Ciudadanos diputados



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Artículo 31. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la igualdad sustantiva, entendida ésta como el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forme parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la particular del Estado.
Artículo 32. Para garantizar la igualdad sustantiva, las autoridades deberán a llevar a cabo políticas públicas, acciones, programas y medidas para prevenir, atender y erradicar la discriminación múltiple por interseccionalidad de su condición de vulnerabilidad de la que son objeto niñas, niños y adolescentes, en los términos previstos por la Ley General y esta ley.

CAPÍTULO VII

Del Derecho a Vivir en Condiciones de Bienestar y a un Sano Desarrollo Integral
Artículo 33. Corresponde en principio y directamente a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes proporcionar dentro de sus posibilidades, las condiciones de vida suficientes para su desarrollo integral, el que incluye entre otras cosas, bienestar físico, mental, material, espiritual, ético, cultural y social; en general, un crecimiento saludable y armonioso. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las acciones necesarias para coadyuvar al cumplimiento de dicho fin.

CAPÍTULO VIII

Del Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal
Artículo 34. Las autoridades están obligadas a tomar las medidas necesarias, de conformidad a la legislación civil, penal y administrativa en la materia, para prevenir, atender, sancionar, erradicar y reparar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por lo siguiente:
I. El descuido y la negligencia;
II. La violencia o el abuso físico, psicológico o de cualquier otro tipo;
III. La corrupción, tráfico y trata;
IV. El abuso y la explotación sexual infantil;
V. La participación por medio de la incitación o coacción, para el consumo de sustancias que generen adicción, para la comisión de delitos o en asociaciones delictuosas, en término de la legislación y demás disposiciones aplicables;
VI. El abandono o la exposición;
VII. La sustracción de menores; y
VIII. Actos que promuevan en las niñas, niños y adolescentes el olvido, rechazo, rencor, odio, desprecio o temor hacia su otro padre o madre, o cualquier otra persona con quien tienen derecho de visitas y convivencia.
Artículo 35. Las autoridades estatales y municipales están obligadas a diseñar, adoptar y evaluar acciones y medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su reincorporación a la vida cotidiana.
En la recuperación y restitución de derechos a que se refiere el párrafo anterior, se deberá observar lo siguiente:
I. Lograr su pleno ejercicio de los derechos y garantizar su reincorporación a la vida cotidiana; y
II. Que la recuperación y restitución de derechos se lleve a cabo en un ambiente que propicie la salud física y psicológica, así como el respeto y la dignidad.
Artículo 36. En los casos en que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de delitos se aplicarán las disposiciones de la Ley de Atención de Víctimas del Estado de Jalisco, la Ley General de Víctimas y demás disposiciones que resulten aplicables.
El Sistema Estatal de Protección emitirá los protocolos, los cuales atenderán la situación familiar, edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez para la implementación de acciones de asistencia, protección y restitución de derechos.

CAPÍTULO IX

Del Derecho a la Protección de la Salud y a la Seguridad Social
Artículo 37. Las autoridades, en el ámbito de su respectiva competencia, deben desarrollar políticas para:
I. Reducir la morbilidad y mortalidad;
II. Fortalecer la salud materno-infantil; y
III. Aumentar la esperanza de vida de la población.
Artículo 38. Las autoridades de Salud del Estado deberán garantizar la protección, promoción, ejercicio y pleno cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes a través del sistema estatal de salud, para lo cual deberán:
I. Asegurar la prestación de los servicios de asistencia médica y sanitaria que sean necesarios para la atención y tratamiento de las enfermedades que más les afecten, haciendo énfasis en la atención primaria;
II. Promover en todos los grupos de la sociedad:
a) La alimentación directa de la madre al recién nacido;
b) Las ventajas de la lactancia materna; y
c) Promover la lactancia materna exclusiva dentro de los primeros seis meses y complementaria hasta los dos años, así como garantizar el acceso a métodos anticonceptivos;
III. Impulsar programas de prevención e información y combatir los trastornos de la conducta alimentaria mediante la promoción de una alimentación adecuada y equilibrada, el consumo de agua potable y el fomento del ejercicio físico, para prevenir la desnutrición y la obesidad infantil;
IV. Atender de manera especial las enfermedades endémicas, epidémicas, de salud mental, así como infecciones de transmisión sexual;
V. Impulsar entre las niñas, niños y adolescentes acciones sanitarias en el ciclo vital para la prevención primaria de la infección por virus del papiloma humano y del VIH Sida;
VI. Las niñas, los niños y adolescentes podrán acceder libremente, acompañados por familiar o quien ejerza la custodia, a los servicios y programas de prevención y de detección temprana y oportuna, atendiendo a su interés superior;
VII. Establecer las medidas tendientes a prevenir los partos prematuros;
VIII. Establecer medidas tendientes a prevenir, informar, orientar, investigar, atender, controlar y vigilar el embarazo en adolescentes;
IX. Otorgar cuidados paliativos para liberar del dolor evitable a enfermos terminales en los términos de la Ley General de Salud;
X. Prestar asistencia médica gratuita a quienes se encuentren en condición de vulnerabilidad;
XI. Atender, dar seguimiento e informar sobre el cumplimiento a los protocolos, acuerdos y las recomendaciones que al efecto dicten las autoridades en la materia; y
XII. Las demás contenidas en la Ley General y la legislación en materia de salud.
Las niñas, los niños y adolescentes deberán ser atendidos por personal capacitado y deberán recibir información veraz y oportuna, relativa a su enfermedad, en los términos necesarios y comprensibles, acorde a su edad, desarrollo evolutivo cognoscitivo y madurez, acompañados por quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia.
Artículo 39. En materia de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, la Secretaría de Salud del Estado, a través del sistema estatal de salud, deberá:
I. Generar acciones para la detección temprana de discapacidades y asegurar los mayores niveles de atención y rehabilitación, en los términos de la legislación en la materia;
II. Otorgar la atención y rehabilitación a fin de que les mejore su calidad de vida, facilite su interacción e inclusión social;
III. Proporcionar el acceso a los bienes, servicios, ayudas técnicas y rehabilitación que requieran para lograr el ejercicio igualitario de sus derechos; y
IV. Establecer mecanismos que permitan la recopilación periódica y sistemática de información y estadística.

CAPÍTULO X

Del Derecho a la Inclusión de Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad
Artículo 40. Niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho:
I. A la igualdad sustantiva;
II. A no ser discriminados;
III. A vivir incluidos en la comunidad, en igualdad de condiciones que el resto de niñas, niños y adolescentes;
IV. A ser incluidos en los centros educativos y a participar en actividades recreativas, deportivas, lúdicas o culturales en instituciones públicas, privadas y sociales; y
V. A que en todo momento se les facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos que les permitan obtener información de forma comprensible.
Para efectos de lo establecido en la fracción II del presente artículo, no se considerarán discriminatorias las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad sustantiva de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
La discriminación por motivos de discapacidad también comprende la negación de ajustes razonables.
Artículo 41. Las autoridades, en el ámbito de su respectiva competencia, están obligadas a realizar las siguientes acciones para preservar los derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad:
I. Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de sus derechos;
II. Realizar acciones a fin de fomentar el respeto, protección, promoción y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como combatir los estereotipos y prejuicios respecto de su discapacidad;
III. Realizar acciones orientadas para prevenir la ocultación, abandono, negligencia o segregación;
IV. Adoptar medidas necesarias para fomentar la inclusión social;
V. Establecer el diseño universal para la accesibilidad;
VI. Equipar las áreas e instalaciones que ofrezcan trámites y servicios, con mecanismos de señalización en braille y formatos accesibles de fácil lectura y comprensión; y procurar ofrecer otras medidas de asistencia e intermediarios para su debida atención;
VII. Implementar acciones afirmativas y medidas de nivelación, compensación e inclusión, en términos de las disposiciones aplicables, considerando los siguientes principios:
a) La participación e inclusión plena y efectiva;
b) El respeto por la diferencia y la aceptación, como parte de la diversidad y la condición humanas; y
c) El respeto a la evolución de sus facultades y de su derecho a preservar su identidad; y
VIII. Las demás que establezca la legislación aplicable.

CAPÍTULO XI

Del Derecho a la Educación
Artículo 42. Niñas, niños y adolescentes, en los términos del artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen derecho a una educación que vaya encaminada a:
I. Garantizar el respeto a su dignidad humana, basada en un enfoque de derechos humanos, de igualdad sustantiva y la no discriminación;
II. El desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, aptitudes, capacidad mental y física;
III. Fomentar el respeto de sus propios derechos y los valores democráticos, de tolerancia, la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones;
IV. Fomentar el respeto por sus padres, familia, personas adultas mayores, cultura, identidad nacional, idioma y los valores nacionales;
V. Transmitir el espíritu de solidaridad social;
VI. Privilegiar los valores cívicos y éticos;
VII. Respetar y proteger el medio ambiente;
VIII. Conocer, cuidar y respetar su sexualidad de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez;
IX. Fomentar la educación vial;
X. Procurar el desarrollo bilingüe e intercultural de niñas, niños y adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas;
XI. Otorgar una correcta orientación vocacional, las oportunidades de empleo y las posibilidades de carrera, para que así puedan elegir la profesión, arte, oficio u opción educativa que cumpla con sus expectativas y virtudes;
XII. Fomentar la participación en las escuelas y en su comunidad;
XIII. Promover la igualdad de género;
XIV. Brindar atención y orientación sensible y libre de discriminación a las adolescentes embarazadas y las madres menores de edad, para evitar la deserción escolar; y
XV. Lo demás contenido en la Ley General y en las leyes de la materia.
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, tendrán derecho a intervenir en la educación que habrá de darse a niñas, niños y adolescentes.

CAPÍTULO XII

Del Derecho al Juego, Descanso y Esparcimiento
Artículo 43. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso, al sano esparcimiento, al juego, a las actividades recreativas, a participar libremente en actividades culturales, deportivas y artísticas, como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento.
Las autoridades están obligadas a garantizar este derecho conforme a lo previsto en la Ley General y esta ley.
Artículo 44. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia deberán garantizar que las niñas, niños y adolescentes tengan el tiempo necesario para el goce de este derecho; y respetar, proteger y promover el ejercicio de este derecho, en términos de la legislación aplicable.

CAPÍTULO XIII

Del Derecho a la Libertad de Convicciones Éticas, Pensamiento,

Conciencia, Religión y Cultura
Artículo 45. Las niñas, los niños y adolescentes tienen derecho a participar en actividades culturales conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y a disfrutar libremente de su lengua, cultura, usos, costumbres, prácticas culturales, religión, recursos y formas específicas de organización social y todos los elementos que constituyan su identidad cultural.
Artículo 46. Las autoridades deberán fomentar entre niñas, niños y adolescentes el gusto por las bellas artes, así como estimular la creatividad artística, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, para lo cual deberán:
I. Abrir espacios para la expresión del talento, y formar clubes culturales;
II. Garantizar el acceso preferencial en los eventos culturales; y
III. Apoyar la promoción de la cultura por los organismos de la sociedad civil.
Lo dispuesto en este artículo no será limitativo del ejercicio del derecho a la educación, según lo dispuesto en el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de los principios rectores de esta Ley.

CAPÍTULO XIV

De los Derechos a la Libertad de Expresión, de Asociación y

Reunión y de Acceso a la Información
Artículo 47. Las autoridades garantizarán a niñas, niños y adolescentes el libre ejercicio a los derechos de libertad de expresión, de opinión, de asociación y de acceso a la información, conforme a lo previsto en la legislación aplicable.
Artículo 48. Para garantizar los derechos a la libertad de expresión y participación, las autoridades deberán tomar en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes respecto de los asuntos que les afecten directamente, o a sus familias o comunidades. Dichas autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán promover la participación y establecer las acciones que permitan la recopilación de opiniones y realización de entrevistas a niñas, niños y adolescentes sobre temas de interés general para ellos.
Artículo 49. Las autoridades en el ámbito de su competencia, deberán garantizar condiciones a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, para el ejercicio de sus derechos de libertad de expresión, reunión, acceso a la información y sistema de apoyo para la expresión de su voluntad.
Artículo 50. Las autoridades promoverán la difusión de información y material que tengan por finalidad asegurar su bienestar social y ético, así como su desarrollo cultural y salud física y mental, conforme a los lineamientos generales que al efecto emita el Sistema Nacional de Protección Integral sobre la información y materiales para difusión entre niñas, niños y adolescentes, así como a lo previsto en la Ley General y esta ley.
Artículo 51. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del ejercicio del derecho de asociación y de reunión, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia representarán el ejercicio del derecho al que se refiere el presente artículo.

CAPÍTULO XV

Del Derecho a la Participación
Artículo 52. Niñas, niños y adolescentes, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, tienen derecho a participar, a ser escuchados y tomados en cuenta respecto:
I. De aquellos asuntos que sean de su interés, o les afecten directamente a ellos, a sus familias o a sus comunidades;
II. En las decisiones que se toman en el ámbito familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen; y
III. En todos los procesos judiciales y de procuración de justicia donde se diriman controversias que les afectan en los términos de la presente Ley.
Las autoridades, en el ámbito de su respectiva competencia, están obligadas a disponer e implementar los mecanismos que respeten, protejan, promocionen y garanticen la participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes, y a informarles de qué manera fueron valoradas y tomadas en cuenta sus opiniones y solicitudes.

CAPÍTULO XVI

Del Derecho a la Intimidad
Artículo 53. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus derechos de identidad, datos personales e información, en los términos de la legislación general y estatal aplicable, por lo que no podrán ser objeto de lo siguiente:
I. De injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia;
II. De divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales; o
III. Cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación locales, que menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio del interés superior de la niñez.
Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la protección de la identidad e intimidad de niñas, niños y adolescentes.
Los medios de comunicación locales deberán asegurarse que las imágenes, voz o datos a difundir, no pongan en peligro, de forma individual o colectiva, la vida, integridad, dignidad o vulneren el ejercicio de derechos de niñas, niños, y adolescentes, aun cuando se modifiquen se difuminen o no se especifiquen sus identidades, y evitarán la difusión de imágenes o noticias que propicien o sean tendientes a su discriminación criminalización o estigmatización, en contravención a la Ley General y la legislación de la materia.
Artículo 54. Para efectos de lo establecido en el presente capítulo, quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, deberán orientar, supervisar y, en su caso, restringir las conductas y hábitos de niñas, niños y adolescentes, siempre que atiendan al interés superior de la niñez, sin que se considere injerencia ilegal o arbitraria.
Artículo 55. En caso de incumplimiento a lo establecido en el presente capítulo, niñas, niños o adolescentes afectados, por conducto de su representante legal o, en su caso, de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, actuando de oficio o en representación sustituta, podrá promover las acciones civiles de reparación del daño e iniciar los procedimientos por la responsabilidad administrativa a que haya lugar; así como dar seguimiento a los procedimientos hasta su conclusión.
Niñas, niños o adolescentes afectados, considerando su edad, grado de desarrollo cognoscitivo y madurez, solicitarán la intervención de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

CAPÍTULO XVII

Del Derecho a la Seguridad Jurídica y al Debido Proceso
Artículo 56. En todo trámite o procedimiento jurisdiccional o administrativo las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán garantizar el ejercicio al derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso.
Artículo 57. Toda autoridad o servidor público deberá dar aviso y notificar del hecho de manera inmediata y sin dilación alguna a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como a la Procuraduría Social para los efectos de la legislación en la materia, cuando conozca de:
I. Cualquier niña, niño o adolescente que se encuentre en la presunta comisión o participación de un hecho que la ley señale como delito; o
II. En los casos que por cualquier circunstancia conozcan de la retención de una niña, niño o adolescente.
También se le dará aviso inmediato a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para la protección de sus derechos y cuando la situación lo requiera se emitan medidas de protección que considere necesarias.
La dilación o negativa del aviso o notificación a que se refiere en los párrafos anteriores, será causal de responsabilidad en los términos de la legislación civil y penal aplicable.
Niñas o niños, en ningún caso podrán ser detenidos, retenidos o privados de su libertad por la supuesta comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito.
Artículo 58. Las autoridades estatales y las municipales garantizarán que en cualquier procedimiento jurisdiccional o administrativo se dé intervención a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que ejerza la representación coadyuvante, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General, esta Ley y en las demás disposiciones aplicables.

CAPÍTULO XVIII

Del Derecho a la Protección y Asistencia Social
Artículo 59. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser sujetos de protección, atención y asistencia social por parte de sus padres o tutores y de las autoridades correspondientes.
Artículo 60. El derecho al que se refiere el artículo anterior se garantizará para quienes se encuentren en las siguientes condiciones de vulnerabilidad:
I. De la y en la calle;
II. Con enfermedades terminales:
III. Violentados, maltratados, abusados o explotados;
IV. Con problemas de adicciones;
V. Con discapacidad;
VI. En conflicto con la ley;
VII. Hijas e hijos de personas privadas de su libertad;
VIII. Víctimas de delito;
IX. Migrantes separados;
X. Migrantes no acompañados;
XI. Refugiados o desplazados;
XII. Las embarazadas o que sean madres;
XIII. Huérfanos;
XIV. Los que carece de los cuidados parentales y se encuentren en instituciones de acogimiento o albergues destinados para este fin;
XV. Con enfermedades o trastornos mentales; y
XVI. Cualquier otra.
Artículo 61. Las autoridades, en el ámbito de su competencia, a fin de proteger a niñas, niños y adolescentes que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad deberán:
I. Garantizar el acceso de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, a los procesos de habilitación y rehabilitación, de conformidad con la legislación aplicable;
II. Brindar la asistencia y apoyo necesario para combatir los trastornos de la conducta alimentaria, la desnutrición y la obesidad;
III. Observar un trato respetuoso y apropiado en todos los procedimientos judiciales en los que intervengan;
IV. Proporcionar protección especial y asesoría psicológica y jurídica a los que hayan sido víctimas de delito, en los términos de la legislación de la materia;
V. Elaborar programas e impulsar acciones de carácter preventivo, en contra de los delitos a los que se encuentren expuestos con mayor incidencia;
VI. Evitar el lenguaje ofensivo y todo tipo de violencia;
VII. Vigilar que en los lugares de tratamiento y asistencia social de niñas, niños y de adolescentes a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito, se lleven a cabo eficaces sistemas para lograr la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades de las personas menores de dieciocho años de edad;
VIII. Establecer clínicas de rehabilitación destinadas a niñas, niños y adolescentes con problemas de adicciones, así como realizar campañas de concientización y prevención;
IX. Estructurar programas de apoyo para que concluyan la educación obligatoria;
X. Garantizar que las personas menores de edad que carezcan de cuidados parentales y se encuentren viviendo en instituciones de acogimiento o albergues, cuenten con un debido registro que contenga sus datos personales, la fecha de ingreso, las circunstancias por las que fueron ingresados, su situación jurídica y, en su caso, datos de la existencia de algún familiar, esto con la finalidad de que, a la brevedad posible, se restauren sus derechos, atendiendo al interés superior del menor; y
XI. Ejecutar las demás acciones que sean necesarias para garantizar la protección y asistencia social de niñas, niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad.



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