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Radicación n° 11001-22-10-000-2017-00626-01






AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Magistrado ponente
STC18057-2017

Radicación n.º 11001-22-10-000-2017-00626-01

(Aprobado en sesión de primero de noviembre de dos mil diecisiete)


Bogotá, D. C., dos (2) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).
EXTRACTO JURISPRUDENCIAL – NUEVA LEGISLACIÓN.

Indebida motivación de la sentencia que otorga la custodia al padre de los menores en proceso de custodia y cuidado personal del menor. Vulneración del derecho de la mujer a una vida libre de violencia al desconocer la situación de violencia intrafamiliar denunciada por la madre de los menores.
2. El constituyente de 1991 consagró la calidad de sujetos de especial protección por parte del Estado para los niños, las niñas y los adolescentes, autorizando la protección integral, el interés superior1 y la prevalencia de sus garantías2 respecto de los demás sujetos de derecho, incluidos los de su núcleo familiar, lo cual tiene su fuente en la trascendencia que revisten en la especie, formación con valores indispensables para la existencia, consolidación y desarrollo de los cometidos del Estado y la comunidad, esto es, por intereses superiores3.
Sobre el interés superior del menor, la Corte Constitucional en sentencia T-587/98, dijo:
Esta nueva visión del menor se justificó tanto desde una perspectiva humanista -que propende la mayor protección de quien se encuentra en especiales condiciones de indefensión-, como desde la ética que sostiene que sólo una adecuada protección del menor garantiza la formación de un adulto sano, libre y autónomo. La respuesta del derecho a estos planteamientos consistió en reconocerle al menor una caracterización jurídica específica fundada en sus intereses prevalentes. Tal reconocimiento quedó plasmado en la Convención de los Derechos del Niño (artículo 3°) y, en Colombia, en el Código del Menor (decreto 2737 de 1989) [hoy Ley 1098 de 2006]. Conforme a estos principios, la Constitución Política elevó al niño a la posición de sujeto merecedor de especial protección por parte del Estado, la sociedad y la familia (artículos 44 y 45).
Ahora bien, el interés superior del menor no constituye una cláusula vacía susceptible de amparar cualquier decisión. Por el contrario, para que una determinada decisión pueda justificarse en nombre del mencionado principio, es necesario que se reúnan, al menos, cuatro condiciones básicas: (1) en primer lugar, el interés del menor en cuya defensa se actúa debe ser real, es decir, debe hacer relación a sus particulares necesidades y a sus especiales aptitudes físicas y sicológicas; (2) en segundo término, debe ser independiente del criterio arbitrario de los demás y, por tanto, su existencia y protección no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los funcionarios públicos encargados de protegerlo; (3) en tercer lugar, se trata de un concepto relacional, pues la garantía de su protección se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderación debe ser guiado por la protección de este principio; (4) por último, debe demostrarse que dicho interés tiende a lograr un beneficio jurídico supremo consistente en el pleno y armónico desarrollo de la personalidad del menor.
(…)
4. Bajo el anterior contexto, se evidencia la confirmación de la concesión del resguardo impetrado, al encontrarse transgredidas las prerrogativas esenciales de la gestora, comoquiera que la sentencia criticada no realizó un análisis conjunto de los distintos medios de convicción obrantes en el proceso, ni motivó su decisión de manera completa y adecuada.
En efecto, se observa que el juzgador omitió hacer el estudio detallado de cada una de las probanzas recaudadas para la resolución del asunto puesto a su conocimiento, destacándose, entre ellas, los informes sociales efectuados en el proceso y las conclusiones de los mismos, así como la medida de protección allegada al trámite, la que había sido interpuesta por la ahora accionante.
Ciertamente, en lo atinente a dicha medida, se observa que el estrado acusado se limitó a indicar que:
De acuerdo con los documentos traídos, remitidos por la Comisaría de Familia en cuestión, aportados por el apoderado de la parte actora, hasta la fecha según la mención que los mismos apoderados y las partes han referido, la Medida de Protección en cuestión aún no ha sido decidida de manera definitiva y existe en curso un incidente de incumplimiento cuyo trámite también se encuentra sin decisión, de suerte que sin perjuicio de la realización de las competencias que la Comisaría le corresponde el marco de dicha medida de protección, sobre la cual el Juzgado no va a intervenir en sus consideraciones, debe entrar al análisis de este específico caso, en aras de ofrecer la mejor respuesta judicial posible para la realización de los derechos de XXX y YYY de apenas 18 meses de edad…
A su vez, se observa que no valoró los informes rendidos con fundamento en las visitas sociales, los que eran relevantes para conocer el entorno de los menores y establecer si se encontraban en condiciones idóneas para su desarrollo integral, en los que además se consignó sobre la visita en el hogar de la madre que:
Las condiciones habitacionales de la señora María Claudia Quiroga Garzón, permiten la permanencia de los niños XXX y YYY, con su mamá, en condiciones favorables para su bienestar.
La señora María Claudia Quiroga Garzón, muestra interés y preocupación por el cuidado y atención de sus hijos, refiere organizar sus horarios de trabajo de manera que le permitan permanecer más tiempo a su cuidado y extender horarios en tiempos que sus padres puedan colaborarle con la atención de los niños…
Describen situaciones y antecedentes de violencia intrafamiliar, conflictos de pareja que originaron el inicio de medida de protección, y conflicto con familia extensa materna de los niños XXX y YYY con el padre.
Se describen redes de apoyo cercanas a la señora María Claudia Quiroga Garzón, en el medio familiar como es el apoyo de sus padres y empleadas…
Así las cosas, era de gran relevancia hacer un estudio conjunto del material probatorio aportado, en tanto que tal como quedó reseñado, no fueron analizadas las condiciones en las que se encontraban los menores, ni tampoco valorada la situación de violencia intrafamiliar denunciada para adoptar la decisión más adecuada, más cuando dio por probada una inestabilidad emocional de la demandada sin que estuviere acreditada y, tal como lo indicó el Tribunal, le atribuyó consecuencias adversas a las manifestaciones efectuadas en la etapa conciliatoria, lo que luce, en demasía, inadecuado.
Resaltándose que el juzgador incurrió en vía de hecho al aducir que para la promotora la presencia física del padre no era relevante, conforme con el cuidado que esta hacía de su hijo mayor, quien no tenía cercanía con su progenitor ni le había formulado reclamación de ninguna naturaleza, considerando que dicha conducta era «muy reveladora de la inconveniencia que significa el mantener la custodia de XXX y YYY, con su progenitora, lo anterior, porque además, no permitiría la realización de un plan de visitas que aun cuando fuera limitado permitiera el acercamiento de los niños con su progenitor y su familia extensa paterna…».
Es de recordarse que en pronunciamiento reciente la Corte Constitucional4, enfatizando «el compromiso nacional e internacional de erradicar toda forma de violencia y discriminación contra la mujer», apoyado en la jurisprudencia y la normatividad5 aplicable al respecto, concluyó que:
nacional e internacionalmente, se han adoptado una serie de mandatos para la protección de la mujer y prevención de cualquier forma de violencia en su contra. Entre estos mandatos se encuentra la debida diligencia, que los obliga a adoptar medidas integrales en materia jurídica y legal, además de la implementación de políticas de prevención que permitan actuar con eficacia ante las posibles denuncias por violencia contra la mujer. Asimismo, se ha reconocido que los Estados deben responder, no solo por los actos propios de violencia contra la mujer, sino por los actos privados, cuando se demuestre la falta de adopción de medidas con la debida diligencia para prevenirlos o impedirlos.
Asimismo, es de destacarse frente a la valoración probatoria que esta Sala ha precisado que:
según el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil [hoy 176 del Código General del Proceso] ‘[l]as pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos… El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba’. Precepto que armoniza con el artículo 304 del citado estatuto [hoy 280 del Código General del Proceso] que contempla que la motivación de la sentencia ‘deberá limitarse al examen crítico de las pruebas’, disposiciones que no fueron debidamente observadas por el funcionario de segundo grado al preterir, se insiste, el examen de los instrumentos de convicción referidos en el párrafo precedente, configurando así una vía de hecho.
Sobre el punto, ha explicado la Sala que [u]no de los supuestos que estructura aquella es el defecto fáctico, en el que incurre el juzgador cuando sin razón justificada niega el decreto o la práctica de una prueba, omite su valoración o la hace en forma incompleta o distorsionando su contenido objetivo; incluso, cuando olvida apreciar el material probativo en conjunto o le confiere mérito probativo a un elemento de juicio que fue indebidamente recaudado. Esto, porque si bien los jueces tienen un amplio margen para valorar el acervo probatorio en el cual deben fundar su decisión y formar libremente su convicción, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica (artículo 187 del Código de Procedimiento Civil), también es cierto que jamás pueden ejercer dicho poder de manera arbitraria, irracional o caprichosa. Y es que la ponderación de los medios de persuasión implica la adopción de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el fallador; racionales, es decir, que sopesen la magnitud y el impacto de cada elemento de juicio; y riguroso, esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se le encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente incorporadas al proceso’ (CSJ STC, 10 oct. 2012, rad. 2012-02231-00; reiterada en STC, 7 mar. 2013, rad. 2012-00522-01; STC, 9 dic. 2014, rad. 2014-00210-01; STC9943-2016, 21 jul. 2016, rad. 2016-01938-00).
5. De manera que se concluye que la sede judicial convocada no sustentó de forma suficiente y precisa la sentencia de 16 de agosto de 2017, mediante la cual, entre otras cosas, le asignó la custodia y cuidado de los menores al progenitor; y en esa medida, esta Corporación considera que su argumentación fue insatisfactoria.
Recuérdese que:
la motivación de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garantía del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jurídico frente al caso materia de juzgamiento, razón por la cual no puede ser anfibológica… (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 2009-02174-00; reiterada en CSJ STC, 10 oct. 2013, rad. 2013-01931-00; y en CSJ STC10689-2016, 4 ag. 2016, rad. 2016-01267-01).
Y que:
el artículo 304 del Código de Procedimiento Civil [hoy 280 del Código General del Proceso] consagra que la sentencia deberá ser motivada, lo cual se limitará al examen crítico de las pruebas y a los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión, y citando los textos legales que se apliquen, de suerte que la omisión de tal requisito o su motivación insuficiente o precaria son razones justificadas para tildarla de vía de hecho, en la medida que del cumplimiento cabal de tal exigencia depende, en grado sumo, que las partes puedan hacer uso del derecho de defensa y contradicción (CSJ STC, 24 sep. 2010, rad. 2010-00913-00; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 19 jul. 2013, rad. 2013-01486-00; y en CSJ STC10689-2016, 4 ag. 2016, rad. 2016-01267-01).
6. Se impone, entonces, confirmar el fallo de primer grado, destacando, por demás, que a pesar de que el impugnante al exponer su censura aludió que no fue debidamente notificado de la admisión de la tutela, lo cierto es que no solicitó la invalidez de lo actuado, por el contrario procedió a formular sus puntos de divergencia frente a aquella decisión, por lo que, de haber acaecido aquella irregularidad, lo que no fue acreditado, lo cierto es que la misma quedó saneada por el proceder del afectado, al actuar sin alegarla.
Se decide la impugnación formulada frente al fallo proferido el 12 de septiembre de 2017 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro de la acción de tutela promovida, mediante apoderada judicial, por María Claudia Quiroga Garzón contra el Juzgado Veinte de Familia de esta ciudad, a cuyo trámite fueron vinculados los intervinientes del trámite objeto de queja constitucional.
ANTECEDENTES
1. La promotora reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, los de los menores y los de la mujer, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada.

En consecuencia, solicita se ordene «cesar los efectos de la sentencia emitida el día 16 de agosto de 2017… por contener defecto fáctico en la apreciación de pruebas y ausencia de prueba científica, error inducido y por ser altamente vulneradora de los derechos de los menores… a tener una familia y a no ser separada de ella»; la «restitución inmediata de los niños… al seno de su madre, por ser la mejor y más conveniente situación de protección que tienen, ya que su madre cuenta con las condiciones físicas, emocionales, afectivas, laborales y económicas para sus pequeños»; que «provisionalmente se fije para el padre cuota alimentaria y régimen de visitas en las mismas condiciones en que le fueron dadas a [ella]… en sentencia con el fin único de proteger sus derechos como padre»; y en «lo demás que la sentencia quede incólume» (folio 30, cuaderno 1).


2. La queja constitucional se sustenta, en síntesis, en lo siguiente:
2.1. José Miguel Alarcón promovió un proceso de custodia y cuidado personal respecto de los menores XXX y YYY, en contra de María Claudia Quiroga Garzón, cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado Veinte de Familia de Bogotá, despacho que admitió la demanda el 31 de enero de 2017.
2.2. La demandada contestó el libelo y formuló las excepciones mérito de «mientras el deudor no cumpla o se [allane] a cumplir la obligación alimentaria que tenga respecto del niño, niña o adolescente, no será escuchado en la reclamación de su custodia o cuidado personal, ofrecimiento, ni en el ejercicio de otros derechos sobre sus hijos», y «necesidad de aplicar especialísima protección por los sujetos de la parte pasiva».
2.3. Después de surtirse el trámite correspondiente, el 16 de agosto de 2017 el estrado acusado emitió fallo, en el que desestimó las excepciones propuestas, otorgó la custodia y el cuidado personal de los menores XXX y YYY al progenitor José Miguel Alarcón Esteban, estableció cuota alimentaria a cargo de la madre, reguló las visitas y dispuso que las partes acudieran a un tratamiento terapéutico.
2.4. Indicó la accionante que convivió con José Miguel Alarcón desde el 4 de julio de 2014 en Cajicá, unión en la que procrearon a dos niños, quienes cuentan con 18 meses de edad; que en dicha relación fue víctima de violencia verbal, psicológica, emocional y económica por parte de su pareja, la cual era ejercida en escenarios íntimos con el fin de no contar con testigos o hechos notorios frente a terceros; y que la misma fue extensiva a su hijo mayor ZZZ, al que tuvo en una relación anterior y el que cuenta con cinco años de edad.
2.5. Señaló que instauró una denuncia por violencia intrafamiliar ante la Comisaría de Familia de Cajicá, en donde fue decretada una medida de protección el 19 de septiembre de 2016 a su favor y de los menores, puesto que, entre otras cosas, su expareja la llamaba loca, le prohibió la entrada de su hijo sin su presencia y la de su familia a la residencia común, le puso cámaras de seguridad y vigilancia permanente por parte de dos niñeras, le exigía recibos para entregarle alimentos; tenía una conducta agresiva; y contaba con acceso y manejo sobre su correo electrónico y celular, además de retención de documentos.
2.6. Adujo que se mudó a la casa de sus progenitores, pero al regresar a recoger su ropa y elementos esenciales de los bebés, le fue prohibida la entrada al conjunto, viéndose forzada a llamar a la policía; que el progenitor no cumplió con sus deberes económicos ni asistenciales, pese a que conocía que ella se encontraba en la casa de los abuelos paternos, enviándole únicamente cuatro mercados con productos en regular estado de conservación.
2.7. Sostuvo que en el proceso de custodia que instauró José Miguel Alarcón Esteban, se llevó a cabo una visita domiciliaria en su residencia, en la que se rindió concepto social favorable, constatándose las condiciones óptimas en las que se encuentran los menores; y solo hasta el 2 de febrero de 2017 el demandante consignó las mensualidades atrasadas con el fin de evitar la sanción por incumplimiento de la medida de protección.

2.8. Refirió que su apoderada solicitó el aplazamiento de la audiencia prevista en el artículo 392 del Código General del Proceso por cuanto debía realizar un viaje hacía fuera del país, pero la misma no fue acogida por el despacho, por lo que no contó con una asistencia óptima e idónea en dicha diligencia.


2.9. Narró que los testigos del demandante «son personas pagadas y con condición de subordinación…[,] por lo cual estos no fueron imparciales», los que tampoco son prueba determinante para establecer una conducta que conlleve a quitarle la custodia de los niños; además que el estrado fue exigente y cerrado con sus testigos (folio 14, cuaderno 1).
2.10. Afirmó que el juzgador querellado pasó por alto las pruebas documentales aportadas, las que evidenciaban un constante acoso por parte de su expareja, so pretexto de querer saber de sus hijos; que no se tuvo en cuenta la violencia intrafamiliar existente, particularmente, la de género, y la descalificación permanente de que ella era víctima por parte del allí demandante; que en todo momento se refiere a una inestabilidad emocional, pero no existe prueba sumaria y pericial que establezca que padece de una incapacidad mental o psiquiátrica que la imposibilite para ejercer el cuidado de sus hijos.
2.11. Aseveró que el demandante es una persona alienante, estresada, incisiva, que habla muy mal de ella, usa su pasado para humillarla y utiliza un lenguaje descalificante; que no tuvo en cuenta que ella es médica anestesióloga, trabajadora y responsable; que no existe evidencia de la relación entre los menores y su padre; que fue revictimizada en todo momento por el juez de la causa, pese a que se conocía de la violencia ejercida por el demandante, por la que le fue diagnosticada depresión; y que fue expuesta a un reproche moral por no haber demandado al padre del niño ZZZ, usando dicha circunstancia para otorgarle la custodia al padre.
2.12. Manifestó que conforme con las pruebas allegadas y concretamente con el informe de visita social, en su actual residencia existe un ambiente habitacional favorable para el bienestar de los menores; goza de condiciones sociales, económicas y afectivas adecuadas para proveer a los infantes los cuidados propios de su edad; y en vez de habérsele fijado un régimen de visitas y una cuota de alimentos al progenitor, la despojan de su ejercicio natural y primario de tener a sus hijos con ella.
2.13. Puntualizó que es mejor que los menores estén con su progenitora, con quien han vivido desde su nacimiento; que el estrado acusado puso por encima de los derechos de los infantes, los del padre, quien durante cinco meses no consignó la cuota alimentaria; que no se apreció el maltrato psicológico al que fue sometida, sino que todo el tiempo se puso en tela de juicio el mismo; que se dio especial prevalencia a los testimonios de tres empleadas de servicio con subordinación a la parte del demandante; y sin hacer investigación alguna, determinó que ella poseía una conducta inestable y agresiva, lo que además no desvirtuaba su rol de madre.
2.14. Relató que no existía prueba científica que determinara que los menores estarían mejor con su padre que con ella; que no se tuvieron en cuenta los derechos del niño ZZZ, sino que por el contrario fue estigmatizada «como una mujer que ‘cercernó’ los derechos de su hijo», afirmación que es cruel y pone de manifiesto que la mujer que es abandonada debe poner el aparato judicial a funcionar con el fin de «no ser juzgada y quitad[o] el cuidado de su[s] demás hijos»; que ZZZ ha sido un niño feliz, ha contado con la asistencia afectiva y emocional, sin que las condiciones por las que fue concebido y criado fueran de competencia del despacho (folio 25, cuaderno 1).
2.15. Agregó que en los interrogatorios a los testigos se les inducía a que corroboraran lo manifestado en las declaraciones extraprocesales, sin que existiera técnica y orden en el desarrollo del cuestionario; y la sentencia viola directamente lo dispuesto en la Carta Política, la pone en una situación injusta al permitirle solamente ver a sus pequeños cada ocho días; y la lectura que se da con el fallo, es que no es del resorte legal y civil, tener en cuenta las situaciones de violencia intrafamiliar para asignar la custodia y cuidado personal de los niños.
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS
1. El Juzgado Veinte de Familia de esta ciudad señaló que la actuación adelantada se ajustó a los criterios legales y jurisprudenciales, así como a la realidad probatoria evidenciada en el curso del proceso, «sin perjuicio del derecho que le pueda caber a la accionante para solicitar el estudio de las actuaciones que a su juicio puedan comprometer sus derechos fundamentales» (folio 40, cuaderno 1).
2. Aura Matilde Garzón Rincón indicó que como madre de la accionante era conocedora de distintos hechos que su hija no le contaba a ninguna otra persona; que en el interrogatorio a ella efectuado, el despacho acusado la exhortó a decir solo las cosas de las que había testigo presencial; que la violencia intrafamiliar es muy difícil de probar porque se desarrolla en un ámbito intimo; que es la persona más allegada a su descendiente, en quien ésta busca apoyo y recurre en caso de peligro; que su hija, así como los niños, soportaron violencia psicológica y económica; que junto con su esposo también fueron violentados por parte del señor Alarcón Esteban; que el demandante le prohibió la entrada a la casa a su descendiente y a los menores; que los actos de violencia se extienden al niño mayor, quien le tenía miedo a José Miguel Alarcón; que desde septiembre de 2016 ese señor no hizo ningún aporte económico, sino hasta el mes de febrero de 2017 mediante consignación al Juzgado; que es como si se hubiere planeado una conspiración en contra de la demandada; que todo se agravó con el viaje de la apoderada de su hija, pues la sustituta no conocía el caso; que María Claudia es una excelente mujer, dulce y amorosa madre, dedicada a sus hijos, por lo que la sentencia la tenía que favorecer a ella y no separarla de manera abrupta de los menores.
3. Jorge Hernán Quiroga Bonilla refirió, en síntesis, que no entiende como le quitaron a su hija los dos bebés de 18 meses, pues todo el tiempo han estado con su madre, quien les ha brindado el cuidado necesario; que no es cierto lo manifestado por las empleadas del servicio, quienes no los alcanzaron a acompañar por más de dos meses; que siendo su descendiente víctima de maltrato por parte de su compañero, cuando pidió la medida de protección, se quedó en el apartamento de sus progenitores, pero al volver a entrar a la casa común, se encontró con una orden de restricción para ella y los 3 menores; que María Claudia se ha encargado del cuidado de los niños directamente, cuadrando sus horarios laborales; que el progenitor nunca estuvo interesado en ver a los infantes ni cumplía con la cuota alimentaria; que pese a que existía una medida de protección e incidente de incumplimiento, ello no fue impedimento para que se le otorgara la custodia al padre; que no se tuvo en cuenta la prevalencia de los derechos de los menores; que sin conocer las razones de fondo por las que su hija no reclamó alimentos y el registro de su niño mayor, no era válido usar dicho argumento para quitarle la custodia de los otros bebes; que no se tuvo en cuenta la prevalencia de las garantías esenciales de los menores; que la demandada cuenta con todas las condiciones para criar a sus descendientes, conforme a todos los conceptos emitidos; y que debe evaluarse la determinación emitida.
4. Marco Antonio Cardozo Espinel, quien dijo actuar en su condición de apoderado de José Miguel Alarcón, allegó escrito, el cual no es tenido en cuenta por la Sala por no aportar el poder especial que lo habilite para representar a dicha persona en este trámite (folios 74 a 78, cuaderno 1).
5. El Procurador 149 Judicial II de Familia de esta ciudad adujo que existió deficiencia en la defensa de la demandada, lo que incidió en el resultado final de la sentencia; que se presentó un defecto fáctico en la apreciación de las pruebas; que se produjo una indebida motivación del juzgador; que en la audiencia la apoderada de la demandada mostró desconocimiento del caso, sus alegatos fueron breves y ligeros, admitiendo que era sustituta y no conocía del proceso; que percibía «una gran soledad por parte de la demandada frente a una parte demandante fuerte, organizada y con todas las condiciones para vencer…», incluso desde mucho antes; que la violencia que planteaba la gestora era la privada, sin testigos o hechos notorios frente a terceros; que incluso advertía una vigilancia permanente, bajo cámaras de seguridad, por parte del esposo «demostrando así su poder, con dos niñeras contratadas… quienes también obran como agentes vigilantes y sumisas al demandante»; que no se entiende cómo, sin dictamen pericial, se motivó la sentencia en la inestabilidad de la demandada, solamente con base en lo dicho por las empleadas del demandante; que en la visita social realizada en la residencia de aquella se rindió concepto favorable; que respecto de las visitas se omitió que se habían permitido con dificultades, sin percatarse sobre la confrontación de una víctima de violencia intrafamiliar con el victimario; que el 8 de septiembre de 2017 fue decidida la medida de protección definitiva dentro del proceso de violencia intrafamiliar; y se han vulnerado los derechos de la promotora y sus hijos (folio 81, cuaderno 1).
6. La Defensora de Familia de la Regional de Bogotá del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sostuvo que los derechos de los menores prevalecen sobre los de los demás, por lo que al emitirse el fallo se deben garantizar las prerrogativas de aquellos a tener una familia y no ser separados de ella; y la custodia es otorgada de manera provisional por parte del ente administrativo.



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