Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco



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Artículo 47. En los comunicados que se libren para la aprehensión de un inculpado, a cualquier Estado de la República, se llenarán además, los requisitos señalados en los convenios de colaboración que al efecto se celebren entre las entidades federativas, el Gobierno del Distrito Federal, la Federación y otras autoridades de conformidad con lo establecido por el artículo 119 constitucional.
CAPÍTULO VII

Términos
Artículo 48. Los términos son improrrogables y empezarán a correr al día siguiente al de la fecha de la notificación respectiva, salvo los casos que este Código señale expresamente.
No se incluirán en los términos los domingos ni los días inhábiles, excepto si se trata de los señalados para poner al inculpado a disposición del juez que ordenó su aprehensión, de tomarle su declaración preparatoria o de resolver sobre su situación jurídica.
El auto de formal prisión, de sujeción a proceso o de libertad por falta de elementos para procesar, deberá dictarse en un período no mayor de setenta y dos horas, que podrá ampliarse en un plazo igual, sólo a petición del indiciado o de su defensor; decretada la ampliación, el juez deberá comunicarla inmediatamente al encargado del centro de reclusión donde se encuentre el detenido.

Artículo 49. Los términos se contarán por días naturales, excepto los que se refieren a los tres casos mencionados en el artículo anterior y a cualquiera otro que deba computarse por horas, los que correrán de momento a momento, a partir de la hora que corresponda conforme a la ley.
Para todos los casos en que no se fije término, la dilación será de tres días; pero, siempre que se vaya a desahogar una diligencia en lugar distinto al de la residencia del juzgado o tribunal del conocimiento, se ampliará en un día más por cada cien kilómetros de distancia o fracción que exceda de cuarenta kilómetros.

CAPÍTULO VIII

Audiencias
Artículo 50. Las audiencias serán públicas y en ellas el procesado podrá defenderse por sí mismo o por su defensor.
El Ministerio Público podrá replicar cuando lo estime necesario y la defensa podrá contestar en cada caso.
Si el acusado tuviere varios defensores, sólo a uno de ellos se oirá cuando corresponda hablar a la defensa. Lo mismo se hará cuando intervinieren varios agentes del Ministerio Público.
A las audiencias debe comparecer el Ministerio Público. Queda estrictamente prohibida la asistencia de detenidos o procesados que se encuentren esposados o sujetos a cualquier medio de coacción.

Artículo 51. En las audiencias a que se refieren los artículos 292 y 305, si el defensor fuere particular y no asistiese o se ausentare, se le impondrá una corrección disciplinaria y se nombrará un defensor de oficio, escogido por el mismo acusado, si éste estuviese presente. Si el faltista fuese defensor de oficio, se comunicará la falta a su superior inmediato y se le substituirá por otro.
Lo dispuesto en este artículo será sin perjuicio de que el procesado, si estuviera presente, nombre como defensor a cualquiera persona de las que estén en la audiencia y no tengan impedimento legal.
Si el faltista fuese el agente del Ministerio Público, se suspenderá la audiencia y se citará para otra, dentro de los cinco días siguientes, lo que se hará saber al Procurador General de Justicia para los efectos de que el agente del Ministerio Público no deje de asistir a la reanudación de la audiencia suspendida por su ausencia.

Artículo 52. Durante la audiencia, el procesado podrá comunicarse con sus defensores, pero no con el público.
Si alguna persona del público se comunica o intenta comunicarse con el procesado, será retirada de la audiencia y se le impondrá una corrección disciplinaria, si se estima pertinente.
Antes de cerrarse el debate, el funcionario que presida la audiencia preguntará al procesado si quiere hacer uso de la palabra y se le otorgará en caso afirmativo.

Artículo 53. Si el procesado altera el orden en una audiencia, se le apercibirá de que, si insiste en su actitud, se tendrá por renunciado su derecho a estar presente; si no obstante esto, continúa, se le mandará retirar del local y proseguirá la diligencia con su defensor.
Si fuere el defensor quien alterare el orden, se le apercibirá y, si continúa en la misma actitud, se le expulsará del local y podrá imponérsele además una corrección disciplinaria. Para que el procesado no carezca de defensor, se procederá de acuerdo con la parte primera del artículo 51.

Artículo 54. En las audiencias la policía estará a cargo del funcionario que presida.

CAPÍTULO IX

Correcciones Disciplinarias y Medios de Apremio
Artículo 55.- Los jueces, magistrados y agentes del Ministerio Público tienen la obligación de encauzar debidamente el procedimiento y, además, la de exigir que se les guarde el respecto (sic) y consideración debidos a la función que desempeñan, pudiendo hacer uso, al efecto, de las correcciones disciplinarias.
Son correcciones disciplinarias, que se aplicarán por su orden:
I. Apercibimiento;
II. Multa de uno a treinta días de salario mínimo general vigente en la época y área geográfica correspondiente;
III. Arresto hasta por treinta y seis horas; y
IV. Suspensión de función o empleo hasta por un mes.
Esta última corrección solamente podrá aplicarse a funcionarios o empleados que, por razón de su cargo, deban obedecer las órdenes de los jueces o tribunal.

Artículo 56.- Las correcciones disciplinarias previstas en las fracciones I, II y III del artículo anterior, podrán imponerse de plano en el acto de cometerse la falta, o después, en vista de lo consignado en el expediente o en la certificación que hubiese asentado el secretario por orden del Ministerio Público, Juez o Tribunal.
Artículo 57. Contra cualquiera providencia en que se imponga alguna corrección disciplinaria, se oirá al interesado, si lo solicita dentro de las veinticuatro horas siguientes de la que tenga conocimiento de ella. En vista de lo que manifieste el interesado, el funcionario que la hubiese impuesto resolverá desde luego lo que estime procedente.

Artículo 58.- Los agentes del ministerio público, jueces y el tribunal podrán emplear, para hacer cumplir sus determinaciones, los siguientes medios de apremio, que aplicarán progresivamente:
I. Multa de uno a treinta días de salario mínimo general vigente en la época y área geográfica correspondiente;
II. Auxilio de la fuerza pública; y
III. Arresto hasta por treinta y seis horas.
Los anteriores medios de apremio no podrán ser aplicados a los cónsules, sin perjuicio de exigirles responsabilidad en el caso de obediencia al mandato judicial.

CAPÍTULO X

Notificaciones

Artículo 59. Las notificaciones se harán a más tardar el día siguiente del que se dicten las resoluciones que las motiven.

Artículo 60. Las resoluciones contra las cuales procedan los recursos de revocación o de apelación se notificarán personalmente a las partes.
Las demás resoluciones, con excepción de los autos que ordenen aprehensiones, cateos, providencias precautorias, aseguramientos y otras diligencias análogas, respecto de las cuales el juez estime que deba guardarse sigilo para el éxito de la investigación, se notificarán al detenido o al procesado personalmente y, a los otros interesados, por medio de lista en la forma establecida en este capítulo.
Las resoluciones que deban guardarse en sigilo solamente se notificarán al Ministerio Público.

Artículo 61. No será necesaria la notificación personal al inculpado, cuando éste haya autorizado a su defensor para que reciba las notificaciones que deban hacérsele. Si tuviere varios defensores, designará a uno de ellos para que reciba las notificaciones de su parte, sin perjuicio de que sean notificados los demás, si así lo solicitaren; a falta de designación, bastará notificar a cualquiera de los defensores.

Artículo 62. Los funcionarios a quienes corresponda hacer las notificaciones que no sean personales, fijarán diariamente en la puerta del juzgado o tribunal, a primera hora del despacho, una lista de los asuntos acordados el día anterior, con expresión únicamente del número del expediente y del nombre del inculpado y asentarán constancia de ese hecho en los expedientes respectivos.
Si alguno de los interesados desea que se le haga notificación personal, podrá ocurrir, a más tardar, al día siguiente al día en que se fije la lista, solicitándola del funcionario encargado de hacerla. En todo caso, las notificaciones que no tengan que ser personales se tendrán por hechas y surtirán su efecto, particularmente para los fines del artículo 60, por la simple publicación de la lista.

Artículo 63. Las personas que tengan interés legal en un proceso designarán, en la primera diligencia en que intervengan, un domicilio ubicado en el lugar, para recibir notificaciones personales. Si por cualquiera circunstancia no hacen esa designación, cambian de domicilio sin dar aviso al juzgado o tribunal, o señalan uno falso, la notificación se les hará, aun cuando deba ser personal, en la forma que establece el artículo anterior.

Artículo 64. Las notificaciones personales se harán en el juzgado, en el tribunal, o en el domicilio designado. Si no se encuentra al interesado en el domicilio señalado, se le dejará con cualquiera de las personas que allí residan, una cédula que contendrá el nombre del funcionario que haya dictado la resolución; el proceso en que se pronunció; breve relación del tenor de la resolución que se notifica; el día y la hora en que se hace la notificación; el nombre de la persona en poder de quien se deja y el motivo por el cual no se hizo personalmente al interesado.
Si el interesado se niega a recibir al notificador, o las personas que residan en el domicilio se rehusan a recibir la cédula, se fijará ésta en la puerta de entrada de ese domicilio.

Artículo 65. En las notificaciones personales se asentará la fecha y la hora en que se practiquen, el nombre de la persona que las reciba, quien deberá firmar la constancia relativa y, si por cualquier motivo rehusa hacerlo, se asentarán en los autos los motivos que exponga. En todo caso la notificación será autorizada con la firma del que la haga, quien en sus casos pondrá razón de la negativa del interesado para firmar, o del motivo por el que no aparezca su firma.

Artículo 66. Si se probare que no se hizo una notificación decretada, o que se realizó en contravención de lo dispuesto en este capítulo, el notificador será responsable de los daños y perjuicios que por ellos se ocasionen imponiéndosele una corrección disciplinaria; si obró con dolo se le juzgará con arreglo a la ley.
Artículo 67. Si una notificación no se hizo en la forma que este código previene y, a pesar de ello, la persona que debía ser notificada se manifiesta sabedora de la providencia, se tendrá aquélla por hecha legalmente a partir de tal manifestación.

Artículo 68. Las notificaciones hechas contra lo dispuesto en este capítulo serán nulas, excepto en el caso del artículo anterior.

Artículo 69. Cuando cambiare el personal de un juzgado, no se proveerá auto especial para hacerlo saber a las partes, sino que en el primero que proveyere el nuevo funcionario se insertará su nombre completo. En las salas del tribunal, se pondrán los de los funcionarios que las integren.
Cuando no tenga que dictarse resolución alguna anterior a la sentencia, se hará saber por auto especial el cambio de personal.

CAPÍTULO XI

Resoluciones Judiciales
Artículo 70. Las resoluciones judiciales son: Sentencias, si terminan la instancia con resolución del asunto en lo principal; y autos en cualquier otro caso.
Toda resolución expresará la fecha en que se pronuncie.

Artículo 71. Las sentencias expresarán:
I. El lugar en que se pronuncien;
II. El asunto en que se dicten;
III. Los nombres y apellidos del o de los acusados, el sobrenombre del que lo tuviese, el lugar de su nacimiento, su edad, estado civil, residencia o domicilio, ocupación, oficio o profesión y el delito que se le impute;
IV. Un extracto breve de los hechos conducentes a la resolución;
V. Las consideraciones jurídicas y los fundamentos legales del fallo;
VI. La condena o absolución que proceda y los demás puntos resolutivos pertinentes; y
VII. El juzgado o tribunal que las emita y los nombres de sus titulares.

Artículo 72. Con excepción de los de mero trámite, los autos contendrán una breve exposición del punto de que se trate y la resolución que corresponda, precedida de su motivación y fundamentos legales.

Artículo 73. Los autos que contengan resoluciones de mero trámite deberán dictarse dentro de veinticuatro horas, contadas desde la constancia de la cuenta respectiva que dé la Secretaría; los demás autos, salvo lo que la ley disponga para casos especiales, dentro de tres días a partir de esa cuenta; y la sentencia dentro de quince días, contados del siguiente al de la terminación de la audiencia; pero si el expediente excediere de quinientas fojas, a este término aumentará un día por cada cincuenta de exceso.
Artículo 74. Las resoluciones judiciales se dictarán por los respectivos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia o por los jueces y serán firmadas por ellos y por el secretario que corresponda o, a falta de éste, por testigos de asistencia.

Artículo 75. La validez de las sentencias y de los autos dictados por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado o por alguna de sus salas requiere, cuando menos, del voto aprobatorio de la mayoría de sus miembros.

Artículo 76. Cuando alguno de los componentes del tribunal o sala no estuviese conforme con la resolución de la mayoría, expresará sucintamente las razones de su inconformidad, en voto particular, que se agregará al expediente.

Artículo 77. No se podrán modificar ni variar las sentencias después de firmadas, sin perjuicio de la aclaración de sentencia.

Artículo 78. Las resoluciones judiciales no se tendrán por consentidas, sino cuando notificada la parte, conteste expresamente de conformidad, o deje pasar el término señalado, para interponer el recurso que proceda.

CAPÍTULO XII

Cateos
Artículo 79. Si durante las diligencias de averiguación previa, de la policía investigadora o en los cursos de la instrucción, el Ministerio Público estimare necesaria la práctica de un cateo, pedirá al juzgado respectivo que se lo ordene.
Artículo 80. El cateo se practicará por el juez que lo ordene o por el secretario o actuario del juzgado, o por los funcionarios o agentes del Ministerio Público o de la Policía Investigadora que se designen en el mandamiento. Si otra autoridad hubiera pedido al Ministerio Público la promoción del cateo, podrá asistir a la diligencia.

Artículo 81. Para expedir una orden de cateo, satisfechos los requisitos constitucionales, bastará la existencia de indicios o datos que hagan presumir, fundadamente, que el inculpado a quien se trata de aprehender se encuentra en el lugar señalado o que ahí se hayan los objetos materia del delito; el instrumento del mismo; o libros, papeles u otros objetos que puedan servir para la comprobación del delito, de alguno de sus elementos constitutivos o de la probable responsabilidad del inculpado.

Artículo 82. El cateo se practicará entre las seis y las dieciocho horas; pero podrá continuarse después de éstas hasta su conclusión.
En casos urgentes, podrá practicarse a cualquiera hora, si así lo autoriza el respectivo mandamiento judicial.

Artículo 83. No será necesaria la orden previa para que la policía pueda entrar a las áreas públicas de edificios o lugares abiertos al público, cafés, restaurantes, tabernas, fondas y hoteles, tanto con el objeto de averiguar la existencia de un delito, como para aprehender a los presuntos responsables.

Artículo 84. Si al practicarse un cateo se descubriere un delito distinto del que lo haya motivado y que se persiga de oficio, se hará constar en el acto y se participará al Ministerio Público.

Artículo 85. El cateo en el despacho oficial de un funcionario público requerirá adoptar las medidas indispensables para que no se entorpezca la función que competa a dicho funcionario, procurando en todo caso practicarlo fuera de horas hábiles, sin perjuicio de la correspondiente vigilancia policíaca. Los archivos y documentos consulares son siempre inviolables donde quiera que se encuentren.

Artículo 86. Al practicarse un cateo se asegurarán los instrumentos y objetos del delito; así como los libros, papeles o cualesquiera otras cosas que se encuentren, si fueren conducentes al éxito de la investigación o estuvieran relacionados con el nuevo delito, en el caso del artículo 84. En todos los casos, se hará inventario de los objetos recogidos.
Artículo 87. Si el inculpado estuviere presente, se le mostrarán los objetos recogidos para que los reconozca y ponga en ellos su firma o rúbrica, o sus huellas digitales, de ser susceptibles de ello. En caso contrario, se unirá a ellos una tira de papel que sellará en la juntura de los dos extremos y se invitará al inculpado a que firme o ponga sus huellas digitales. En ambos casos, se hará constar el cumplimiento de las prevenciones que anteceden o la negativa del inculpado.

Artículo 87 Bis. Al concluir la diligencia de cateo, se levantará acta circunstanciada, en presencia de los testigos que estuvieron presentes en el lugar cateado, o, en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. Cuando no se cumplan los requisitos señalados en el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la diligencia carecerá de todo valor probatorio.
TÍTULO SEGUNDO

Averiguación Previa
CAPÍTULO I

Iniciación del Procedimiento
Artículo 88. Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito está obligada a denunciarlo al Ministerio Público y, en caso de urgencia, ante cualquier funcionario o agente de policía, los que darán cuenta inmediata al Ministerio Público.
Todo funcionario o empleado público, que en el ejercicio de sus funciones tenga noticias de la existencia de un delito, está obligado a participarlo inmediatamente al Ministerio Público, transmitiéndole todos los comprobantes o datos que tuviese, para que proceda conforme a sus atribuciones.
Se tendrá por incoada la denuncia, y acreditada la persecución, desde el momento mismo en que la victima, el ofendido o los testigos, hagan este hecho del conocimiento de cualquier autoridad.
El Ejecutivo del Estado podrá recompensar tratándose de delitos graves, recompensará a no mas de tres personas por cada caso, con el importe de por lo menos del equivalente a doscientos días de salario mínimo general vigente en la época y área geográfica en que se cometa el delito, siempre que se proporcione a la autoridad ministerial, información veraz con pormenores que hagan posible evitar o aclarar un delito o cuando producido éste, identifique a todos o algunos de los coautores de la comisión del mismo, pudiendo en su caso proporcionar a los informantes la protección y vigilancia que corresponda.
Artículo 89. Las denuncias y las querellas pueden formularse verbalmente o por escrito, sin perjuicio de que, en su caso, el Ministerio Público, el juez o tribunal puedan hacer comparecer personalmente ante sí al ofendido o denunciante, para tomar conocimiento directo del sujeto y de las circunstancias del hecho. Podrá admitirse la intervención de apoderado jurídico en el caso de personas jurídicas.
Cuando las denuncias o querellas se formulen verbalmente, se harán constar en acta que levantará el funcionario que las reciba. Cuando sean por escrito, deberán contener el domicilio y la firma o huella digital del que las presente.

Artículo 90. Es necesaria la querella del ofendido, solamente en los casos en que así lo determine el Código Penal u otra Ley. Se considerará parte ofendida a la víctima del delito. Tratándose de incapaces, éstos podrán querellarse por conducto de quienes los representen legalmente o por quienes mantengan la custodia de ellos y por medio del ministerio público a los que no tengan representantes.
Artículo 91. Cuando se presente la querella o la denuncia por escrito, deberá ser ratificada por el que la formule, quien proporcionará los datos que se considere oportuno pedirle.
Las personas a quienes se refiere el artículo 88, párrafo segundo, no están obligadas a hacer esa ratificación, pero el funcionario que reciba la denuncia, si tuviere dudas sobre ellas, deberá asegurarse de su personalidad y de la autenticidad del documento en que se haga la denuncia.

Artículo 92. El funcionario del Ministerio Público o de la Policía Investigadora que reciba una denuncia está obligado a proceder a la investigación del o de los delitos que la motiven, excepto en los casos siguientes:
I. Cuando se trate de delitos en los que solamente pueda procederse por querella necesaria, la cual podrá recabar el Ministerio Público hasta antes del ejercicio de la acción penal, sin que ello invalide las actuaciones practicadas con antelación a su presentación; y
II. Cuando la ley exija algún requisito previo, si éste no se ha llenado.
Si quien inicie una investigación no tiene a su cargo la función de proseguirla, dará inmediatamente cuenta a quien corresponda legalmente practicarla.

CAPÍTULO II

Reglas especiales para las actuaciones

en la Averiguación Previa
Artículo 93. Inmediatamente que el Ministerio Público, o el servidor público encargado de practicar diligencias de averiguación previa, tengan conocimiento de la probable existencia de un delito, dictará todas las medidas y providencias necesarias, para proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas, incluyendo en su caso, la atención médica de urgencia que requieran y la asesoría jurídica necesaria; impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios del hecho delictuoso, los instrumentos o cosas objeto o efecto del mismo, saber que personas fueron testigos; evitar que el delito se siga cometiendo y, en general, impedir que se dificulte la averiguación; además, procederá a la aprehensión de los responsables en los casos de flagrante delito.
El procedimiento controlado denominado cadena de custodia, es el que se aplica a los indicios materiales relacionados con el delito, desde su localización, identificación, recolección, embalaje, transportación, hasta su dictaminación y que tiene como fin no viciar el manejo que de ellos se haga y así evitar alteraciones, sustituciones, contaminaciones o destrucciones.
Cuando exista aseguramiento de estupefacientes o psicotrópicos previstos en la tabla del artículo 479 de la Ley General de Salud, el Ministerio Publico o el Juez solicitarán la elaboración del dictamen pericial correspondiente, a la autoridad competente, sobre los caracteres organolépticos o químicos de la sustancia asegurada. Este dictamen, cuando hubiere detenido, será rendido dentro del término de doce horas, a partir de su legal solicitud, a fin de no vulnerar lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Ministerio Público sólo podrá ordenar la detención del inculpado cuando se trate de caso urgente y se cometa algún delito de los señalados como graves en el artículo 342 de este código, conforme a lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Si el inculpado fue detenido o se presentó de manera voluntaria ante el Ministerio Público, se procederá de la siguiente forma:
I. Se hará constar por quien realice la detención o ante quien haya comparecido, el día, hora y lugar de su captura o comparecencia y, en su caso, el nombre y cargo de quien la ordenó. Sí ésta se practicó por una autoridad no dependiente del ministerio público, se asentará informe circunstanciado suscrito por la persona que la efectuó o en su caso por quien hubiese recibido al detenido;
II. Se le hará saber la imputación que existe en su contra, el nombre del denunciante y la naturaleza de la acusación;
III. Se le hará saber igualmente los derechos que dentro de la averiguación previa le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y particularmente los siguientes:
a) A declarar o abstenerse a ello, así como nombrar defensor o persona de su confianza y, si no lo hace, se le designará un defensor de oficio;
b) Que su defensor comparezca en todas las diligencias en las que se desahogue cualquier prueba;
c) Que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa y consten en la averiguación, para lo cual se le permitirá a él y su defensor consultar el expediente respectivo;
d) Se le reciban los testigos y demás pruebas que ofrezca, que se tomarán en cuenta para dictar la resolución que corresponda considerándole el tiempo necesario para ello, siempre que no se traduzca en entorpecimiento de la averiguación y las personas cuyo testimonio ofrezca se encuentren en el lugar en donde aquella se lleve a cabo;
e) Tan luego lo solicite, si procede, se le otorgue el beneficio de la libertad provisional bajo caución, conforme lo señalado en la fracción I del artículo 20 de la Constitución General de la República y en términos de lo que al respecto dispone este Código; y
f) Si el detenido desconoce el castellano, se le designará un traductor para que lo asista, quien le hará saber los derechos que tiene; tratándose de personas pertenecientes a los pueblos o comunidades indígenas, tanto el defensor como el intérprete correspondiente deberán tener pleno conocimiento de su lengua y cultura. Si se tratare de extranjeros la detención se comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular que corresponda, o a la delegación de servicios migratorios; y
IV. En todo caso se mantendrán separados los hombres y las mujeres en los lugares de detención o reclusión.
En caso en que la víctima del delito sea menor de edad y el agresor sea quien lo tiene en custodia el Agente del Ministerio Público encargado deberá ordenar la cesación de la convivencia del menor con sus familiares, aún de sus padres, cuando con dicha convivencia se ponga en peligro la seguridad o integridad del menor, debiendo ordenar el resguardo del menor en una institución autorizada poniéndolo a disposición del Consejo Estatal de la Familia o del Hogar Cabañas en su caso.


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