios de hematología, centro nacional 20 de noviembre, ISSSTE, México, titulado: “Dosis altas de eritropoyetina semanal en pacientes con leucemia aguda linfoblástica en remisión, que reciben quimioterapia, efecto en sus requerimientos transfusionales”, el cual orienta adecuadamente a los médicos para el uso de eritropoyetina para evitar transfusiones sanguíneas; (iii) artículo titulado “Tratamiento de la Leucemia Linfoblástica con poliquimioterapia sin hemoderivados en niños Testigos de Jehová, de la Revista Médica Hospital General; (iv) copia de la resolución dictada en un diverso juicio de amparo —16/2016 del índice del Juzgado Primero en Materia Administrativa del Cuarto Circuito—; y (vi) artículo titulado “Efectos adversos de la transfusión de componentes sanguíneos. Generalidades: reaccione agudas, inmediatas y retardadas”. [Fojas 64 a 132 del juicio de amparo *****].

23 Fojas 31 a 41 del juicio de amparo *****.

24 Mediante oficio de **** de 10 de mayo de 2017, la Subprocuradora emitió informe previo. [Fojas 74 a 79 del del cuaderno del incidente de suspensión].

25Fojas 120 a 154 del cuaderno del incidente de suspensión.

26Mediante oficio ***** de 19 de mayo de 2017. [Fojas 178 a 183 del cuaderno del incidente de suspensión].

27 Mediante oficio *****, de 19 de mayo de 2017. Foja 184 del cuaderno del incidente de suspensión.

28 Fojas 198 a 203 del cuaderno del incidente de suspensión.

29 Fojas 140 a 145 del juicio de amparo *****.

30 Mediante escrito presentado el 23 de mayo de 2017. [Foja 137 del juicio de amparo *****].

31 Mediante escrito presentado el 24 de mayo de 2017. [Foja 138 del juicio de amparo *****].

32 Mediante escrito presentado el 5 de junio de 2017. [Fojas 202 a 207 del juicio de amparo *****]

33 Mediante acuerdo de 8 de mayo de 2017, el Juez de Distrito determinó que debía designarse un asesor jurídico que fungiera como representante legal de la menor. [Foja 34, vuelta del incidente de suspensión]

34Mediante escrito presentado el 31 de mayo de 2017. [Fojas 167 a 178 del juicio de amparo *****]. Asimismo, el 5 de junio de 2017, la quejosa presentó una primera ampliación de alegatos, en el que indicó que de acuerdo a la opinión de la doctora *****, no sólo la terapia transfusional es la que se puede usar en este tipo de patologías, sino que se pueden utilizar fármacos estimulantes en la producción de eritrocitos y plaquetas. [Fojas 199 a 201 del juicio de amparo *****]. Mediante escrito de 15 de junio de 2017, la quejosa presentó una segunda ampliación de alegatos en la que señaló que las personal hospitalario no están dispuestas a buscar tratamientos alternativos a la transfusión sanguínea. [Fojas 236 a 242 del juicio de amparo *****]. Mediante escrito de 20 de junio de 2017, la quejosa presenta una tercera aplicación de alegatos. [Fojas 247 a 252 del juicio de amparo *****]. Finalmente, el 28 de junio de 2017, la quejosa presenta un escrito especial de alegatos en el que esencialmente manifiesta la violación directa a diversos derechos fundamentales de su menor hija [Clara]. [Fojas 289 a 304 del juicio de amparo *****].

35 Fojas 338 a 401del Juicio de amparo *****.

36 Mediante escrito presentado el 27 de julio de 2017 [Fojas 14 a 50 del amparo en revisión 108/2017]

37 Para sustentar este dicho cita Recomendación de la CNDH, nota informativa 279 de la OMS; NOM-003-SSA2-1993 para la disposición de la sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos; resolución de la Segunda Sala de la SCJN en donde se condenó al IMSS por su deficiente actuación médica al trasfundir a un menor de 12 años con sangre contaminada con VIH.

38 Fojas 51 a 60 del amparo en revisión 108/2017.

39 Fojas 7 a 13 del amparo en revisión 108/2017.

40 Fojas 5 y 6 del amparo en revisión 108/2017.

41 Fojas 61 a 77 del amparo en revisión 108/2017.

42 Mediante acuerdo plenario de 22 de septiembre de 2017.

43 Mediante acuerdo de 3 de octubre de 2017, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación asumió la competencia para conocer del recurso de revisión y lo admitió a trámite; asimismo, lo turnó al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para su resolución y ordenó su envío a esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la radicación y continuación del trámite. Así la Primera Sala se avoco al conocimiento del asunto, mediante acuerdo de 1 de diciembre de 2017.

44 Quejosa: de las constancias de autos se advierte que la sentencia recurrida se notificó a la parte quejosa el jueves 13 de julio de 2017 [Foja 404 del juicio de amparo *****] y surtió efectos al día hábil siguiente, esto es, el viernes 14 de julio de 2017. En ese sentido, el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente para interponer el recurso de revisión, transcurrió del lunes 17 de julio y concluyó el viernes 28 de julio del mismo año, debiéndose descontar los días 15, 16, 22 y 23 del mismo mes y año, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo, 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 74, fracción III de la Ley Federal del Trabajo. Consecuentemente, si de autos se advierte que el recurso se presentó el 27 de julio de 2017, es evidente que el mismo se presentó en tiempo.

Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Morelos: De las constancias de autos se advierte que se les notificó el 13 de julio de 2017 [Fojas 420 a 423 del juicio de amparo *****] notificación que surtió efectos el mismo día, por lo que el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo transcurrió del viernes 14 al jueves 27 de julio de 2017, debiéndose descontar los días 15, 16, 22 y 23 del mismo mes y año, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo, 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 74, fracción III de la Ley Federal del Trabajo. Consecuentemente, si de autos se advierte que el recurso se presentó el 27 de julio de ese mismo mes y año es evidente que el mismo se presentó en tiempo.

Representante especial de los menores y Ministerio Público. A ambos se les notificó el 14 de julio de 2017 [Foja 401, vuelta y 403 del Juicio de amparo *****] notificación que surtió efectos el mismo día, por lo que el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo transcurrió del lunes 17 de julio y concluyó el viernes 28 de julio del mismo año, debiéndose descontar los días 15, 16, 22 y 23 del mismo mes y año, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo, 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 74, fracción III de la Ley Federal del Trabajo. Consecuentemente, si de autos se advierte, por una parte, que el representante especial de la menor presentó su recurso el 14 de julio de 2017, y el Ministerio Público lo presentó el 28 de julio de 2017, debe concluirse que ambos son oportunos.

Finalmente, el hospital, el director del hospital y la doctora *****, por conducto del Instituto Chihuahuense de Salud presentaron un escrito en el que manifestaban que se adherían al recurso de revisión presentado por el representante especial del menor. Para efectos de la oportunidad, la admisión del recurso de revisión interpuesto por el representante especial del menor, le fue notificada al hospital, el director del hospital y la doctora el día 19 de julio de 2017 [Foja 429, 430 y 431 del Juicio de amparo *****], por lo que el plazo de cinco días al que alude el artículo 82 de la Ley de Amparo vigente para interponer el recurso de revisión adhesiva, transcurrió del viernes 21 al jueves 27 de julio de 2017, debiéndose descontar los días 22 y 23 del mismo mes y año, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo, 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 74, fracción III de la Ley Federal del Trabajo. Consecuentemente, si de autos se advierte que el recurso se presentó el 4 de agosto de 2017, es evidente que el mismo se presentó fuera de tiempo.



45 Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Ley de Amparo vigente a partir del 2 de abril de 2013; 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 86 del Reglamento Interior de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con lo establecido en los Puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal el 13 de mayo de 2013.

46 COIDH. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 170; COIDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. Opinión Consultiva OC-21/14, párr. 265; COIDH. COIDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres v. Guatemala. Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009 párrs. 188-189.

47 Resuelto por mayoría de votos de los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas en sesión de 23 de septiembre de 2015.

48 Ibíd. pág. 28.

49 M.A.K. and R.K. v. the United Kingdom, nos. 45901/05 and 40146/06, § 75, 23 March 2010; and Glass, cited above, §§ 70‑72. Troxel v. Granville, 530 U.S. 57, (2000) at 233-234

50 Límites del poder familiar en las decisiones acerca de la salud de sus hijos ‒ directrices

51 Consentimiento informado. El umbral de la tolerancia médica y social. Parte I. Página 209.

52 Sentencia recaída al amparo en revisión 208/2016, resuelta por la Primera Sala el 19 de octubre de 2016 por mayoría de tres votos.

53 B. (R.) v. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995) 1 S.C.R. 315.

54 Límites del poder familiar en las decisiones acerca de la salud de sus hijos ‒ directrices.

55 ECHR. Case of Begheluri and others v. Georgia (Judgement), 7th January 2015, parr. 157; Corte Constitucional de Colombia, sentencia T-476-16, 1 de septiembre de 2016, págs. 18-19.

56 ECHR. Case of Begheluri and others v. Georgia (Judgement), 7th January 2015, parr. 171; Corte Constitucional de Colombia, sentencia T-476-16, 1 de septiembre de 2016, págs. 18; SCOTUS, Sherbert v. Verner, Page 374 U. S. 402 (1968).

57 Begheluri y otros v. Georgia, CEDH, párr. 156; Kokkinakis v. Greece, 25 May 1993, § 31, Series A no. 260-A, and S.A.S. v. France [GC], no. 43835/11, § 124, 1 July 2014, with further references therein.

58 Corte IDH, Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile, Sentencia de 5 de febrero de 2001 (Fondo, Reparaciones y Costas).

59 Tesis 1ª. LX/2007 de rubro: LIBERTAD RELIGIOSA. SUS DIFERENTES FACETAS. Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Febrero de 2007, pág. 654.

60 Tesis 1ª. LXI/2007 de rubro: LIBERTAD RELIGIOSA Y LIBERTAD DE CULTO. SUS DIFERENCIAS. Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Febrero de 2007, pág. 654.

61 Begheluri y otros v. Georgia, CEDH, párr. 127, y Sindicatul “Păstorul cel Bun” v. Romania [GC], no. 2330/09, párr. 165, ECHR 2013.

62 (see, mutatis mutandis, Palomo Sánchez and Others v. Spain [GC], nos. 28955/06, 28957/06, 28959/06 and 28964/06, §§ 58-61, ECHR 2011; Otto-Preminger-Institut v. Austria, 25 November 1994, Series A no. 295 § 47; and Eweida and Others v. the United Kingdom, nos. 48420/10, 59842/10, 51671/10 and 36516/10, § 84, ECHR 2013 (extracts)).

63 (see Öllinger v. Austria, no. 76900/01, § 39, ECHR 2006-IX; and also, mutatis mutandis, Miroļubovs and Others, cited above, § 80).

64 ECHR. Case of Begheluri and others v. Georgia (Judgement), 7th January 2015, parrs. 158-159.

65 Ibídem.

66 Artículo 18

4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.



67 Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones

Artículo 5

1. Los padres o, en su caso, los tutores legales del niño tendrán el derecho de organizar la vida dentro de la familia de conformidad con su religión o sus convicciones y habida cuenta de la educación moral en que crean que debe educarse al niño.

2. Todo niño gozará del derecho a tener acceso a educación en materia de religión o convicciones conforme con los deseos de sus padres o, en su caso, sus tutores legales, y no se le obligará a instruirse en una religión o convicciones contra los deseos de sus padres o tutores legales, sirviendo de principio rector el interés superior del niño.

3. El niño estará protegido de cualquier forma de discriminación por motivos de religión o convicciones. Se le educará en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y hermandad universal, respeto de la libertad de religión o de convicciones de los demás y en la plena conciencia de que su energía y sus talentos deben dedicarse al servicio de la humanidad.

4. Cuando un niño no se halle bajo la tutela de sus padres ni de sus tutores legales, se tomarán debidamente en consideración los deseos expresados por aquéllos o cualquier otra prueba que se haya obtenido de sus deseos en materia de religión o de convicciones, sirviendo de principio rector el interés superior del niño.

5. La práctica de la religión o convicciones en que se educa a un niño no deberá perjudicar su salud física o mental ni su desarrollo integral teniendo en cuenta el párrafo 3 del artículo 1 de la presente Declaración.


68 Convención Americana sobre Derechos Humanos

Artículo 12. Libertad de Conciencia y de Religión

4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.


69 Case of Folgerø y otros v. Noruega, párr. 100.

70 Christian Education South Africa v. Minister of Education, párr. 15.

71 Wisconsin v. Yoder, U. S. 214, pág. 406.

72 Antommaria AHM, Weise KL, Fallat ME, Katz AL, Mercurio MR, Moon MR, et al. Conflicts between religious or spiritual beliefs and pediatric care: informed refusal, exemptions, and public funding. Pediatrics. 2013; 132(5):962–5.

73 M.A.K. y R.K. v. Reino Unido (CEDH, 23 marzo 2010, nos. 45901/05 and 40146/06, párr. 75).

74 Charles Gard y otros v. Reino Unido, CEDH, 27 de junio de 2017, no 39793/17).

75 Sentencia resuelta el 15 de junio de 2016 por unanimidad de cuatro votos.

76 Artículo 5

Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechas y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención.



77 En el mismo sentido, ver: (i) amparo directo 30/2008, resuelto por esta Primera Sala el 11 de marzo de 2009; (ii) amparo directo en revisión 2479/2014, resuelto por esta Primera Sala el 24 de octubre de 2012; (iii) amparo directo en revisión 354/2014, resuelto por esta Primera Sala el 9 de abril de 2014; (iv) Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No. 221; (v) Caso Atala Riffo e hijas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239.

78 Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Sala Constitucional, Sentencia No. 1.431 expediente 07-1121, emitida el 14 de agosto de 2008; Tribunal Constitucional de España, Sentencia 154/2002 de 18 de julio de 2002, BOE núm. 188; Corte Suprema de Canadá, A.C. v. Manitoba (Director of Child and Family Services), [2009] 2 SCR 181.

79 En la jurisprudencia de este Alto Tribunal se han desarrollado criterios relativos al alcance de la protección de los menores en los procesos jurisdiccionales derivada del interés superior del niño, entre los que se destacan los siguientes: (i) la interpretación sistemática respecto de cualquier norma jurídica cuando tenga que aplicarse o pueda afectar los intereses de algún menor. “INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL” [Tesis: 1a./J. 18/2014 (10a.) Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página: 406]; (ii) que cuando se trate de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores deberá realizarse un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión “MENORES DE DIECIOCHO AÑOS. EL ANÁLISIS DE UNA REGULACIÓN RESPECTO DE ELLOS DEBE HACERSE ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR Y A LA PRIORIDAD DE LA INFANCIA.” [Tesis: P. XLV/2008. Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo XXVII, Junio de 2008, página 712. Acción de inconstitucionalidad 11/2005]; (iii) que el juzgador está obligado a valorar todos los elementos de prueba que obren en el expediente así como a recabar de oficio el material probatorio necesario, en todos aquellos procedimientos que directa o indirectamente trascienden los derechos de los menores; “INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. PARA PRESERVARLO, EL JUZGADOR ESTÁ FACULTADO PARA RECABAR Y DESAHOGAR DE OFICIO LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE NECESARIAS.” [Tesis: 1a. /J. 30/2013 (10a.). Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, página: 401] y “JUICIOS DE GUARDA Y CUSTODIA. DE ACUERDO AL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO DEBE VALORARSE LA TOTALIDAD DEL MATERIAL PROBATORIO QUE OBRA EN AUTOS”. [Tesis: 1a. XVI/2011. Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, febrero de 2011, página 616]; y (iv) que tratándose de menores de edad procede la suplencia de la queja en toda su amplitud, sin que obste la naturaleza de los derechos cuestionados ni el carácter del promovente. “MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.” [Tesis: 1a. /J. 191/2005. Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo XXIII, mayo de 2006 página 167].

80 Young v. Young, [1993] 4 S.C.R. 3; P. (D.) v. S. (C.), [1993] 4 S.C.R. 141

81 Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 4.1. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

82 Observación general 15, párrafos 12 y 14.

83 Custody of a Minor 375 Mass. 733, 379 N.E.2d 1053 (1978); Director General, Department of Community Services Plaintiff and BB Defendants [1999] NSWSC 1169 (19 November 1999); Camden London Borough Council v R (a minor), (1993) 2 FLR 757; Re O (A Minor) (Medical Treatment) (1993) 2 FLR 149; Tribunal Constitucional de España, Sentencia 154/2002 de 18 de julio de 2002, BOE núm. 188.
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