Ciudadanos diputados



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CAPÍTULO XIX

Derecho a un Medio Ambiente Sano, Adecuado y Ecológicamente Equilibrado

Artículo 62. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a gozar de un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado y adecuado para su sano desarrollo, salud y bienestar.
Artículo 63. Las autoridades a fin de tutelar este derecho deben:
I. Dar a conocer los programas encaminados al mejoramiento de los problemas ambientales; e
II. Incorporar contenidos relacionados con el cuidado, la conservación del equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible en los programas educativos de la educación obligatoria.

CAPÍTULO XX

Del Derecho a ser Protegidos contra toda Forma de Explotación
Artículo 64. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por:
I. Toda forma de castigos corporales, crueles o degradantes que pongan en riesgo su ordenado desarrollo físico, emocional y mental;
II. La explotación económica y laboral, así como el trabajo forzoso;
III. El trabajo en menores de 15 años de edad;
IV. El trabajo en mayores de 15 años que pueda ser perjudicial a su salud, peligroso, que entorpezca su educación, sea nocivo para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social; y que no se ajuste a los lineamientos comprendidos en los tratados internacionales y la legislación en la materia;
V. El ser involucrados en la producción, tráfico o consumo de sustancias psicotrópicas;
VI. Todas las formas de corrupción, explotación, agresión sexual, o trata;
VII. El secuestro, sustracción, venta de niñas, niños y adolescentes;
VIII. Toda práctica de mendicidad abierta; y
IX. Todas las demás conductas que violenten la ley y el ejercicio pleno de sus derechos.
La autoridad en materia de trabajo sancionará a aquellos patrones que oferten trabajo o contraten a personas menores de 15 años de edad.

TÍTULO TERCERO

DE LAS OBLIGACIONES
CAPÍTULO I

De Quienes Ejercen la Patria Potestad, Tutela o Guarda

y Custodia de Niñas, Niños y Adolescentes
Artículo 65. Quienes ejercen la patria potestad o la guarda y custodia de una niña, niño o adolescente, independientemente de que vivan o no en el mismo domicilio, deben dar cumplimiento a las siguientes obligaciones de crianza:
I. Vigilar se respete en todo momento los derechos de la personalidad de los niños, niñas y adolescentes, como son el nombre y su reconocimiento por las autoridades públicas; a su imagen, honra y prestigio entre otros;
II. Fomentar una relación de respeto y la consideración mutuos, brindándole demostraciones afectivas, con respeto y aceptación de éstas por parte de la niña, niño o adolescente;
III. Fomentar el respeto y el acercamiento constante de niñas, niños y adolescentes con quienes éstos tengan derechos de visitas y convivencia;
IV. Prever que los espacios en donde se desarrollen las niñas, niños y adolescentes, así como la información a la que tengan acceso, estén libres de violencia y ofrezcan seguridad y respeto a la integridad física y psicológica;
V. Fomentar los valores cívicos de la convivencia y solidaridad humana; el respeto a los derechos humanos, la no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres;
VI. Fomentar hábitos de higiene y salud, y procurar que tengan acceso a servicios sanitarios profesionales adecuados;
VII. Garantizar que la niña, niño o adolescente reciba educación obligatoria;
VIII. Impulsar el desarrollo académico, cultural, artístico y científico;
IX. Determinar límites y normas de conducta preservando el interés superior de la niñez; y
X. Vigilar permanentemente que se preserve el goce y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Artículo 66. Quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, además de las obligaciones de crianza tienen las siguientes:
I. Garantizarles sus derechos alimentarios, en términos de la legislación aplicable;
II. Participar en su proceso educativo en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiada, sin que ello pueda justificar limitación, vulneración o restricción alguna en el ejercicio de sus derechos;
III. Educarles en el conocimiento y uso responsable de las tecnologías de la información y comunicación;
IV. Fomentar el respeto a todas las personas, así como el cuidado de los bienes propios, de la familia y de la comunidad, y el aprovechamiento de los recursos que se dispongan para su desarrollo integral;
V. Protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, trata de personas y explotación;
VI. Abstenerse de cometer cualquier acto que atente contra su integridad física, psicológica, así como aquellos actos que menoscaben su desarrollo;
VII. Evitar conductas que puedan vulnerar el ambiente de respeto y generar violencia o rechazo en las relaciones entre niñas, niños y adolescentes; y de éstos con quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como con los demás miembros de su familia;
VIII. Considerar su opinión y preferencia para la toma de decisiones en los asuntos que les afecten directamente, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez;
IX. Solicitar medidas para la suspensión de la difusión de información publicada en internet o por cualquier otro medio de comunicación que afecte los derechos humanos o ponga en riesgo objetivamente su sano desarrollo, derivado del acceso a medios de comunicación y uso de sistemas de información, conforme a lo previsto en esta Ley y las leyes aplicables;
X. Hablar y escucharles oportunamente de sus intereses y problemas, motivando el diálogo honesto y respetuoso, considerando su edad y madurez; y
XI. Las demás que establezca la legislación aplicable.

CAPÍTULO II

De Protección a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes
Artículo 67. El Sistema Estatal DIF y el Sistema Municipal DIF que corresponda, deberán brindar la protección a las niñas, niños y adolescentes en condición de migración, conforme a lo previsto en la Ley General y esta Ley, y organizar y habilitar los espacios o albergues para recibir a niñas, niños y adolescentes migrantes.
Artículo 68. Las autoridades, en el ámbito de su competencia, deberán observar los procedimientos de atención y protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, previstos en la Ley de Migración, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Cuando niñas, niños y adolescentes se encuentren en situación migratoria irregular, en ningún caso preconfigurará por sí misma la comisión de un delito, ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por ese hecho.

CAPÍTULO III

De la Participación de las Personas Jurídicas, la Familia y la Sociedad
Artículo 69. Las personas jurídicas, privadas y sociales que tengan por objeto la atención y apoyo a niñas, niños y adolescentes, se regirán por lo previsto en la legislación civil y esta Ley, además, deberán:
I. Tomar en consideración primordial el interés superior de éstos y la protección de sus derechos humanos; y
II. Coordinarse con las autoridades correspondientes, a efecto de llevar a cabo acciones y programas efectivos para el cumplimiento de sus objetivos.
Artículo 70. Es obligación de toda persona auxiliar a niñas, niños y adolescentes en los casos de extrema necesidad. También es obligación de quien tenga conocimiento de hechos o actos que atenten contra los derechos de éstos, dar parte a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, de manera que pueda seguirse la investigación, y en su caso, instrumentar las medidas cautelares, de protección y de restitución de protección integrales, en términos de las disposiciones aplicables.

TÍTULO CUARTO

DE LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
CAPÍTULO I

De las Obligaciones de las Autoridades
Artículo 71. Para garantizar el respeto, protección, promoción y ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades, en el ámbito de su competencia, deberán:
I. Observar los principios rectores establecidos en la Ley General y la presente Ley;
II. Considerar preferentemente el interés superior de la niñez en los procesos de toma de decisiones sobre asuntos que involucren a niñas, niños y adolescentes, ya sea en lo individual o colectivo;
III. Garantizar que en el diseño, la implementación y evaluación de la política estatal, así como en los programas y acciones gubernamentales en materia de respeto, protección, promoción y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, prevalezca un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos; y
IV. Establecer mecanismos para la transparencia y la rendición de cuentas respecto al seguimiento y evaluación de la implementación de políticas públicas, programas y acciones gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en materia de respeto, protección, promoción y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Artículo 72. Las autoridades, en el ámbito de su competencia, tendrán a su cargo las siguientes obligaciones:
I. Coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos de esta Ley;
II. Garantizar el cumplimiento de la política estatal en materia de respeto, protección, ejercicio y promoción de los derechos contenidos en esta ley;
III. Coadyuvar con las autoridades federales en el cumplimiento de la política nacional en materia de respeto, protección, ejercicio y promoción de los derechos contenidos en esta ley;
IV. Impulsar la formación y actualización de acuerdos interinstitucionales de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno, para facilitar la actuación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección;
V. Impulsar la cultura de respeto, protección y promoción y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes;
VI. Garantizar el respeto, protección, promoción y ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes;
VII. Prever, primordialmente, las acciones y mecanismos que permitan a niñas, niños y adolescentes, un crecimiento y un desarrollo integral plenos;
VIII. Establecer programas de integración familiar, así como talleres y cursos que sirvan a los padres para dar mejor atención a sus hijos;
IX. Procurar siempre que las niñas, los niños y adolescentes vivan con su familia;
X. Coadyuvar para que las niñas, los niños y adolescentes ejerzan el derecho de visitas y convivencia;
XI. Cuidar, en el ámbito de su competencia, que las publicaciones cualquiera que se sea su medio o forma de difusión, se realicen sin afectar los derechos o el sano desarrollo de las niñas, los niños y adolescentes;
XII. Establecer programas que promuevan el desarrollo equitativo y la igualdad de oportunidades;
XIII. Atender las medidas que sean dictadas por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; y
XIV. Las demás contenidas en la Ley General y esta ley.
Artículo 73. Las acciones y programas que emprendan las autoridades conforme al presente capítulo, deberán asegurar la asignación prioritaria de recursos de conformidad a la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

CAPÍTULO II

Del Ejecutivo del Estado y los Gobiernos Municipales
Artículo 74. En relación con niñas, niños y adolescentes, el Ejecutivo del Estado deberá:
I. Crear políticas públicas tendientes a proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo;
II. Elaborar el Programa Estatal y participar en el diseño del Programa Nacional;
III. Promover, en coordinación con el Gobierno Federal, programas y proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes;
IV. Impulsar programas estatales para el adelanto y desarrollo de niñas, niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad;
V. Difundir por todos los medios de comunicación el contenido de esta Ley;
VI. Elaborar y aplicar el programa estatal a que se refiere esta Ley, así como rendir ante el Sistema Nacional de Protección Integral un informe anual sobre los avances;
VII. Revisar y valorar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los programas estatales en la materia, con base en los resultados de las evaluaciones que al efecto se realicen;
VIII. Impulsar la participación de las organizaciones civiles dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en la ejecución de los programas estatales;
IX. Recibir de las organizaciones civiles, las propuestas y recomendaciones sobre protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin de mejorar los mecanismos en la materia;
X. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas y de integrar el sistema nacional de información, la información necesaria para la elaboración de éstas;
XI. Coordinar con las autoridades de los órdenes de gobierno la implementación y ejecución de las acciones y políticas públicas que deriven de la presente Ley;
XII. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley;
XIII. Vigilar el respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes;
XIV. Expedir las disposiciones reglamentarias que crean necesarias para la eficaz aplicación de esta Ley;
XV. Coadyuvar con los padres o tutores en el cumplimiento de sus deberes;
XVI. Apoyar, de conformidad con sus respectivos presupuestos, a niñas, niños y adolescentes que por carencias familiares o económicas se ponga en riesgo su formación, subsistencia y desarrollo;
XVII. Implementar, en forma coordinada con la Federación, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y conforme a la legislación aplicable, programas, mecanismos y protocolos de seguridad que tengan por objeto la búsqueda inmediata de niñas, niños y adolescentes desaparecidos para lo cual podrán solicitar la participación de la sociedad y de los medios masivos de comunicación para atender este tipo de casos y darles la difusión necesaria a fin de facilitar su localización;
XVIII. Vigilar el cumplimiento de la normatividad prevista e implementar los mecanismos necesarios para que los centros públicos, privados y sociales que atienden a niñas, niños y adolescentes cumplan los requerimientos de infraestructura, recursos y funcionamiento, que garanticen su salud física y mental; y
XIX. Prevenir, solicitar la suspensión y sancionar toda información publicada por internet o cualquier otro medio de comunicación local que afecte los derechos humanos, o ponga en riesgo objetivamente el desarrollo integral o el interés superior de la niñez, conforme a lo previsto por esta Ley y las disposiciones legales aplicables.
Artículo 75. Se prohíbe a los municipios otorgar licencias municipales a los giros que presten servicios de internet y tecnologías de la información que no garanticen el acceso seguro de niñas, niños y adolescentes a información libre de riego para su desarrollo integral o el interés superior de la niñez.
Artículo 76. Corresponde a los gobiernos municipales, el ejercicio de las atribuciones siguientes:
I. Participar en el diseño del Programa Estatal;
II. Elaborar su programa municipal;
III. Realizar acciones de difusión que promuevan los derechos de niñas, niños y adolescentes en el municipio, para que sean plenamente conocidos y ejercidos;
IV. Promover la libre manifestación de ideas de niñas, niños y adolescentes en los asuntos concernientes a su municipio;
V. Ser enlace entre la administración pública municipal y niñas, niños y adolescentes que deseen manifestar inquietudes;
VI. Recibir quejas y denuncias por violaciones a los derechos contenidos en la Ley General, en la presente Ley y demás disposiciones aplicables, así como atender las que se encuentren en el ámbito de su competencia, y canalizar de forma inmediata a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes las que así corresponda, sin perjuicio de que ésta pueda recibirlas directamente;
VII. Crear un programa y garantizar como mínimo un servidor público que funja como autoridad de primer contacto y enlace entre la administración pública municipal y niñas, niños y adolescentes; que promueva y difunda los derechos y que fomente la participación de las niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones de la administración municipal;
VIII. Auxiliar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en las medidas urgentes de protección que ésta determine, y coordinar las acciones que correspondan en el ámbito de sus atribuciones;
IX. Promover la celebración de convenios de coordinación con las autoridades competentes, así como con otras instancias públicas o privadas, para la atención y protección de niñas, niños y adolescentes;
X. Difundir y aplicar los protocolos específicos sobre niñas, niños y adolescentes que autoricen las instancias competentes de la federación y del Estado;
XI. Coordinarse con las autoridades de los órdenes de gobierno para la implementación y ejecución de las acciones y políticas públicas que deriven de la presente Ley;
XII. Coadyuvar en la integración del sistema de información a nivel nacional de niñas, niños y adolescentes;
XIII. Impulsar la participación de las organizaciones civiles dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en la ejecución de los programas municipales; y
XIV. Las demás que establezcan los ordenamientos estatales y aquéllas que deriven de los acuerdos que, de conformidad con la Ley General y la presente Ley, se asuman en el Sistema Nacional DIF y el Sistema Estatal de Protección.

CAPÍTULO III

Del Sistema Estatal DIF
Artículo 77. Corresponde al Sistema Estatal DIF las atribuciones siguientes:
I. Proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes establecidos en la presente Ley y las demás disposiciones aplicables, particularmente cuando éstos se encuentren restringidos o vulnerados;
II. Vigilar y garantizar que la institucionalización de niñas, niños y adolescentes procederá sólo como último recurso y por el menor tiempo posible, priorizando las opciones de cuidado en un entorno familiar;
III. Coadyuvar y coordinarse, en el ámbito de su respectiva competencia, con las autoridades correspondientes en materia de protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes;
IV. Celebrar los convenios de colaboración con los Sistemas DIF Nacional, los Sistemas Estatales DIF de otras entidades federativas y los sistemas DIF municipales, así como con organizaciones e instituciones de los sectores público, privado y social, en materia de protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes;
V. Promover la formación, capacitación y profesionalización del personal de instituciones públicas, privadas y sociales vinculadas con la protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes;
VI. Realizar, fomentar y apoyar estudios e investigaciones en la materia de protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes;
VII. Prestar apoyo y colaboración técnica y administrativa, en el ámbito de su respectiva competencia, a los Sistemas DIF existentes en los municipios que integran el Estado;
VIII. Registrar, capacitar, evaluar y certificar previamente a las familias de acogida y de acogimiento pre-adoptivo, considerando los requisitos de idoneidad señalados por la legislación estatal de la materia y la Ley General; y
IX. Las demás que establezcan esta Ley y otras disposiciones en relación con la protección de niñas, niños y adolescentes que sean del ámbito de su competencia.

CAPÍTULO IV

De la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
Artículo 78. La protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes estará a cargo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, órgano con autonomía técnica y operativa del Sistema Estatal DIF, la cual contará con las siguientes atribuciones:
I. Procurar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, la Ley General, esta Ley y demás disposiciones aplicables. Dicha protección integral deberá abarcar, por lo menos:
a) Atención médica y psicológica;
b) Seguimiento a las actividades académicas y entorno social y cultural; y
c) La inclusión, en su caso, de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes en las medidas de rehabilitación y asistencia;
II. Prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes involucrados en procedimientos judiciales o administrativos, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan al Ministerio Público, así como intervenir oficiosamente, con representación coadyuvante, en todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos en que participen niñas, niños y adolescentes, para lo cual está facultada para recabar, ofrecer, desahogar, objetar pruebas; interponer y continuar recursos e incidentes, formular alegatos y, en general, solicitar al juzgador la realización de todos los actos procesales para la continuación del juicio, promover juicio de amparo y los medios de control de constitucionalidad;
III. Coordinar la ejecución y dar seguimiento a las medidas de seguridad y protección que se dicten para la restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin de que las instituciones competentes actúen de manera oportuna y articulada; en caso de incumplimiento a dichas medidas, interpondrá queja ante el órgano interno que corresponda, para que se proceda a la investigación y, en su caso, se inicie el procedimiento administrativo de responsabilidad en los términos de la legislación correspondiente;
IV. Fungir como conciliador y mediador en casos de conflicto familiar, cuando los derechos de niñas, niños y adolescentes hayan sido restringidos o vulnerados, conforme a las disposiciones aplicables. La conciliación no procederá en casos de violencia;
V. Denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que se presuman constitutivos de delito en contra de niñas, niños y adolescentes;
VI. Promover la participación de los sectores público, social y privado en la planificación y ejecución de acciones a favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes;
VII. Asesorar a las autoridades competentes y a los sectores público, social y privado en el cumplimiento del marco normativo relativo a la protección de niñas, niños y adolescentes, conforme a las disposiciones aplicables;
VIII. Integrar expediente para acreditar la identidad y filiación para niñas, niños y adolescentes de los que no hubiera sido declarado su nacimiento dentro de los ciento ochenta días siguientes a éste; así como emitir autorización de registro extemporáneo, y solicitar a los oficiales del Registro Civil el registro de nacimiento y la expedición inmediata y sin dilación alguna de las actas de registro extemporáneo, de conformidad a la legislación en la materia;
IX. Coadyuvar con el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades en la elaboración de los lineamientos y procedimientos para registrar, capacitar, evaluar y certificar a las familias que resulten idóneas, considerando los requisitos señalados para el acogimiento pre-adoptivo, así como para emitir los certificados de idoneidad y de igual forma para las familias de acogida;
X. Supervisar la ejecución de las medidas especiales de protección de niñas, niños y adolescentes que hayan sido separados de su familia de origen por resolución judicial o administrativa;
XI. Autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social o albergues; así como integrar y administrar el registro estatal de los mismos, conforme a la Ley General y la legislación estatal para la operación de albergues;
XII. Practicar visitas de verificación o inspección a cualquier domicilio público, privado o social que albergue, que tenga bajo su cuidado y vigilancia o, en su caso, guarda y custodia a niñas, niños o adolescentes;
XIII. Ejercitar las acciones legales que correspondan por el incumplimiento de los requisitos que establece la Ley General, esta Ley y demás disposiciones aplicables a los centros de asistencia social o albergues;
XIV. Ser coadyuvante de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en la supervisión que se realice a las instalaciones de los centros de asistencia social o albergues, en términos de lo previsto en legislación federal y estatal en materia de asistencia social y para la operación de albergues;
XV. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones a favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes, con el fin de difundirlos entre las autoridades competentes y los sectores público, social y privado para su incorporación en los programas respectivos;
XVI. Solicitar el apoyo, coordinación y coadyuvancia de la Fiscalía General del Estado, para la realización de las diligencias necesarias para salvaguardar los derechos e interés superior de las niñas, niños y adolescentes;
XVII. Dictar ante cualquier situación, inclusive aquella donde se tenga retenida o privada de su libertad a una niña, niño o adolescente, las medidas necesarias para la protección integral, de asistencia social y, en su caso, restitución de sus derechos y garantizar que no sean objeto de discriminación;
XVIII. Promover los derechos de niñas, niños y adolescentes y el respeto de los mismos;
XIX. Ejercer de manera oficiosa, o a petición de parte, acción colectiva y solicitar que se impongan las medida cautelares a la que se refiere la Ley General y esta ley, respecto de la información publicada por internet o cualquier otro medio de comunicación que afecte los derechos humanos o ponga en riesgo objetivamente el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes;
XX. Promover de oficio o a petición de cualquier persona, ante las autoridades administrativas competentes la imposición de sanciones a los medios de comunicación, en los términos que establece la ley General y demás disposiciones aplicables;
XXI. Planear y definir estrategias de atención y operatividad, en coordinación con las autoridades municipales, para garantizar de manera más eficaz los derechos y la restitución de éstos a las niñas, niños y adolescentes;
XXII. Establecer contacto y trabajar conjuntamente con las autoridades administrativas de asistencia social, de servicios de salud, de educación, de protección social, de cultura, deporte y con todas aquellas con las que sea necesario para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes;
XXIII. Rendir informes cuatrimestrales ante el Sistema Estatal de Protección, por conducto del titular de la Secretaría Ejecutiva del mismo, con indicadores sobre los asuntos que atienda, incluyendo el estado procesal de cada uno;
XXIV. Solicitar a los centros de asistencia social o albergues el padrón o base de datos de sus residentes con la información de la situación jurídica en la que se encuentren, en los términos previstos en la legislación general en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, la legislación para la operación de albergues y esta ley;
XXV. Enviar informes semestrales a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, respecto a la actualización de sus registros en materia de padrón o base de datos de residentes de los centros de asistencia social o albergues , así como los resultados de las visitas de supervisión efectuadas como coadyuvante;
XXV. Realizar propuestas al Sistema Estatal de Protección, para que se emitan recomendaciones, expida protocolos y acuerdos de aplicación a instituciones públicas estatales y municipales, organismos e instituciones privadas, así como para la adopción de políticas públicas o acciones específicas a favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes;
XXVI. Registrar, capacitar, evaluar y certificar previamente a las familias de acogida y de acogimiento preadoptivo, considerando los requisitos de idoneidad señalados por la legislación estatal de la materia y la Ley General; y
XXVII. Las demás contenidas en la Ley General, esta Ley, el reglamento que al efecto expida la Junta de Gobierno del Sistema Estatal DIF y demás ordenamientos aplicables.


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