Colaboradores: miguel oscar casillas sandoval


II El interés superior del menor como límite a los derechos parentales



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II

El interés superior del menor como límite a los derechos parentales

Es una doctrina reiterada de esta Suprema Corte que el interés superior del menor debe prevalecer en cualquier contienda judicial en la cual se vean involucrados los derechos de los niños.79 Conforme a este principio, el juzgador y los diversos operadores jurídicos deben decidir y actuar conforme aquello que mejor conserve y satisfaga los intereses del menor. No obstante, determinar dónde se ubica el interés superior del niño no es siempre una cuestión fácil de zanjar.

En ese sentido, esta Suprema Corte ha indicado que el interés superior del menor no puede ser establecido con carácter general y de forma abstracta, en tanto las relaciones familiares son extraordinariamente complejas y variadas. Así las cosas, el juez debe valorar las especiales circunstancias que concurran en cada situación para determinar qué es lo mejor para la niña o niño en cuestión. En suma, la tutela del interés preferente de los niños exige, siempre y en cualquier caso, que se tome aquella decisión que proteja de mejor manera sus derechos e intereses.

El interés superior del niño también debe ser el eje rector de quienes toman las decisiones en nombre de los menores. Así, el ejercicio de la vida privada y familiar debe tener como objetivo el procurar la mayor satisfacción de los derechos de los niños. En ese sentido, los derechos de los padres deben ser ejercidos de acuerdo con el interés prevalente de los hijos, por lo que la naturaleza de las relaciones entre hijos y padres no debe ser determinada por los deseos personales de los padres, sino por el interés superior del menor.

Desde esta perspectiva, el interés superior del menor se erige como un deber de privilegiar los derechos del niño, y es desde la óptica de los intereses del niño que deben ejercerse los poderes y responsabilidades de los padres, de tal suerte que los “derechos” parentales no constituyen un valor prevalente.80 En este marco, conviene reparar especialmente en el derecho a la vida y a la salud de un menor.

El derecho a la protección de la vida es un derecho fundamental implícito en la Constitución, que se deriva de todos los derechos expresamente estipulados que requieren de la vida como condición para su ejercicio. En esta línea, la existencia de un derecho a la protección de la vida queda de manifiesto cuando se corrobora que la Constitución no sólo contempla una serie de derechos fundamentales cuya justificación última se encuentra en el mejoramiento de las condiciones de vida de los individuos, sino también muchas otras disposiciones tendientes a salvaguardar la vida. Así también, el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos81 y el artículo 13 de la Ley General De Los Derechos De Las Niñas, Niños y Adolescentes, establece como derechos la vida, la supervivencia y al desarrollo.

De la misma manera, diversas disposiciones internacionales establecen el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; lo que implica que los menores tienen derecho a recibir los que mayores probabilidades tenga de recuperar su salud. Entre estas se encuentra el artículo 12 del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De manera destacada, se ha reconocido la relevancia del derecho a la salud en la infancia. Así puede observarse en el artículo 6 de la Convención de los Derechos del Niño, en la Observación General 15 “sobre el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud”, y en los artículos 13 y 50 de la Ley General de los Derechos de las Niñas. Derivado de la exigencia de brindar el más alto nivel posible de salud física, esta Primera Sala entiende que los menores tienen derecho a recibir el trato médico más efectivo y seguro para recuperar su salud.

En suma, como se estableció en el apartado I, los padres gozan con un ámbito de autonomía muy amplio para tomar numerosas decisiones por sus hijos —a qué escuela van acudir, en donde deciden vivir, qué valores inculcar y qué religión enseñarles—, y autonomía para sopesar diversas razones y elegir lo que estimen mejor para ellos sin intervenciones externas. En ese sentido, el derecho presume que son los más aptos para decidir lo que resulte más favorable para las niñas y niños a su cargo.

Sin embargo, el interés superior del menor es una consideración prevalente tratándose de decisiones que son críticas para el futuro o bienestar de un menor, como aquellas relacionadas con su derecho a la salud y a la vida. En ese sentido, esta Corte entiende que el derecho de los padres a tomar esas decisiones sin interferencias encuentra su límite en la salud y la vida del menor.

En efecto, esta Primera Sala entiende que las decisiones médicas de los padres sobre sus hijos, aunque inicialmente protegidas por un claro campo de autonomía, no pueden ser sostenidas si colocan en riesgo la salud del menor (aun cuando esta no sea necesariamente la intención de los padres). En tanto la Constitución obliga al Estado a velar por que no se vulneren los derechos de los niños, en estos casos está justificado intervenir en la autonomía familiar con el objeto de impedir una afectación a la integridad del menor.

Ello obedece a que los derechos parentales tienen fundamento precisamente en la protección que deben brindar los padres a sus niños. Bajo esta perspectiva, la autonomía familiar no puede ejercerse de un modo contrario al propósito de la institución parental, que es precisamente velar por su bienestar.

En esta línea se ha pronunciado el Comité de los Derechos de los Niños, al destacar la importancia del interés superior del niño como fundamento de todas las decisiones que se adopten con respecto al tratamiento [médico] que se dispense, niegue o suspenda a todos los niños.82

Asimismo, esta Suprema Corte en el amparo en revisión 502/2017 ya ha resuelto que el derecho de los padres a infundir en sus hijos convicciones religiosas, no es absoluto y que tiene un límite: el interés superior del menor, el cual se cristaliza, en el caso, en el derecho a vivir en un ambiente de libertad y tolerancia religiosa.

De igual forma, en el derecho comparado encontramos un consenso notable respecto a que el interés superior de los niños es la consideración prevalente en cualquier disputa que se presente frente a los derechos parentales y la privacidad familiar.

En esencia, tribunales de Estados Unidos, Canadá, España, Australia o Reino Unido han determinado que tratándose de conflictos entre los derechos de los padres a decidir por sus hijos, y la vida o salud de un niño, el interés superior del niño es la máxima consideración.83 En este sentido, los tribunales han señalado que los derechos parentales no confieren autoridad a los padres sobre la vida y muerte de los hijos,84 esto es, que no tienen el derecho de afectar la salud de sus hijos en virtud de su religión, puesto que están obligados a tomar siempre las decisiones que mejor garanticen los intereses de los niños.85

De manera similar, esta Primera Sala entiende que la libertad religiosa y el derecho a la vida privada familiar no comprenden la imposición de prácticas religiosas que comprometan la salud y vida de los niños. En otras palabras: la libertad religiosa no confiere a los padres la autoridad para decidir sobre la vida o la muerte se sus hijos menores de edad; así, los derechos de los padres encuentran su límite ahí donde se pone en riesgo la vida de sus hijos.

De acuerdo con lo anterior, los padres no pueden objetar la realización de tratamientos médicos que tienen como propósito salvar la vida de sus menores hijos. La vida y la salud de los niños no son derechos que se encuentren supeditados a la voluntad de sus representantes. Por el contrario, su mayor satisfacción debe ser el eje rector de la actuación de quienes toman decisiones a nombre de ellos. Así, no pueden invocarse los derechos de los padres para negar a un niño la oportunidad de sobrevivir.

En conclusión, los derechos de los padres a decidir sobre sus hijos tienen como límite la afectación al derecho a la vida de los niños. Ninguna decisión puede encontrar fundamento si con ella se pone en riesgo la supervivencia del menor; máxime cuando esa afectación deriva de la negación de un tratamiento que está disponible para



III
La intervención del Estado en la autonomía familiar frente a un riesgo a la vida

Conforme al parámetro constitucional elaborado en el apartado II, los padres son libres de formar a sus hijos en la religión que elijan conforme a sus convicciones, y son quienes están legitimados para autorizar decisiones médicas sobre ellos. Sin embargo, el ejercicio de esta libertad no debe poner en riesgo la vida de un niño. En consecuencia, el Estado puede interferir válidamente la autonomía parental para tomar decisiones por los padres cuando sus elecciones coloquen en riesgo la vida de sus hijos.

En este contexto, esta Primera Sala estima que la puesta en riesgo de la vida de un niño se actualiza cuando los padres, privilegiando sus creencias religiosas, se rehúsan a seguir el tratamiento médico idóneo para salvar la vida de su hijo menor de edad.

Esta Corte entiende que el tratamiento médico idóneo para salvar la vida es aquél que ya ha sido acreditado por la comunidad médica como el procedimiento más efectivo para tratar determinada condición letal. En esa medida, se trata de una intervención médica que no presenta una disputa científica sustancial sobre su eficacia y confiabilidad.

Es pertinente apuntar que en la comunidad médica existen lineamientos de práctica clínica que establecen las pautas para el diagnóstico y tratamiento de las patologías, conforme a los cuales el personal médico desarrolla su tarea. Estos lineamientos están diseñados regularmente con base en “la mejor información científica disponible para aplicarla a la práctica clínica”.86 En ese sentido, las guías de práctica clínica utilizan el enfoque “Medicina Basada en la Evidencia”, consistente en “la utilización consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia clínica disponible para tomar decisiones sobre el cuidado de los pacientes individuales.”87

Las guías de práctica clínica gradúan el estatus de los procedimientos e intervenciones médicas que recomiendan con sustento en escalas de evidencia, esto es, según el rigor y la consistencia científica de la evidencia disponible. De este modo, las guías clínicas clasifican la evidencia por categorías que van desde el nivel más alto (por ejemplo: evidencia de alto nivel, basada en meta-análisis de estudios clínicos aleatorios, o consenso médico uniforme) hasta niveles más cuestionables o menos consistentes (v.g.: existe un amplio desacuerdo sobre que la intervención sea apropiada, o bien sólo existe evidencia a partir de la experiencia clínica o de reportes y opiniones). 88 Con base en tales categorías las guías establecen la “fuerza” respectiva de cada recomendación, según la cual será más o menos pertinente su uso por parte de los médicos.

De esta forma, por ejemplo, la Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de Leucemia Linfoblástica Aguda emitida por la Secretaría de Salud establece “la transfusión de concentrados eritrocitarios para mantener la cifra de hemoglobina” como una recomendación basada en evidencia científica de comité de expertos, reportes, opiniones y experiencia clínica de autoridades en la materia. Similarmente, la Guía de Práctica Clínica de Estados Unidos para la misma enfermedad que emite la National Comprehensive Cancer Network, establece que “aunque existan diferencias entre estándares internacionales y prácticas, las medidas terapéuticas de apoyo para pacientes con leucemia linfoblástica aguda generalmente incluyen el uso de (…) transfusiones sanguíneas”, con base en evidencia del segundo nivel más alto.89

De acuerdo con lo anterior, esta Primera Sala entiende que un tratamiento idóneo es aquél procedimiento recomendado por la ciencia médica que cuenta con el nivel más alto posible de consolidación científica y que, por lo tanto, se indica con el mayor grado prioridad.

Con todo, cabe aclarar que la ciencia médica no es una ciencia de resultados sino de medios, por lo que los procedimientos sanitarios no necesariamente garantizan con absoluta certeza la recuperación del paciente, sino que con cierto grado de probabilidad, se alcanzará un determinado resultado.90 En esa línea, cuando nos referimos al tratamiento médico idóneo entendemos que es aquél que tiene un mayor índice de éxito.

De esta forma, el principio de interés superior del menor impone que siempre deba optarse por el tratamiento que cuente con mayor probabilidad de salvar la vida de un niño.

Ahora bien, puede suceder que los padres objeten el procedimiento médico idóneo y consideren que existen alternativas que podrían recuperar la salud del niño, al tiempo de no vulnerar sus creencias religiosas.

En esa lógica, los Testigos de Jehová han explorado diversos procedimientos alternativos al uso de hemoderivados con el fin de recibir atención médica sin transgredir sus preceptos religiosos. Así, el ejercicio de su religión ha conducido a los Testigos de Jehová a preferir opciones médicas que prescindan del consumo de componentes sanguíneos, y que también les permitan recuperar su salud.

No obstante, como se estableció previamente, el ejercicio de la libertad religiosa no puede impedir que un menor de edad reciba el tratamiento médico idóneo para curar un padecimiento de consecuencias letales, pues ello atentaría contra su derecho a la vida. En ese sentido, el interés prevalente del menor impide que se aplique a un menor un tratamiento que es claramente inferior al tratamiento idóneo, de acuerdo con la lex artis médica.

De acuerdo con lo anterior, para que prevalezca una propuesta alternativa por parte de los padres es imprescindible acreditar que la alternativa ofrece un grado de recuperación similar o comparable a la intervención médica que ha sido objetada. De otro modo, se pondría al menor de edad en una situación de riesgo que puede evitarse al aplicar el tratamiento acreditado.91

Así, si el tratamiento alternativo tiene un resultado mucho más pobre o no comparable con el uso de transfusiones sanguíneas, si el tratamiento no se encuentra disponible, o bien, si no existe evidencia que garantice su grado de eficacia, el Estado debe suplantar la decisión de los padres y autorizar el tratamiento indicado por el personal médico, pues solamente a través de esa intervención podrá protegerse la vida del menor.

En ese orden de ideas, en caso de que la transfusión de hemoderivados sea la única opción científicamente acreditada para resguardar la vida del menor de edad, debe optarse por esta intervención aun en contra de la voluntad de los progenitores, pues como se ha establecido el derecho a la vida de los hijos no es un derecho que se encuentre disponible para los padres.

Con todo, es pertinente aclarar que no cualquier diferencia que tengan los padres con la opinión de los médicos sobre el tratamiento médico pertinente actualiza un supuesto de riesgo, sino únicamente la oposición de los padres a que se utilice el tratamiento médico idóneo conforme a la lex artis médica, para atender un padecimiento que coloque en riesgo la vida.

Ahora bien, esta Sala es consciente de que la autonomía familiar es un principio con plena vigencia en las relaciones familiares, de modo que no debe ser desplazado sin mayor justificación. La sustitución de los padres en la toma de decisiones médicas ciertamente es una intervención notable en la autonomía familiar, por lo que el Estado debe ejercerla de manera claramente delimitada.

En el siguiente apartado se abordará la forma en la que debe protegerse el interés superior del niño en aquéllas situaciones en las que sus padres, amparados en sus creencias religiosas, se opongan a aplicar el procedimiento médico idóneo.

IV

Desarrollo de la intervención del Estado en la autonomía familiar

Como se expuso, el Estado puede actuar para proteger a un menor si, con base en sus creencias religiosas, los padres se oponen a que se aplique al menor el tratamiento idóneo para salvar su vida —en los términos descritos en el apartado III—. Con todo, ello no autoriza al Estado a desplazar por completo los derechos parentales.

Es decir, la intervención estatal en un contexto médico está gobernada por lineamientos encaminados a preservar el interés superior de menor sin atropellar los derechos de los padres. Como se verá, estos lineamientos son relevantes desde que el menor es presentado para recibir servicios médicos, hasta que —en caso de un riesgo para su vida— el Estado interviene con el fin de tutelar sus derechos.

En primer lugar se explicarán cuáles son los parámetros que están llamados a observar los médicos si detectan que cierta decisión parental coloca en riesgo la vida de un menor.

Inicialmente, cuando la madre o el padre de un menor de edad lo presentan a alguna institución sanitaria para recibir servicios de salud, los médicos efectúan un diagnóstico del paciente y en la medida de lo posible recomiendan uno o varios tratamientos a seguir.

De acuerdo con el derecho al consentimiento informado que esta Sala ha desarrollado ampliamente,92 los padres son quienes están a cargo de considerar las intervenciones propuestas por los médicos y otorgar el consentimiento en representación de su menor hijo para que se realicen los procedimientos respectivos.93 Lo anterior pone de relieve la importancia de que el personal sanitario informe debidamente a los padres sobre los tratamientos médicos que recibirá un niño, pues son ellos quienes en principio tomarán una decisión.

Similarmente, los padres tienen derecho a conocer las alternativas médicas disponibles para tratar a sus hijos. Así —si la situación médica del menor lo permite—, los progenitores pueden solicitar que se les informe de las alternativas médicas disponibles, y el personal sanitario las debe exponer detalladamente, intentando que aquéllos comprendan cabalmente sus alcances. En otras palabras, los médicos deben proveer a los padres con suficiente información de un modo que les permita ponderar efectivamente las ventajas y los inconvenientes de diversos procedimientos, a efecto de elegir aquél que mejor convenga a los intereses del menor.

En segundo lugar, si los médicos advierten un riesgo para la vida del menor, tienen la obligación de hacerlo del conocimiento de las autoridades de protección de menores.

Como se detalló en el apartado anterior, esto ocurre si los padres pretenden impedir que se aplique al menor el tratamiento más apto para salvar su vida, y pugnan por un tratamiento que es inferior conforme a la lex artis médica. Tal como se estableció, el límite de los derechos parentales es el interés superior del menor, por lo que en este proceso de toma de decisiones los padres no pueden colocar en riesgo la vida de sus hijos.

Así, una vez que los médicos han recibido una negativa definitiva de los padres, y si consideran que el retraso en la toma de decisiones puede afectar la integridad o salud del menor, están obligados a dar cuenta a la agencia estatal de protección de menores para que ésta evalúe la necesidad de intervenir de inmediato a fin de examinar el caso y autorizar el tratamiento.

Sin prejuicio de lo anterior, esta Sala no desconoce que en presencia de una situación seriamente urgente puede ser indispensable que el médico tratante intervenga sin el consentimiento con la finalidad de preservar la vida del menor. En estos casos es claro que no es viable considerar un tratamiento alternativo puesto que el personal hospitalario debe actuar en el momento para enfrentar la situación médica particular.94

En tercer lugar, las entidades públicas deben respetar ciertos lineamientos al intervenir en la autonomía familiar y decidir si asumen la protección provisional del menor.

En efecto, la notificación del personal médico a las autoridades marca el inicio de la actuación del Estado para determinar si se encuentra en un caso en el que debe intervenir en la autonomía familiar para tutelar los derechos de un menor.

La institución pública mediante la cual se desarrolla la intervención estatal en aras de proteger a los menores es la tutela del Estado. Al respecto, esta Sala ha determinado que ante un imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección del menor que las leyes ponen a cargo de padres o tutores, el principio del interés superior del menor exige que los poderes públicos intervengan a fin de corregir una situación de riesgo o desamparo en la que se encuentra un menor de edad.



De esta forma, el Estado protege provisionalmente los derechos de los menores a través de la institución pública de la tutela. Concretamente, esta Sala ha afirmado que “cuando aquellos a quienes la ley encomienda de manera primordial el ejercicio de las funciones tuitivas, no quieren o no pueden actuar en defensa e interés de un menor, lo deben hacer las respectivas entidades públicas de protección, con la finalidad de adoptar las medidas que permitan librar a un menor de una situación de riesgo o desamparo”.95

En ese orden de ideas, el artículo 19 de la Convención de los Derechos de los Niños establece que los Estados parte deberán tomar todas las medidas necesarias para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

Respecto a la regulación de la tutela, esta Sala observa que a nivel federal y en diversos ordenamientos de entidades de la república no existe un procedimiento específico para que las instancias públicas intervengan en el contexto médico con objeto de proteger a un menor. En su lugar, se advierte que se ha diseñado un procedimiento genérico a fin de que las entidades públicas ejerzan una tutela provisional o transitoria cuando adviertan que las niñas y niños se encuentran en alguna situación de riesgo.96

Así, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que las Procuradurías de Protección de los menores tienen la atribución de solicitar al Ministerio Público competente la imposición de medidas urgentes de protección especial idóneas, cuando exista un riesgo inminente que atente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes, quien deberá decretarlas a más tardar, durante las siguientes 3 horas a la recepción de la solicitud, dando aviso de inmediato a la autoridad jurisdiccional competente. Esta atribución se ve replicada por lo menos en Baja California Sur, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Quintana Roo.

Por lo demás, la tutela que ejercen las entidades públicas se configura como una medida provisional o transitoria para proteger los derechos e intereses de los menores cuando se coloquen en riesgo.97

Ante tal panorama, en el contexto médico es claro que si los padres objetan un tratamiento indicado médicamente a un paciente cuya vida se encuentra en riesgo, las autoridades tienen a su cargo el deber de intervenir con objeto de proteger sus derechos a través de la institución de la tutela.

Efectivamente, a partir de la denuncia que realice el personal médico, las autoridades de protección a la infancia deberán proceder a realizar las actuaciones que estimen necesarias para asegurarse de la existencia o no de la vulneración o restricción a sus derechos. Concretamente, las autoridades estatales deberán indagar de manera inmediata sobre la veracidad de los hechos denunciados y determinar si existen elementos o razones para iniciar un procedimiento administrativo de protección.

Así, si la autoridad aprecia con base en las primeras investigaciones que realice que existen elementos para iniciar el trámite de tutela, entonces deberá tomar la representación en suplencia de los menores involucrados. Como no puede ser de otro modo, las medidas provisionales que dicten las entidades públicas deberán fundarse en el interés superior del menor, ser provisionales y tener un efecto inmediato.

Considerando lo anterior, las autoridades deberán ser especialmente sensibles al grado de premura con la que sea necesario actuar para salvaguardar la salud del menor. Una vez que el Estado ha recibido el caso, debido a la urgencia que caracteriza este supuesto está obligado a tomar la decisión que a su juicio mayores probabilidades comporte de salvarle la vida al menor y librarlo del riesgo en el que se encuentra, con base la información que tenga disponible en el contexto particular. Sobre esto último, cabe recalcar que el Estado puede allegarse oficiosamente de mayor información en la medida de las posibilidades con objeto de tomar la decisión más adecuada para salvaguardar los intereses en juego.

Al igual que en el caso del personal médico, si la situación médica del menor lo permite el Estado podrá considerar con mayor atención la voluntad de los padres de implementar un tratamiento alternativo en lugar del procedimiento indicado por los médicos tratantes. No obstante, esta Corte subraya que la consideración más relevante la constituye el interés superior del menor, por lo que a pesar de las presiones existentes las autoridades deberán orientar su decisión hacia salvaguardar la vida y la salud del infante en todo momento.

Así, para respetar el derecho al consentimiento informado las autoridades también deben examinar la posibilidad de suministrar el tratamiento propuesto. Sin embargo, como se estableció, es indispensable que esta decisión médica no coloque en riesgo la vida del menor.

Finalmente, es evidente que la decisión que tome el Estado puede ser recurrida a través de los medios de impugnación correspondientes. Así, corresponderá a los tribunales en última instancia decidir si en el caso se actualizaba el estándar que ha indicado esta Primera Sala para justificar la intervención estatal; esto es: que los padres hayan rechazado que se aplique a su hijo el tratamiento idóneo para salvar su vida de un padecimiento médico letal.

Según se expuso en el apartado III, dicha evaluación dependerá esencialmente de si, en el caso concreto, las autoridades tenían suficientes bases para concluir que la vida del menor se encontraba en riesgo debido a la decisión parental.

***

Es importante aclarar que en el caso que se ha descrito los padres no pretenden poner en riesgo la vida de sus hijos, sino prevenir que resulten violados los preceptos de su fe, en ejercicio de su libertad religiosa. Consecuentemente, es evidente que no merecen ser excluidos del proceso médico o de la toma de decisiones que conciernen a sus hijos. En estos casos, el Estado debe ser sensible con que su decisión no pretende necesaria y deliberadamente afectar a los menores.



Por lo tanto, en lo siguiente conviene reparar en los parámetros que rigen la actuación de las instancias públicas cuando se aproximan a estos casos, con base en los derechos a la privacidad familiar y a la no discriminación.

En primer lugar esta Sala enfatiza que la tutela que asuma el Estado se encuentra limitada a tomar las decisiones médicas concernientes a la recuperación de la salud del niño, por el tiempo que dure el tratamiento médico, y no debe desplazar de ningún modo los demás derechos que tienen los padres en el núcleo familiar.

Aun cuando el interés superior del menor es el parámetro central en estos casos —por lo que los médicos, instituciones de salud, autoridades estatales y progenitores deben privilegiar la mayor satisfacción de los derechos de los niños— las autoridades involucradas también deben procurar la unidad y estabilidad familiar, tratando de incorporar a los padres en las decisiones médicas. Así, los padres en todo momento tienen derecho a recibir información acerca del estado de salud de sus hijos, así como en cuanto a los tratamientos y medicamentos que se le aplican al menor de edad.

Asimismo, siempre que sea médicamente posible los padres tienen derecho a estar junto a sus hijos y no deben ser separados en contra de su voluntad salvo en casos estrictamente necesarios. Adicionalmente, es claro que las instituciones de salud tienen la obligación de proporcionarles una atención adecuada y libre de discriminación.

De igual forma, es importante que las autoridades implicadas reconozcan la situación de vulnerabilidad en la que pueden ubicarse los Testigos de Jehová, tanto por pertenecer a una minoría religiosa, como por profesar una creencia contraria al paradigma médico: las transfusiones sanguíneas. Por lo tanto, las autoridades involucradas deben velar porque estas personas no sean estigmatizadas como malos padres o que sean relegadas a tomar un papel secundario en la recuperación del menor. En ese orden de ideas, las instancias públicas no deben actuar sobre la base de que los padres desean colocar deliberadamente en riesgo a su hija o hijo, o que pretenden lesionar sus derechos.

Por último, es importante recalcar que los padres tienen derecho a conocer, comprender y postular un tratamiento alternativo al indicado en ejercicio de su derecho al consentimiento informado, mismo que deberá ser considerado cuidadosamente, con objeto de determinar si cuenta con una eficacia similar o comparable a la del tratamiento idóneo.

Con todo, como se explicó, si no existe un procedimiento alternativo similar o de eficacia comparable al tratamiento indicado por la lex artis médica, y los padres insisten en su objeción, el Estado podrá asumir la tutela del niño con la finalidad de autorizar que el menor reciba aquel tratamiento que cuenta con una capacidad científicamente comprobada para salvar su vida.


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