C o n t e n I d o



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ROPOSICION

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL BANCO DE MEXICO EL ENVIO A ESTA H. CAMARA, DE COPIAS DE TODOS LOS PAGARES EMITIDOS POR EL FOBAPROA DENTRO DEL PROGRAMA DE CAPITALIZACION Y COMPRA DE CARTYERA Y SE REITERA EL SENTIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO EL PRIMERO DEL 13 DE AGOSTO DEL 2003 TOMADO POR CONSENSO DE TODOS LOS GRUPOS LEGISLATIVOS EN LA COMISION PERMANENTE Y OTROS POSTERIORES, EN CUANTO A QUE EL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 5º TRANSITORIO DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO DEBA REALIZARSE CON APEGO RIGUROSO A NUESTRA NORMATIVIDAD JURIDICA Y CON LA TRANSPARENCIA Y CONOCIMIENTO DEL CASO QUE ESTA SOBERANIA DEMANDA.

ANTECEDENTES

PARA LA ADOPCION DEL PUNTO DE ACUERDO QUE SOMETEMOS A LA CONSIDERACION DEL ESTA H. COMISION PERMANENTE, LOS LEGISLADORES QUE LO SUSCRIBEN HEMOS TOMADO EN CONSIDERACION LO SIGUIENTES:

1- QUE CON FECHA 19 DE ENERO DE 1999 SE EXPIDIÓ LA LEY DE PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (LPAB) CUYO OBJETO ES ESTABLECER UN SISTEMA DE PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO A FAVOR DE LAS PERSONAS QUE REALICEN CUALQUIERA DE LAS OPERACIONES GARANTIZADAS EN LA PROPIA LEY, REGULAR LOS APOYOS FINANCIEROS QUE SE OTORGUEN A LAS INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE PARA LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DEL PÚBLICO AHORRADOR, ASÍ COMO ESTABLECER LAS BASES PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD PÚBLICA ENCARGADA DE ESTAS FUNCIONES.
2- QUE LA LPAB PREVIÓ UN RÉGIMEN TRANSITORIO RESPECTO DE LAS OPERACIONES DEL FOBAPROA Y SUS MECANISMOS DE EXTINCIÓN EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

A) EL FOBAPROA SEGUIRÍA EN OPERACIÓN CON EL ÚNICO OBJETO DE ADMINISTRAR LAS OPERACIONES DEL PROGRAMA DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA (PCCC) Y DE DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LPAB, A FIN DE QUE CONCLUYERAN LAS AUDITORÍAS ORDENADAS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

B) UNA VEZ CONCLUIDAS LAS AUDITORÍAS, LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES PODRÍAN OPTAR POR DAR POR TERMINADOS LOS CONTRATOS Y CANCELAR LAS OPERACIONES QUE MANTENÍAN CON EL FOBAPROA, PARA LO CUAL DEBERAN REGRESAR AL MISMO LOS TÍTULOS DE CRÉDITO QUE ÉSTE HUBIERA EMITIDO A SU FAVOR Y A CAMBIO, EL FOBAPROA LES DEVOLVERÍA LOS DERECHOS DE COBRO DE LA CARTERA OBJETO DEL PROGRAMA DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA.
C) SIMULTÁNEAMENTE, EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB) OTORGARÍA A LAS CITADAS INSTITUCIONES UNA GARANTÍA O INSTRUMENTO DE PAGO QUE CUBRIERA LOS REFERIDOS DERECHOS DE COBRO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE INDICARAN EN LAS REGLAS GENERALES QUE PARA TAL EFECTO EMITIERA LA JUNTA DE GOBIERNO DEL IPAB, LAS CUALES DEBÍAN DARSE A CONOCER A LOS TREINTA DIAS SIGUIENTES A LA ENTRADA EN OPERACIÓN DEL IPAB.

3- QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS CONTRATÓ AL AUDITOR MICHAEL MACKEY A EFECTO DE QUE LLEVARA A CABO Y COORDINARA LAS AUDITORÍAS CORRESPONDIENTES A LAS OPERACIONES DEL FONDO. POSTERIORMENTE, SEGÚN LO ORDENA EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LPAB EN CASO DE QUE LA AUDITORÍA REPORTE IRREGULARIDADES SE PROCEDERÁ INMEDIATAMENTE A DESLINDAR LAS RESPONSABILIDADES A QUE HUBIERE LUGAR Y LOS INFRACTORES ASUMIRÁN SU PLENA REAPONSABILIDAD LEGAL Y ECONÓMICA.

4- QUE EL 18 DE JUNIO DE 1999 SE PUBLICARON LAS REGLAS GENERALES DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LPAB, EN LAS CUALES SE ESTABLECIÓ QUE EL NUEVO PROGRAMA SERÍA VOLUNTARIO PARA LOS BANCOS Y QUE LA SOLICITUD DE INGRESO RESPECTIVA DEBERÍA SER PRESENTADA AL IPAB A MÁS TARDAR EN UN PLAZO DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE NOTIFICARA A LA INSTITUCIÓN, MANIFESTANDO SU CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL NUEVO PROGRAMA.
5- QUE EL DÍA 23 DE JULIO DE 1999 EL AUDITOR MICHAEL MACKEY ENTREGÓ SU INFORME DE RESULTADOS, INCLUIDOS LOS BANK REPORTS, A LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL MISMO QUE, A SU VEZ, FUE ENTREGADO AL IPAB Y DICHOS BANK REPORTS FUERON PUESTOS EN CONOCIMIENTO DE LOS VOCALES INDEPENDIENTES RECIÉN EN JUNIO DEL AÑO 2001, HABIENDO TRANSCURRIDO CASI DOS AÑOS PARA ELLO.
6- QUE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 1999 LOS BANCOS INVOLUCRADOS EN EL PROGRAMA DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA, MEDIANTE OFICIO AL IPAB EN CADA CASO, SE ADHIRIERON A LAS REGLAS GENERALES ELABORADAS POR EL IPAB EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LPAB, ACEPTANDO AL IPAB SER AUDITADOS, IMPLEMENTAR EL NUEVO PROGRAMA Y LA CANCELACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA.
7- QUE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA (HOY AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN) CON MOTIVO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 1998 CONSIDERÓ PERTINENTE MANTENER UNA AUDITORÍA PERMANENTE EN EL IPAB, EN SEGUIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LA LPAB.

8- QUE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN HA FORMULADO DIVERSAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA EN LA REVISIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS AÑOS 1999, 2000, 2001 Y 2002.

9- QUE MUCHAS DE ESAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO HAN SIDO ATENDIDAS A CABALIDAD ENCONTRANDOSE PENDIENTE EL CUMPLIMIENTO CABAL DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LPAB.

10- QUE, ADICIONALMENTE, LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN EL PROGRAMA DE CAPITALIZACION Y COMPRA DE CARTERA DEL FIDEICOMISO FOBAPROA HAN PROMOVIDO JUICIOS DE AMPARO PARA IMPEDIR LAS REVISONES QUE DISPUSO EL IPAB PARA CUMPLIR CON LA SOLICITUD DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE SEMTIEMBRE DEL AÑO 2000 Y ACORDADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO DEL IPAB EN MAYO DEL 2002 PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LPAB..


11- QUE EL 13 DE AGOSTO DEL 2003 EN LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SE APROBÓ UN PUNTO DE ACUERDO UNÁNIME POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO A CONVOCAR A LAS INSTITUCIONES BANCARIAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE CAPITALIZACIÓN Y COMPRA DE CARTERA PARA QUE CUMPLAN CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LPAB.
12- QUE, ADICIONALMENTE, A LA FECHA, EL NIVEL DE LOS PASIVOS DEL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO HAN ASCENDIDO A UN NIVEL PREOCUPANTE QUE HACE INDISPENSABLE LA ATENCIÓN DEL PODER LEGISLATIVO PARA FORTALECER A ESA INDISPENSABLE INSTITUCIÓN, PARA EL SISTEMA FINANCIERO, DE LOS MECANISMOS LEGALES NECESARIOS PARA QUE MANTENGA EL SOLVENTE NIVEL DE DESEMPEÑO DEMOSTRADO HASTA LA FECHA.

13- QUE TALES PASIVOS DEL IPAB TENDRIAN QUE SUFRIR UNA IMPORTANTE MODIFICACIÓN DE CUMPLIRSE CABALMENTE EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEBIENDO MODIFICARSE, INCLUSIVE, EL NIVEL DE EGRESOS DEL PRESUPUESTO DE LA FEDERACIÓN EN LO REFERENTE A LOS AÑOS FISCALES INVOLUCRADOS EN EL PROGRAMA DE CAPITALIZACIÓN y COMPRA DE CARTERA DEL FIDEICOMISO ANTES CITADO.



CONSIDERANDO
1- QUE ES FUNDAMENTAL EL CUMPLIMIENTO CABAL DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO PARA LO CUAL DEBEN CUMPLIRSE LOS APRESTOS SEÑALADOS EN LA MISMA LEY.

2- QUE ES NECESARIO QUE EL PODER LEGISLATIVO EXPRESE DE MANERA CONTUNDENTE Y DEFINITIVA SU POSTURA SOBRE LAS CONTROVERSIAS QUE PUDIERAN SUSCITARSE O SE HAYAN SUSCITADO RESPECTO DE LAS AUDITORÍAS Y REVISIONES QUE SEA NECESARIO EFECTUAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LP AB.

3- QUE ESTA SOBERANIA COMO ACTO PRECAUTORIO DEBE TOMAR NOTA PRECISA DEL ORIGEN Y MONTO ACTUAL DE LOS PASIVOS DEL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO Y DESARROLLAR LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA SU ADECUADO MANEJO Y POSTERIOR REDUCCIÓN.

4- QUE EL PODER LEGISLATIVO TIENE FUNDAMENTAL INTERÉS EN QUE SE INSTRUMENTE, CON ESTRICTO APEGO A LA LEY, EL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LP AB.
5- QUE EN EL PROCESO ES INDISPENSABLE TOMAR EN CUENTA LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE LOS AÑOS 1999,2000, 2001 Y 2002, ASI COMO LOS HALLAZGOS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL IPAB.
6.- QUE PARA EL PROCESO DE PREPARACION Y ESTUDIO DE LA LEY DE INGRESOS 2005, ESTA SOBERANIA REQUIERE CONOCER LOS PAGARES DEL FOBAPROA QUE SON CONSIDERADOS DEUDA CONTINGENTE POR LA SHCP Y, EN CONSECUENCIA, UNA VEZ CUMPLIMENTADO EL PROCESO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LPAB PODRIAN CONVESTIRSE EN PASIVOS DEL IPAB Y CONSECUENTEMENTE EN DEUDA PUBLICA, PERO SERIA IMPENSABLE HABLAR DE ESTA, SI LOS LEGISLADORES FEDERALES NO CONOCEN ESOS DOCUMENTOS.
EN RAZÓN DE LO ANTERIOR SUSTENTADO EN LOS ARTÍCULOS 71 FRACC. II y 78 FRACC. III DE NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 58 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL PLENO EL SIGUIENTE:

PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- LA HONORABLE COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION REITERA EL SENTIDO DEL PUNTO DE ACUERDO DEL 13 DE AGOSTO DEL AÑO 2003 Y SE PRONUNCIA PORQUE EL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO DEBA REALIZARSE CON ESTRICTO APEGO A NUESTRA NORMATIVIDAD JURIDICA Y CON LA TRANSPARENCIA QUE LOS TIEMPOS ACTUALES EXIGEN Y CON LA LEGITIMIDAD QUE LA SOCIEDAD DEMANDA DE TODOS LOS ACTOS DE GOBIERNO.

POR LA BREVEDAD DEL TIEMPO PARA QUE ESTA H. LEGISLATURA ESTÉ ABORDANDO Y RESOLVIENDO ESTE TRASCENDENTAL PROBLEMA PARA LA VIDA DEL PAIS, ESTA SOBERANIA SOLICITA AL BANCO DE MEXICO EL ENVIO A LA MISMA DE COPIAS DE LOS PAGARES DEL FOBAPROA, INVOLUCRADOS EN EL PCCC POR LO QUE LOS PROMOVENTES PIDEN A LA PRESIDENCIA SE CONSIDERE DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION.

SALON DE SESIONES DE LA H. CAMARA DE SENADORES SEDE DE LA H. COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION.

MEXICO, D. F. A LOS 23 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2004



SENADOR LUIS ALBERTO RICO SAMANIEGO

Del Dip. José Manuel Carrillo Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, detenga la entrega de recursos federales al gobierno del Estado de Jalisco para la construcción del proyecto de Arcediano.



PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, DETENGA LA ENTREGA DE RECURSOS FEDERALES AL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE ARCEDIANO, HASTA QUE SE ACLARE SI EXISTE CONTAMINACIÓN O NO EN EL SITIO EN DONDE SE PRETENDE CONSTRUIR LA PRESA, ASI COMO QUE SEA ACREDITADA DEBIDAMENTE LA CALIDAD DEL AGUA QUE SERÁ UTILIZADA POR LOS HABITANTES DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA.

El suscrito Diputado Federal a la LIX Legislatura José Manuel Carrillo Rubio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes:



CONSIDERACIONES

Que uno de los principales retos del gobierno del estado de Jalisco es garantizar la disponibilidad de las fuentes de abastecimiento para la Zona Conurbada de Guadalajara en el corto, mediano y largo plazo.

Que los proyectos gubernamentales tienen la responsabilidad de cuidar que existan condiciones de higiene y salud que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Que es esencial un abasto de agua limpia para mantener a cada persona viva y saludable.

Al respecto me permito exponer ante ustedes lo siguiente:


  • Con fecha de 8 de mayo de 2003 fue aprobado por el Congreso Local de Jalisco una iniciativa del Ejecutivo estatal en la que se establece la construcción de un sistema de captación y bombeo en el Río Verde, así como el Programa de Saneamiento y Reuso de Aguas de la Zona Conurbada de Guadalajara.




  • El 19 de febrero de 2004, el Ejecutivo Estatal envió una iniciativa al Congreso para enmendar el Decreto 19985 y señalar que dichos proyectos tendrán su referente en el sitio Arcediano, siguiendo la propuesta elegida por la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento. Debe decirse que a la fecha tal iniciativa se encuentra en estudio.




  • El proyecto planteado es de gran importancia, no sólo por la inversión financiera que implica, sino porque se trata de una decisión pública determinante para el desarrollo económico y social de Jalisco en las próximas décadas.




  • Para la realización de este proyecto se pretende que haya financiamiento estatal y federal.




  • En la opinión pública existen posturas encontradas al respecto, tanto del ámbito académico como de la sociedad civil. Incluso hay múltiples voces que se declaran abiertamente en contra del proyecto.




  • Al tratarse de un tema decisivo para la agenda social, instituciones educativas, se han pronunciado en torno a la viabilidad del proyecto. Recientemente han presentado a la comunidad en general los resultados de un estudio realizado por sus expertos respecto de este tema, a fin de servir de elemento técnico para la adecuada toma de decisiones.




  • En el estudio señalado se encontraron múltiples inconsistencias de carácter técnico que de realizarse el proyecto podrían significar efectos graves para el medio ambiente, la salud de la población y las finanzas públicas.




  • Que en mi carácter de representante popular me preocupa de sobre manera y particularmente los aspectos relacionados con la salud de la población. La preservación de la salud y la prevención de las enfermedades es un derecho de los ciudadanos que los legisladores tenemos la obligación de resguardar, por que una sociedad saludable permite tener éxitos en el desarrollo económico cultural y social.

Dentro de los elementos a considerar como potenciales riesgos a la salud de la sociedad jalisciense dentro del proyecto de Arcediano, se encuentran los siguientes:




  1. El proyecto elaborado por las autoridades estatales carece de una cuantificación apropiada de los riesgos, dado que no se consideran adecuadamente los efectos que se podrían presentar a la salud y medio ambiente.




  1. La cuenca del sistema Lerma-Chapala-Santiago esta considerada como una de las más afectadas por la contaminación.




  1. Existe un alto volumen de descargas de residuos químicos a lo largo de la cuenca del río Santiago lo que tiene como consecuencia una alta concentración de elementos contaminantes entre los que se encuentran principalmente metales pesados que son considerados como de alta peligrosidad y riesgo (Plomo, Cadmio, Arsénico, Mercurio, Aluminio y Cianuro). Las consecuencias de la presencia de estos contaminantes en el agua puede producir diversas alteraciones de los sistemas reproductivo y nervioso, retraso en el aprendizaje, perdida de memoria, cáncer y alteración al tejido óseo, en caso de inhalación, absorción o ingestión.




  1. Hay alta probabilidad de que el cauce del río Santiago esté contaminado por plaguicidas de elevada toxicidad derivado de la actividad agrícola de la región. Ello puede ser causa de efectos perturbadores sobre la salud.




  1. Las aguas residuales de las comunidades instaladas a lo largo del trayecto de la cuenca, resultan en una preocupación adicional dada la presencia de virus, bacterias o parásitos que pueden contener.




  1. No se encuentra en el proyecto el análisis acerca de los efectos diferenciales sobre la salud que la construcción de la presa puede tener para los diversos grupos poblacionales, dándose por supuesto que no habrá riesgos, cuando las experiencias de otros países o de otras presas en nuestro país y en Jalisco demuestran lo contrario, sobre todo tratándose de los grupos más vulnerables, como son los niños y los ancianos.




  1. Debido a la ausencia de una planeación enfocada a proteger la salud de la población, no se presupuestaron los costos en salud para prevenir o mitigar los posibles daños, por lo que cualquier efecto negativo impactará notablemente el presupuesto regular de las instituciones del Sector Salud, obligándolas a desviar recursos en forma emergente (costos escondidos).




  1. Al integrar el proyecto Arcediano, se desestiman las condiciones lamentables que guardan otras presas en el estado de Jalisco, cuyas poblaciones aledañas se ven afectadas en sus condiciones de salud, ejemplos de ello: la presa del Ahogado y recientemente la Presa de las Pintas.




  1. La construcción de la presa de Arcediano puede significar la creación de un hábitat que favorezca la proliferación de enfermedades y bacterias, dada la acumulación de aguas con presencia de sustancias químicas contaminantes y materia orgánica.




  1. Pese a las deplorables condiciones sanitarias en que se encuentra el río Santiago del cual se pretende obtener una parte del agua del proyecto Arcediano, no se ha considerado la participación del sector salud, lo que derivara en un alto riesgo para la población de llevarse acabo el proyecto.




  1. Los impactos de salud pueden ser difíciles de cuantificar, sobre todo si no se diseñan estudios de evaluación específicos, como es el caso del proyecto Arcediano, aún así, los riesgos pueden advertirse cuando se pretende acumular agua sin garantía de inocuidad y cuando se identifican impactos sociales y ambientales inherentes al proyecto que también conducen a impactos de salud claramente identificables.




  1. De no garantizarse el saneamiento apropiado del agua para disposición humana, se identifican entre los posibles efectos a la salud de los grupos poblacionales, los siguientes: enfermedades del tubo digestivo por ingesta de agua contaminada, intoxicación o envenenamientos agudos por plaguicidas y metales pesados, cáncer, problemas de hígado o riñones como efectos de la exposición crónica a los contaminantes, dificultades para la reproducción o malformaciones congénitas, dermatosis y conjuntivitis, entre otras.

Por lo anterior expuesto someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, con:



PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, detenga o en su caso no entregue recursos federales para la construcción de un sistema de captación y bombeo en el Río Verde. Hasta que se aclare si existe contaminación o no en el sitio en donde se pretende construir la presa. Así como que sea acreditada debidamente la calidad del agua que será utilizada por los habitantes de la zona Conurbada de Guadalajara.

A T E N T A M E N T E

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17día del mes de Junio de 2004.

De los Diputados Gilberto Ensástiga Santiago, Eliana García Laguna y Bernardino Ramos Iturbide, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores informen sobre el cumplimiento de la recomendación 49/97 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Aguas Blancas.







Dip. Gilberto Ensástiga Santiago



Palacio Legislativo

Edificio B, Piso 3

Teléfono: 56.28.13.00

Extensión:



3464

gilberto.ensastiga@congreso.gob.mx








PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES INFORMEN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN 49/97 DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA MASACRE DE AGUAS BLANCAS.
Los suscritos, diputados federales de la Cámara de Diputados LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones:
El próximo 28 de junio se cumplen nueve años de la masacre de Aguas Blancas, donde 17 campesinos perdieron la vida y alrededor de 25 quedaron lesionados, algunos de suma gravedad, por la emboscada de la que fueron objeto por parte de las fuerzas policíacas del gobierno del estado de Guerrero, encabezado en aquel entonces por Rubén Figueroa Alcocer.
A nueve años de sucedidos los hechos, la impunidad y la ausencia de voluntad política para asumir la responsabilidad que el Estado tuvo en la planeación y ejecución de la masacre han sido la constante.
De nada ha valido la resolución 3/96 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en donde claramente señala en su resolutivo tercero que existieron graves violaciones a los derechos humanos por la masacre de Aguas Blancas resultando responsables de esta violación Rubén Figueroa Alcocer entonces Gobernador; José Rubén Robles Catalán, ex Secretario General de Gobierno; Antonio Alcocer Salazar, ex Procurador General de Justicia; Rodolfo Sotomayor Espino, ex Primer Subprocurador de Justicia; Gustavo Olea Godoy, ex Director de la Policía Judicial; Rosendo Armijo de los Santos, ex Subsecretario de Protección y Tránsito; Adrián Vega Cornejo, ex Fiscal Especial; y Esteban Mendoza Ramos, ex Director General de Gobernación.
A pesar de la contundencia de la resolución emitida por la Suprema Corte, la Procuraduría General de la República se negó a atraer las investigaciones del caso y dejó que la procuraduría de justicia del estado, órgano evidentemente parcial tratándose de hechos en los que se encontraban implicados altos funcionarios estatales, realizara las investigaciones cuyo resultado final fue la consignación de algunos policías y funcionarios menores, más nunca a los autores intelectuales señalados con nombre y apellido por la Suprema Corte.
Ante la impunidad prevaleciente en este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició el caso 11.520 y emitió el informe No. 49/97 de fecha 18 de Febrero de 1998, en el cual recomendaba al Estado Mexicano entre otras cosas: A. Completar una investigación seria, imparcial y efectiva de los hechos descritos en el presente informe, ocurridos en fecha 28 de junio de 1995, en el vado de Aguas Blancas, con base en la decisión emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de fecha 23 de abril de 1996.

B. Ejercer las acciones penales correspondientes, a fin de que se establezcan las responsabilidades individuales de los altos funcionarios del Gobierno del estado de Guerrero, identificados en la decisión emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y en consecuencia, se les impongan las sanciones penales correspondientes a quienes resulten responsables.
Ante esta recomendación, diversos organismos no gubernamentales de derechos humanos y familiares de víctimas de la masacre presentaron los días 24 de octubre de 2001 y 16 de abril de 2002 dos nuevas denuncias penales en la Procuraduría General de la República, iniciándose las averiguaciones previas 423/A1/2001 y 163/A2/2002, mismas que fueron acumuladas sin que hasta la fecha exista información sobre el estado de las mismas ni los avances registrados en las indagatorias.
De igual manera, la Fiscalía Especial para movimientos Políticos del Pasado inició la averiguación previa PGR/FEMOSPP/016/2002 relativa a los hechos acontecidos el 28 de junio de 1995 en el Vado de Aguas Blancas, municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero.
Por lo anteriormente expuesto y siendo el caso de Aguas Blancas un hecho cuya impunidad representa una vergüenza para el Estado mexicano y un pendiente que el ejecutivo federal no ha resuelto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Catálogo: sgsp -> gaceta


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