Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco



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Careos



Artículo 211. El careo es la diligencia entre dos personas que sostienen versiones contradictorias respecto de los hechos que se investigan o que tienen un sentido de apreciación diferente a fin de averiguar la verdad.
La diligencia de careo se practicará por la autoridad judicial o ministerial y se decretará cuando medie solicitud del inculpado o de su defensor.
Cuando la víctima o el ofendido sea menor de edad, no estarán obligados a carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro, en el caso de que el inculpado solicite la práctica del careo, se le notificará a la víctima y a su legítimo representante, señalándole el día y hora de la diligencia; en el entendido que de no presentarse, el inculpado y la víctima tendrán derecho a hacer las manifestaciones en contra de las declaraciones contradictorias en diligencia separada.
Artículo 212. El careo solamente se practicará entre dos personas y no intervendrán en la diligencia más que los careados y los intérpretes, si fueren necesarios. Se dará lectura a las declaraciones que se reputen contradictorias y se señalarán a los careados las contradicciones existentes a fin de que se reconvengan mutuamente y se pongan o no de acuerdo.

Artículo 213. Nunca se hará constar en una diligencia más de un careo y el funcionario que lo practique anotará las observaciones que haya hecho sobre la actitud y reacciones de los careados.

Artículo 214. Cuando, por cualquier motivo, no pudiere obtenerse la comparecencia de alguno de los que deben de ser careados, se practicará careo supletorio, en el que se leerá al presente la declaración del otro y se le harán notar las contradicciones que hubiese entre esa declaración y la suya, a fin de que explique sus causas.

Artículo 215. Si los que deban carearse estuviesen fuera de la jurisdicción del Juzgado, se librará el exhorto correspondiente.

CAPÍTULO VI

Confrontación



Artículo 216. Cuando el que declare no pueda dar noticia exacta de la persona a quien se refiera, pero exprese que podría reconocerla si se le presentare, el juez procederá a la confrontación.
Lo mismo se hará cuando el que declare asegure conocer a una persona y haya motivos para sospechar que no la conoce.

Artículo 217. Al practicar la confrontación se cuidará de que:
I. La persona que sea objeto de ella no se disfrace ni se desfigure, ni borre las huellas o señales que puedan servir al que tiene que designarla;
II. Dicha persona se presente acompañada de otros individuos vestidos con ropas semejantes y aun con las mismas señas que las del confrontado, si fuere posible; y


  1. Los individuos que acompañen a la persona que va a confrontase sean de clase análoga, atendidas su educación, modales y circunstancias especiales.

Si alguna de las partes solicita que se observen mayores precauciones que las prevenidas en las tres fracciones que anteceden, quien practique las diligencias podrá acordarlas, si las estima convenientes.



Artículo 218. En la diligencia de confrontación se procederá colocando en fila a la persona que deba ser confrontada y las que hayan de acompañarla y se interrogará al declarante sobre:
I. Si persiste en su declaración anterior;
II. Si conocía con anterioridad a la persona a quien atribuye el hecho, o si la conoció en el momento de ejecutarlo; y


  1. Si después de la ejecución del hecho la ha visto, en qué lugar, por qué motivo y con qué objeto.

Enseguida el testigo, acompañado del secretario del juzgado o tribunal pasará frente a todas las personas que formen la fila; se le permitirá mirarlas detenidamente y se le prevendrá que señale a la que se trate de identificar y manifieste las diferencias o semejanzas que hubiese entre el estado actual y el que tenía en la época a que se refirió en su declaración. El secretario hará constar si advirtió o no alguna seña o actitud que pudiera indicar connivencia entre el testigo y la persona confrontada.


Artículo 219. Cuando la pluralidad de indiciados amerite varias confrontaciones, éstas se verificarán en actos separados.
Lo propio se observará cuando exista pluralidad de testigos que se encuentren en el caso que señala el artículo 216 de este código.

CAPÍTULO VII

Dictámenes Periciales
Artículo 220. Siempre que para el examen de personas, hechos u objetos, se requieran conocimientos especiales, se procederá con intervención de peritos.

Artículo 221. Los peritos que dictaminen serán dos o más, pero bastará uno cuando solamente éste pueda ser habido, o cuando el caso sea urgente, circunstancias que se asentarán en actuaciones.

Artículo 222. Cada parte tendrá derecho a nombrar hasta dos peritos, a quienes el juez o tribunal hará saber su nombramiento y les ministrará todos los datos que fueren necesarios para que emitan su dictamen.

Artículo 223. Los peritos deberán tener título registrado, en la ciencia o arte que corresponda al punto sobre el cual deban dictaminar, si la ley lo exige para el ejercicio de la profesión correspondiente. Si no lo exige, podrán nombrarse peritos prácticos.
Artículo 224. También podrán ser nombrados peritos prácticos cuando no hubiese titulados en el lugar en que se reciba la prueba; pero, en este caso, se librará exhorto al juez del lugar en que los haya, para que, en vista del dictamen de los prácticos, emitan su opinión.

Artículo 225. La designación de peritos hecha por el juez, tribunal, o por el Ministerio Público, deberá recaer en personas que desempeñen ese empleo por nombramiento oficial y a sueldo fijo.
Si no hubiere peritos oficiales titulares, se nombrará entre las personas que desempeñen el profesorado del ramo correspondiente en las escuelas públicas, o bien, entre los funcionarios o empleados de carácter técnico, en establecimientos o corporaciones dependientes del gobierno.
Si no hubiere peritos de los que menciona el párrafo anterior, se podrán nombrar otros y sus honorarios se cubrirán por el Estado.

Artículo 226. Los peritos que acepten el cargo, con excepción de los oficiales titulares, tienen obligación de protestar su fiel desempeño ante el funcionario que practique las diligencias. En casos urgentes, la protesta la rendirán al emitir o ratificar su dictamen.

Artículo 227. El funcionario que practique las diligencias fijará a los peritos el tiempo en que deban cumplir su cometido; tratándose de dictámenes que versen sobre alcoholemia o causalidad vial, cuando se trate de delitos o lesiones causados con motivo de tránsito de vehículos, estos deberán emitirse dentro de las veinticuatro horas a partir de la recepción de la solicitud del peritaje. Si transcurrido ese tiempo no rinden su dictamen o si legalmente citados y aceptado el cargo, no concurren a desempeñarlo, se hará uso de algún medio de apremio.

Si a pesar de haber sido apremiado el perito, no cumple con las obligaciones impuestas en el párrafo anterior, se hará acreedor a las sanciones administrativas o penales que correspondan.


El personal del área de peritos de la dependencia del Ejecutivo del Gobierno del Estado, competente en materia de vialidad, tránsito y transporte, será considerado como peritos oficiales y fungirán como auxiliares del Ministerio Público, por lo que se refiere a la prueba de aire expirado en alcoholímetro.

Artículo 228. Cuando se trate de una lesión proveniente del delito y el lesionado se encontraré en algún hospital público, los médicos de éste se tendrán nombrados como peritos, sin perjuicio de que el funcionario que practique las diligencias nombre, además a otros, si lo creyere conveniente, para que dictaminen y haga la clasificación legal.
Artículo 229. La necropsia, de las personas que fallecen en un hospital público a consecuencia de un delito, podrán practicarla los médicos de éste, previa autorización ministerial o judicial según corresponda.
Artículo 230. Fuera de los casos previstos en los dos artículos anteriores, el reconocimiento de lesiones o la necropsia del cadáver, se practicarán por los peritos médicos legistas oficiales, si los hubiere y, además, si se estima conveniente, por los que designe el funcionario que conozca del asunto.
Artículo 231. Cuando el funcionario que practique las diligencias lo juzgue conveniente, asistirá al reconocimiento u operación que efectúen los peritos.
Artículo 232. El funcionario que practique las diligencias podrá hacer a los peritos, por sí mismo o a iniciativa de las partes, todas las preguntas que crea oportunas; les dará por escrito o de palabra, pero sin sugestión alguna, los datos pertinentes que consten en autos y hará constar estos hechos en el acta respectiva.

Artículo 233. Los peritos podrán emplear todos lo métodos vinculados con la ciencia o arte que dominen y expresarán los hechos y circunstancias que sirvan de fundamento a su dictamen.
Cuando el juez tenga duda respecto de la técnica utilizada por los peritos, o éstos no hubieren sido claros en su dictamen, ordenará de oficio a los expertos que aclaren lo conducente en un plazo no mayor de tres días.
Artículo 234. Los peritos emitirán su dictamen por escrito y lo ratificarán en diligencia especial. Los peritos oficiales no necesitarán ratificar sus dictámenes, sino cuando el funcionario que practique las diligencias lo estime necesario.

Artículo 235. Cuando las opiniones de los peritos discordaren, el funcionario que practique las diligencias los citará a junta, en la que se discutirán los puntos de diferencia, haciéndose constar en el acta el resultado de la discusión.
Si en la junta no se logra unificar el criterio o hacer que prevalezca una mayoría, el juez designará un perito en discordia, ante el que se renovarán las operaciones y experimentos, si fuere posible, y en caso contrario los primeros peritos le comunicarán los experimentos que hubieren hecho y el resultado que hubieren obtenido. Con estos datos el tercero en discordia emitirá su opinión.

Artículo 236. Cuando el peritaje recaiga sobre objetos que se consuman al ser analizados, se utilizará, cuando más, la mitad de la substancia que se tenga disponible, a no ser que no puedan dar su opinión sin consumirla por completo, lo cual se hará constar en el acta respectiva.

Artículo 237. Cuando se niegue o ponga en duda la autenticidad de un documento, podrá pedirse y deberá decretarse el cotejo de letras o firmas. El cotejo se hará por peritos, con documentos indubitables o con los que las partes, de común acuerdo, reconozcan como tales.
Para los efectos de este artículo, se tendrá como documento indubitable el que obre en un registro público.
El funcionario que reciba la prueba podrá ordenar que se repita el cotejo por otros peritos.
CAPÍTULO VIII

Inspección y Reconstrucción de Hechos
Artículo 238. Si el delito fuere de aquéllos que pueden dejar huellas materiales, de oficio, se procederá a inspeccionar el lugar en que se perpetró; el instrumento y las cosas objeto o efecto de él; el cuerpo del ofendido y el del inculpado, si fuere posible; y todas las demás cosas y lugares que puedan tener importancia para la averiguación.
Los interesados durante la averiguación previa y judicial y las partes dentro de la instrucción, podrán pedir la práctica de la inspección y acudir a ella para hacer las observaciones que estimen pertinentes.

Artículo 239. Para la descripción de lo inspeccionado se emplearán, según el caso, dibujos, planos topográficos, fotografías ordinarias o métricas, moldeados, o cualquier otro medio para reproducir las cosas, haciéndose constar en el acta cuál o cuáles de aquéllos se emplearon, en qué forma y con qué objeto.
Se hará la descripción por escrito de todo lo que no hubiese sido posible describir por los medios anteriores, procurándose fijar con claridad los caracteres, señales o vestigios que el delito haya dejado, el instrumento o medio que probablemente se haya empleado y la forma en que se hubiese usado.

Artículo 240. Al practicar una inspección ocular, deberá examinarse a las personas presentes que puedan proporcionar algún dato útil a la averiguación y, para ese efecto, se les prevendrá que no abandonen el lugar.

Artículo 241. El funcionario encargado de practicar una inspección ocular podrá hacerse acompañar por los peritos que estime necesarios y, entonces, se observarán en lo conducente las disposiciones del capítulo anterior.

Artículo 242. En el caso de lesiones, al sanar el lesionado, se procurará hacer la inspección ocular y la descripción de las secuelas apreciables que tales lesiones hubiesen dejado.

Artículo 243. En los delitos sexuales y en el aborto, podrá concurrir al reconocimiento que practiquen los médicos, aquella persona que designe la que ha de ser reconocida.

Artículo 244. Siempre que el funcionario del Ministerio Público o la autoridad judicial, en sus respectivos casos, estimen conveniente esclarecer los hechos manifestados por el ofendido, el inculpado o los testigos, o los establecidos por un dictamen pericial, procederán a reconstruirlos, siempre que la naturaleza del delito y las pruebas rendidas así lo consientan, a juicio del funcionario que conozca del asunto. La reconstrucción podrá llevarse a cabo aún durante la vista del proceso, si el juez o tribunal lo estiman necesario, no obstante que se haya practicado con anterioridad.

Artículo 245. La reconstrucción deberá practicarse, precisamente, a la hora y en el lugar donde se cometió el delito, cuando estas circunstancias tengan influencia en la determinación de los hechos que se reconstruyan; en caso contrario, podrá efectuarse a cualquiera hora, pero, en ambos casos, y precisamente, en el lugar de los hechos.

Artículo 246. No se practicará la reconstrucción antes de que hayan sido examinadas las personas que hubiesen intervenido en los hechos o que los hayan presenciado.

Artículo 247. Cuando alguna de las partes solicite la reconstrucción, deberá precisar cuáles son los hechos y circunstancias que desea esclarecer y la diligencia se repetirá cuantas veces sea necesario, a juicio del juez o tribunal, en su caso.

Artículo 248. En la reconstrucción estarán presentes, si fuere posible, todos los que hayan declarado que participaron en los hechos o que los presenciaron. Cuando no asistiere alguno de los primeros podrá comisionarse a otra persona para que ocupe su lugar, salvo que esa falta de asistencia haga inútil la diligencia, la que por tanto se diferirá. Asimismo, intervendrán los peritos cuando sea necesario.

La descripción se hará en la forma que establece el artículo 239.



Artículo 249. Para practicar la reconstrucción se leerán las determinaciones de los que deban intervenir en la diligencia y se hará que explique prácticamente los hechos mencionados en aquéllas. Seguidamente y, en su caso, los peritos emitirán su dictamen, en vista de las declaraciones rendidas y de las circunstancias y huellas existentes en el lugar.
Los hechos explicados prácticamente, además de describirlos en el acta, serán reproducidos por medio del dibujo o de la fotografía, si ello es posible.
Cuando hubiese versiones distintas respecto de la manera en que se desarrollaron los hechos, se practicarán, si fueren conducentes al esclarecimiento de los mismos, las reconstrucciones relativas a cada una y los peritos dictaminarán cuál es la que se aproxima a la verdad.

CAPÍTULO IX

Documentos
Artículo 250. Los documentos que durante el procedimiento presenten las partes y cualquier tercero, así como los que hayan sido recogidos al inculpado, se guardarán en la caja de valores del juzgado, asentando en autos la razón respectiva.

Artículo 251. Siempre que alguna de las partes pidiese copias o testimonios de algún documento que obre en los archivos públicos, las otras tendrán derecho de pedir, dentro de tres días, que se agreguen con lo que crean conveniente del mismo asunto. El juez o tribunal resolverá de plano si es procedente la adición solicitada.
Artículo 252. Los documentos existentes fuera de la jurisdicción del Juzgado o tribunal en que se siga el procedimiento se compulsarán, a virtud de exhorto que se dirija al del lugar en que se encuentren.

Artículo 253. Los documentos privados y la correspondencia procedentes de uno de los interesados, que se presenten por otro, se reconocerán por aquél, con este objeto se le mostrarán originales y se les dejará ver todo el documento.

Artículo 254. Cuando el Ministerio Público estime que puedan encontrarse pruebas del delito que motive la instrucción, en la correspondencia que se dirija al inculpado, pedirá al juez y éste ordenará al jefe de la respectiva oficina postal que dicha correspondencia se entregue en la oficina del juzgado.
La correspondencia recogida será abierta por el juez, en presencia de su secretario, del Ministerio Público y del inculpado, sí estuviere en el lugar; enseguida el juez leerá para sí la correspondencia. Sí no tuviere relación con el hecho que se averigua, la entregará al inculpado o a alguna persona de su familia, si aquél no estuviese presente, si tuviere relación, le comunicará su contenido y mandará agregarla al expediente.

Artículo 255. El juez podrá ordenar a cualquier oficina telegráfica que le remita copias autorizadas de los telegramas relacionados con la materia del proceso, que dicha oficina transmita o reciba, si eso pudiere contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Artículo 256. El auto motivado que se dicte en los casos de los dos artículos que preceden, determinará con exactitud el nombre del destinatario de la correspondencia que deba ser recogida o, en su caso, de la persona a quien deban referirse los telegramas. La facultad concedida a los jueces en el artículo 255, la tiene también el Ministerio Público, en el período de averiguación previa.

Artículo 257. Cuando el funcionario del Ministerio Público que practique la investigación de algún delito, o el juez respectivo, a solicitud de parte, ordene que se compulse algún asiento o documento existente en libros, cuadernos o archivos, pertenecientes a instituciones de servicio público descentralizado o de crédito, a comerciantes individuales o colectivos, o a cualquier particular, quien solicite y quien ordene la compulsa, deberá especificar, con precisión, lo que deba comprender y el propósito de la misma.
Si el obligado a la exhibición la rehusare, se le citará, así como a los solicitantes de ella, a una audiencia, dentro de los tres días, en la que se resolverá lo que proceda, sin recurso alguno.

Artículo 258. Todas las oficinas públicas, estatales y municipales, así como las instituciones y personas a que se refiere el artículo anterior, están obligadas a rendir los informes que les pidan, tanto al Ministerio Público como la autoridad judicial, sin mas excepciones que las señaladas en las leyes federales o locales que normen su funcionamiento.

Artículo 259. Los documentos redactados en idioma extranjero se presentarán originales, acompañados de su traducción al castellano. Si ésta fuere objetada se ordenará que sean traducidos por los peritos que designe quien practique las diligencias.
Artículo 259 Bis. Al aprobar o solicitar una prueba genética, el juez deberá precisar los puntos a los que debe concretarse el examen, y los peritos deberán entregar al juzgador el resultado de la prueba que contenga únicamente los datos que le fueron requeridos en un formato que no permita la deducción de cualquier otra información genética del individuo.

CAPÍTULO X



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