Colaboradores: miguel oscar casillas sandoval



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Decisión

Como se aprecia de los antecedentes de este asunto, los recursos de revisión de la quejosa [Luisa], por su propio derecho y en representación de su menor hija [Clara]; de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Morelos; del representante especial de los menores y del Ministerio Público adscrito al Juzgado Octavo de Distrito fueron interpuestos oportunamente.44 Sin embargo, la revisión adhesiva interpuesta por el Instituto Chihuahuense de Salud es extemporánea.

Asimismo, esta Suprema Corte es competente para resolver los recursos,45 que a la luz de los conceptos de violación, consideraciones del Juez de Distrito y agravios, resultan procedentes.

En efecto, en el presente asunto se recurre la interpretación realizada por un Juez de Distrito en amparo indirecto, en relación con el alcance del derecho de los padres a tomar decisiones medicas por sus hijos menores de edad con base en sus creencias religiosas, en casos de urgencia médica en los cuales se encuentra en riesgo la salud e incluso la vida de un menor de edad.

Consideraciones y fundamentos

El caso de los Testigos de Jehová que requieren atención médica supone un desafío notable para el servicio clínico y para las autoridades. Acostumbrados a la disponibilidad de transfusiones de sangre para estabilizar de inmediato la pérdida de componentes vitales, los servicios públicos se enfrentan en estos casos a una negativa rotunda que está fundada en la fe y amparada por la autonomía de las personas. El reto cobra una complejidad especial cuando lo que está en juego es el futuro de un menor de edad, pues sus padres están llamados a ponderar y decidir por él, no obstante el Estado debe velar porque no se lesionen sus derechos.

En el presente caso, el Estado inició un procedimiento para tutelar a una niña con leucemia aguda a través de la Subprocuraduría de menores, con el fin de sustituir a sus padres en la toma de decisiones respecto del tratamiento médico necesario proteger su salud y su vida. Con base en la tutela provisional, la Subprocuraduría ha autorizado en varias ocasiones la implementación de transfusiones sanguíneas cuando los médicos tratantes lo encontraron indispensable y en contra de la voluntad de los padres, quienes son Testigos de Jehová.

La madre reclama en amparo que la Subprocuraduría desplazó de forma injustificada su derecho a decidir libremente sobre la salud de su hija menor de edad, con base en sus creencias religiosas. Como consecuencia, cuestiona las decisiones médicas que se han tomado y señala que es inconstitucional que la Subprocuraduría mantenga la facultad de tomar dichas decisiones en el tratamiento. Por lo demás, la madre destaca que el trato que han recibido tanto los padres como la menor por parte de las autoridades y personal médico ha sido indebido, negligente y discriminatorio.

Al resolver el caso, el Juez de amparo consideró que las circunstancias concretas no ameritaban que el Estado interviniera entre la voluntad de los padres y las decisiones médicas de . Así, el Juez estimó que en el tratamiento subsecuente debía respetarse plenamente la voluntad de los padres de implementar tratamientos alternativos a las transfusiones —como estimulantes de la producción sanguínea—. A juicio del Juez, únicamente podrían implementarse transfusiones en caso de ser “urgente o necesario”, esto es, si los tratamientos alternativos fallaran y como último recurso.

La Subprocuraduría recurre esta decisión por ser contraria a los derechos de la menor y defiende que su intervención se encuentra plenamente justificada ante el estado crítico de salud de y la negativa constante de sus padres. La madre, por su parte, defiende la autonomía de las decisiones parentales, cuestiona las decisiones que se han tomado y exige que las transfusiones se excluyan del todo en lo que resta del tratamiento médico.

En esa línea, la pregunta efectivamente planteada es si resulta constitucional esta intervención del Estado en la autonomía familiar. Para poder dar respuesta a esta cuestión, es necesario determinar en qué condiciones es constitucional que el Estado asuma la facultad de decidir sobre la salud de un menor en sustitución de sus padres.

En principio, la Constitución reconoce que los padres tienen el derecho de tomar decisiones libres sobre sus hijos, tanto en el campo de la salud como en el ámbito de la educación religiosa. En esta resolución se explicará en primer lugar que los padres son quienes están legitimados para autorizar cualquier procedimiento médico sobre sus hijos menores de edad, y también son libres de instruirles las prácticas que decidan conforme a sus convicciones religiosas. Consecuentemente, el Estado está obligado a respetar el libre ejercicio de estos derechos sin interferir con ellos.

Con todo, como se expondrá en segundo lugar, del otro lado la Constitución también protege los derechos a la vida y salud de los menores como un interés constitucional preponderante. De este modo, si bien el Estado debe respetar libremente el ejercicio de los derechos parentales, el límite de estas prerrogativas es que no se pongan en riesgo los derechos de los niños, pues el Estado podría interferir legítimamente cuando ello ocurra.

De acuerdo con lo anterior, en tercer lugar esta Sala establecerá que se pone en riesgo el derecho a la vida de un menor si los padres, privilegiando sus creencias religiosas, se rehúsan al tratamiento médico idóneo conforme la lex artis ad hoc para salvar la vida del niño.

Al respecto, se explicará que si las condiciones médicas del menor lo permiten, los padres pueden negarse al tratamiento indicado y explorar alternativas médicas en aras de salvaguardar sus creencias religiosas. No obstante, aunque los padres tienen derecho ponderar los tratamientos alternativos con acompañamiento del personal hospitalario, si toman una decisión que coloca en riesgo la vida del menor las entidades de protección de menores deben intervenir con el objetivo de implementar el tratamiento idóneo para salvar la vida del niño.

Con todo, lo anterior no autoriza un desplazamiento total de la relación parental, y los derechos a la vida privada familiar exigen que esta intervención se haga con cuidado. En otras palabras, esta intervención está gobernada por condiciones que derivan de los derechos de la vida privada familiar y del interés superior del menor. En este sentido se precisará que el Estado debe cumplir con ciertos deberes concretos al realizar esta función.

Luego, esta Primera Sala aplicará el estándar constitucional al caso concreto y, finalmente, precisará las conclusiones del examen.

I

Contenido de los derechos e intereses involucrados

Como se expuso, [Clara] está enferma de leucemia y, mientras los médicos recomiendan la aplicación de quimioterapias acompañadas de transfusiones sanguíneas, los padres solicitan un tratamiento alternativo ya que las transfusiones transgreden sus creencias religiosas. Ante tal panorama, la Subprocuraduría del Estado de Chihuahua inició un procedimiento para tutelar a [Clara] con el fin de autorizar la realización de transfusiones sanguíneas.

En este contexto, esta Sala debe examinar las siguientes decisiones que tomó el Juez de Distrito y que aquí se recurren: 1. Que la Subprocuraduría de Chihuahua no debió asumir la tutela de la menor, no obstante que requería de las transfusiones sanguíneas, y 2. Que en el tratamiento subsecuente que debe seguir la menor debe optarse por tratamientos alternativos (estimulantes de la producción de células sanguíneas), y únicamente en caso de urgencia y como último recurso podrán aplicarse transfusiones.

De acuerdo con lo anterior, esta Primera Sala debe determinar si el Estado puede intervenir una relación familiar con el fin de que se aplique a un menor de edad un tratamiento médico que sus padres objetan por motivos religiosos y pretenden sustituir por un tratamiento alternativo. En este escenario cobra relevancia la privacidad de las relaciones familiares, un área de protección constitucional en la cual los padres pueden decidir libremente la educación religiosa que impartirán a sus hijos y tomar decisiones médicas por ellos.


  1. El derecho a la vida privada familiar

La familia es un núcleo social de enorme importancia en una comunidad. Los lazos familiares son fundamentales para que los individuos se desarrollen; en ellos encuentren apoyo, afecto y soporte. La familia brinda identidad a la persona, facilita su integración social y le confiere continuidad histórica.

En esa línea, la protección a la familia está reconocida en el artículo 4 de la Constitución General, así como en el artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Asimismo, en el ámbito universal de derechos humanos, se ha establecido que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y que merece la más amplia protección, tal y como se desprende de los artículos 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

De manera destacada, el artículo 8 de la Convención de los Derechos del Niño, establece que los Estados parte se comprometieron a respetar y preservar las relaciones familiares del niño.

De esta protección se desprenden una serie de garantías, entre ellas, el respeto a la vida privada y familiar, la cual está expresamente entendida como derecho humano en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En esa línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que el artículo 11.2 de la Convención Americana reconoce el derecho de toda persona a recibir protección contra injerencias arbitrarias o abusivas en la vida de la familia.46

Este derecho se encuentra también en el artículo 16 de la Constitución General, en tanto prohíbe las injerencias arbitrarias en la familia y fue reconocido recientemente por esta Primera Sala en el amparo directo en revisión 3859/2014.47 En dicho asunto esta Sala examinó si un padre que no había perdido la patria potestad sobre su hijo tenía el derecho a participar en el proceso de adopción del menor. Esta Primera Sala determinó que el progenitor estaba protegido por el derecho a la protección de la vida privada y familiar, y se hizo notar su naturaleza de derecho humano.48 Asimismo, en el amparo en revisión 208/2016 se reiteró la protección constitucional con la que cuenta la familia, entendida como un concepto sociológico que nace o se origina con las relaciones humanas; así, se precisó que la protección de la familia encuentra sus bases en la procuración de cariño, ayuda, lealtad y solidaridad.

En el derecho comparado también se ha entendido a la privacidad familiar como un derecho primordial de la familia, que comprende inter alia una protección a la autonomía de los padres para tomar todas las decisiones que conciernen al cuidado, la custodia y el control sobre sus hijos.49

Por tanto, es una cuestión pacífica en el derecho internacional y comparado el que para las relaciones intrafamiliares pueden florecer, la familia debe tener espacio suficiente y estar libre de otras intrusiones. Es por ello fundamental el que los padres puedan ver crecer a sus hijos de acuerdo con sus propias normas y valores.50 Además, la toma de decisiones en la familia la fortalece y permite su crecimiento; asimismo evita conflictos de interés entre sus miembros, motivos por los cuales es claro que se favorece el desarrollo de la familia de forma integral.51

Así, el derecho a la vida privada y familiar se configura como una garantía frente al Estado y frente a terceros para que no puedan intervenir injustificadamente en decisiones que sólo corresponden al núcleo familiar. Entre estas facultades se encuentra el derecho de los padres a tomar todas las decisiones concernientes sobre sus hijos. Así, a los miembros de ésta les corresponde decidir por ejemplo, qué hacer con su tiempo libre, a qué escuela llevar a los hijos, qué nombre poner a sus hijos, entre muchas otras actividades que se manifiestan en la cotidianidad de la vida familiar.52

En esta línea, la protección que merece la familia frente a intrusiones del Estado, descansa sobre la premisa de que son los padres los más aptos para tomar decisiones sobre sus hijos.

En efecto, se ha reconocido que los padres están en la mejor posición para tomar las decisiones necesarias para el bienestar del niño o la niña. Este reconocimiento está basado en la presunción de que los padres actúan siempre buscando el mejor interés de sus hijos.53 Los padres son quienes tienen un mayor afecto por ellos; conocen de mejor manera sus intereses y deseos, debido a la proximidad con los mismos; y por tanto, los padres generalmente pueden sopesar de mejor manera los intereses en conflicto y tomar la mejor decisión sobre sus hijos.54

En ese sentido, existe un amplio espectro de decisiones que los padres toman autónomamente respecto a sus hijos, y que se encuentra protegido por el derecho a la privacidad familiar. En este caso, la decisión de los padres de oponerse a las transfusiones sanguíneas comprende un ejercicio de autonomía en su carácter de representantes de la niña en el contexto médico, que además descansa en una justificación especial: la libertad religiosa. Por lo tanto, es importante examinar la protección con la que cuentan ambas prerrogativas a detalle.


  1. Derecho de los padres a formar a sus hijos de acuerdo con sus creencias religiosas

Una decisión importante para el núcleo familiar, en particular, para los progenitores, consiste en determinar qué educación religiosa deben tener los hijos. En los valores o creencias que los padres transmiten a sus hijos se manifiesta por un lado, su derecho a la libertad religiosa y, por otro, su derecho a educar a sus hijos de la forma que prefieran.

La libertad religiosa es un derecho fundamental que garantiza la posibilidad real de que cualquier persona pueda practicar libremente su religión, tanto individualmente como asociado con otras personas,55 sin que pueda establecerse discriminación o trato jurídico diverso a los y las ciudadanas en razón de sus creencias; así como la igualdad del disfrute de la libertad de religión por todos los ciudadanos.56 La libertad religiosa está protegida por los artículos 4 de la Constitución General, 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Este derecho ha sido concebido jurisprudencial y doctrinalmente, como aquel que le permite a cada persona de forma independiente y autónoma creer, dejar de creer o no creer en una determinada religión, reconociendo a cada hombre su derecho a mantener la integridad de sus creencias, de alterar sus convicciones religiosas o de asumir posturas ateas o agnósticas. Así, se ha indicado que esta libertad constituye uno de los pilares fundamentales de la sociedad democrática pues descansa en la idea básica del pluralismo.57

En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó en el caso Olmedo Bustos, que la libertad de conciencia y de religión permite que las personas conserven, cambien, profesen y divulguen su religión o sus creencias, y que estas posibilidades juntas conforman uno de los cimientos de la sociedad democrática.58

En cuanto a su contenido, esta Suprema Corte en el amparo en revisión 1595/2006, señaló que el derecho a la libertad religiosa involucra dos facetas: tanto una referencia a la dimensión interna de la libertad religiosa (“todo hombre es libre de profesar la creencia religiosa que más le agrade”) como la dimensión externa de la misma (“y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyen un delito o falta penados por la ley”).59 Sin duda, la libertad religiosa se trata de una garantía superior vinculada con la autonomía, la dignidad, la identidad y el libre desarrollo de la personalidad, pues permite que las personas se desarrollen espiritualmente cómo ellas prefieran, y el ejercicio de un culto público constituye su expresión.60

A su vez, este derecho impone ciertos deberes a cargo del Estado para que se pueda materializar. En ese sentido se ha enfatizado en la necesidad de que el Estado asuma un rol neutral e imparcial frente a las diversas religiones que se profesen en su territorio y se ha indicado su deber de promover la tolerancia entre los diversos grupos religiosos.61 Asimismo, el Estado debe abstenerse de intervenir injustificadamente en la organización de las comunidades religiosas, reconociendo que la autonomía de estas asociaciones es indispensable en una sociedad democrática.62 A través de estas garantías de protección y abstención el Estado se asegura de que los creyentes puedan efectivamente ejercer su libertad religiosa y que no se les inhiba de su expresión tanto en su ámbito interno como en el ejercicio de un culto público. 63

En esta línea, por ejemplo, la Corte Europea de Derechos Humanos al resolver el caso Begheluri and others v. Georgia, en el cual se cometieron diversos actos de violencia en contra de la comunidad de Testigos de Jehová en Georgia, reconoció que el rol de los Estados es el de organizadores imparciales y neutrales de las distintas creencias y religiones; y que el rol del Estado es conducir al orden público, la armonía religiosa y la tolerancia de una sociedad democrática.64 Así, los Estados deben eliminar tensiones entre grupos religiosos a través de la tolerancia y no de la eliminación de la pluralidad.65

No obstante, como cualquier otro derecho, la libertad religiosa no es absoluta, ya que está sometida a ciertos límites que la Constitución le impone: el imperio del orden jurídico, los derechos de los demás, la prevalencia del interés público y los propios derechos fundamentales de la persona frente a un ejercicio abusivo de los mismos.

En la privacidad de las relaciones familiares, la libertad religiosa se expresa a través de las creencias que los padres desean inculcar a sus hijos. Así, constituye un derecho de los padres el formar a sus hijos en la religión que prefieran.

En efecto, diversos instrumentos internacionales reconocen el derecho de los padres o, en su caso, de los tutores legales, de educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones morales y religiosas. Así lo prevé el artículo 18.4, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,66 el artículo 5 de la Declaración Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones,67 y el artículo 12. 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.68

Así también, el artículo 14.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres "de guiar al niño en el ejercicio de su derecho [a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión] de modo conforme a la evolución de sus facultades".

En ese sentido, en el amparo en revisión 800/2017 se resolvió que la guía parental permitirá no sólo que los niños aprendan aquellos valores morales, religiosos o espirituales que les sean inculcados por sus padres, sino que, conforme a la evolución facultativa de los menores, puedan verdaderamente entenderlos, adoptarlos y llevarlos a la práctica para desarrollar su propio proyecto de vida y elevar su existencia conforme a su propia cosmovisión.

En el derecho internacional también se ha establecido el derecho de los padres a formar religiosamente a sus hijos. Por ejemplo, en Folgerø and Others v. Norway, la Corte Europea de Derechos Humanos consideró que el sistema de exención parcial de las actividades escolares religiosas de Noruega había transgredido el Protocolo no. 1 de la Convención Europea de Derechos Humanos, al forzar una exposición innecesaria de las creencias de las personas buscando que sus hijos no participaran en actividades contrarias a sus creencias religiosas o morales.69

En el mismo sentido, en Christian Education South Africa v. Minister of Education, la Corte Constitucional de Sudáfrica negó la posibilidad de que escuelas cristianas efectuaran castigos físicos a sus estudiantes pero, al mismo tiempo, reconoció que los padres contaban con el derecho a que sus hijos fueran educados de acuerdo con sus creencias.70 Asimismo, en Wisconsin v. Yoder, la Suprema Corte de Estados Unidos reconoció que la obligación impuesta por el estado de Wisconsin de que todo menor tuviera una educación hasta los 16 años, transgredía el derecho de los padres amish de educar a sus hijos en sus creencias religiosas.71

En consonancia con lo anterior, esta Primera Sala considera que los padres tienen derecho a expresar sus creencias religiosas y morales, y que de esta libertad en relación con el derecho a la vida privada y familiar, se desprende el derecho a educar a sus hijos en la fe que profesen. Esta facultad implica, desde luego, el derecho a tomar decisiones sobre sus hijos con base en sus creencias, como podría ser el organizar la vida dentro de la familia de conformidad con su religión o sus convicciones, el instruir a los hijos en materia religiosa, y el llevarlos a practicar un culto público o a celebrar determinadas festividades.

Con todo, de acuerdo al artículo 5 de la Declaración Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones, siempre deberá educarse al niño en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y hermandad universal, respeto de la libertad de religión o de convicciones de los demás y en la plena conciencia de que su energía y sus talentos deben dedicarse al servicio de la humanidad. Además, la práctica de la religión o convicciones en que se educa a un niño no deberá perjudicar su salud física o mental ni su desarrollo integral.



  1. Derecho de los padres a tomar decisiones médicas por sus hijos

Otra decisión que forma parte del espectro de elecciones autónomas que toman los padres bajo el amparo de la privacidad familiar radica en la libertad de tomar decisiones médicas por sus hijos. Como se indicó, son los padres quienes, en principio, protegen de mejor manera los intereses de sus hijos. Dados los lazos de amor y convivencia son ellos quienes procuran en mayor medida la satisfacción de los derechos a la salud y vida de los niños; además, son ellos quienes mejor conocen sus deseos y preocupaciones.

Así, mientras los niños carezcan de la madurez necesaria para tomar las decisiones concernientes a su salud por sí mismos, sus tutores o padres deberán asumir este rol, siempre buscando satisfacer el mejor interés del niño.72 La libertad de tomar estas decisiones está protegida por la privacidad familiar, lo cual confiere a los padres la responsabilidad de ponderar diversas razones con base en asesoramiento médico, y elegir aquello que mejor convenga a los intereses del menor libres de interferencias arbitrarias en su vida privada.

En esa línea, por ejemplo, al resolver M.A.K. y R.K. v. Reino Unido73 y Charlie Gard y otros v. Reino Unido,74 la Corte Europea de Derechos Humanos ha precisado que la voluntad de los padres para tomar decisiones médicas por sus hijos está protegida por la privacidad familiar y, en esa medida, prohíbe al Estado efectuar interferencias arbitrarias en ella.

Esta Primera Sala también ha entendido que la decisión de los padres sobre cuestiones médicas debe atender a la voluntad de los progenitores. En ese sentido, al resolver el amparo directo en revisión 2162/2014,75 esta Sala estableció que en los contextos médicos es a los padres a quienes corresponde manifestar su voluntad para autorizar la realización de los tratamientos médicos destinados a mejorar las condiciones de salud de sus hijos menores de edad.

Esta Sala comprende que en el ámbito médico los padres se enfrentan a un escenario complejo, pues con base en la asesoría de los médicos, deben ponderar cuidadosamente la eficacia y los riesgos de los tratamientos de acuerdo con la condición clínica que afecte a su hijo. En esa encrucijada, están llamados a velar en todo momento por el bienestar de sus hijos, por lo que debe existir una correspondencia entre la decisión médica que asuman y las medidas terapéuticas que mejor permitan al menor mantener su integridad y recuperar su salud. Como se estableció, su deber es proteger siempre el interés superior del menor; a esta consideración deben asignar un valor fundamental y prevalente en cualquier decisión que tomen.


  1. Autonomía progresiva de los menores de edad

Ahora bien, vale aclarar que el derecho de los padres a tomar decisiones por sus hijos se va desvaneciendo mientras el menor avanza en su desarrollo y autonomía. Hasta que los menores resulten capaces de formular y articular sus propios valores, los valores de los padres son atribuidos a la unidad familiar y en este sentido se presume que los padres hablan en este sentido por sus menores hijos. Esto quiere decir que alcanzado cierto grado de madurez, el niño o la niña, puede decidir qué religión profesar y qué decisiones tomar con base en esta.

De este modo, en algunos casos puede tomar decisiones médicas por el mismo. Desde luego, el que el menor pueda ejercer por sí mismo su libertad religiosa y su derecho al consentimiento informado depende de una evaluación cuidadosa de su nivel de desarrollo y del balance de los intereses en juego.

Al respecto, los artículos 5 y 12 de la Convención de los Derechos del Niño,76 reconocen a los menores como sujetos de derechos y participes activos en la toma de las decisiones que les conciernen. Así los menores de edad, ejercen sus derechos de manera progresiva en la medida en que van desarrollando un mayor nivel de autonomía. A esto se ha denominado “evolución de la autonomía de los menores”.77

Con base en lo anterior, esta Primera Sala ha establecido que en la medida en la cual se desarrolla la capacidad de madurez del niño para ejercer sus derechos con autonomía, disminuye el derecho de los padres a tomar decisiones por él.

Conforme a la doctrina de esta Primera Sala, a fin de determinar la capacidad de los menores para tomar decisiones sobre el ejercicio de sus derechos, es fundamental que los juzgadores realicen una ponderación entre la evaluación de las características propias del menor (edad, nivel de maduración, medio social y cultural, etc.) y las particularidades de la decisión (tipo de derechos que implica, los riesgos que asumirá el menor en el corto y largo plazo, entre otras cuestiones).

En los tratamientos médicos por ejemplo, algunos países permiten que los mayores de 12 años tomen decisiones por ellos mismos, y en algunos casos se ha discutido si pueden tomar decisiones sobre su vida al negarse a realizar transfusiones sanguíneas debido a sus creencias religiosas.78

Con todo, esta Primera Sala considera que de acuerdo con el interés superior del niño, el menor de edad podrá decidir qué tratamientos o intervenciones médicas recibir, siempre y cuando ello no afecte derechos de mayor entidad que su propia autonomía, en tanto la misma aún se encuentra en formación. Así, en caso de que la decisión del menor pueda poner en riesgo su salud, o incluso su vida, deberá optarse por aquella alternativa que procure en un mayor grado su recuperación.

***


De acuerdo con lo anterior, hasta este punto es claro que los padres tienen un amplio espectro de decisiones que pueden tomar libres de cualquier interferencia externa en su familia y sobre sus hijos. No obstante este margen de autonomía no es absoluto.

En el caso particular, la Subprocuraduría de Chihuahua alegó que la interferencia estatal que efectuó está justificada en aras de tutelar los intereses de la menor; específicamente con la finalidad de que [Clara] reciba el tratamiento médico indicado para una condición de salud muy delicada. En esa medida, se pone de relieve el interés constitucional en brindar la máxima protección al bienestar de los niños.



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