C o n t e n I d o



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ROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE COMPAREZCAN LOS TITULARES DE LAS SECRETARIAS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y RELACIONES EXTERIORES, DEL BANCO DE MEXICO, FINANCIERA RURAL PARA QUE PROPORCIONE INFORMACION DEL AHORRO DE LOS TRABAJADORES EX BRACEROS.

Las y los suscritos, diputadas y diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:



CONSIDERACIONES
Que durante la segunda Guerra Mundial, se dio el reclutamiento y empleo de ciudadanos mexicanos, para cubrir las necesidades de mano de obra para los campos agrícolas y el mantenimiento de los ferrocarriles estadounidenses.
Debido a la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la necesidad de mano de obra era tan imperiosa que Washington firmó un acuerdo con el gobierno de México para importar trabajadores. Así nació el Programa Bracero que se estima llevo a Estados Unidos más de 5 millones de trabajadores.
Los gobiernos de EU y de México celebraron, el 4 de agosto de 1942, un Acuerdo para Reglamentar la Contratación (temporal) de Trabajadores Agrícolas Migratorios Mexicanos. El Convenio Binacional duró hasta 1964, aunque posteriormente se siguió laborando hasta 1966.

En el Convenio, se establecía la creación del fondo de retención del 10 por ciento de los salarios que percibían los trabajadores en Estados Unidos, mismos que se depositaron vía Wells Fargo, transfiriéndose al Banco de México y éste, a su vez, al Banco de Crédito Agrícola, SA, y al Banco del Ahorro Nacional, con la intención de entregarlo al trabajador bracero a su regreso a México.


Por lo menos cinco millones de mexicanos firmaron contratos de trabajo en Estados Unidos, entre 1942 y 1964. Como parte de ese acuerdo, ambos gobiernos instituyeron un “fondo de ahorro” obligatorio para trabajadores agrícolas y ferroviarios. El descuento del 10 por ciento a los salarios de los trabajadores les sería devuelto al retornar a México, sin embargo, eso nunca ocurrió.
Otro hecho a destacar en el pago de cuotas del 10 por ciento, de los braceros que trabajaron en Estados Unidos entre 1942-1964, es que el 12 julio de 1975 se fusiona el Banco Nacional de Crédito Agrícola al Banco Nacional de Crédito Agrícola Rural (Banrural),hoy financiera Rural.
Con el paso de los años, los ex trabajadores braceros quedaron en estado de indefensión, al no encontrarse documentación que amparara tales transferencias y, por otro lado, al haber miles de ex braceros que tienen en su poder las copias de sus contratos, credenciales de ex braceros y documentos que comprueban que ellos trabajaron en Estados Unidos bajo el Convenio Binacional.
Consideramos que mucho podrá aportar para esclarecer el destino de los recursos de los ex braceros, tanto la Secretaría de Hacienda como cabeza del sector financiero y el Banco de México, ya que este último recibió y transfirió los recursos, además cuenta con información económica, financiera y bancaria desde 1925. En este sentido, deseo citar el Informe anual de 1945 del Banco Central, que en la pagina 12 dice:
Del movimiento de turistas y los envíos de braceros se estima un rendimiento mensual conjunto cercano a 5 millones de dólares. Esta cifra fue el resultado de diversas encuestas entre viajeros visitantes del país y de estimaciones realizadas con base en los ahorros obligatorios efectuados por los braceros mexicanos y en las cantidades aproximadas que tales trabajadores han ingresado al país en su viaje de regreso de Estados Unidos.”
Es obligación de esta soberanía investigar en dónde están los recursos del fondo de aportaciones de los ex migrantes. En el Banco de México y en Financiera Rural tiene que haber documentos, información que validen la existencia de ese fondo y, por supuesto, que se tendrán que deslindar responsabilidades para saber quién hizo uso de esos recursos.

Consideramos que el tema de los fondos de los Ex Braceros es un grave problema de justicia social y, como tal, el Ejecutivo Federal debe responder por un fraude cometido hace más de cincuenta años en contra de nuestros connacionales.

Después de tantos años es justo reconocer la deuda que se tiene con los miles de trabajadores mexicanos que entre 1942 y 1964 fueron a ese país para laborar en el ferrocarril y en los campos de cultivo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este pleno el siguiente:




PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la comparecencia de los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Públicos y Relaciones Exteriores, del Banco de México y Financiera Rural, para que se explique el destino del fondo de retención de los trabajadores ex braceros.

Diputado Valentín González Bautista Diputado Alfonso Ramírez Cuellar

Diputado Omar Ortega

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 23 de junio de 2004

Del Dip. Gilberto Ensástiga Santiago, a nombre de la Dip. Cristina Portillo Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Gobernación, a fin de que informe respecto a los lineamientos y cumplimiento de metas del plan estratégico que en materia de inteligencia contra la delincuencia organizada desarrolla el CISEN.







Dip. Gilberto Ensástiga Santiago



Palacio Legislativo

Edificio B, Piso 3

Teléfono: 56.28.13.00

Extensión:



3464

gilberto.ensastiga@congreso.gob.mx








CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN CITE A COMPARECER AL SEÑOR LICENCIADO SANTIAGO CREEL MIRANDA, A FIN DE QUE A LA BREVEDAD POSIBLE INFORME A ESTA REPRESENTACIÓN NACIONAL RESPECTO A LOS LINEAMIENTOS Y CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO QUE EN MATERIA DE INTELIGENCIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA DESARROLLA EL CISEN.
La que suscribe, Diputada Federal Cristina Portillo Ayala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, presento ante la Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones:
El gobierno de Vicente Fox ha perdido la lucha contra el crimen organizado. A casi 4 años del “gobierno del cambio”, la delincuencia organizada se ha convertido en una próspera empresa perversa que ha ido trastocando las estructuras políticas y jurídicas del país, deteriorando gravemente nuestros sistemas de procuración y administración de justicia.
Las cifras causan pánico. De acuerdo a cálculos basados en estimaciones de organismos nacionales e internacionales, el crimen organizado en México habría tenido durante 2003 un ingreso cercano a los 130 mil millones de dólares.
Para la DEA, el narcotráfico en México genera 90 mil millones de dólares anuales, el lavado de dinero 25 mil millones y el contrabando y la piratería alrededor de 8 mil millones. Pero además, hay muchas otras mafias cuya actividad produce miles de millones de dólares a los criminales, como el secuestro, robo de combustibles a PEMEX, redes de prostitución y delitos financieros, tráfico de infantes, de órganos, de migrantes y armas.
La empresa del crimen repercute de manera grave y negativa en el tejido social, en las instituciones públicas y en las políticas del Estado. También en las condiciones de seguridad y bienestar nacionales. El clima de inseguridad desalienta la inversión privada y extranjera. Con razón, se quejan empresas que la actividad impune de organizaciones de delincuentes en todo el país, eleva en más de 20% sus costos de operación, para tratar de brindar protección a sus ejecutivos.
Es natural, en todo el territorio nacional existe una demanda social creciente de seguridad; sin embargo, más allá del discurso, en los hechos, la lucha contra el crimen organizado no se encuentra dentro de las prioridades del gobierno de Vicente Fox. Después de casi 4 años de mandato, ha sido absolutamente incapaz de conformar un verdadero programa de "política criminal nacional", que articule y de coherencia a los esfuerzos federales y locales para combatir la inseguridad.
Frente a una cada vez mayor sofisticación de las bandas del crimen organizado, el gabinete de seguridad de Vicente Fox ha sido puramente reactivo y burocrático. Siempre se reacciona contra hechos delictuosos consumados, nunca existe un plan estratégico que se adelante y prevenga la actuación criminal.
Ante una delincuencia que tiene a su alcance enormes recursos financieros, la información y la inteligencia debieran constituir elementos fundamentales para proveer seguridad al Estado y a los ciudadanos.
Una de las estrategias esenciales de una política de seguridad democrática debiera apuntar hacia la estructuración de un sistema de inteligencia e información oportuno, eficaz y altamente ligado a la cooperación de la ciudadanía, que anticipara a las actividades ilícitas.
La carencia, la insuficiencia y la descoordinación en la información e inteligencia del Estado, y lo que puede ser aún peor, la rivalidad entre quienes tienen la responsabilidad de recaudarla y manejarla, han sido reiteradamente señaladas por especialistas como unas de las principales deficiencias de nuestro sistema de seguridad pública.
No obstante, en el periodo de Vicente Fox, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) no funciona como órgano de Estado al servicio de la sociedad, sino como instrumento de régimen puesto al servicio de grupos políticos en el poder, en oscuro afán de someter adversarios políticos y provocar condiciones de permanencia en el poder que les favorezcan.
En lo que va del sexenio, las actividades del CISEN se apartan cada vez más de uno de los principales temas de su agenda, realizar inteligencia y contrainteligencia en materia de delincuencia organizada, coinciden actores políticos y sociales de todas las tendencias.
En días pasados, Francisco Labastida Ochoa, ex-candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República, responsabilizó a Vicente Fox por el incremento de los secuestros en el país, ya que, según aseguró, al llegar al poder, el titular del Ejecutivo “desmanteló el grupo antisecuestros más importante que había en México”, precisamente adscrito al Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
En vista de las consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente punto de acuerdo:
Primero.- En su carácter de Secretario de Gobernación y titular del Consejo Interinstitucional del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer al señor Licenciado Santiago Creel Miranda, para que a la brevedad posible informe a esta representación nacional respecto a los lineamientos y cumplimiento de metas del Plan Estratégico que en materia de inteligencia contra la delincuencia organizada desarrolla el CISEN.
Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, integra una Comisión Plural con un representante por partido político, para que recabe y evalúe información respecto a los lineamientos y cumplimiento de metas del Plan Estratégico que en materia de inteligencia contra la delincuencia organizada desarrolla el CISEN.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los veintitrés días del mes de junio de dos mil cuatro.


DIPUTADA FEDERAL CRISTINA PORTILLO AYALA
Del Sen. Raymundo Cárdenas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que solicita al Ejecutivo Federal, informe las medidas que está instrumentando para fomentar el desarrollo de las sociedades cooperativas.

E






SEN. Raymundo
Cárdenas
Hernández




Torre del Caballito
Piso 26, Oficina 14 Reforma 10
Col. Tabacalera
México DF, 06030
Tels. 53.45.30.00
Exts 53 45 30 00, 3133, 3134
Fax: 3604
http://www.prd.senado.gob.mx/

content/micrositios/raymundo_



cardenas/index.htm
rcardenas@senado.gob.mx



l suscrito, Raymundo Cárdenas Hernández, Senador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LIX Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 67 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente: Propuesta con Punto de Acuerdo por el que solicita al Ejecutivo Federal, informen a esta Soberanía las medidas que está instrumentando para fomentar el desarrollo de las sociedades cooperativas. Al tenor de las siguientes:

Catálogo: sgsp -> gaceta


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