Borrador de la sesión de la comisión de interior celebrada el jueves, 24 de abril de 2014



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BORRADOR DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE INTERIOR CELEBRADA EL JUEVES, 24 DE ABRIL DE 2014
Se abre la sesión a las diecisiete horas.
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión.

En primer lugar, ¿podemos aprobar, si ustedes así lo admiten, el acta de la sesión anterior. (Asentimiento).

Queda aprobada.
COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD, D. FRANCISCO MARTÍNEZ VÁZQUEZ, ANTE LA COMISIÓN DE INTERIOR, PARA INFORMAR DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS PARA PROTEGER A LOS COLECTIVOS MÁS VULNERABLES, COMO LÍNEA ESTRATÉGICA PRIORITARIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD.

(Núm. exp. 713/000759)

AUTOR: GOBIERNO.
El señor PRESIDENTE: Agradecemos la presencia del señor secretario de Estado de Seguridad, don Francisco Martínez Vázquez, que comparece para informar de las acciones emprendidas para proteger a los colectivos más vulnerables como línea estratégica prioritaria de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Tiene la palabra señor secretario de Estado.


EL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martínez Vázquez): Muchas gracias y presidente. Buenas tardes, señoras y señores senadores.

Comparezco esta tarde ante esta Cámara para hacer balance de las acciones de la Secretaría de Estado de Seguridad en lo que podemos considerar dos de los ejes de actuación identificados como prioritarios en su día por el ministro del Interior en su primera comparecencia en esta Cámara, ante esta misma comisión, el pasado 20 de marzo de 2012, dando cuenta de las que serían las líneas generales de actuación en el ministerio. Tales prioridades que señaló en su día el ministro del Interior, como pueden imaginar, son líneas estratégicas de actuación de la Secretaría de Estado de Seguridad y pretendo dar cuenta de ellas ante esta comisión cuando hemos superado lo que podríamos llamar la mitad de la legislatura. Me refiero concretamente a esas dos líneas estratégicas que son la protección de los grupos sociales más vulnerables frente a todo tipo de amenazas a su seguridad y, en segundo término, a la lucha contra la multirreincidencia delictiva, especialmente en el caso de aquellos delitos que causan mayor alarma social, de los cuales me voy a fijar, si les parece, en dos modalidades delictivas: los robos en viviendas y las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas.

Como es bien conocido, a estas dos tareas, que, por una parte, constituyen protección de personas y, desde otra cierta perspectiva, constituyen protección de bienes, se dedican las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Dedicaré por eso los cuatro primeros apartados de mi exposición a tratar con especial atención la protección que requieren aquellas personas que podemos englobar bajo un rótulo general de grupos vulnerables y en la segunda parte trataré de la protección de eso que podríamos llamar bienes económicos frente a la delincuencia multirreincidente y, en particular, la protección de las viviendas, del robo en viviendas y la protección de las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas, dos ejes, por tanto, de la Secretaría de Estado que están, como es natural, enlazados con las prioridades que anunció en esta misma Comisión el ministro del Interior en su primera comparecencia.

La Estrategia de Seguridad Nacional que el Gobierno aprobó en 2013 recoge en su primer capítulo la idea fuerza de una visión integral de la seguridad nacional. Y cuando pensamos en ese concepto de visión integral de la seguridad nacional podrían venir a nuestra cabeza imágenes como las relativas a las interrelaciones entre la lucha contra el terrorismo y la lucha contra el crimen organizado, las ciberdelincuencia, la seguridad de las infraestructuras críticas, la seguridad energética y un larguísimo etcétera, pero, señorías, si consideramos que una cadena es tan fuerte como lo es su eslabón más débil, enseguida nos damos cuenta de que una sociedad o de que un país no es plenamente seguro si no es capaz de proteger lo que podríamos llamar los colectivos sociales más vulnerables.

La violencia que se ejerce contra las mujeres, las amenazas que pesan sobre los menores, el desvalimiento que entraña la tercera edad, son retos que desde una perspectiva de análisis concreto y sistemático asumen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en esa misión de proteger a las personas. Por ello, ante esta Cámara pretendo dar cuenta de los planes, de las actuaciones para proteger a esos colectivos más vulnerables.

En primer lugar, les hablaré del sistema de seguimiento integral contra la violencia de género que se gestiona desde el Ministerio del Interior, desde la Secretaría de Estado de Seguridad, así como de algunas de las iniciativas más recientes acordadas, en concreto, el pasado 7 de abril por los ministros del Interior y de Justicia, y por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para renovar el esfuerzo de lucha contra la violencia de género. Es evidente que el Gobierno nunca ha bajado la guardia en la lucha contra estos gravísimos crímenes, pero si surgen circunstancias que aconsejan revisar, intensificar o adoptar medidas nuevas, siempre se atenderá esa necesidad con la máxima diligencia.

En segundo lugar, les expondré una serie de medidas para mejorar la protección a los menores en su entorno escolar, por supuesto, su vida, su integridad sexual, pero también para protegerlos de las amenazas que se esconden en el ciberespacio o en el mundo de las redes sociales. Les daré datos de las actuaciones del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil en cumplimiento del Plan director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos. Les hablaré de las actuaciones en la lucha contra el acoso a menores en la red y les anunciaré, y daré algunos detalles, de la inmediata puesta en marcha del sistema “Alerta, menor desaparecido”.

En tercer lugar, centraré mi exposición en las acciones de comunicación y de asistencia que nuestras fuerzas policiales dedican a las personas mayores. Les presentaré, señorías, el balance anual del Plan mayor seguridad que, tras la comparecencia de hoy, se publicará en la web del ministerio para que sea accesible a la consulta general.

Y una vez abordados estos tres ámbitos: protección de las mujeres frente a la violencia, protección de menores y protección de los mayores, me centraré, en cuarto lugar, en la presentación de un proyecto, que me atrevo a calificar como ambicioso y novedoso que nos puede colocar en vanguardia de países de nuestro entorno, como es la elaboración –lo presentaré en esta comparecencia− de un mapa de la discriminación; se trata de un estudio que nos permite visualizar el impacto de los que genéricamente, y en un sentido no formal sino material, se denominan delitos de odio, es decir, todas aquellas infracciones, incluidas las administrativas, que tienen que ver con ese concepto.

España cumple, de este modo, con las recomendaciones del Consejo JAI, de diciembre de 2013, en el que se solicitaba recopilar y publicar datos exhaustivos y comparables sobre infracciones motivadas por eso que denominamos delitos de odio. Ha sido una tarea difícil, sin duda, pero hoy la presentaré ante sus señorías para que puedan evaluarla, en la idea de que este mapa y esta evaluación de los delitos de odio pueda ser una iniciativa que vaya creciendo en el conjunto de acciones de la Secretaría de Estado.

Una vez explicada la protección de los grupos sociales más vulnerables, me centraré en exponer la evolución de la criminalidad en dos ámbitos que generan especial alarma social entre los ciudadanos y que constituyen, como decía anteriormente, prioridades de acción de la Secretaría de Estado de Seguridad en la lucha contra la delincuencia multirreincidente, me refiero a los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas y a los robos en viviendas. De alguna manera, esta exposición seguirá el hilo conductor de protección frente a la vulnerabilidad, pues es verdad que nadie se siente más vulnerable ante el delito que el ciudadano que sufre un robo en su domicilio, que el agricultor al que roban sus herramientas de trabajo o el fruto de la cosecha que tanto esfuerzo le ha costado lograr. Precisamente por eso, expondré los planes específicos elaborados por el Ministerio del Interior, la reelaboración de los planes ya existentes para mejorar la seguridad en los domicilios y para mejorar también la seguridad en el medio rural.

Permítanme, por tanto, que comience con la primera parte de mi exposición que constituye, en definitiva, una prioridad para la Secretaría de Estado, como es la lucha contra la violencia de género. Quiero comenzar en este sentido recordando a las 20 mujeres que han perdido la vida a manos de sus parejas o de sus exparejas a lo largo de estos primeros meses del año. La violencia ejercida contra las mujeres es una cuestión de Estado que, desde luego, encabeza la lista de las prioridades de este Gobierno y del Ministerio del Interior. El pasado 7 de abril se reunieron los ministros de Justicia, Interior, y la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para abordar acciones en el siguiente sentido: en primer lugar, mejorar la protección de las víctimas; en segundo lugar, asegurar la formación de todos los agentes implicados; y, en tercer lugar, aumentar las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer y mejorar su coordinación. Precisamente, una de las medidas más importantes adoptadas en este contexto ha sido la puesta en marcha de una revisión del Protocolo de valoración del riesgo de las víctimas de violencia de género, identificando variables como las siguientes: si la víctima tiene menores a su cargo, su situación laboral, si tiene alguna discapacidad, así como cualquier otra situación de especial vulnerabilidad. Del mismo modo, se van a elaborar, a partir de ahora, planes de protección personalizados para las situaciones de valoración del riesgo más elevadas, es decir, las que según el sistema Viogen se califican como de riesgo extremo o de riesgo alto. Se establecerá, además, un grupo de trabajo para mejorar la situación actual integrado por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, del Consejo General del Poder Judicial, de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y del Ministerio de Justicia.

En la actualidad, señorías, alrededor de 46 000 casos, de entre los valorados por el sistema, no tienen consideración de situación de riesgo, de acuerdo con los parámetros del sistema. Sin embargo, precisamente, con el objetivo de mejorar el grado de cobertura que reciben las posibles víctimas, se revisarán con mayor asiduidad, con mayor frecuencia, los casos calificados como de riesgo no apreciado. De esta forma, el sistema, que en la actualidad envía una alerta cada 4 meses a las unidades, reducirá este tiempo a 3 meses para mejorar el seguimiento de los casos. Además, está prevista la interconexión entre los sistemas policiales de valoración del riesgo y la información de que dispone la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. El objetivo es informar a la víctima cuando se produzca un cambio en la situación penitenciaria del agresor, procediéndose a la correspondiente reevaluación del riesgo. Asimismo, se mejorará la conexión entre instituciones penitenciarias y el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género, Viogen; precisamente en este sentido también se va a trabajar en la mejora de la interconexión de los sistema de información y bases de datos de los ministerios del Interior, de Justicia y de Servicios Sociales e Igualdad, con las comunidades autónomas.

Finalmente, y como medida clave en el tratamiento a las mujeres víctimas de la violencia de género, se va a mejorar la formación de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil precisamente en materia de violencia de género. Para ello, vamos a garantizar que en todas las dependencias policiales y en todos los puestos de la Guardia Civil, en todas las comisarías del Cuerpo Nacional de Policía, haya agentes con formación específica en materia de violencia de género. Se impulsará, asimismo, la integración de los agentes de policía local en Viogen, a través de la suscripción de los correspondientes protocolos de integración con los ayuntamientos respectivos. Les doy algunos datos: a 31 de marzo de 2014, se encuentran registradas en el sistema Viogen 322 883 casos de mujeres víctimas de violencia de género, de los cuales, 59 946 se consideran en situación de caso activo, con seguimiento personalizado que, atendiendo a su nivel de riesgo, se distribuyen de la siguiente manera: 9 casos en situación de riesgo extremo; 120 casos en situación de riesgo alto; 2701 casos en situación de riesgo medio; 12 709 en situación de riesgo bajo; 44 407 en situación de riesgo no apreciado. En cuanto al propio sistema Viogen, está formado por un equipo de más de 38 000 personas, de las cuales 17 063 son usuarios habilitados de la Guardia Civil; 13 032 pertenecen al Cuerpo Nacional de Policía; 579 son mossos d´ esquadra, con una integración parcial en el sistema Viogen; 115 pertenecen a la Policía Foral de Navarra, con una integración total en el sistema; y 1465 son usuarios habilitados pertenecientes a 158 cuerpos de policía local. La cifra de cuerpos de policía local va en continuo aumento y, como soy muy consciente de que estoy en el Senado, les pido a sus señorías que, en la medida en que puedan, impulsen que en los ayuntamientos suscriban los oportunos convenios para integrase en el sistema de seguimiento integral de la violencia de género, porque creo que es ciertamente una mejora enorme para la protección de las posibles víctimas. Además, entre estas 38 000 personas habilitadas para el uso de Viogen, se encuentran también los procedentes, las personas que prestan servicios en administraciones penitenciarias, en el Ministerio de Justicia, en servicios sociales o en organismos de igualdad, un enorme equipo humano que tiene como prioridad la defensa de la mujer frente a la violencia de género.

Permítanme que en este contexto dedique también un apartado especial a las mujeres que son víctimas de la trata con fines de explotación sexual. Combatimos, en este caso, una de las violaciones más terribles de los derechos fundamentales que vulnera desde el derecho a la libertad, el derecho a la dignidad de la persona, el derecho a la integridad; casos en los que las víctimas son tratadas, en definitiva, como mercancías, como simples objetos sexuales.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, conscientes de la gravedad de esta forma de criminalidad, han desarrollado mecanismos para potenciar la detección, protección y asistencia a las víctimas —nacionales y extranjeras— de explotación sexual que, como saben sus señorías, son, en la mayor parte de los casos, mujeres.

Hace exactamente un año, el Cuerpo Nacional de Policía presentó un Plan policial de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Como muestra de la buena acogida de este plan, me gustaría destacar que se ha desarrollado una línea —podríamos llamar— de confianza con las víctimas. Este servicio de ayuda telefónica ha sido utilizado desde su puesta en funcionamiento en más de mil ocasiones o, lo que es lo mismo, unas tres llamadas al día de mujeres que son víctimas de explotación sexual y que desean escapar de esta forma de esclavitud moderna. Permítanme que recuerde que hay un número de teléfono, el 910 50 90, que es gratuito, y una dirección de correo electrónico: trata@policía.es, que cuenta siempre con un profesional al otro lado. La Guardia Civil, por su parte, mantiene vigente una directiva de servicio que abarca desde la colaboración internacional hasta instrucciones concretas para las investigaciones relacionadas con la trata de seres humanos y para la atención especializada a sus víctimas.

La Guardia Civil afronta la lucha contra la trata de seres humanos de una forma integral y, sobre esta base, la dirección adjunta operativa publicó la dirección de servicio 40/2009 con instrucciones para las inspecciones en los lugares en los que se pueden realizar actividades de explotación de víctimas de trata de seres humanos y acciones a desarrollar por las distintas unidades afectadas. En el marco organizativo, a nivel central se ha creado la unidad técnica de policía judicial, un área específica para este tipo delictivo.

Por otro lado, la Guardia Civil trabaja en el ámbito de la protección a las víctimas de este tipo de hechos, colaborando con entidades de asistencia y protección a las víctimas que disponen de planes integrales formando al personal de la Guardia Civil a fin de que conozcan los recursos con que pueden contar las víctimas y la forma de derivación a los mismos.

Los datos que ofreceré a continuación son un adelanto, a modo de resumen ejecutivo, del balance de 2013 realizado por el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, que será presentado en breve. Estos datos reflejan, desde luego, la necesidad de seguir trabajando con todos los agentes implicados para la erradicación de la trata de seres humanos. Así, en 2013 se han desarticulado 24 organizaciones criminales y 48 grupos criminales vinculados con la trata; 5 organizaciones criminales y 19 grupos criminales relacionados específicamente con la explotación sexual. Se ha detenido a 753 personas —mayoritariamente hombres—, 345 por trata de seres humanos y 408 por explotación sexual. Se han instruido 288 atestados policiales por actividades relacionadas con la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

Lo más importante, no hay que olvidarlo, es la protección dada a las víctimas. En 2013, gracias al trabajo del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil se han identificado 1180 víctimas —mayoritariamente mujeres—, 264 de esas víctimas lo eran de trata de seres humanos y 916 de explotación sexual. Las víctimas por trata —haciendo un resumen de la estadística— fueron principalmente ciudadanas procedentes de Rumanía, y en menor medida de Nigeria y de Paraguay. Y, en el caso de explotación sexual, las mujeres de Rumanía encabezan este triste ranking, seguidas por mujeres de China y por ciudadanas españolas. Cada día del año 2013, más de tres mujeres fueron liberadas de su terrible situación de trata y explotación sexual. Son resultados alentadores, pero a nadie se le escapa que es una lucha que continúa, que será preciso redoblar los esfuerzos hasta erradicar este drama de la trata de seres humanos de nuestra sociedad.

Por ello, la labor policial también se ha extendido a las labores preventivas. En 2013 se realizaron 2555 inspecciones en lugares en los que se ejerce la prostitución; se detectaron 13 159 personas que podrían estar en situación de riesgo y, por definir de alguna manera el perfil mayoritario, podríamos decir que es el de una mujer entre 28 y 32 años, extranjera y que ejerce la prostitución en clubes de alterne.

Permítanme que pase ahora a hablar de la protección de los menores y de los jóvenes. Es evidente que los jóvenes descubren el mundo a su alrededor con entusiasmo, pero abren los ojos tanto a sus bondades como a las amenazas que ese mundo en muchos casos encierran. Es evidente, por tanto, que la obligación de una sociedad sana y responsable es velar por los menores y por los jóvenes en aquellos aspectos en los que resultan más vulnerables. Por eso, en lo que respecta a las fuerzas y cuerpos de seguridad, la tarea es proteger a los menores, proteger a los jóvenes de las amenazas contra su integridad física, contra su integridad psíquica desde los riesgos que supone la exposición a drogas, la violencia que puedan encontrar en el entorno escolar, hasta las nuevas amenazas que utilizan el entorno virtual de Internet para hacerse realidad.

Les expondré, a continuación, en esta línea, algunas iniciativas concretas. Primero, el sistema “Alerta, menor desaparecido”; en segundo lugar, las medidas de protección dirigidas a menores en el uso de nuevas tecnologías; y, en tercer lugar, les presentaré, muy brevemente, los datos de balance del Plan director para la convivencia y la mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos.

La protección del menor frente a riesgos, como secuestros, y en general las desapariciones, evidentemente, es una tarea que las fuerzas y cuerpos de seguridad no pueden llevar a cabo solo con sus solos esfuerzos. Por una parte, es imprescindible la cooperación policial e internacional; por otro lado, es también imprescindible trabajar en coordinación con fundaciones o con asociaciones privadas que trabajan en este mismo campo. Tal es el caso, por poner un ejemplo, de la Fundación ANAR, que es la que tiene encomendada en España la gestión del número 116000; un número de teléfono único para advertir ante casos de menores desaparecidos en todo el territorio de la Unión Europea.

En 2013, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado recibieron 12 246 denuncias de desaparición de menores. La cifra es escalofriante. He de aclarar que se debe, en su práctica totalidad, a menores que están en centros de acogida, que digamos que se escapan por un tiempo o que, si me lo permiten, se toman un fin de semana fuera del centro de acogida o fuera de su hogar; eso hace que se matice claramente esa cifra tan alarmante. Sin embargo, como es obvio, todas las denuncias que afectan a menores se registran; de esas denuncias, la gran mayoría han sido dadas de baja y, por tanto, la cifra, a fecha de 10 de marzo, es que siguen activas 563 denuncias por desaparición de menores.

Según el procedimiento adoptado hace cinco años, la unidad policial que recibe una denuncia por desaparición pasa los datos al sistema de personas desaparecidas y restos humanos y cadáveres sin identificar; un sistema que permite el cruce automático de los datos disponibles por todas las policías: Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, policías autonómicas, policías locales en los casos de desaparición, con los datos almacenados de cadáveres y restos humanos sin identificar. Para la comparación, se utilizan diferentes elementos como rasgos físicos, registros dactilares, indicadores biométricos o material genético. En definitiva, toda la tecnología se pone a disposición para la búsqueda del menor desaparecido así como toda la coordinación policial. Además, y al mismo tiempo, esta base de datos permite la transmisión automática de la información a los demás cuerpos policiales y la emisión de alertas internas para que las gestiones y chequeos oportunos se realicen con la máxima celeridad. Se inicia entonces, en los casos de alto riesgo —y siempre lo son los que afectan a menores—, un procedimiento especial para la localización e investigación y se emiten alertas tanto a nivel nacional como internacional. Pero es evidente que ante una cuestión tan grave, como es la desaparición de menores, no podemos conformarnos con lo que ya se hace, por bueno que sea este trabajo, y es preciso implicar también a los ciudadanos y recabar, por tanto, una mayor colaboración ciudadana.

Por ello, tras meses de trabajo, en fecha inminente se pondrá en funcionamiento el sistema de alerta por desaparición de menores; un sistema denominado “Alerta, menor desaparecido”, que permitirá activar precisamente ese sistema de alerta, haciendo extensivo el llamamiento no solo a los cuerpos policiales sino también a la colaboración ciudadana. Se contará para ello con la implicación de los medios de comunicación social, con las entidades y organizaciones que tienen probada capacidad de transmitir mensajes a la población. Tanto el Cuerpo Nacional de Policía como la Guardia Civil han adquirido ya los sistemas tecnológicos necesarios y los tienen listos para su uso. Se ha contratado un número para canalizar toda la colaboración ciudadana; se ha diseñado ya el mensaje de alerta, y la página web del Ministerio del Interior alojará muy pronto este sistema. Además, en enero de este año, la Comisión Europea concedió a España una subvención de 83 000 euros para financiar este proyecto. Es una magnífica noticia que nos permitirá disponer de una excelente herramienta para luchar contra la desaparición de menores, y cuyo lanzamiento oficial se concretará en una fecha muy próxima.

El segundo ámbito al que el Ministerio del Interior presta una especial atención para proteger a los menores es el del ciberespacio: Internet y las redes sociales. Les daré también algunas cifras: en 2013 las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado investigaron 428 casos, en los que menores de edad fueron víctimas de delitos contra la libertad sexual cometidos a través de las nuevas tecnologías. En 117 de los casos, las víctimas fueron niños, en 311 fueron niñas. Son delitos especialmente odiosos que repugnan a la sociedad española, en realidad a cualquier sociedad. Como saben, para luchar contra ellos el Cuerpo Nacional de Policía cuenta con la Unidad de Investigación Tecnológica y, dentro de ella, con la Sección de Protección al Menor, y en la Guardia Civil opera el Grupo de Delitos Telemáticos. Gracias a esta labor policial y, por supuesto, a la colaboración ciudadana, en 2013, 541 personas fueron imputadas por delitos contra menores asociados precisamente al mal uso, al uso perverso de las nuevas tecnologías. Por supuesto, la policía española, y los cuerpos policiales no están solos en esta lucha ni pueden estarlo, cuenta con la cooperación policial de países socios y amigos y, también cada vez más, con asociaciones como la que he citado antes, la Fundación ANAR, pero también la Fundación Protégeles, la Fundación Aliados, el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados y muchas otras. La policía española utiliza, además, canales multilaterales, y por eso la colaboración es estrecha con el Centro Europeo de Ciberdelincuencia (Europol, con Interpol o con el Grupo latinoamericano sobre nuevas tecnologías.


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