Código Civil del Estado de Jalisco



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Al margen un sello que dice: Gobierno de Jalisco. Poder Ejecutivo. Secretaría General de Gobierno. Estados Unidos Mexicanos.
Carlos Rivera Aceves, Gobernador Sustituto del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a los habitantes del mismo hago saber:
Que por la Secretaría del H. Congreso del Estado, se me ha comunicado el siguiente:
DECRETO

NUMERO 15776.‑ EL CONGRESO DEL ESTADO DECRETA:
CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO
LIBRO PRIMERO

Disposiciones Preliminares
Artículo 1º.‑ La Ley dará trato igual a las personas en el reconocimiento de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones.
En los actos y hechos civiles los jueces tomarán en consideración las circunstancias de incapacidad, senectud, cultura y condición social de las personas y en todos los casos procurarán la equidad entre las partes.

Artículo 2º.‑ Las disposiciones de este código serán ley supletoria de toda la Legislación Estatal.
Cuando en este código o en otras leyes del Estado se use el genérico masculino por efecto gramatical, se entenderá que las normas son aplicables tanto al varón como a la mujer salvo disposición expresa en contrario.
Las disposiciones de este código se deberán de entender de una manera generalizada, cuando por alguna circunstancia y siempre que sea de manera accidental faltare dicha generalización se hará así constar especialmente para que el acto jurídico surta sus efectos.
Cuando se haga referencia a algún artículo se entenderá que es de este mismo código salvo señalamiento en contrario.
Cuando se hable de salario mínimo general se entenderá que es el que rija en la capital del Estado.
Artículo 3º.‑ En las relaciones sociales, las disposiciones de este código se deberán de entender bajo los principios de reciprocidad y equidad entre los afectados.

Artículo 4º.‑ Cuando haya conflicto de derechos, a falta de ley que sea aplicable, la controversia se decidirá en favor de quien trate de evitarse perjuicios, y no en favor del que pretenda obtener un lucro.

Artículo 5º.‑ El derecho personal es el vínculo jurídico patrimonial entre dos personas.

Artículo 6º.‑ El derecho personalísimo es la potestad individual inherente a la persona humana con motivo de sus relaciones sociales. Es irrenunciable, intransferible e indelegable.

Artículo 7º.‑ El derecho real es el poder jurídico que tiene su titular sobre un bien. Es preferente, perseguible y oponible frente a terceros.

Artículo 8º.‑ La voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla. Sólo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente al interés público y siempre que la renuncia no perjudique derechos de tercero.
Artículo 9º.‑ La renuncia autorizada en el artículo anterior sólo producirá efecto si se hace en términos claros y precisos, de tal suerte que no quede duda del derecho que se renuncia.
Artículo 10.‑ Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público no tendrán valor, excepto en los casos en que la ley disponga lo contrario.

Artículo 11.‑ La ley sólo queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare expresamente o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior.
Artículo 12.‑ Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario.

Artículo 13.‑ La costumbre se debe de tomar en consideración para la interpretación de las leyes, de las convenciones o contratos y nunca para sustituirlos.

Artículo 14.‑ Las leyes que establecen excepción a las reglas generales, no son aplicables a caso alguno que no esté expresamente especificado en las mismas leyes.

Artículo 15.‑ La determinación del derecho aplicable se hará conforme a las siguientes reglas:



  1. El estado civil y la capacidad de las personas físicas se rige por el derecho del lugar de su domicilio;




  1. Los efectos jurídicos de actos y contratos celebrados fuera del Estado y que deban ser ejecutados dentro de su territorio, se regirán por las disposiciones de este código;




  1. La propiedad y la administración de bienes ubicados en el territorio del Estado, adquiridos por consortes domiciliados o no dentro del mismo, pero cuyo matrimonio se celebró fuera de él, bajo capitulaciones matrimoniales expresas u otro régimen económico matrimonial, se regirán por lo que se establezca en las capitulaciones o en las disposiciones que rijan dichas relaciones económico‑patrimoniales;




  1. La forma de los actos jurídicos se regirá por la legislación del lugar en que se celebren, pero las partes involucradas en ellos, residentes fuera del Estado, quedan en libertad para sujetarse a las formas prescritas por este código cuando el acto vaya a tener ejecución dentro del territorio del mismo;




  1. Los bienes inmuebles ubicados en el Estado de Jalisco y los bienes muebles que en él se encuentren, se regirán por las disposiciones de este código;




  1. Las disposiciones de este código en todo lo relativo a los derechos sobre alimentos; derechos de familia o derecho sucesorio, se aplicarán fuera del Estado cuando esas relaciones jurídicas se hubieren originado dentro del mismo; y




  1. El Derecho extranjero será aplicable en el Estado en casos de reciprocidad, siempre y cuando, con su aplicación, no se infrinjan normas prohibitivas o de interés público vigentes en Jalisco.



Artículo 16.‑ Los habitantes del Estado de Jalisco, quienes en él se encuentren de manera accidental, y las personas jurídicas, tienen obligación de ejercer sus actividades y de usar y disponer de sus bienes en forma que no perjudique a la colectividad, bajo las sanciones establecidas en este código y en las leyes relativas.
Artículo 17.‑ Los servidores públicos, teniendo en cuenta la falta de instrucción de algunas personas, su conformación cultural, su pertenencia a un pueblo indígena, su acceso a los medios de comunicación o su extrema pobreza, podrán eximirlos de las sanciones en que hubieren incurrido por la falta de cumplimiento de la ley que ignoraron o, de ser posible, concederles un plazo para que la cumplan, siempre que no se trate de leyes que afecten directamente el interés público, ni se lesionen derechos de tercero.
Tratándose de personas pertenecientes a los pueblos o comunidades indígenas, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos establecidos en la Constitución del Estado.
LIBRO SEGUNDO

De las Personas y de las Instituciones de Familia
TÍTULO PRIMERO

De las Personas Físicas
CAPÍTULO I

Disposiciones Generales
Artículo 18.‑ Persona física es todo ser humano.

Artículo 19.‑ La personalidad jurídica es uno de los atributos de la persona física, se adquiere por el nacimiento viable y se extingue por la muerte, pero desde el momento en que el ser humano es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos legales que señala este Código.

Artículo 20.‑ Sólo a la ley le corresponde regular la capacidad e incapacidad de las personas, tanto de goce, como de ejercicio:


  1. Hay capacidad de goce cuando se tiene la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones; y




  1. Hay capacidad de ejercicio cuando se tiene aptitud para ejercitar derechos y cumplir obligaciones.



Artículo 21. La capacidad jurídica es la regla, y la incapacidad puede ser natural o legal, en los términos que dicte ley.
Artículo 22. La minoría de edad y el estado de interdicción, son restricciones a la capacidad de ejercicio.
Artículo 23. Derogado.

CAPÍTULO II

De los Derechos de Personalidad
Artículo 24.‑ Los derechos de personalidad, tutelan y protegen el disfrute que tiene el ser humano, como integrante de un contexto social, en sus distintos atributos, esencia y cualidades, con motivo de sus interrelaciones con otras personas y frente al Estado.

Por lo que se refiere a las personas jurídicas les serán aplicables las disposiciones de este capítulo en lo conducente.



Artículo 25.‑ Los derechos de personalidad, por su origen, naturaleza y fin, no tienen más limitación que los derechos de terceros, la moral y las buenas costumbres. Como consecuencia, deben ser respetados por las autoridades y particulares.

Artículo 26.‑ Los derechos de personalidad son:


  1. Esenciales, en cuanto que garantizan el desarrollo individual y social, así como la existencia digna y reconocida del ser humano;




  1. Personalísimos, en cuanto que por ellos alcanza su plena individualidad la persona humana;




  1. Originarios, ya que se dan por el sólo nacimiento de la persona, sin importar el estatuto jurídico que después pueda corresponder a la misma;




  1. Innatos, ya que su existencia no requiere de reconocimiento jurídico alguno;




  1. Sin contenido patrimonial, en cuanto no son sujetos de valorización pecuniaria;




  1. Absolutos, porque no es admisible bajo ningún concepto su disminución ni su confrontación y valen frente a todas las personas;




  1. Inalienables, porque no pueden ser objetos de enajenación;




  1. Intransmisibles, porque son exclusivos de su titular y se extinguen con la muerte;




  1. Imprescriptibles, porque no se pierden por el transcurso del tiempo; e




  1. Irrenunciables, porque ni siquiera la voluntad de su titular basta para privar su eficacia.


Artículo 27.‑ El Estado y la sociedad, respetarán las costumbres, monumentos, procedimientos y tradiciones culturales de las sociedades y grupos, así como de las personas, familias y comunidades de los pueblos indígenas que las integran.
Se considera a la democracia no sólo como una estructura jurídica y un régimen político sino como un sistema de vida fundado en la capacidad de decisión responsable de las personas que permita su desarrollo y el constante mejoramiento económico, social, cultural y familiar.
Artículo 28.‑ Toda persona tiene derecho a que se respete:


  1. Su vida;




  1. Su integridad física y psíquica;




  1. Sus afectos, sentimientos y creencias;




  1. Su honor o reputación, y en su caso, el título profesional, arte, oficio u ocupación que haya alcanzado. No será objeto de demostración o manifestación que cause deshonra, desprecio y ofensa que le conlleve descrédito;




  1. Su nombre y, en su caso, seudónimo;




  1. Su presencia física;




  1. El secreto epistolar, telefónico, profesional, de comunicación teleimpresa y el secreto testamentario; y




  1. Su vida privada y familiar.


Artículo 29.‑ Las cartas particulares no pueden ser publicadas sin consentimiento de ambos corresponsales o de sus herederos; a excepción del caso en que la publicación sea necesaria para la prueba o defensa de algún derecho o cuando lo exijan el interés público o el adelanto de las ciencias.

Artículo 30.‑ Sin consentimiento de una persona, no pueden revelarse los secretos de ésta, a menos que la revelación haya de realizarse por un interés legítimo de quien la haga o en cumplimiento de un deber legal. La ley determinará quiénes tienen el deber de revelar un secreto.

Artículo 31.‑ La exhibición o reproducción por cualquier medio de la imagen; de la voz o de ambas de una persona, sin consentimiento de ésta y sin un fin lícito, conforme a lo dispuesto por los Artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, es violatoria de los derechos de personalidad.
Artículo 32.‑ No se consideran comprendidos dentro (sic) la prohibición que se señala en el artículo anterior, la imagen o la voz de la persona, cuando sean estos servidores públicos, en ejercicio o con motivo de su encargo.

Artículo 33.‑ El honor, el respeto al secreto, a la voz e imagen de los difuntos, quedará protegido por la ley.

Artículo 34.‑ La violación de los derechos de personalidad bien sea porque produzcan daño moral, daño económico, o ambos, es fuente de obligaciones en los términos de este código.

Artículo 35.‑ La responsabilidad civil a que se refiere el artículo anterior, no exime al autor o responsable, de cualquier otra sanción que le imponga la ley.
Artículo 36.‑ Toda persona capaz, tiene derecho a disponer parcialmente de su cuerpo, en beneficio terapéutico de otra, siempre que tal disposición no ponga en peligro la vida del disponente.

Artículo 37.‑ Puede igualmente disponer de su cuerpo total o parcialmente, para después de su muerte, con fines terapéuticos, de enseñanza o investigación.

Artículo 38.‑ La disposición de cuerpos, órganos y tejidos de seres humanos con fines terapéuticos y de investigación, será siempre a título gratuito.

Artículo 39.‑ En caso de disposición de cuerpos, total o parcialmente para después de la muerte o en el caso de muerte cerebral, el consentimiento para ello se regirá por cualesquiera de las siguientes formas:
I. Deberá hacerse constar mediante testamento público abierto o en documento público en que se haga constar la tutela voluntaria;
II. Expresarse por escrito ratificando su firma ante notario público, depositando tal documento ante sus parientes más próximos, con quienes conviva; en caso de no convivir con parientes, el depósito será con persona de su confianza; y
III. Surtirá efectos la declaración que se haga en forma expresa ante las autoridades competentes de vialidad o tránsito, con motivo de la expedición de los documentos en los que conste la autorización para conducir automotores.
La autoridad respectiva deberá percatarse que se cumplieron los requisitos antes indicados y entregará el cuerpo u órgano al beneficiario, recabando previamente la opinión de un médico legista.

Artículo 40.‑ La disposición de órganos con fines terapéuticos, puede consentirse también por quienes sean sus familiares o convivieron con la persona fallecida durante los dos años que precedieron a su fallecimiento, en el siguiente orden:


  1. El cónyuge, o el concubinario o concubinaria en su caso;




  1. Los descendientes o adoptados capaces;




  1. Los ascendientes o adoptantes;




  1. Los demás colaterales dentro del cuarto grado;




  1. En caso de concurrencia entre dos o más sujetos de los considerados en las fracciones anteriores y de existir conflicto para otorgar el consentimiento decidirá quien tenga prelación en su derecho, conforme al libro sexto del Código Civil. Si se trata de sujetos con el mismo derecho, se suspenderá el trámite de la donación de órganos, levantándose constancia para todos los fines legales correspondientes; y




  1. Se deroga.

CAPÍTULO III

De la Información Privada

Derogado
Artículo 40 Bis 1.- Se deroga.
Artículo 40 Bis 2.- Se deroga.
Artículo 40 Bis 3.- Se deroga.
Artículo 40 Bis 4.- Se deroga.
Artículo 40 Bis 5.- Se deroga.
Artículo 40 Bis 6.- Se deroga.
Artículo 40 Bis 7.- Se deroga.
Artículo 40 Bis 8.- Se deroga.
Artículo 40 Bis 9.- Se deroga.
Artículo 40 Bis 10.- Se deroga.
Artículo 40 Bis 11.- Se deroga.
Artículo 40 Bis 12.- Se deroga.
Artículo 40 Bis 13.- Se deroga.
Artículo 40 Bis 14.- Se deroga.
Artículo 40 Bis 15.- Se deroga.
Artículo 40 Bis 16.- Se deroga.
Artículo 40 Bis 17.- Se deroga.
Artículo 40 Bis 18.- Se deroga.
Artículo 40 Bis 19.- Se deroga.
Artículo 40 Bis 20.- Se deroga.
Artículo 40 Bis 21.- Se deroga.
Artículo 40 Bis 22.- Se deroga.
Artículo 40 Bis 23.- Se deroga.
Artículo 40 Bis 24.- Se deroga.
Artículo 40 Bis 25.- Se deroga.
Artículo 40 Bis 26.- Se deroga.
Artículo 40 Bis 27 Se deroga.
Artículo 40 Bis 28.- Se deroga.
Artículo 40 Bis 29.- Se deroga.
Artículo 40 Bis 30.- Se deroga.
Artículo 40 Bis 31.- Se deroga.
Artículo 40 Bis 32.- Se deroga.
Artículo 40 Bis 33.- Se deroga.
Artículo 40 Bis 34.- Se deroga.
Artículo 40 Bis 35.- Se deroga.
Artículo 40 Bis 36.- Se deroga.
Artículo 40 Bis 37.- Se deroga.
Artículo 40 Bis 38.- Se deroga.
Artículo 40 Bis 39.- Se deroga.
CAPÍTULO IV

Del Patrimonio
Artículo 41.‑ El ser humano es titular patrimonial en los aspectos económico, moral y social.
Artículo 42.‑ El patrimonio económico se forma por los derechos y obligaciones valorables en dinero y que constituyen una universalidad.

Artículo 43.‑ El patrimonio moral se constituye por los derechos y deberes no valorables en dinero y que se integran por los derechos de personalidad.

Artículo 44.‑ El patrimonio social compete a todos los seres humanos y pertenece a la presente y futuras generaciones.

Artículo 45.‑ El patrimonio social está compuesto por los ecosistemas, ya que de su equilibrio dependen la vida y el sano desarrollo productivo.
Todo ser humano tiene derecho a desarrollarse en un medio ambiente sano. Se considera de orden público e interés social la preservación y restauración del equilibrio ecológico.
CAPÍTULO V

De la Mayoría de Edad
Artículo 46.‑ La mayoría de edad comienza a los dieciocho años.

Artículo 47.‑ El mayor de edad dispone libremente de su persona y de sus bienes, salvo los casos de excepción establecidos en las leyes.

CAPÍTULO VI

De la Limitación a la Capacidad de Ejercicio
Artículo 48. La capacidad de ejercicio se reconoce por la ley a los mayores de edad, así como a las personas menores de edad emancipadas, en los casos que determine la ley.

Artículo 49. La interdicción y demás incapacidades que establezca la ley, son limitaciones a la capacidad de ejercicio.
Tratándose de niñas, niños y adolescentes se estará a lo dispuesto en la legislación general y estatal de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y este Código.

CAPÍTULO VII

Del Estado de Interdicción
Artículo 50. La limitación a la capacidad de ejercicio impuesta por la interdicción será la que se señale en los términos que dicte la sentencia respectiva, en la que deberá establecerse en qué tipo de actos el incapaz goza de plena autonomía en el ejercicio de su capacidad jurídica y en qué otros deberá intervenir un tutor para otorgarle asistencia.
Artículo 51. Son nulos todos los actos de administración ejecutados y los contratos celebrados por los incapaces, sin la asistencia del tutor, cuando se requiera la misma.

Artículo 52. La nulidad a que se refieren los dos artículos anteriores, sólo puede ser alegada, sea como acción, sea como excepción, por los incapaces o por sus legítimos representantes; pero no por las personas con quienes contrató, ni por los fiadores que se hayan dado al constituirse la obligación, ni por los mancomunados en ella.

Artículo 53.‑ La acción para pedir la nulidad, prescribe en los términos en que prescriben las acciones personales o reales, según la naturaleza del acto cuya nulidad se pretende.

Artículo 54. Las personas menores de edad no pueden alegar la nulidad a que se refiere este capítulo, en las obligaciones que hubieren contraído sobre las materias propias de la profesión o arte en que sean peritos.
Artículo 55. Tampoco pueden alegarla las personas menores de edad, si han presentado certificados falsos del Registro Civil para hacerse pasar como mayores o han manifestado dolosamente que lo eran.



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