Cerd/C/isr/14-16



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Cuadro 4


Solicitudes de información presentadas de conformidad con la Ley sobre los derechos de las víctimas de delitos, 2005-2007

Año

Solicitudes de información a través de Internet

Solicitudes de información a través del número de teléfono establecido

2005

1 014

7 110

2006

3 773

9 575

2007

4 544

37 217

Fuente: Ministerio de Seguridad Pública, agosto de 2008.

Asistencia jurídica a otros países

214. La Unidad de Asistencia Jurídica de la Policía de Israel recibe solicitudes de asistencia jurídica de otros países en el marco de investigaciones que llevan a cabo con respecto a delitos de incitación, racismo y genocidio, así como por motivos étnicos, religiosos o nacionales. Dichas solicitudes pueden guardar relación con delitos cometidos recientemente, pero también durante la Segunda Guerra Mundial. Entre 2005 y 2009, la Unidad de Asistencia Jurídica recibió al menos 27 solicitudes de ese tipo, y se intenta por todos los medios otorgarles máxima prioridad.



Situación de la investigación del Ministerio de Justicia sobre las actividades de los agentes policiales durante las manifestaciones de octubre de 2000, cuando la policía fue responsable de la muerte de 12 árabes israelíes y un palestino (Obsérvese que la presente sección se refiere a la recomendación que figura en el párrafo 30 de las observaciones finales del Comité, de 14 de junio de 2007)

215. El 18 de septiembre de 2005 se hizo pública la decisión del Director del Departamento de Investigación de Agentes de Policía en relación con los incidentes de octubre de 2000. Pese a la investigación, faltaban pruebas y se desconocía la identidad de algunos de los autores (además, en el caso de un herido se constató que no había delito).

216. Tras varias solicitudes para que se revisaran las decisiones, y debido al carácter altamente sensible de la cuestión, el Fiscal General, el Fiscal del Estado y el Director del Departamento de Investigación de Agentes de Policía concluyeron que era conveniente entablar un procedimiento de apelación, del que se encargaría el Fiscal Adjunto del Estado (Funciones Especiales) con la ayuda de un equipo de fiscales designados para ese asunto en particular. Las constataciones del examen adicional se remitirían al Fiscal General para su revisión y aprobación.

217. En el marco del trabajo en equipo, se examinó el material probatorio, que contenía miles de testimonios, exposiciones y documentos; se analizaron el informe de la Comisión de Investigación y los protocolos que había elaborado, así como el informe del DIAP. Después de estudiar y examinar el material y tras numerosas deliberaciones del equipo, se preparó un primer borrador de los dictámenes en relación con cada uno de los hechos.

218. En septiembre de 2006, en vista de que el proceso de revisión había avanzado considerablemente, Adalah (el Centro Jurídico para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel) solicitó a la Oficina del Fiscal Adjunto del Estado que aplazara la publicación de las conclusiones del Estado hasta que se publicara el informe de Adalah sobre el mismo asunto en octubre de 2006.

219. Como cabía esperar, tras la publicación del extenso informe de Adalah, de 100 páginas, el Estado consideró adecuado abordar las cuestiones pertinentes que se mencionaban en dicho informe, por lo que el proceso de revisión se prolongó.

220. El detallado informe de Adalah se distribuyó entre los miembros del equipo, que lo estudiaron en profundidad. A la luz de su contenido, el borrador de los dictámenes que había preparado el equipo de fiscales se examinó una vez más, y en todos los dictámenes pertinentes se incluyeron referencias concretas a las observaciones y los argumentos formulados por Adalah.

221. Una vez ultimada la formulación de las recomendaciones del equipo de fiscales, éste remitió al Fiscal General el borrador de los dictámenes relativos a cada uno de los hechos examinados, incluidas las constataciones y recomendaciones al respecto. Los dictámenes ocupaban unas 500 páginas en total.

222. Todos los dictámenes incluían un análisis detallado de los hechos y las constataciones correspondientes a los sucesos mencionados en el informe de la Comisión Orr y en la investigación del Departamento de Investigación de Agentes de Policía, un análisis del material probatorio, así como las constataciones y recomendaciones de los fiscales en relación con cada hecho.

223. Una vez recibido el borrador de los dictámenes, el Fiscal General mantuvo una serie de prolongados debates con los miembros del equipo de fiscales en relación con cada uno de los hechos examinados. Otros miembros de la Oficina del Fiscal del Estado y del Ministerio de Justicia participaron en dichos debates, y el DIAP también aportó sus contribuciones. En el transcurso de los debates se examinaron en profundidad los dictámenes, uno por uno.

224. El 28 de enero de 2008, el Fiscal General hizo pública una declaración en la que presentó su decisión sobre el procedimiento de apelación llevado a cabo por el Fiscal Adjunto del Estado (Funciones Especiales) y los miembros del equipo de fiscales.

225. En la decisión se afirmaba que no era apropiado interferir en las decisiones adoptadas por el DIAP, que había concluido que el material de la investigación no proporcionaba una base probatoria suficiente que permitiera presentar cargos contra ninguno de los sospechosos, sobre la base de la legislación pertinente y de otras sentencias del Tribunal Supremo (requisito de "posibilidad razonable de condena").

226. La decisión se basaba en varias razones. El aspecto crucial era la dificultad de la investigación, incluidas las dificultades para reunir pruebas y obtener el consentimiento para realizar las autopsias de las víctimas, así como la falta de investigaciones balísticas, forenses y sobre el terreno debido a la gravedad de los hechos, etc. La decisión del Fiscal General se publicó en hebreo, inglés y árabe, y está disponible en el sitio web del Ministerio de Justicia.1

227. Además, debe mencionarse que las pruebas presentadas ante la Comisión Orr no podían utilizarse en un proceso penal, debido a las diferencias existentes entre las normas sobre pruebas aplicables a los procesos administrativos y las aplicables a los procesos penales. Así pues, las bases probatorias que serían suficientes para formular constataciones y recomendaciones en una comisión de investigación no necesariamente son suficientes como base de una acusación penal. Esta circunstancia fue también un factor de peso al adoptar la decisión final.

228. En la declaración mencionada supra, el Fiscal General decidió adoptar las recomendaciones formuladas por el equipo encargado del procedimiento de apelación, por lo que no se presentaron cargos penales contra los agentes de policía implicados.

Protección de los trabajadores migratorios

229. Israel es país de destino de trabajadores migratorios de Asia, Europa oriental y África. Los principales países de origen de los trabajadores extranjeros en Israel son China, Filipinas y Tailandia.

230. El Gobierno permite el empleo de trabajadores extranjeros en situación legal en esferas específicas tales como la prestación de cuidados para ancianos y discapacitados, la construcción, la agricultura, determinados servicios de restauración y la industria. El empleo de un trabajador extranjero legal en uno de los sectores permitidos requiere la presentación de una solicitud de permiso de trabajo, tras lo cual se le concede un visado de trabajo. El Gobierno alienta la recontratación de los trabajadores extranjeros que viven en Israel y que no han completado el período máximo de 63 meses de empleo, a fin de permitir que los trabajadores que han llegado por medios legales puedan maximizar sus posibilidades de obtener ingresos, y para limitar las prácticas abusivas contra los trabajadores extranjeros, más frecuente entre los recién llegados. Los empleadores que contratan trabajadores extranjeros sin esos permisos cometen un delito penal punible con elevadas multas administrativas o penales.

231. Los trabajadores migratorios que llegan a Israel en busca de empleo están motivados principalmente por las condiciones económicas difíciles y el bajo nivel de los salarios del país de origen, y por la esperanza de obtener salarios altos y asegurarse un futuro económico sólido a su regreso. Algunos entran en Israel ilegalmente, cruzando la frontera sur de Israel o por los aeropuertos, usando un visado falso o una identidad judía falsa. La vulnerabilidad de estas personas las expone al riesgo de ser explotadas para obtener ganancias fáciles, situación que puede agravarse con exigencias de pagar sumas elevadas a intermediarios en el país de origen.

232. Los empleadores pueden ser procesados por infracción de las leyes laborales de Israel, incluida la Ley de los trabajadores extranjeros de 5751/1991 ("Ley de los trabajadores extranjeros"), que se revisó en 2000 para asegurar la protección de los derechos de los trabajadores extranjeros.

233. La Ley de los trabajadores extranjeros y sus reglamentaciones conexas imponen otras obligaciones a los empleadores de trabajadores extranjeros, entre ellas proporcionar al trabajador un contrato de trabajo detallado en su idioma (artículo 1C), una vivienda digna (artículo 1E), y un seguro médico privado durante el período de empleo (artículo 1D). El incumplimiento de esas disposiciones, incluidas las deducciones salariales ilegales, constituye un delito punible con elevadas multas administrativas o penales. En julio de 2009 esa Ley se modificó (enmienda Nº 11) a fin de incluir el artículo 1N1, en virtud del cual el hecho de no pagar una multa perentoria impuesta a causa del incumplimiento de la Ley de los trabajadores extranjeros o de la segunda adición a la Ley del Tribunal del Trabajo de 5729/1969 ("Ley del Tribunal del Trabajo") es motivo de anulación o denegación del permiso de contratación de trabajadores extranjeros para el empleador multado.

234. La Ley del servicio de empleo (enmienda Nº 14) penaliza el cobro de comisiones de contratación excesivas e ilegales a trabajadores extranjeros, y lo castiga con penas de prisión de hasta seis meses y/o multa de hasta 200.000 NSI (54.054 dólares de los Estados Unidos). La enmienda incluye asimismo una orden temporal (en vigor hasta el 1º de julio de 2011) por la que se modifica la Ley de prohibición del blanqueo de dinero de 5760/2000, en el sentido de tipificar el cobro de comisiones excesivas como delito básico.

235. Las Reglas sobre los servicios de empleo (comisiones de contratación) de 5766/2006 ("Reglas sobre los servicios de empleo (comisiones de contratación)"), limitan las comisiones por concepto de contratación que pueden cobrar las agencias de contratación israelíes a 3.135 NSI (847,30 dólares de los Estados Unidos), o el 88% del salario mínimo mensual, tras restarle toda suma previamente abonada por el trabajador a la agencia de contratación extranjera. No obstante, la agencia puede recabar legítimamente del trabajador extranjero el reembolso del pasaje aéreo de su país de origen a Israel. Las Reglas también especifican las condiciones en que se permite cobrar la comisión, por ejemplo, estipulan que entre la agencia y el trabajador o la trabajadora debe mediar un contrato detallado en vigor. Además, el Reglamento indica las circunstancias en que la agencia de contratación reembolsará las sumas cobradas al trabajador extranjero.

236. De conformidad con las Reglas sobre los servicios de empleo (distribución de información) de 5766/2006 ("Reglas sobre los servicios de empleo (distribución de información"), las agencias de contratación deben proporcionar a los trabajadores extranjeros toda la información pertinente con respecto a sus derechos y obligaciones en Israel, por ejemplo el nombre de su empleador, la fecha de vencimiento del permiso de trabajo del empleador, una descripción del puesto, información sobre las comisiones de contratación permitidas, etc.

237. En los últimos años, el número de trabajadores migratorios que llega a Israel en busca de trabajo ha aumentado de forma significativa. Según la Oficina Central de Estadística, a finales de 2008 había alrededor de 223.000 trabajadores migratorios. La mayoría de esos trabajadores (unos 115.000) entró en Israel ilegalmente o permaneció en el país tras expirar sus visados; el número de trabajadores migratorios ilegales asciende a 107.000 aproximadamente.

238. Tras considerar las tasas de desempleo y las necesidades de los diversos sectores económicos, el Gobierno determina los cupos anuales de trabajadores extranjeros. Sus resoluciones con respecto a los cupos suelen basarse en negociaciones informales entre los ministerios gubernamentales competentes. En 2009, el Gobierno determinó los siguientes cupos anuales de trabajadores extranjeros: 28.500 en el sector de la agricultura, 8.000 en el de la construcción, 700 en los servicios de restauración y 1.200 en el sector industrial. Con respecto a la prestación de servicios de enfermería, los cupos se determinan en función de la demanda, y hasta la fecha se han concedido 50.000 permisos en ese sector. Por lo tanto, el número total de permisos expedidos para trabajadores extranjeros es de 88.500 aproximadamente.

239. En mayo de 2006, el Tribunal Nacional de Trabajo apoyó una decisión del Director del Departamento de Trabajadores Extranjeros del Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo en el sentido de reducir el cupo permitido de trabajadores extranjeros, debido a que una empresa de trabajo temporal había facilitado información incorrecta sobre sus trabajadores extranjeros en el sector de la construcción. El Tribunal señaló que las empresas que reciben permisos para contratar trabajadores extranjeros son responsables de proteger los derechos laborales de los trabajadores durante su permanencia en Israel, y deben facilitar informes fiables y específicos de cada trabajador extranjero que emplean (La.C. 2/06 Milgam Manpower Management Agency Ltd. c. el Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo (17 de mayo de 2006)).

240. Los trabajadores extranjeros llegan a Israel a petición de un empleador específico, que ha obtenido un permiso de contratación tras obtener la aprobación para ese permiso de conformidad con los requisitos y procedimientos pertinentes. Antes, se permitía al trabajador cambiar de empleador si así lo deseaba, a condición de que el empleador original accediera a ello o en circunstancias excepcionales. El Gobierno anuló ese procedimiento y, en la actualidad, todos los trabajadores extranjeros, incluidos los cuidadores que llegan al país para atender a una determinada persona, pueden dejar a sus empleadores autorizados a fin de buscar otro empleo legal tras registrar ese cambio de situación con arreglo a los procedimientos pertinentes. El trabajador no está obligado a especificar la razón por la que solicita el cambio.

241. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de noviembre de 2008 (H.C.J. 4542/02 Asociación "Kav Laoved" c. el Gobierno de Israel), que declara ilegal la práctica de vincular a un trabajador extranjero a un empleador determinado, exige que el Gobierno elabore nuevos sistemas de contratación de trabajadores extranjeros que permitan la supervisión del empleo, al tiempo que prevé incluso mayor libertad para los trabajadores que deseen cambiar de empleador. Así pues, se designó un comité intergubernamental y se crearon sistemas nuevos en cuyo marco el trabajador que decide dejar a su empleador no debe registrarse ante el Ministerio del Interior, sino inscribirse en una empresa de trabajo temporal (sector de la construcción) o una agencia de contratación (prestación de servicios de enfermería y agricultura). Esos sistemas facilitan mucho el proceso de cambio para el trabajador.

242. En anticipación a la puesta en marcha de esos sistemas nuevos y complejos en las esferas de la prestación de servicios de enfermería y la agricultura (en el sector de la construcción el nuevo sistema funciona desde 2005), la Autoridad de población, inmigración y fronteras publicó directrices destinadas a permitir que todo trabajador extranjero que haya sido despedido o haya abandonado su empleo busque un empleador nuevo durante un período de 60 a 90 días en el que no se le detendrá ni expulsará de Israel, siempre que la Autoridad reciba una notificación de la renuncia del trabajador (en el sector de la construcción el período es de 60 días, mientras que en todos los demás es de 90 días).

243. Como resultado de esa decisión, los visados concedidos a los trabajadores extranjeros ya no incluyen el nombre del actual empleador autorizado, sino que en el pasaporte del trabajador extranjero figura únicamente el sector de la economía en que se le puede emplear, es decir, agricultura, construcción, prestación de servicios de enfermería, etc.

244. Además, en los sitios web del Gobierno se publican con regularidad listas de empleadores autorizados a contratar trabajadores extranjeros en las esferas de la agricultura, los servicios de restauración y la industria, que permiten facilitar la colocación de los trabajadores extranjeros que deciden cambiar de empleador, y el número de permisos concedidos para contratar trabajadores extranjeros en esas esferas ha aumentado entre un 10% y un 30% por encima del cupo anual de dichos trabajadores. Esto se hace con la finalidad expresa de permitir que los trabajadores cambien de empleador más fácilmente, además de permitir el desarrollo de la competencia con respecto a los servicios que presta el trabajador, lo que resultará en mejores condiciones de empleo.

El sector de la agricultura

245. De conformidad con una serie de resoluciones gubernamentales, el Gobierno debe concertar acuerdos bilaterales con los países de origen en relación con, entre otras cosas, la supervisión de la contratación, también supervisada por la OIM, a fin de luchar contra las prácticas de sobrefacturación y demás prácticas abusivas de contratación en la esfera de la agricultura.

246. En virtud de la Resolución del Gobierno Nº 147, de 12 de mayo de 2009, se decidió aumentar el número de permisos concedidos en la esfera de la agricultura en un 10%. Además, en un futuro próximo la Autoridad de población, inmigración y fronteras examinará la brecha entre el número de trabajadores en ese sector, en comparación con el número de permisos concedidos a los empleadores, a fin de establecer cuál es la demanda real de trabajadores. No obstante, en su Resolución Nº 752, de 14 de septiembre de 2009, el Gobierno decidió reducir y limitar el porcentaje de trabajadores extranjeros contratados en el sector de la agricultura que provienen de países con los que no se ha concertado un acuerdo. La contratación se llevará a cabo con la asistencia de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) o un órgano similar, a la espera de la concertación de acuerdos bilaterales entre esos países y el Gobierno de Israel. Además, se decidió designar un equipo interministerial que promoverá la conclusión de acuerdos bilaterales con los países de origen pertinentes. A pesar de ello, el cambio del sistema de contratación por agencias privadas a la contratación en el marco de acuerdos bilaterales se encuentra aún en sus etapas iniciales, y aún no se han concertado acuerdos de ese tipo. Se han hecho progresos en ese sentido con el Gobierno de Tailandia, con el que se prevé firmar un acuerdo durante 2010.

247. Además, con arreglo a un acuerdo celebrado entre el Gobierno y la Asociación de Agricultores en mayo de 2009, se estableció una reducción gradual de los cupos de trabajadores agrícolas extranjeros y se destinaron presupuestos adicionales a investigaciones sobre tecnología agrícola y a la concesión de subvenciones a los agricultores para la compra de maquinaria agrícola que reemplazará el trabajo manual. Asimismo, el Gobierno se comprometió a facilitar sumas anuales a fin de alentar a los israelíes a que trabajen en la agricultura, mediante bonos y pagos adicionales para el trabajo a largo plazo en ese sector. De conformidad con dicho acuerdo, el número de trabajadores agrícolas extranjeros deberá reducirse gradualmente, de manera que para 2015 su número será de 18.900, en comparación con 28.500 en 2008.



El sector de la construcción

248. En 2005, el Gobierno puso en marcha un nuevo sistema para la contratación de trabajadores extranjeros en la esfera de la construcción, que ha resultado satisfactorio para proteger los derechos de los trabajadores y las condiciones laborales conexas, así como para proporcionar empleo a los trabajadores extranjeros en proyectos a corto plazo llevados a cabo por contratistas registrados en el sector de la construcción. En el marco de ese nuevo sistema, hay 40 empresas de trabajo temporal vinculadas y autorizadas que emplean a trabajadores extranjeros y son responsables de sus salarios y condiciones laborales. Cada mes, esas agencias deben informar directamente a las autoridades competentes sobre el salario y las deducciones salariales de cada trabajador extranjero empleado. El número limitado de agencias autorizadas permite que las autoridades puedan supervisar en mayor medida a las agencias, así como las condiciones laborales de los trabajadores extranjeros.

249. Además, las quejas formuladas por los trabajadores extranjeros contra la empresa de trabajo temporal que les contrata pueden presentarse ante el Ombudsman encargado de velar por los derechos de los trabajadores extranjeros, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo. El número telefónico del Ombudsman figura impreso en las hojas de pago mensuales de los trabajadores, así como en los alojamientos que les proporcionan las agencias. En 2009, el Ombudsman recibió 138 quejas nuevas, de las que tramitó 105. Del total de quejas recibidas en 2009, el Ombudsman recibió 42 solicitudes de transferencia de trabajadores extranjeros entre empresas del sector de la construcción (anteriores al transcurso de los tres meses obligatorios), de las que se aprobaron 12.

250. Las empresas de trabajo temporal deben proporcionar a cada trabajador un documento en su idioma, preparado por el Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo, donde figuren los derechos y las obligaciones del trabajador. Al comienzo de cada año, el director de la agencia debe hacer una declaración formal ante las autoridades afirmando que todos los trabajadores han recibido ese documento, que está traducido a distintos idiomas, y también puede encontrarse en los sitios de Internet del Gobierno.

251. Con el propósito de contrarrestar el problema del registro insuficiente de las horas de trabajo de los trabajadores extranjeros, las empresas de trabajo temporal del sector de la construcción deben pagar a sus empleados extranjeros un mínimo de 211 horas por mes, incluidas más de veinte horas extraordinarias.

252. Además, el nuevo sistema permite que los trabajadores cambien de empresa de trabajo temporal trimestralmente. No obstante, podrá cambiar de agencia en cualquier momento todo trabajador cuyas denuncias contra una empresa de trabajo temporal considere justificadas el Ombudsman.

253. Se ha establecido un sistema especial de depósito para cada trabajador extranjero empleado en la construcción, en cuyo marco las empresas de trabajo temporal deben depositar 700 NSI (189 dólares de los Estados Unidos) mensualmente en una cuenta bancaria a nombre del trabajador. La suma acumulada que, entre otras cosas, sustituye el pago por despido, se le entrega al trabajador en efectivo cuando éste abandona el país de forma permanente. Al trabajador se le ingresa el pago en una sucursal especial del banco establecida en el Aeropuerto Ben-Gurion a tal fin. Asimismo, el trabajador puede optar por recibir el pago mediante una transferencia a su cuenta bancaria en el extranjero, una vez que ha abandonado el país. En los casos en que el trabajador no abandone el país al finalizar el período especificado en su visado, se le deducirá una parte del depósito por cada mes adicional de permanencia, mientras que el trabajador o la trabajadora que permanezca más de seis meses tras haber expirado su visado perderá esa suma. En los casos en que el trabajador o la trabajadora alegue que la demora en su partida está justificada o se debe a acontecimientos que no están bajo su control, podrá reclamar el pago a pesar de esa demora. En el marco de este sistema, entre julio de 2005 y mediados de octubre de 2009 se transfirieron 112.667.768 NSI (33.156.154 dólares de los Estados Unidos) a 8.706 trabajadores extranjeros empleados en el sector de la construcción.

El sector de los servicios de enfermería

254. La mayor parte de los trabajadores extranjeros en Israel se dedican al cuidado de ancianos y personas discapacitadas, debido a que la necesidad de cuidadores que prestan servicios de enfermería en el hogar ha aumentado en los últimos años.

255. El Instituto Nacional de Seguros proporciona hasta dieciséis horas semanales de cuidados de enfermería a esos grupos de población, además de las prestaciones destinadas a la población con discapacidades graves. Sin embargo, para todo el que necesita cuidados a tiempo completo, la ayuda que prestan los trabajadores extranjeros en el hogar es fundamental.

256. En 2009, alrededor de 55.000 personas obtuvieron permisos para emplear cuidadores extranjeros, y se contrató a unos 45.000 en todo el país. No se establece un cupo para los cuidadores extranjeros, debido a que la necesidad de ese tipo de asistencia es importante para ayudar a los ancianos y discapacitados israelíes confinados en sus hogares y comunidades, en particular los ancianos y los supervivientes del holocausto que viven aislados.

257. Los principales países de origen de los cuidadores son Filipinas, el Nepal, Sri Lanka y la India, aunque también llegan trabajadores de varios otros países.

258. Actualmente, la Autoridad de población, inmigración y fronteras del Ministerio del Interior otorga los permisos para emplear cuidadores extranjeros que prestan servicios de enfermería, en su mayoría destinados a ancianos que, tras someterse a examen, se consideran extremadamente incapacitados para realizar las actividades diarias básicas. Una vez establecida la idoneidad del solicitante, y cuando él o ella o un miembro responsable de la familia haya firmado una declaración en el sentido de que tiene conocimiento de la aplicación uniforme de las leyes de Israel a los trabajadores israelíes y extranjeros, y de que es consciente de su obligación de velar por los derechos del trabajador según se establece en la ley, el solicitante podrá ponerse en contacto con una agencia de contratación autorizada, que buscará a un trabajador extranjero en situación regular en el país o contratará a un trabajador apropiado en el extranjero.

259. Los trabajadores extranjeros pueden permanecer en Israel hasta 63 meses después de la fecha inicial de entrada. Se hace una excepción en los casos en que el trabajador solicita permanecer en Israel por un período adicional tras haber cuidado a un empleador anciano o discapacitado durante al menos un año. En ese caso, si un trabajador social certifica que, debido a la estrecha relación entre el empleador y el cuidador, la ausencia de éste perjudicará al empleador discapacitado, el trabajador podrá permanecer en Israel durante períodos adicionales.

260. Los cuidadores extranjeros que prestan servicios de enfermería tienen derecho a cambiar de empleador sin limitaciones durante los 63 meses que pueden permanecer en Israel, siempre que notifiquen el cambio a la agencia de contratación en la que están inscritos. La política gubernamental consiste en alentar la recontratación de los trabajadores que ya se encuentran en el país y no han completado ese período máximo, en lugar de contratar a nuevos trabajadores del extranjero, con el fin de proporcionar empleo continuo a los trabajadores con experiencia y de limitar las oportunidades de incurrir en prácticas de contratación fraudulentas.

261. En 2008, el Ministerio del Interior llevó a cabo una campaña de legalización para los cuidadores extranjeros que entraron en el país legalmente, no habían completado un período de permanencia de cuatro años y ya no estaban en situación regular. Los cuidadores que se volvían a registrar ante el Ministerio del Interior recibían un visado de turista válido durante 90 días que les permitía permanecer durante un período adicional para buscar empleo legal en el sector de los servicios de enfermería.

262. Otra campaña, detallada en resoluciones gubernamentales pero aún no aplicada, limitará el número de nuevos cuidadores que las agencias de contratación autorizadas podrán traer desde el extranjero, en relación con el número de trabajadores extranjeros en situación regular actualmente desempleados.

263. Como medida adicional para limitar las prácticas abusivas en el proceso de contratación, los funcionarios de las embajadas de Israel han recibido órdenes de realizar entrevistas personales a los trabajadores extranjeros que soliciten su ingreso en el país en calidad de cuidadores, a fin de asegurarse de que reciban el "Manual de derechos" en su idioma, preparado por el Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo; tengan conocimiento sobre la naturaleza del trabajo que realizarán, así como sobre la remuneración establecida por ley; y tengan las aptitudes básicas, incluido el conocimiento de idiomas, necesarias para ese trabajo. Además, conforme a la Resolución del Gobierno Nº 147, de 12 de mayo de 2009, la política actual del Ministerio del Interior consiste en limitar la contratación en el sector de los servicios de enfermería de trabajadores extranjeros que no puedan comunicarse en inglés, salvo en casos especiales en que se requieran trabajadores que hablen otros idiomas.

264. En 2009, el número de agencias de contratación de cuidadores extranjeros se redujo de 300 a 140 aproximadamente, debido a requisitos más estrictos de concesión de permisos. Todas las agencias deben contratar trabajadores sociales calificados y con experiencia, y deben evaluar todas las colocaciones y realizar visitas trimestrales. Los trabajadores de las agencias deben firmar una declaración jurada antes de contratar trabajadores del extranjero, en el sentido de que el trabajador cumple con los requisitos necesarios para atender al empleador discapacitado, incluido el conocimiento del idioma inglés, y de que la agencia es responsable de buscar otro empleo para el trabajador en caso de que el puesto de trabajo original se elimine. El nombre de la agencia de contratación que trae al trabajador a Israel se registra ante el Ministerio del Interior, para que pueda hacerse un seguimiento de la misma en caso de que incurra en prácticas abusivas.

265. El nuevo método de empleo en el sector de los servicios de enfermería, que se implementó en 2008, continuó funcionando durante 2009, y, en la actualidad, la mayoría de los empleadores y trabajadores de ese sector se registran en una oficina privada específica. Por consiguiente, los trabajadores extranjeros ahora pueden cambiar fácilmente de empleador sin necesidad de registrarse ante la oficina de distrito del Ministerio del Interior. Las nuevas oficinas privadas están obligadas a realizar exámenes trimestrales a los empleadores y a los trabajadores a fin de ayudar a resolver los problemas que puedan surgir e informar sobre resultados poco habituales.

Autoridad de población, inmigración y fronteras

266. El 13 de abril de 2008, el Gobierno aprobó la Resolución Nº 3434 por la que se estableció la nueva Autoridad de población, inmigración y fronteras. La Autoridad asumió ciertas funciones que antes formaban parte de las atribuciones de la Administración de Inmigración y, a partir de enero de 2009, le fueron transferidas todas las competencias relativas a las cuestiones relacionadas con los trabajadores extranjeros y palestinos. Así pues, la autoridad funciona como órgano independiente dentro del Ministerio del Interior, con el que comparte facultades en materia de población, inmigración y cuestiones fronterizas, esferas que anteriormente competían a la Administración de Inmigración y a otros ministerios.



Participación como miembro de Histadrut (Federación General de Trabajadores de Israel)

267. El 24 de noviembre de 2009, la dirección de Histadrut decidió presentar una moción a la junta de representantes de esa organización con miras a modificar los estatutos de Histadrut para permitir que los trabajadores extranjeros pudiesen ser miembros de pleno derecho de la Federación. Anteriormente, solo tenían derecho a ser miembros los trabajadores que fuesen ciudadanos o residentes de Israel. Gracias a esa modificación de los estatutos de la organización, los trabajadores extranjeros podrán ser miembros de pleno derecho y en condiciones de igualdad, incluidos el derecho de asociación, el derecho de voto y el derecho a ser elegido, así como otras prestaciones que ofrece la organización. La enmienda no sólo tendrá consecuencias para los derechos de cada uno de los trabajadores extranjeros, sino también para la capacidad de Histadrut de representar oficialmente a los trabajadores extranjeros y de promover su protección y afianzar sus derechos.



Protección de los derechos de los trabajadores extranjeros

268. De conformidad con la recomendación que figura en el párrafo 26 de las observaciones finales del Comité, de 14 de junio de 2007, en noviembre de 2009 la División de Aplicación de la Legislación Laboral del Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo había investigado a más de 850 empleadores con respecto a presuntas infracciones de la Ley de salario mínimo, 5747-1987 ("Ley de salario mínimo"), y en 2009 se iniciaron investigaciones sobre 500 de esos empleadores. Además, se formularon cargos contra 44 empleadores, y se impusieron 413 multas administrativas por un valor total de aproximadamente 3 millones de NSI (810,811 dólares de los Estados Unidos). En los últimos años ha disminuido el número de investigaciones debido a una aplicación más estricta y eficaz, que a su vez ha redundado en un menor número de denuncias. A efectos comparativos, el número de investigaciones abiertas sobre empleadores de trabajadores extranjeros en años precedentes fue como sigue: en 2004, 9.834; en 2005, 4170; en 2006, 3.743; y, en 2007, 3.111.

269. Durante 2009, la División de Aplicación de la Legislación del Departamento de Trabajadores Extranjeros del Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo impuso unas 2.052 multas administrativas a empleadores de trabajadores extranjeros debido a infracciones de la Ley de los trabajadores extranjeros, por un valor total de aproximadamente 29.182.500 NSI (7.887.162 dólares de los Estados Unidos), desglosadas como sigue: 272 multas administrativas por valor de 2.395.000 NSI (647.297 dólares de los Estados Unidos); 1.063 multas administrativas actualmente pendientes por un total de 14.422.500 NSI (3.897.973 dólares de los Estados Unidos); 286 multas administrativas por valor de 6.310.000 NSI (1.705.405 dólares de los Estados Unidos) relacionadas con procedimientos judiciales pendientes; 328 multas administrativas pendientes de cobro por valor de 4.605.000 NIS (1.244.595 dólares de los Estados Unidos) que están en curso de recaudación; y 94 multas administrativas que fueron anuladas por valor de 1.340.000 NSI (362.162 dólares de los Estados Unidos) .

270. Durante 2009, se formularon 934 cargos penales contra empleadores y agencias de contratación de personal por violaciones de la legislación laboral relativa al empleo de trabajadores extranjeros (hasta octubre de 2009); el Departamento impuso unas 196 multas a empleadores de trabajadores extranjeros por violación de la Ley de salario mínimo, lo que dio lugar a la recaudación de un total de 1.923.000 NSI (506.053 dólares de los Estados Unidos) y a 171 sentencias. El monto total de las multas penales impuestas por los tribunales de trabajo ascendió a 7.788.280 NSI (2.104.941 dólares de los Estados Unidos).

271. Además, en 2009 se revocaron los permisos de contratación de enfermeros extranjeros a 15 empleadores inhabilitados y, en cuatro casos, se impusieron condiciones o limitaciones pertinentes a permisos en vigor.

272. Por ejemplo, el 6 de septiembre de 2009 se rechazó un recurso de apelación de una cooperativa agrícola que había sido condenada al pago de la máxima multa prevista en la legislación por incurrir en prácticas abusivas contra trabajadores extranjeros. En este caso, se constató que dos de los trabajadores extranjeros empleados por la empresa vivían en condiciones infrahumanas. El Tribunal de Trabajo de Be’er Sheva impuso la multa máxima de 939.600 NSI (253.946 dólares de los Estados Unidos), así como una multa adicional de 261.000 NSI (70.541 dólares de los Estados Unidos) a cada uno de los directores de la empresa, que se sustituiría por una pena de prisión de un año en caso de demora en el pago de la multa. El Tribunal Nacional de Trabajo reafirmó la decisión del Tribunal de Trabajo de Be’er Sheva, y recalcó que las multas impuestas en tales casos de abuso y cosificación de los trabajadores extranjeros debían ser elevadas, habida cuenta del interés público y de la necesidad de desalentar esas infracciones de las leyes relativas a la contratación de trabajadores extranjeros (véase A. 13/07 Nir-Am Cohen Vegetables Agricultural Cooperative Society et al. c. el Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo (6 de septiembre de 2009)).

273. El 6 de agosto de 2007, el Tribunal de Distrito de Jerusalén falló que la infracción respecto de un permiso de empleo por parte de un empleador que contrató a un trabajador extranjero como masajista y no como trabajador agrícola constituía de por sí una prueba administrativa que justificaba la anulación del permiso. En este caso también se había acusado al empleador de mantener relaciones sexuales con una trabajadora extranjera, cuyo consentimiento se debió al abuso de la posición de autoridad por parte del empleador (Ad. P. 350/07 Schlomo Mutsafi et al. c. el Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo (6 de agosto de 2007)). La decisión de anular los permisos de contratación de trabajadores extranjeros concedidos al empleador a consecuencia de los cargos mencionados fue confirmada por el Tribunal Supremo (Ad.P.A. 7216/07 Schlomo Mutsafi et al. c. el Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo (24 de diciembre de 2007)).

274. La legislación laboral israelí, incluidas las órdenes de prórroga y los convenios colectivos, se aplica a los trabajadores extranjeros en la misma medida que a los trabajadores israelíes. Por ejemplo, en noviembre de 2005, el Tribunal de Trabajo de Be’er-Sheva estimó que las disposiciones de un convenio colectivo por el que se concedían ciertos beneficios únicamente a los empleados de hoteles cuyas tarjetas de identidad los identificasen como residentes de Eilat constituían discriminación contra los trabajadores extranjeros de esos hoteles, y exigió que esos beneficios también se hicieran pagaderos a los trabajadores extranjeros. (La.C. 604/04 Ahmad Montilo c. Isrotel Ltd. et al. (29 de junio de 2005)).

275. Además, en febrero de 2006, el Tribunal Regional de Trabajo de Tel-Aviv declaró que los trabajadores extranjeros empleados ilegalmente en Israel que fuesen deportados de Israel como resultado de su situación ilegal también gozaban de los derechos laborales previstos en la legislación, incluida la indemnización por despido (La.C. 481/05 Arnel Marco et al. c. Pnina Rozenblum (21 de febrero de 2006)).

276. En consecuencia, los tribunales de examen de la legalidad de las detenciones suelen remitir las reclamaciones relativas a salarios y prestaciones pendientes de pago presentadas por trabajadores extranjeros ilegales detenidos a los inspectores del trabajo, los cuales se ponen en contacto con los empleadores a fin de recabar el pago correspondiente en nombre de los trabajadores antes de su deportación. En 2008 se recaudaron 1.723.777 NSI (465.886 dólares de los Estados Unidos) en nombre de trabajadores extranjeros detenidos. Además, se permite el reingreso temporal de los trabajadores extranjeros que han salido del país cuando se requiera su presencia para que presten testimonio contra sus antiguos empleadores.



277. La Policía se ocupa de todas las poblaciones y sectores, y presta especial atención a las ramas y especialidades laborales en las que se suele contratar a trabajadores extranjeros, así como a ciertos delitos principales como la explotación, el fraude, la retención de pasaportes, el abuso sexual, el secuestro con fines de trata y el cobro de comisiones excesivas e ilegales. Según las fuentes más pertinentes, es imposible identificar a una población específica de un determinado país de origen como población con riesgo máximo de ser objeto de prácticas abusivas. No obstante, ese riesgo será proporcional a la deuda del trabajador, a su nivel educativo y a sus aptitudes para comunicarse.



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