Código de procedimientos penales para el estado libre y soberano de jalisco



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Jalisco -> Reglamento publicado en la Sección IV del Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el sábado 28 de julio de 2012

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO

N. DE E. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO SEGUNDO SE DECLARA INCORPORADO AL ORDEN JURÍDICO DEL ESTADO DE JALISCO, EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, MISMO QUE INICIARÁ SU VIGENCIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO PRIMERO DEL DECRETO NÚMERO 24864/LX/14.

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 22 DE AGOSTO DE 2015.

N. DE E. CONTIENE LA FE DE ERRATAS PUBLICADA EN EL P.O. EL 22 DE OCTUBRE DE 2015.

Código publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el martes 7 de diciembre de 1982.

Al margen un sello que dice: Gobierno de Jalisco. Poder Ejecutivo. Secretaría General de Gobierno. Estados Unidos Mexicanos.

Flavio Romero de Velasco, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a los habitantes del mismo hago saber:

Que por la Secretaría del H. Congreso del Estado se me ha comunicado el siguiente

DECRETO

Número 11087.- El Congreso del Estado decreta:



Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Jalisco

TITULO PRIMERO

GENERALIDADES

CAPITULO I

Competencia

N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO.

(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2010)

Art. 1º. Los jueces del estado de Jalisco son competentes para conocer, en la forma y términos que prescribe este código, de los delitos del fuero común y los establecidos en la legislación federal que por disposición de la misma competa conocer y resolver a las entidades federativas, cometidos dentro del territorio del propio estado.

Art. 2º. Para conocer de un delito determinado es competente el Juez del lugar donde dicho delito se cometió o donde se produzcan los efectos previstos en los Arts. 2º. y 3º. del Código Penal.

Art. 3º. Es competente para conocer de los delitos continuados, cualquiera de los jueces en cuya jurisdicción se hayan ejecutado actos constitutivos de dichos delitos.

Art. 4º. La justicia penal se administrará:

I. Por los Juzgados de Paz;

II. Por los Juzgados Menores;

III. Por Juzgados de Primera instancia foráneos y los del ramo en el Primer Partido Judicial; y

IV. Por el Pleno y las Salas del Supremo Tribunal de Justicia.

Art. 5º. Para los efectos del artículo anterior corresponderá conocer:

I. A los Jueces de Paz, de los delitos cuya sanción media no sea mayor de seis meses de prisión;

II. A los Jueces Menores, de los delitos cuya sanción media no exceda de dos años de prisión;

III. A los jueces de Primera Instancia del ramo penal, de todos los delitos sometidos a su jurisdicción, de conformidad a lo establecido en el presente Código; y

IV. Al Pleno y a las Salas del Supremo Tribunal de Justicia, de los asuntos y recursos que este Código y demás Leyes les señalen.

Art. 6°. En materia penal no cabe prórroga ni renuncia de jurisdicción.

Art. 7º. Ningún Juez puede promover competencia a su superior jerárquico.

CAPITULO II

El Procedimiento Penal

Art. 8°. El procedimiento penal tiene las siguientes etapas:

I. La de averiguación previa, que abarca las actuaciones practicadas por el Ministerio Público o sus auxiliares, con motivo de la comisión de un delito y que termina con la resolución en que se decide ejercitar la acción penal o con la determinación del Procurador confirmando el criterio del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal;

II. La de averiguación judicial, que comprende las actuaciones practicadas por orden del Juez, después de ejercitada la acción penal, siempre que no exista detenido;

(REFORMADA, P.O. 1 DE JULIO DE 2003)

III. La del período inmediato anterior al proceso, que comprende las actuaciones que practica el juez desde el momento en que un indiciado queda a su disposición, hasta que se dicta el auto de formal prisión, el de sujeción a proceso o el de libertad por falta de elementos para procesar.

(REFORMADA, P.O. 1 DE JULIO DE 2003)

IV. La de instrucción, que inicia a partir del auto de formal prisión o el de sujeción a proceso y se integra por las diligencias practicadas por orden del juez, oficiosamente o a solicitud de las partes, con el fin de preparar el juicio y termina una vez agotados todos los medios de prueba o vencido el término a que se refiere el artículo 183 de este ordenamiento.

(REFORMADA, P.O. 1 DE JULIO DE 2003)

V. La del juicio, que inicia con la acusación del Ministerio Público y termina con la sentencia que decide sobre la procedencia o improcedencia de la acusación, sobre el análisis integral de la personalidad del acusado y sobre la imposición de las sanciones que procedan; y

VI. La de ejecución de sanciones, que compete al Poder Ejecutivo, en los términos que señala la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado de Jalisco.

CAPITULO III

Formalidades

Art. 9°. Las actuaciones se sujetarán a las siguientes reglas:

I. Podrán practicarse a toda hora, aun en los días inhábiles, sin necesidad de previa habilitación y en cada una de ellas se expresará la hora, el día, mes y año en que se practiquen, aunque se lleve a cabo a continuación de otra anterior celebrada en la misma fecha;

(REFORMADA, P.O. 1 DE JULIO DE 2003)

II. Los jueces, agentes del Ministerio Público y los de la policía investigadora, en todas las diligencias que practiquen, actuarán indistintamente en presencia de su respectivo secretario, si lo tuvieren, o de dos testigos de asistencia, que darán fe de lo que en aquéllas suceda;

III. No se emplearán abreviaturas, ni se rasparán las palabras equivocadas, sobre las que sólo se pondrá una línea delgada que permita su lectura y el error cometido se salvará con toda precisión, antes de las firmas. En igual forma se salvarán las palabras que se hubiesen entrerrenglonado, las fechas y las cantidades se escribirán con letra;

IV. Inmediatamente después de asentadas las actuaciones del día, o de que se hayan agregado los documentos recibidos, el secretario foliará y rubricará las hojas respectivas y pondrá el sello del Ministerio Público, del Juzgado o Tribunal, según el caso, en el fondo del cuaderno, de manera que abrace las dos caras;

V. Las actuaciones se asentarán en los expedientes, una a continuación de la otra, sin dejar hojas o espacios en blanco y, cuando haya que agregar documentos, se hará constar cuáles son los números de las fojas que les correspondan;

VI. Cada diligencia se asentará en acta por separado, que firmarán los que en ella intervinieron;

VII. El inculpado, el ofendido, los peritos y los testigos, firmarán al calce de las actas en que consten las diligencias en que hubieran intervenido y también al margen de cada una de las hojas en que dichas actas se asienten. Si no supieren firmar, imprimirán, igualmente al calce y al margen, la huella de alguno de los dedos de la mano y en el acta se indicará cuál de ellos fue.

Si no quisieren o no pudieren firmar ni imprimir la huella digital, se hará constar así.

El agente del Ministerio Público firmará al calce y, si lo estima conveniente, también al margen.

Si antes de que se pongan las firmas o huellas, los comparecientes hicieren alguna modificación o rectificación, se hará constar inmediatamente y se expresarán los motivos que manifestaren tener para hacerla. Si fuere después, pero antes de retirarse los interesados, se asentará la modificación o rectificación en acta que se levantará inmediatamente después de la anterior y que firmarán los que hayan intervenido en la diligencia; y

VIII. Las actuaciones del Ministerio Público, de los Juzgados o del Tribunal se escribirán, cuando menos, por duplicado, en cuaderno por separado, que también firmarán todos los que intervengan y se conservarán juntos original y copia.

(ADICIONADA, P.O. 1 DE JULIO DE 2003)

IX. Cuando el original o duplicado en sus actuaciones, adolezca de alguna de las formalidades descritas en las fracciones anteriores, se compulsarán ambos para dejar constancia de las condiciones de uno y otro.

(ADICIONADO, P.O. 1 DE JULIO DE 2003)

En caso de que la omisión en uno esté salvada en otro, se estará a la validez de ambos, dejando la constancia correspondiente.

(ADICIONADO, P.O. 1 DE JULIO DE 2003)

En el caso de que en ambos se encuentre la misma omisión, se decretará la nulidad exclusivamente de esa actuación, sin que esto último origine la nulidad de las actuaciones precedentes y posteriores, excepto cuando las posteriores emanen o sean resultado directo de la actuación nula.

Art. 10°. Las promociones formuladas por escrito deberán ser por duplicado, firmadas por su autor y se ordenará su ratificación, cuando se estime necesario; pero deberán ser siempre ratificadas, si el que las hace no las firma por cualquier motivo.

Art. 11. Los secretarios deberán dar cuenta con las promociones, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su presentación y así lo harán constar en el expediente relativo. Al efecto, se hará constar en toda promoción escrita el día y la hora en que se exhiba y esos mismos datos se anotarán en el expediente que corresponda, respecto de las verbales.

Art. 12. Los expedientes no podrán entregarse a las partes. Estas y el ofendido podrán imponerse de los autos en la Secretaría del Juzgado o Tribunal, debiéndose tomar las medidas necesarias para que no los destruyan, alteren o sustraigan. Esta regla no operará respecto del Ministerio Público, cuando se le de vista para que formule conclusiones.

Cuando el procesado fuese extranjero, el cónsul acreditado de su respectivo País podrá tener acceso al expediente, a fin de enterarse de las actuaciones y de la secuela del procedimiento, siempre que no exista oposición expresa del primero.

Art. 13. Si se perdiese algún expediente, se repondrá a costa del responsable, quien quedará obligado a pagar los daños y perjuicios que se ocasionen por la pérdida.

Cuando no sea posible reponer todas las actuaciones, se tendrá por probada plenamente la existencia de las que se inserten o mencionen en el auto de determinación, en el de formal prisión o de sujeción a proceso, o en cualquiera otra resolución de que haya constancia, siempre que no se hubiese objetado oportunamente la exactitud de la inserción o cita que de ellas se hagan.

Art. 14. Los secretarios o testigos de asistencia de los Juzgados, del Tribunal o del Ministerio Público, cotejarán las copias o testimonios de constancia que se mandaren expedir y las autorizarán con su firma y el sello correspondiente.

(REFORMADO, P.O. 1 DE JULIO DE 2003)

Art. 15. La infracción de las disposiciones contenidas en los artículos 9º, fracciones III, IV, VI y VII; 12 y 13, se sancionarán con una corrección disciplinaria; la falta de firma de los funcionarios o demás personas que intervengan en una actuación, la de la huella digital de quienes no supieran firmar o la omisión de la constancia de por qué razón no aparece una firma o huella digital, producirá además, la nulidad de la actuación correspondiente; sin que esto último origine la nulidad de las actuaciones precedentes y posteriores, excepto cuando las posteriores emanen o sean resultado directo de la actuación nula.

Art. 16. Cuando el inculpado, el ofendido, los testigos o los peritos no hablen castellano, se nombrará de oficio uno o más intérpretes, mayores de edad, quienes deberán traducir fielmente las preguntas y contestaciones que se produzcan en la diligencia respectiva. A solicitud de cualquiera de las partes, podrá escribirse además la declaración en el idioma del declarante.

Cuando no pudiere encontrarse un intérprete mayor de edad, podrá designarse a un menor que haya cumplido catorce años.

(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2007)

Cuando intervengan en las actuaciones personas pertenecientes a los pueblos o comunidades indígenas, deberán ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura, debiendo asentarse tal circunstancia en el acta respectiva y se deberán tomar en cuenta sus prácticas y costumbres, a fin de integrar la averiguación previa, así como dentro de las demás etapas del proceso penal, siempre y cuando no contravengan las disposiciones positivas en los ordenamientos vigentes.

Art. 17. Las partes podrán recusar al intérprete por causa justificada y el funcionario que practique las diligencias resolverá de plano y sin recurso.

Art. 18. Los testigos no podrán ser intérpretes.

Art. 19. Si el inculpado, el ofendido o algún testigo fuere sordomudo, se le nombrará como intérprete a una persona que pueda comprenderlo, siempre que sea mayor de catorce años. En este caso, se observará, en lo conducente, lo dispuesto en los artículos anteriores. Si el sordomudo sabe leer y escribir, se le interrogará por escrito.

CAPITULO IV

Despacho de Asuntos

Art. 20. Los Jueces, Magistrados y los Agentes del Ministerio Público tienen el deber de mantener el buen orden y de exigir que se les guarde a las demás autoridades, a las otras partes, a los comparecientes y al público en general, el respeto y la consideración debidos y, por las faltas que se cometan, aplicarán de plano las correcciones disciplinarias que estimen adecuadas.

Art. 21. Las fianzas que deban otorgarse ante los Juzgados, Tribunal o el Ministerio Público se sujetarán a las disposiciones especiales de este Código y a las del Código Civil, referentes a las fianzas judiciales.

(REFORMADO, P.O. 1 DE JULIO DE 2003)

Art. 22. Todos los gastos que se originen de las diligencias de la Policía Investigadora y en las acordadas de oficio por los juzgados o por el tribunal, o a solicitud del Ministerio Público, serán cubiertos por el erario estatal. Los gastos de las diligencias solicitadas por el inculpado o la defensa serán cubiertos por éstos, salvo el caso en que estén imposibilitados para ello, en cuya hipótesis quedarán también a cargo del erario estatal.

(REFORMADO, P.O. 1 DE SEPTIEMBRE DE 1994)

Art. 23. Cuando durante el procedimiento judicial se encontrare que el hecho que se averigua tiene relación con otros hechos delictuosos o bien aparecieren datos de la existencia de otro ilícito aun no vinculado con los que son materia del procedimiento, se dará conocimiento de ello al ministerio público para que promueva lo que corresponda, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuera procedente.

(F. DE E., P.O. 10 DE FEBRERO DE 1983)

Art. 24. Los Tribunales deben dictar de oficio las providencias y trámites necesarios para la secuela legal del proceso, dentro de los tres días siguientes a la última diligencia y, para ese efecto, el secretario o los testigos de asistencia respectivos deberán dar cuenta al titular oportunamente; la omisión de dicha cuenta motivará una corrección disciplinaria progresiva.

CAPITULO V

Citaciones

(F. DE E., P.O. 10 DE FEBRERO DE 1983)

Art. 25. Toda persona está obligada a comparecer, en el lugar de su domicilio, ante las oficinas del Ministerio Público, de los Juzgados o del Tribunal, cuando sea citada, con excepción de los altos funcionarios de la Federación o del Estado y de las personas impedidas por enfermedad o por alguna otra imposibilidad física. En su caso, se observará lo dispuesto en los Arts. 32 y 35.

Art. 26. Las citaciones se harán por cédula o por telégrafo, anotándose en todo caso la constancia respectiva en el expediente.

Art. 27. La cédula y el telegrama contendrán:

I. La designación de la autoridad ante la que deba presentarse el citado;

II. El nombre, apellido y domicilio del citado si se supieren o, en caso contrario, los datos de que se disponga para identificarlo;

III. El día, hora y lugar en que debe comparecer;

IV. El medio de apremio que se empleará si no compareciere;

V. El nombre y firma del funcionario que ordene la citación; y

VI. Los datos de identificación del asunto que motiva la citación y el objeto preciso de ella.

Art. 28. La cédula de citación se expedirá por duplicado.

Art. 29. Cuando la citación se haga por telégrafo, se enviará a la oficina que haya de transmitir la que devolverá el duplicado con la constancia del recibo.

(REFORMADO, P.O. 1 DE JULIO DE 2003)

Art. 30. La citación por cédula se entregará por conducto de la policía, o los empleados de la autoridad que la expida, donde quiera que se encuentre la persona citada, la cual anotará en el duplicado el día y la hora en que la reciba y pondrá su firma o su huella digital, en caso de no saber firmar, o si se niega a hacerlo así se asentará y el motivo que expresare para ello.

También podrá enviarse la cédula en sobre cerrado y sellado por correo con acuse de recibo mediante servicio proporcionado por empresa de mensajería debidamente registrada.

Art. 31. Si la persona con quien se entienda la citación por cédula manifestare que el interesado no se encuentra en el lugar, dirá dónde se encuentra y desde cuándo se ausentó, así como la fecha en que se espera su regreso y todo esto se hará constar, para que el funcionario respectivo dicte las providenciasd (sic) que fueren procedentes.

(ADICIONADO, P.O. 1 DE JULIO DE 2003)

En caso de particulares con imposibilidad física se estará a lo dispuesto por el artículo 198 de este ordenamiento legal.

Art. 32. La citación a los militares y empleados oficiales, o particulares en alguna rama del servicio público, se hará por conducto de su superior jerárquico, a menos que el éxito de la tramitación requiera que se haga personalmente.

Art. 33. Cuando se ignorare la residencia de la persona que deba ser citada, se encargará a la policía que averigüe su domicilio y lo proporcione. Si esta investigación no tuviese éxito y quien ordene la citación lo estimare conveniente, podrá hacerlo por medio de un periódico de los de mayor circulación.

Art. 34. Cuando, durante la celebración de una audiencia, se encuentren presentes personas que deban ser citadas para alguna diligencia posterior, la cita podrá hacerse verbalmente y se asentará constancia de ello en autos.

Art. 35. Si fuere necesario recabar informes o declaraciones de un alto funcionario de la Federación o del Estado, se le pedirán por oficio, con expresión de los antecedentes necesarios, ese oficio se le enviará por pieza postal registrada con acuse de recibo; pero si el funcionario de quien se trate reside en el mismo lugar en que se sigue la averiguación previa o el proceso, el funcionario que conozca del asunto podrá trasladarse personalmente a la oficina del que deba informar o declarar, para practicar la diligencia personalmente.

CAPITULO VI

Requisitorias y exhortos

(REFORMADO, P.O. 1 DE SEPTIEMBRE DE 1994)

Art. 36. Las diligencias que deba practicar el ministerio público fuera del lugar en que se esté tramitando alguna averiguación, pero dentro del territorio del Estado, se encargarán a quien corresponda desempeñar esas funciones en el lugar donde deban practicarse, mediante oficio con las inserciones conducentes y, si fuere necesario, se adjuntará un duplicado completo de la respectiva averiguación previa; o bien, en su caso, el servidor público que conozca de ellas se trasladará a cualquier lugar del Estado, cuando así lo determine el Procurador de Justicia, para practicar personalmente la diligencia de que se trate.

Cuando las diligencias tengan que efectuarse en otra entidad federativa, se realizarán con la intervención de las respectivas Procuradurías Generales de Justicia, en los términos de los convenios de colaboración que al efecto celebren los Estados.

(F. DE E., P.O. 10 DE FEBRERO DE 1983)

Art. 37. Cuando tengan que practicarse diligencias judiciales fuera del territorio jurisdiccional del Juzgado o Tribunal que conozca del asunto, se encomendará su cumplimiento, mediante exhorto formal, al de igual categoría del territorio jurisdiccional donde deban realizarse.

Si las diligencias tuvieren que practicarse fuera del lugar de la residencia del Juzgado o Tribunal, pero dentro de su territorio jurisdiccional y aquél no pudiere trasladarse a dicho lugar, también encargará su cumplimiento al inferior del lugar donde deban desahogarse mediante la requisitoria del caso.

Salvo los casos previstos en los párrafos que anteceden, los jueces o Tribunal se dirigirán a cualesquiera otras autoridades por medio de oficio.

Art. 38. Cuando el Juez de Primera Instancia requerido no pudiere practicar por sí mismo, en todo o en parte, las diligencias que se le encarguen, podrá encomendar su ejecución al Juez Menor o de Paz del lugar donde deban practicarse y, al efecto, le remitirá el respectivo exhorto original.

Cuando un Juez no pueda dar cumplimiento a un exhorto, por hallarse en otra jurisdicción la persona o las cosas que sean objeto de la diligencia, lo remitirá al Juzgado del lugar en que aquella o éstas se encuentren y lo hará saber al requeriente.

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 1 DE SEPTIEMBRE DE 1994)

Art. 39. Los exhortos, requisitorias, oficios de colaboración y oficios simples, contendrán las inserciones necesarias, según la naturaleza de la diligencia que se haya de practicar; irán firmados por el magistrado o juez según el caso y por el respectivo secretario o testigos de asistencia, o procurador o subprocurador General de Justicia y llevarán además el sello de la autoridad correspondiente. Si la autoridad exhortada radica en el extranjero, se cumplirá además con lo dispuesto por las leyes federales.

Los exhortos de los Tribunales extranjeros deberán tener los requisitos que señalen las legislaciones respectivas y los tratados internacionales.

(REFORMADO, P.O. 1 DE SEPTIEMBRE DE 1994)

Art. 40. En casos urgentes, para diligencias de averiguación previa por el ministerio público o su equivalente, podrá hacerse uso de la vía telefónica y por ende de su perfeccionamiento, el telefax, así como de la telegrafía y cualquier otro medio de comunicación sea electrónico o inalámbrico; con especificación detallada en el mensaje de las diligencias que habrán de practicarse, los nombres de los litigantes, la parte que la solicitó, el nombre del inculpado si fuere posible, el detenido de que se trata, el fundamento de la providencia y el aviso que se mandará el exhorto, requisitoria, oficio de colaboración u oficio simple que ratifique el mensaje. El telegrama se enviará mediante oficio al jefe de la oficina telegráfica de la localidad, acompañado de una copia, en la cual el empleado respectivo de dicha oficina extenderá recibo; también el telefax será enviado de manera escrita y en papel membretado con firmas autógrafas. El juez o tribunal requiriente mandará con posterioridad por correo, el exhorto o la requisitoria en forma, y el procurador o subprocurador General de Justicia, el oficio de colaboración u oficio simple.

Art. 41. El exhorto que se expida para la aprehensión del inculpado, cuando proceda en los términos del Art. 16 constitucional, contendrá el pedimento del Ministerio Público; el auto en que se haya decretado la aprehensión y la media filiación del inculpado, si fuere posible, o los datos necesarios para su identificación; si ese exhorto debiera ser telegráfico, los datos aludidos se expresarán extractados.

Art. 42. En los casos del artículo anterior, lograda la aprehensión, se pondrá al detenido a disposición del juez que libró la orden y así se le comunicará inmediatamente, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la captura, a las que se agregará el tiempo suficiente para recorrer de la manera usual, en cada caso, la distancia entre el lugar de la aprehensión y el lugar en que resida el juzgado exhortante.

(REFORMADO, P.O. 1 DE SEPTIEMBRE DE 1994)

Art. 43. Los exhortos, requisitorias, oficios de colaboración, y oficios simples, que se reciban en el Estado, se proveerán dentro de las veinticuatro horas siguientes a su recepción y se despacharán dentro de tres días, a no ser que las diligencias que se hayan de practicar exijan necesariamente mayor tiempo, en cuyo caso las autoridades judiciales o ministeriales fijarán el que crean conveniente. Si se estimare que no contienen los requisitos legales o conveniales de colaboración, lo devolverá al requiriente, con expresión del motivo de la devolución y lo comunicará detalladamente a su superior.



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