Cámara segunda de lo penal de la primera sección del centro; San Salvador



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128-2015

CÁMARA SEGUNDA DE LO PENAL DE LA PRIMERA SECCIÓN DEL CENTRO; San Salvador, a las diez horas con treinta y cinco minutos del veintitrés de mayo del año dos mil dieciséis.

Por recibido, a las ocho horas con treinta y dos minutos del treinta y uno de marzo de este año, el oficio número 292-2015 datado del quince del mismo mes y año, procedente de la Secretaría de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, acompañado de doscientos seis folios del expediente de primera instancia y ciento veinticinco del incidente de esta Cámara, que documentan el proceso penal seguido contra los imputados SGOF, originario de San Julián, Sonsonate, nacido el diecisiete de mayo de mil novecientos, setenta y siete, de treinta y ocho años de edad, acompañado con la señora MAD, residente en carretera hacia Usulután, cancha **********, hijo de MO y de EFM —ambos fallecidos-; MOVV, originario de Chalchuapa, Santa Ana, nacido el día cinco de agosto de mil novecientos noventa, de veinticuatro años de edad, acompañado con BAAH, residente en kilómetro **********, San Pedro Perulapán, Cuscatlán, hijo de MDV y de JMVR; y GERG, originario de Zacatecoluca, nacido el día once de julio de mil novecientos noventa y cuatro, de veinte años de edad, acompañado con MLVM, residente en calle a **********, Zacatecoluca, hijo de MDA y de JGRM; a quienes se les ha procesado por atribuírseles la comisión del delito calificado definitivamente como Robo Agravado, conducta descrita y sancionada en el artículo 212 y 213 No. 2° del Código Penal, en perjuicio patrimonial de la víctima con clave “Fernando”. [Apel 128-20-15-5(2)]



I.- ANTECEDENTE:

El presente proceso se tramitó por la vía sumaria, celebrándose audiencia de Vista Pública a las once horas del día veintidós de enero del año dos mil quince, en la cual se dictó un fallo condenatorio. Dicho fallo se hizo constar en la sentencia de las quince horas del día veintisiete' de enero del mismo año, y se notificó a las partes procesales el día cinco de febrero de dos mil quince.

La sentencia en mención fue recurrida por el licenciado Carlos Hernández León, en su calidad de defensor particular del imputado GERG; siendo esta Cámara competente por ley para conocer del recurso impetrado. Luego de analizar los motivos de agravio que sustentaron la apelación, este Tribunal de Alzada por medio de sentencia de las once horas con dieciséis minutos del día doce de marzo del año dos mil quince declaró la nulidad del fallo recurrido por carecer de fundamentación probatoria analítica, de fundamentación jurídica y por estar insuficientemente motivado respecto de la responsabilidad civil deducida.

Como consecuencia de la nulidad declarada, se encomendó al mismo juzgado remitente ---Juzgado Segundo de Paz de San Salvador- que subsanase los vicios señalados; razón por la cual se repuso la sentencia el día veintisiete de marzo de dos mil quince a las quince horas y treinta minutos. Esta sentencia fue notificada a las partes el día diez de abril del mismo año, y en su parte dispositiva se lee:

A) Declárase culpable a SGOF, MOVV Y GERG, de generales expresadas en la parte introductoria de esta sentencia, como coautores directos del delito calificado definitivamente como ROBO AGRAVADO, tipificado y sancionado en el Art. 212 en relación al artículo 213 No. 2 CP, en perjuicio del patrimonio de la víctima con clave “FERNANDO”; B) Condénase a los imputados SGOF, MOVV Y GERG, de las generales ya relacionadas, a la pena de prisión de OCHO AÑOS DE PRISIÓN, por la coautoría directa en el delito calificado definitivamente como ROBO AGRAVADO tipificado y sancionado en el Art. 212 en relación al artículo 213 No. 2 CP, en perjuicio del patrimonio de la víctima con clave “FERNANDO”; (...)”

Contra dicha sentencia interpuso nuevamente recurso de apelación el licenciado Carlos Hernández León, quien ha intervenido como defensor particular del imputado GERG. Sin embargo, por auto de las quince horas con cuarenta y cinco minutos del día dieciséis de junio del año dos mil quince, esta Cámara al recibir el expediente notó deficiencias en el trámite realizado por el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador en lo que concernía al nombramiento del abogado defensor del imputado MOVV, que el imputado SGOF carecía de abogado defensor, así como también se advirtió que ninguno de ellos había sido notificado de la sentencia ni emplazado del recurso de apelación; motivo por el cual se ordenó su devolución para que se efectuasen tales actos.

Posteriormente, por auto de las once horas del día veintisiete de julio del año dos mil quince, se recibe nuevamente en esta Cámara el expediente de la causa sin que todas las deficiencias advertidas fueran subsanadas, pues el imputado SGOF continuaba sin un profesional que ejerciera su defensa; se continuaba aduciendo que el licenciado Carlos Hernández León era el defensor particular del imputado MOVV, aún y cuando este manifestó en audiencia que aceptaría el nombramiento de oficio conferido únicamente para efectos de no dilatar más el trámite de la Vista Pública; y la notificación de la sentencia y recurso no pudo realizarse satisfactoriamente debido a que MOVV fue trasladado a otro centro penitenciario.

Ante estas falencias, esta Cámara optó por ordenar —en el mismo auto del día veintisiete de julio del año dos mil quince- el traslado a las bartolinas de este centro judicial de los imputados MOVV y SGOF; ello con la finalidad de requerirles se pronuncien sobre el nombramiento de un profesional para que ejerza su defensa técnica y de notificarles personalmente de la sentencia condenatoria dictada en su contra y del recurso de apelación interpuesto.

En ese sentido, a las diez horas con veintidós minutos del día veintinueve de julio del año dos mil quince, se levantó un acta en la Secretaría de este Tribunal, en la cual consta que ambos imputados, al preguntárseles sobre cómo dispondrían de su derecho a defensa técnica, optaron por ser defendidos por un defensor público. Asimismo fueron notificados, el imputado MOVV de la sentencia condenatoria dictada en su contra y del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Carlos Hernández León; y al imputado SGOF del referido recurso de apelación, en razón de ya haber sido notificado personalmente de la sentencia condenatoria en el centro penal de Jucuapa.

En razón de lo anterior, se libró un oficio a la Procuraduría General de la República solicitando se nombrara un defensor público para asistir a ambos imputados; presentándose para tales efectos el licenciado Rosendo Arístides Amaya, quien se tuvo por parte el día siete de agosto del año dos mil quince y fue notificado de la sentencia condenatoria y recurso de apelación interpuesto el día once de agosto del mismo año.

Posteriormente, por auto de las quince horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de agosto de dos mil quince, se tuvieron por recibidos los escritos firmados por los imputados SGOF y MOVV; mediante los cuales los impetrantes interponían recurso de casación/apelación en contra de lo resuelto por la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro, citando como basamento legal de su el art. 478 Pr. Pn, que regula lo relativo al recurso de casación.

Ante tal petición, esta Cámara en el mismo acto se declaró incompetente funcionalmente para conocer de tal recurso y ordenó el correspondiente emplazamiento y remisión de dichos escritos a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia para su trámite correspondiente.

Fue de esta manera como, por oficio recibido en este Tribunal el treinta y uno de marzo del año en curso, se remite certificación del auto de las ocho horas con cinco minutos del quince de enero de dos mil dieciséis en la cual la Sala de lo Penal declaró improcedentes los recursos impetrados por no existir la providencia objetada, y se ordenó su remisión a esta Cámara para la resolución de los recursos de apelación interpuestos.

En ese orden de ideas, y en cumplimiento a lo dispuesto por la Sala -de lo Penal de la Corte Suprema de justicia, juntamente con el recurso de apelación impetrado por el licenciado Carlos Hernández León interpuesto en favor del imputado GERG, se procederá también al estudio y resolución de los recursos interpuestos personalmente por los procesados MOVV y SGOF



II.- ADMISIBILIDAD

En consonancia con el art. 452 Pr. Pn, se establecen dos requisitos mínimos para la admisibilidad de un recurso de apelación: que este derecho se ejerza sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos y que la resolución impugnada cause agravio al recurrente.

Es por ello que, en aras de procurar el adecuado funcionamiento de un régimen de impugnación de las actuaciones obradas en primera instancia es procedente la realización de un análisis previo del cumplimiento de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado.

A efectos de sistematización, este análisis se dividirá según los criterios de impugnabilidad subjetiva y objetiva:



i) Análisis de impugnabilidad subjetiva:

Se ha verificado que las-personas que han interpuesto los recursos objeto de estudio son el licenciado Carlos Hernández León, quien ha sido nombrado como defensor particular por el imputado GERG, tal como consta en auto agregado a folios ochenta

y uno del expediente.

En lo relativo a los dos recursos de apelación restantes, estos fueron interpuestos por los mismos imputados SGOF y MOVV, a quienes asiste el derecho a impugnar de manera directa.

Por esta razón, se ha acreditado suficientemente que los recurrentes se encuentran debidamente legitimados para ejercer la vía impugnativa en el caso en conocimiento.

ji) Impugnabilidad objetiva:

- Análisis de temporalidad.

Habiendo declarado esta Cámara la nulidad de la primera sentencia condenatoria y ordenado su ulterior reposición por sentencia de las once horas con dieciséis minutos del doce de marzo de dos mil quince, fue hasta las quince horas con treinta minutos del veintisiete de marzo de dos mil quince que se emitió la nueva sentencia subsanando los vicios señalados.

Esta sentencia, consta en acta agregada a folios ciento sesenta y nueve del expediente, fue notificada al licenciado Carlos Hernández León el diez de abril de dos mil quince. En ese entendido, el plazo de diez días concedidos por ley para impugnar para él comenzaba a correr desde el trece de abril de dos mil quince al veinticuatro del mismo mes y año.

De la lectura de la razón de presentación que consta en el último folio del recurso en mención, se lee que este fue llevado a la secretaría del Juzgado Segundo de Paz de San Salvador el veinticuatro de abril de dos mil quince; es decir, al décimo y último día concedido por ley para tales efectos, por lo que se tiene por satisfecho este requisito en lo que respecta a la apelación del licenciado Hernández León.

En lo que respecta al recurso presentado por los imputados SGOF y MOVV, al recibirse la carpeta judicial en esta Cámara, se corroboró por auto de las quince horas con cuarenta y cinco minutos del dieciséis de junio de dos mil quince que estos no contaban con una defensa técnica efectiva y que no había constancia que hubieren sido notificados personalmente de la nueva sentencia condenatoria dictada en su contra.

Esta labor fue encomendada al Juzgado Segundo de Paz de San Salvador, para lo cual se libró auxilio judicial al Juzgado Segundo de Paz de Jucuapa. El citador de dicho juzgado se constituyó él ocho de julio de dos mil quince en el centro preventivo de hombres para notificar personalmente de la sentencia a los procesados SGOF, GERG y MOVV; tal diligencia se completó respecto de los dos primeros imputados, pero el procesado VV no pudo ser notificado de la sentencia por éste encontrarse en la Penitenciaria Oriental.

En ese orden de ideas, habiéndose únicamente notificado de la nueva sentencia condenatoria al imputado SGOF, su plazo para apelar comenzó a correr al día siguiente de ser notificado personalmente de la sentencia, es decir diez días hábiles contados desde el nueve de julio hasta el veintidós de julio de dos mil quince.

Al verificar la fecha de presentación del recurso por parte del imputado OF, consta que este fue presentado a la Secretaría del Juzgado Segundo de Paz de San Salvador el día diecinueve de agosto del mismo año; es decir, catorce días hábiles posterior al vencimiento del plazo establecido para tales efectos.

Por tal razón, ante el incumplimiento de una de las formalidades que funcionan como presupuesto esencial para el control de las resoluciones venidas en apelación, se declarará inadmisible el recurso impetrado por el imputado SGOF en razón de ser extemporáneo.

Prosiguiendo con el análisis de temporalidad, ante los múltiples inconvenientes suscitados con la notificación del imputado MOVV, las infrascritas ordenamos su traslado a esta sede judicial a efecto que, juntamente con el imputado SGOF, se pronunciasen sobre su defensa y fueren notificados de las providencias de su interés que aún no habían sido hechas de su conocimiento.

Tal traslado se hizo efectivo el veintinueve de julio de dos mil quince, y en dicha diligencia se preguntó al imputado SGOF se pronunciara sobre su defensa técnica, solicitando en el acto la asistencia de un defensor público, y se le notificó del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Hernández León.

Con relación al imputado MOVV, en la fecha mencionada él también solicitó la asistencia de un defensor público y fue notificado tanto de la sentencia condenatoria dictada en su contra como del recurso de apelación impetrado.

Así las cosas, habiéndose notificado al procesado VV la sentencia condenatoria hasta el veintinueve de julio, su plazo para apelar corre a partir del treinta del mismo mes y año y, excluyendo los días festivos por las fiestas agostinas, se extiende hasta el veinte de agosto de dos mil quince.

Al verificar el recurso de apelación presentado por el imputado VV, consta que éste —al igual que el recurso del procesado OF– fue presentado el diecinueve de agosto de dos mil quince; es decir, que fue presentado al noveno día del plazo habilitado para tales efectos, por lo que se considera ha superado este requisito de admisibilidad.

Consta asimismo que como agente auxiliar de la Procuradora General de la República se presentó el licenciado Rosendo Arístides Amaya, en procura de los intereses de los procesados y por designación expresa de los imputados.

Dicho profesional fue notificado de la sentencia condenatoria dictada contra sus representados el once de agosto de dos mil quince; sin embargo omitió presentar escrito de impugnación alguno.



- Análisis de recurribilidad de la resolución.

La decisión cuya impugnación se ha promovido por el licenciado Hernández León el imputado VV es la sentencia condenatoria dictada en contra de este último y del imputado GERG, por haber sido declarados culpables de la comisión del delito de Robo Agravado. Dicha resolución, con motivo del art. 368 Pr. Pn, es de carácter apelable por vía del criterio específico.

Dicho artículo se lee:

El recurso de apelación procederá contra las sentencias definitivas dictadas en primera instancia.”

En tal sentido, se tiene por satisfecho el cumplimiento de este requisito como formalidad para presentar la apelación.

- Análisis de exposición de agravios.

a. Argumentos contenidos en el escrito de apelación del licenciado Carlos Hernández León:

Con relación a la construcción de agravios, luego de justificar la concurrencia de los requisitos objetivos y subjetivos de procedencia del recurso, el apelante identifica como los motivos por los cuales pretende la impugnación del proveído como: a) que la sentencia se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente ajuicio; b) la inobservancia de las reglas de la sana crítica en la valoración del elemento de prueba testimonial de la víctima clave “Fernando”; y c) errónea aplicación de un precepto legal, específicamente del art. 311 inc. 2° Pr. Pn.

En cuanto al primer y tercer agravio señalado, al hacer una lectura comprensiva de la totalidad del escrito de apelación se denota que ambos hacen referencia a un mismo aspecto de la sentencia: la presunta valoración de diligencias de investigación que no revisten la verdadera calidad de pruebas.

El apelante ha hecho una amalgama de ambos motivos, sin embargo el señalamiento concreto de la infracción causante del agravio puede fincarse en un solo motivo: la infracción al ad. 311 inciso 2° Pr. Pn. Habiéndose verificado la congruencia entre la nominación del motivo y su desarrollo argumentativo por aducir que la A Quo ha dado valor probatorio a diligencias de investigación como el acta de captura y remisión de los imputados y las diligencias de secuestro de los objetos incautados a sus defendidos, por tal razón se declara admisible el recurso de apelación por el agravio impetrado.

El apelante retorna este último punto y desarrolla de forma inconclusa una tesis sobre la ruptura de la cadena de custodia en los objetos secuestrados, que por dicho defecto las diligencias de secuestro no cumplen con los requisitos para ser valoradas como prueba y que esto deviene en la aplicación de la doctrina del fruto del árbol envenenado.

Sin embargo, considera esta Cámara que tales argumentos no son atendibles por no haber establecido las razones o hechos por los que considera se ha vulnerado la cadena de custodia de los objetos secuestrados; el apelante se limita a afirmar fortuitamente que el secuestro no satisface los requisitós jurídico-legales para su valoración en juicio, pero tal y como se exige en los art. 252 y 253 Pr. Pn, no hace mención de qué parte del procedimiento de manipulación de la evidencia no se documentó suficientemente.

Por tal razón, ante la construcción deficiente del agravio propuesto, se declarará inadmisible el recurso de apelación exclusivamente por la presunta ruptura de la cadena de custodia alegada por el apelante.

Con relación al segundo agravio impetrado, el apelante hace un escueto pero suficientemente comprensible desarrollo argumentativo, el cual medularrnente se refiere a la necesidad de incorporar elementos de prueba distintos a la simple declaración testimonial de la víctima/testigo que puedan servirle como corroboración periférica objetiva a su dicho.

Cuestiona además el hecho que, el testigo por gozar de régimen de protección, no fue posible por la defensa controlar su gesticulación durante su declaración, quedándose únicamente con una escueta declaración que es imposible de controvertir.

Dichos argumentos hacen relación a un elemento de prueba concreto: la declaración testimonial de la víctima-testigo; y critica un aspecto fundante de su validez como la credibilidad

del testigo. En ese entendido, se comprende suficientemente el agravio impetrado por el apelante a través del recurso y por tal razón, en cuanto a los aspectos antes señalados, se declara admisible.

b. Argumentos contenidos en el escrito de apelación presentado por el imputado MOVV:

El recurrente, en el apartado denominado “Fundamentación del recurso” ha enlistado los siguientes aspectos como agravios:

“- Vicios de las sentencias apelables en materia penal.


  • Condiciones de interposición del recurso en tiempo y forma.

- Fundamentación del agravio y señalamiento de los vicios de la sentencia definitiva apelados. - Defectos apelados.

  • Valoración de la prueba.”

Como puede percibirse, su fundamentación yace en meras enunciaciones de algunas frases alusivas a requisitos de admisibilidad del recurso o de aspectos objeto de examen de una sentencia apelada, pero que no guardan relación o coherencia entre sí.

No existe en la simple mención de estas frases un desarrollo argumentativo que explique a esta Cámara el o los defectos percibidos por el recurrente en la sentencia, ya que la referencia a aspectos como la “valoración de la prueba” no es un motivo en sí mismo, considerando que al plantearse un agravio debe de hacerse una alusión concreta al elemento de prueba criticado y exponerse ordenada y comprensiblemente las razones por las que se considera que fue valorado erróneamente.

El motivo por el cual se requiere que el agravio trascienda de la mera enunciación de defectos es porque las facultades de resolución de esta Cámara se encuentran ligadas a los límites \ que la parte apelante confiera a través de la argumentación desarrollada en su recurso. El art. 452 inciso final y 453 inciso primero del Código Procesal Penal establecen que el pronunciamiento del Tribunal de Alzada se limitará exclusivamente a tratar aquellos aspectos sometidos a impugnación por los recurrentes, no pudiendo excederse este Tribunal de tal ámbito.

Siendo la configuración del agravio un requisito de admisibilidad cuya función es precisamente, la de fijar los aspectos sobre los cuales el pronunciamiento del Tribunal de Alzada examinará, la naturaleza de los agravios impetrados y el alcance de estos en la situación jurídica del agraviado deberán exponerse de manera clara y conclusiva; no requiriéndose un desarrollo exhaustivo o sobreabundante, sino más bien una exposición precisa de aquellos aspectos que fueron en su momento pedidos e injustamente denegados por el juez A Quo.

Extrañándose el cumplimiento de estos requisitos en el recurso objeto de examen, no es posible por las suscritas Magistradas el uso de la imaginación jurídica para suplir la argumentación que el impetrante omitió plasmar, ya que un ejercicio de tal magnitud conculcaría principios básicos propios del ejercicio de la judicatura como la imparcialidad judicial y la seguridad jurídica. Ante ello, la sanción predeterminada por ley para estos casos es la inadmisibilidad del libelo impugnación.

c. Efecto extensivo de los puntos admitidos a discusión:

Como se dilucidó en el apartado anterior, los motivos de apelación que han sido encontrados como suficientes para generar un pronunciamiento de esta Cámara son dos: (i) la presunta inobservancia por parte de la A Quo del art. 311 inc. 2° .Pr. Pn, por haber dado valor probatorio a. diligencias de investigación; y (fi) la infracción a las reglas de la sana crítica por violación al principio de razón suficiente por la valoración del testimonio de la víctima “FERNANDO” por ausencia de elementos corroborativos.

Por la simple inspección, se denota que estos argumentos no son de índole personalísima del imputado a favor de quien se argumenta -el señor GERG- sino que también atañen a la situación de los imputados restantes; por lo que, en caso de arribarse a una conclusión estimatoria de la concurrencia de los defectos señalados, esto generaría un cambio en la situación jurídica de los tres imputados por recaer sobre ellos las consecuencias del o los vicios encontrados.

III.- CONTESTACIÓN DEL RECURSO

Consta a folios 185 de la carpeta judicial que se ha emplazado a la licenciada Irma de Jesús Portillo de Murillo con relación al recurso presentado; sin embargo, transcurrido el tiempo de ley para que ella presentara su contestación, ella no hizo uso de tal prerrogativa.



IV.- ANÁLISIS JURÍDICO:

La queja del recurrente, tal como se relacionó en el Romano II de la presente resolución, se finca en dos aspectos: (i) la presunta inobservancia por parte de la A Quo del art. 311 inc. 2° Pr. Pn, por haber dado valor probatorio a diligencias de investigación; y (ii) la infracción a las reglas de la sana crítica por violación al principio de razón suficiente por la valoración del testimonio de la víctima “FERNANDO” por ausencia de elementos corroborativos.

Así el planteamiento, se iniciará el análisis abordando los temas en el orden antes apuntado para que, una vez agotado el examen antecedente, se arribará a una (iii) conclusión sobre la concurrencia o no del vicio apuntado.

(i) Siendo el primer punto a dilucidar la presunta inobservancia por parte de la A Quo del art. 311 iitc. 2° Pr. Pn, por haber valorado diligencias de investigación como pruebas, se emprenderá el análisis con unas a) ligeras teorizaciones sobre el art. 311 inciso 2° Pr. Pn. y la entidad probatoria de la documentación agregada a la carpeta judicial; acto seguido se plasmará una b) síntesis del razonamiento judicial en el que presuntamente se comete el defecto apuntado y sobre la base de lo anterior, se elaborará un c) examen de conformidad del razonamiento judicial con los parámetros de legalidad antecedentes y se arribará a una d) conclusión sobre la concurrencia o no del vicio.

a) El impetrante ha utilizado como base de su construcción argumentativa el contenido del art. 311 inc. 2° Pr. Pu, el cual se lee:

Sólo los medios de prueba reconocidos en este Código tendrán valor para probar los hechos en el juicio; las demás actuaciones de la instrucción carecerán de todo valor.”

Este precepto plantea la ineludible necesidad que todo aquel medio de prueba por el cual pretenda ingresarse información relevante al conocimiento del juzgador cumpla con un estándar mínimo de formalidades que optimicen las garantías fundamentales procesales de las partes, con énfasis en la situación de la persona procesada quien, por su misma situación, debe ser objeto de especial atención en cuanto a asegurarle un juicio justo.

Lo anterior hace una alusión directa al principio de legalidad probatoria, y que se erige como garantía y mandato a las partes: desde la primera óptica en razón de brindar la certeza que ningún elemento probatorio hará fe en juicio si no es por los órganos o medios de prueba previamente determinados por ley; y desde la segunda perspectiva al estatuir como única e irremisible forma de ingreso de la información relevante al proceso penal los medios; y órganos ya establecidos.

Sin embargo, dentro del marco de estas limitantes, se explaya un ámbito de libertad probatoria en el cual se puede utilizar cualquiera de los medios predeterminados para acreditar cualquier hecho o dato relevante, condicionado únicamente porque este se produzca con el respeto absoluto a derechos fundamentales de las partes y se razone su pertinencia y utilidad para el caso en concreto.

Esta libertad ha roto con los paradigmas absolutistas de la apreciación probatoria en los que esta se contaba por su cantidad; ahora su contenido se pesa de acuerdo a parámetros extrínsecos -referidos al cumplimiento de formalidades legales para su valoración- e intrínsecos entendido como la correspondencia de dicho elemento con la realidad objeto de litigio. En ese orden de ideas, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ha dicho:

En materia procesal penal, el hecho de que un documento revista las formalidades que la ley exige para su validez como un medio de prueba, no significa que el juzgador deba abstenerse de examinar su autenticidad extrínseca e intrínseca, pues la autenticidad de un documento dependerá no solo de sus formas legales y de que aparezca suscrito por las personas legitimadas para tal efecto, sino —y en esencia-, de su certeza intrínseca, es decir, que el documento corresponda a una .realidad en cuanto a su contenido y su autor(s) quien podrá dar\ fe del mismo. De ahí entonces su eficacia probatoria.

En principio, los jueces son libres en la selección y rechazo que hagan, de las pruebas, y luego, en conceder o restarle mayor o menor fuerza probatoria a cada una; sin embargo, el ejercicio de esa libertad no debe ser utilizada de firma arbitraria, abusiva o absurda, pues cuando en el art. 162 Fr. Pn. [ahora art. 179 Pr. Pn.1 se establece la exigencia de aplicar la sana crítica como sistema de valoración de la prueba, los jueces están obligados a que si razonamientos sean conforme con los principios de la recta razón” [Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, sentencia definitiva proveída el 08-IV-2010 en el expediente casacional 42- CAS-20071

En atención a lo anterior, es atendible considerar como legítima la valoración de todo aquel elemento que haya sido agregado al proceso, siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos: a.1) que se les confiera una de las formas predeterminadas por ley como vehículo para su ingreso, a.2) se haya acreditado su certeza extrínseca e intrínseca, y a.3) este aporte información útil y pertinente para el descubrimiento de la verdad indagada.

En ese orden de ideas, esta Cámara por sentencia proveída el 17-VII-2015 en el expediente de apelación 173-2015-5(6), ha sostenido:

En ese sentido, es dable traer a cuenta que: “[l]a documentación de lo comprobado en las personas, cosas o lugares inspeccionados, es tan importante como la misma percepción del juez, pues será la manera de incorporar al proceso dichas verificaciones, sin lo cual sería imposible, con posteridad, conocer el resultado de la diligencia [...]. El acta que documenta las percepciones podrá entonces ser luego valorada como medio de prueba en el debate mediante la incorporación al mismo por su lectura; en este caso, el medio probatorio es la documental); no la inspección f... “. (Eduardo M. Jauchen en Tratado de la Prueba en Materia Penal, 2002, pag. 509; el subrayado es nuestro).



Así las cosas, al ser el acta de inspección ocular de aquellas diligencias policiales que, por su propia naturaleza, son esencialmente irrepetibles, no obstante que su valor probatorio es limitado, tiene efectos complementarios, por lo cual lo asentado en las actas, puede ser objeto de valoración y además, para dotarlo de mayor peso, a dicha prueba documental se puede acompañado por la declaración testimonial de alguno de los suscribientes.

Lo asegurado en el parágrafo anterior, es compartido por Manuel Miranda Estrampes en su obra “La Mínima Actividad Probatoria en el Proceso Penal”, 1997, pag. 369, cuando dice: “[...] la diligencia sumarial no puede reproducirse en el acto de la vista oral, pero, también es cierto que en tales supuestos las fuentes de prueba así obtenidas pueden ser introducidas en el acto del juicio oral por diferentes medios de prueba, desde la testifical hasta el examen directo por el Tribunal sentenciador de las piezas de convicción ocupadas en ocasión de su práctica. En estos casos el acto de prueba no es, propiamente, la diligencia sumarial sino la declaración testifical o la pieza de convicción [el acta] en si misma considerada [...] “. ('Subrayado de esta Cámara).

En derivación de lo anterior, en el caso de autos, la emisión de documentación durante las diligencias policiales no es pretexto para la automática exclusión valorativa de las mismas, esto en razón que, las estas contienen elementos que pueden y deben ser valorados durante el plenario por el Sentenciador, ello para completar información, que de otra manera no podría ser acreditada durante el Juicio, y así dar mayor peso a otros medios de prueba.” [Resaltado y subrayado del original]

Conclusión de lo anterior, las diligencias de investigación deben ser analizadas caso a caso y verificar, además si satisfacen los requisitos formales para su valoración, el peso de importancia de su contenido como aspectos útiles para ser valorados en juicio.



b) En el apartado IV de la sentencia de mérito, la juez sentenciadora ha. hecho una valoración de la prueba según su tipo o naturaleza, y en síntesis ha dicho:

b.1) Análisis de la prueba testimonial

Se inició con un análisis sobre la credibilidad del testimonio de la víctima clave “FERNANDO”, quien a pesar de encontrarse cubierto totalmente del rostro y cuerpo, se advirtió coherencia y firmeza al momento de declarar, así como claridad en las circunstancias de lugar, tiempo y forma en que sucedieron los hechos.

Acepta que el testigo, por concurrir su calidad de víctima, podría verse parcializada en su interés por declarar en contra de los procesados, pero se reitera que a pesar de haber habido temor al inicio de la declaración, se logró un reconocimiento en el lugar de los tres imputados y de las funciones que cada uno desempeñó en el cometimiento del ilícito, habiendo sido MOVV quien pasó su brazo por detrás de su cuello; SGOF quien puso un cuchillo en su estómago y GERG quien intentaba quitarle la cartera y amenazó con matarla.

Existe asimismo concordancia en la forma en que se ha narrado cómo los imputados fueron capturados: desde el momento en que los demás pasajeros del autobús alertaron a las autoridades, cómo se capturó primero a SGOF y GERG así como de los objetos que se les incautaron; y la manera en que posteriormente se dio seguimiento y capturó a MOVV.

Señala asimismo que la credibilidad del testimonio de la víctima no fue objeto de controversia por los Abogados de la defensa técnica, por lo que su dicho quedó incólume en cuanto a lo narrado por él.

b.2 Análisis de la prueba documental

Contrastando criterios jurisprudenciales anteriores de esta Cámara con la naturaleza jurídica del procedimiento sumario y la necesidad de contar con otros parámetros de valoración de la declaración del testigo, se retorna el contenido del acta de captura en flagrancia de los imputados, que resulta ser coherente con todo lo dicho por la víctima en cuanto a circunstancias de lugar, tiempo y forma en que fueron capturados los imputados SGOF, MOVV y GERG.

La A Quo habla además sobre la alarma social como parámetro de reprochabilidad de los hechos incriminados a los imputados, y que los objetos que la víctima dijo que tenían consigo fueron corroborados por medio de las diligencias de secuestro, siendo esto dos navajas incautadas a SGOF y MOVV. Se hizo constar además que la cadena de custodia de los objetos incautados no fue objeto de discusión por parte de los profesionales de la defensa.

Considera la jueza sentenciadora que todos estos aspectos son concordantes entre sí y suficientes para mantener la tesis condenatoria que se ha emprendido en contra de los tres imputados.



c) Corresponde ahora hacer un análisis comparativo de los parámetros relativos a la valoración de pruebas y diligencias policiales con el íter de razonamiento judicial plasmado en la sentencia.

De la simple lectura de la fundamentación probatoria intelectiva puede observarse que el eje transversal sobre el cual la A Quo basa su apreciación y decisión de los hechos es la prueba a testimonial consistente en la declaración de la víctima clave “Fernando”. Dicha probanza ha sido cuestionada por el recurrente exclusivamente en lo que respecta a la credibilidad subjetiva del testigo -punto que será objeto de estudio en el apartado que sigue- pero no en cuanto a su adecuación formal para ingresar al proceso como prueba.

En cuanto al acta de captura y remisión de los procesados y las diligencias de secuestro de los objetos incautados, es necesario retornar los parámetros establecidos en el apartado anterior a efecto de corroborar la factibilidad de su valoración enjuicio, y que consisten en: 1) que se les confiera una de las formas predeterminadas por ley como vehículo para su ingreso, 2) se haya acreditado su certeza extrínseca e intrínseca, y 3) este aporte información útil y pertinente para el descubrimiento de la verdad indagada.

1) En cuanto al primer parámetro, se denota que en el acta de Vista Pública y sentencia consta que estas fueron ingresadas bajo las formalidades de la prueba documental por medio de su lectura, sin protesta alguna por parte de ninguno de los profesionales que ejercían en ese momento la defensa técnica, incluyéndose al ahora recurrente.

A través de este formalismo, se ha propiciado que las partes conozcan el contenido de ambos documentos y puedan someter a control judicial cualquier discordancia que estos tuvieren respecto del contenido de la prueba testimonial.

En el caso en particular la incorporación de estos documentos como prueba fue anunciada desde la audiencia inicial, estableciéndose concretamente qué elementos y diligencias serían objeto de valoración en Vista Pública; por lo que no puede aducirse incluso el advenimiento de un estado repentino de indefensión debido a que las partes ya conocían previamente el contenido de tales documentos y les asistía la facultad de cuestionar al testigo sobre los hechos en ellos plasmados.

Se ha posibilitado además que las partes, en aras del principio de comunidad de la prueba, retomen estas diligencias de investigación y las utilicen para controvertir la misma tesis acusatoria. Les ha asistido la facultad de cotejar el contenido global de la prueba y demás elementos valorados en juicio y exhibir ante la A Quo una tesis alternativa que tome ventaja de las discrepancias de estas entre sí.

Ante las posibilidades mencionadas y la anticipación con la que fueron ofrecidas y admitidas, es imposible aducir que la valoración de los elementos contenidos en estos documentos deviene en una situación sorpresiva para los profesionales que ejercen la defensa; por lo que, siendo la finalidad principal de las formalidades el optimizar las garantías procesales fundamentales, este ámbito se tiene por cumplido.



2) En cuanto a la certeza extrínseca e instrínseca de los documentos, consta primeramente su autenticidad por haber sido elaborados por autoridad pública en el ejercicio de sus funciones de seguridad ciudadana; además de haber servido como documentos base para el emprendimiento de la investigación que devino en la incriminación emprendida contra los procesados.

Intrínsecamente estos documentos han sido corroborados por medio de la labor intelectiva de la A Quo de confrontación de su contenido con la declaración testimonial de la víctima clave “Fernando”.

Se ha encontrado que en el acta de captura y remisión de los procesados se reitera la identificación de los procesados, los aspectos de lugar y día en que sucedió el ilícito y también la forma en que los agentes policiales entraron en conocimiento de los hechos y cómo posteriormente se procedió a la captura de los ahora imputados.

Respecto de las diligencias de secuestro, estas corroboran su certeza intrínseca al dar constancia sobre la incautación de dos navajas que se encontraron en posesión de SGOF y MOVV, tal como lo manifestó en su declaración el testigo y víctima “Fernando”.



3) Por último, en cuanto a la pertinencia y utilidad de los documentos valorados, es indiscutible que estos tienen una relación directa con los hechos investigados y que si bien no representan el ingreso de ningún elemento novedoso a los hechos descritos por la declaración testimonial de clave “Fernando”, sí sirven como elementos corroborativos del contenido de dicha declaración.

Es innegable la correspondencia que existe entre la narración de los hechos y sus detalles específicos como la cantidad de sujetos que participaron en el Robo o el tipo de armas esgrimidas por ellos para concretar el ilícito, y cómo estos datos pueden ser verificados por medio del acta de captura y remisión de los imputados y las diligencias de secuestro de las navajas incautadas a los procesados.



d) En razón de lo anterior, se ha verificado que no existe la incorrección apuntada por el recurrente, en razón que se ha verificado que la inclusión de las diligencias en mención en la valoración judicial sirve exclusivamente como parámetro corroborativo de la prueba considerada como el eje transversal de la valoración probatoria intelectiva: la declaración testimonial de la víctima clave “Fernando”.

Por ello, se declarará sin lugar acoger la pretensión impugnativa contenida en el recurso y se con-firmará el proveído por este motivo.



(ii) En este punto corresponde dilucidar la concurrencia de la supuesta infracción a las reglas de la sana crítica por violación al principio de razón suficiente en la valoración del testimonio de la víctima “FERNANDO” sin la existencia de elementos corroborativos.

A fin de proveer una respuesta ordenada, se iniciará haciendo unas ligeras a. teorizaciones sobre la sana crítica como sistema de valoración probatoria, acto seguido se hará una b. transcripción de los aspectos controvertidos por el apelante en su recurso sobre la valoración de la declaración testimonial de clave “Fernando”, para luego hacer una c. contraposición entre los argumentos en mención y la valoración judicial del testimonio -ya sintetizada en el apartado anterior- y así arribar a una d. conclusión sobre la concunencia o no del vicio.



a. En resolución de las quince horas con cincuenta y tres minutos de 15/VII/2011, correspondiente al incidente 165-2011-2, esta Cámara dijo que la Sana Crítica es un “(. ..) sistema [de valoración de prueba] intermedio, que ni depende de una tasa legal de prueba ni se equipara a la íntima convicción, sino que busca el convencimiento razonado del Juez basado en la aplicación de las (...) [reglas] del pensamiento humano, que en nuestro Código Procesal Penal no están legalmente descritas - Se suele indicar que la sana crítica está confirmada por las reglas de la lógica, la experiencia y la psicología' “.

La característica principal de tal sistema es que el juez no está sometido a reglas que prefijen el valor de las pruebas, sino que es libre de apreciarlas. De ello se sigue, que la sana crítica consiste en principios lógicos formales que hacen que el raciocinio judicial al valorar las pruebas se traduzcan en un silogismo que consiste en analizar las consecuencias después de evaluar la prueba.

Ese sistema valorativo está conformado por tres tipos de reglas: la lógica, la experiencia y la psicología.

La lógica se ocupa de examinar los diversos procedimientos teóricos y experimentales que se utilizan del conocimiento científico y de analizar la estructura de la ciencia misma, es decir, estudia los procesos del pensamiento, para descubrir los elementos racionales que los constituyen y las funciones que los enlazan, por lo que está compuesta de diversos principios. Para ello utiliza los principios de identidad, no contradicción, tercero incluido y razón suficiente.

La experiencia, siguiendo a Eduardo Couture, está conformada por aquellas “normas de valor general, independientes del caso especifico, pero que extraídas de cuanto ocurre generalmente en múltiples casos, pueden aplicarse en todos los otros casos de la misma especie” (Eduardo J. Couture, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, 3a Edición, Buenos Aires, editorial Depalma, 1993, Pág. 229-230).

No obstante ser reglas de experiencia, éstas deben haber alcanzado el carácter de generalidad (o puedan obtenerla) (i), que no sean contrarias a los que la ciencia o ramas especializadas del conocimiento humano han catalogado como ciertos (ii), que sean idóneas para aplicarse al caso concreto (iii) y que no sean contrarias a las disposiciones legales del proceso en el cual se aplican (iv).

La psicología se ocupa del estudio científico de la conducta humana, le concierne la formulación de sus principios generales como su aplicación para la comprensión de los individuos. Con dichas reglas, el Juez descubre los sentimientos que inspiran la noción de justicia, analiza las ideas generales que le dan vida a la interpretación de la ley y la atracción de éste a aquel principio que inspira las razones ocultas, quizás inconscientes para determinar las condiciones más favorables a una exacta decisión.

b. Por su parte, el apelante ha expuesto los siguientes argumentos sobre la valoración judicial del testimonio de clave “Fernando”:

Bajo la misma premisa del Artículo 400 [Pr. Pn.] pero ahora refiriéndonos al numeral 5, la defensa advierte que el único medio de prueba legalmente se introdujo al proceso y que tenía un claro valor decisivo, como es el testimonio de la víctima-testigo “Fernando” no ha sido valorada observando las reglas de la sana crítica, máximo tomando en cuenta que como se dyo es y en ese momento también lo era el único medio de prueba la representación fiscal ofreció y que era legal valorarlo, así como la única prueba que el Juez a quo debió conocer, puesto que Efectuadas las transcripciones anteriores se establece que el Juzgador concluye que la versión de la testigo-víctima ha sido veraz, contundente y sin equívoco, pero vale preguntarnos con que otros medios de prueba fue corroborada en forma objetiva, y como se pueden ver corroborados entonces la implementación de las reglas de la sana crítica cuando en palabras del mismo juzgador “la declaración de la víctima es el único elemento probatorio vertido y producido en juicio”, entonces vale preguntarse nuevamente si es suficiente una valoración aislada de un medio de prueba, más bien el jugador debió es de confirmar la coherencia y consistencia del testimonio, con relación a otros medios de prueba, para construir los hechos que se pretenden probar, lo difícil ya en este punto es que quien tenía el ONUS PROBANDI, hablando del Ministerio Público Fiscal, no ofreció suficiente prueba capaz de destruir el estado de inocencia de mi defendido o por otro lado de fbrtalecer la acusación que se pretendía probar.



Citando la sentencia con referencia P0901-10-2001, del 27/02/2001 del Tribunal de Sentencia de Chalatenango, cuando hace referencia a la veracidad del testigo dice “...el testigo que es víctima a la vez, en el caso de no existir otro medio de prueba para sustentar o corroborar su dicho, deberá cumplir con tres presupuestos: ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud de la declaración, y persistencia en la incriminación”. “Para que una declaración testimonial sea verosímil se requiere que sea lógica y que existan corroboraciones periféricas objetivas”, lo dificil en este proceso es lo que advierte el mismo Juzgador que la única prueba que de.sjiló en Juicio es la declaración del testigo, por consiguiente la sentencia se basa únicamente en el señalamiento que una persona le hace a otra sin más pruebas que ayuden a destruir el principio constitucional de inocencia y que cree en el íter lógico del Juez A Quo una total certeza de la acusación, si es así la valoración seguramente será sesgada, máximo cuando la representación Fiscal en sus relación Fáctica de los hechos claramente menciona que habían testigos, cuando menciona que a mi defendido no se le encontró ningún hoja o cuchillo diferente a los otros encartados o cuando ni siquiera se le encontró objetos relacionados al delito o al cometimienio de un ilícito. Este es el tipo de casos en los que el ministerio Público Fiscal pudo engrosar con otros medios y elementos de prueba que corroboraran lo dicho por la víctima, y no que deje una clara duda con un reconocimiento no judicializado hecho a mí defendido, más difícil resulta entonces pensar en cómo se llegó a la sentencia condenatoria tomando en cuenta la única y raquítica prueba introducida para ser valorada enjuicio.”

c. En el escrito de apelación se encuentran contenidas, sintéticamente, las siguientes quejas: - Ausencia de elementos que sirvan como corroboraciones periféricas objetivas de la declaración testimonial de clave “Fernando”; - Que a su defendido no se le encontraron objetos relacionados con el delito; y - La existencia de un reconocimiento no judicial izado en el caso.

Sobre tales puntos, esta Cámara considera en primer lugar que tal y como se ha argumentado en el primer punto de apelación tratado en la presente sentencia, no concurre tal ausencia de elementos periféricos de corroboración objetiva en el presente caso; pues existen diligencias policiales con las cuales es posible, sin agregar hechos nuevos o modificar el cuadro fáctico enjuiciado, corroborar el contenido de la declaración testimonial.

La alusión de las diligencias de secuestro y el acta de captura y remisión de los imputad y de la información contenida en esta documentación sirve como parámetro de corroboración de lo dicho por la víctima-testigo en juicio. A través de estos elementos se logra establecer una relación de coherencia entre lo narrado por clave “Fernando” y aspectos presentes en el acta de captura como el día y lugar de la captura de los procesados, la forma en que se puso en conocimiento de la policía el ilícito y en que se les capturó.

De igual manera, en las diligencias de secuestro existe concordancia en cuanto a los objetos que les fueron incautados a los procesados, siendo lo más relevantes dos navajas que fueron encontradas a SGOF y MOVV; quienes según la declaración testimonial de clave “Fernando”, fueron las personas que le amenazaron precisamente con navajas.

Consecuentemente, el superar la ausencia de corroboraciones periféricas objetivas conlleva el superar el segundo argumento presentado por el apelante: es lógico que no se haya encontrado al imputado GERG ningún objeto propio del delito cuando ni el testigo “Fernando” o los demás elementos valorados consta que el haya esgrimido una navaja para cometer el ilícito o se hubiere llevado consigo las pertenencias de la víctima.

Consta únicamente que los procesados se bajaron del autobús en posesión de objetos propiedad de la víctima, sin especificar ella quien de los tres la llevaba consigo; pero que al ser capturados sus pertenencias no fueron encontradas. Esto es razonable en cuanto que es lógico que la visibilidad de la víctima se dificultará a medida que los imputados corrían alejándose del autobús, e igualmente es atendible lo dicho por la A Quo sobre la posibilidad que el imputado MOVV fuera quien huyó del lugar con los objetos de la víctima pero que, ante una inminente captura, los haya ocultado.

Por lo tanto, el hecho que al imputado GERG no se le haya encontrado ningún objeto propio del delito o con el que se haya facilitado su comisión, no le exime en forma alguna de haber participado en el hecho, pues conforme a lo narrado por el testigo “Fernando”, él no utilizó objeto alguno para cometer el ilícito —a diferencia de los otros dos imputados- ni se dijo que él se quedara con las pertenencias de la víctima.

Por último, si bien no se celebró un reconocimiento formal en fila de personas durante la instrucción del proceso, sí puede considerarse que los señalamientos expresos efectuados por la víctima en el juicio revisten la calidad de un reconocimiento in situ por su parte.

Este reconocimiento fue realizado en inmediación de una autoridad judicial y con la presencia de sus abogados defensores, quienes pudieron haber objetado tal acción espontánea del testigo durante su declaración, pero omitieron hacerlo.

Ante tales condiciones, no se vislumbra de qué manera el recurrente aduce que el reconocimiento no ha sido “judicializado”, ni de qué manera este carece de valor cuando se ha dado un claro y efectivo reconocimiento de los imputados y de las labores que cada uno realizó en el hecho constitutivo como robo.



d: Conclusión de las consideraciones anteriores, se aprecia que la valoración judicial de la prueba testimonial ha sido efectuada de conformidad al principio de razón suficiente, en razón que sí existen distintos elementos periféricos de corroboración objetiva por los cuales se puede adquirir la certeza que el testimonio objetado por el recurrente sea mendaz o carezca de formas de ratificación de su contenido.

(iii) Verificado el razonamiento judicial exhibido en la sentencia de mérito, no se han verificado las incorrecciones apuntadas por el apelante en lo relativo a la valoración de diligencias de investigación como pruebas o la infracción a las reglas de la sana crítica en la valoración de los testimonios de descargo producidos en Vista Pública.



Es en razón de lo anterior que, habiendo finalizado el análisis propuesto por los recurrentes, se advierte que en la sentencia venida en apelación no existe la incorrección señalada; por lo que se declarará no ha lugar la pretensión impugnaticia por este punto, confirmando la sentencia condenatoria.

POR TANTO: Por las razones expuestas y con fundamento legal en los arts. 212 y 213 No. 2' del Código Penal; 452, 453, 459, 469, 470 del Código Procesal Penal, esta Cámara RESUELVE:

  1. CONFIRMASE LA SENTENCIA CONDENATORIA pronunciada por el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador, en contra de SGOF, MOVV y GERG, a quienes se les ha procesado por atribuírseles la comisión del delito calificado definitivamente como Robo Agravado, conducta descrita y sancionada en el artículo 212 y 213 No. 2° del Código Penal, en perjuicio patrimonial de la víctima con clave “Fernando”;

  2. Transcurrido el plazo para recurrir de la presente informe la Secretaría si se ha hecho uso del mismo.

  3. CERTIFÍQUESE la presente y REMÍTASE EN EL PLAZO DE LEY dicha certificación al Juzgado Segundo de Paz de San Salvador junto con las actuaciones.

NOTIFÍQUESE a las partes y a los imputados en referencia.

PRONUNCIADO POR LAS SEÑORAS MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN
Catálogo: DocumentosBoveda -> DOC
DOC -> 75-p-137 CÁmara de la cuarta sección del centro
DOC -> Vistos en apelación de la sentencia definitiva condenatoria
DOC -> ConmutacióN de la pena de siete años de prisión, impuesta a mdl
DOC -> Se ha tramitado en contra de la imputada roxana marisol m. D. V
DOC -> Ts-204-2016. Tribunal de sentencia, san francisco gotera, departamento de morazan
DOC -> Ac tribunal segundo de sentencia de san salvador
DOC -> Tribunal segundo de sentencia: San Salvador, a las catorce horas del día cuatro de marzo de dos mil dieciséis
DOC -> Hurto agravado continuado tipificado y sancionado en el Articulo 07, 208 N° en relación con el 42 y 72 del Código Penal, en perjuicio patrimonial de la Universidad Modular Abierta –uma, represtada legalmente por el Licenciado M. A. C. M
DOC -> Agresión Sexual en Menor e Incapaz Continuada
DOC -> Violacion en menor e incapaz en la modalidad continuada


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