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INFORME

AL PARLAMENTO

2009
INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SOBRE LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE 2009

JUSTICIA, PRISIONES Y EXTRANJERÍA
SECCIÓN PRIMERA:

LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES CONSTITUCIONALES DE LOS ANDALUCES A TENOR DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES CONSTITUCIONALES DE LOS ANDALUCES A TENOR DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Reeducación y Reinserción Social de las personas privadas de libertad: un campo adecuado para la mediación del Defensor del Pueblo Andaluz. Pág. 4

SECCIÓN SEGUNDA:

ANÁLISIS DE LAS QUEJAS ADMITIDAS A TRÁMITE

1. INTRODUCCIÓN. Pág. 9

2. ANÁLISIS DE LAS QUEJAS ADMITIDAS A TRÁMITE. Pág. 10

2. 1. Quejas motivadas por dilaciones indebidas. Pág. 10

2. 1. 1. Algunas quejas significativas. Pág. 11

2. 1. 2. Inejecuciones de sentencias por parte de las Administraciones condenadas en las mismas. Pág. 22

2. 2. Medios personales y materiales. Pág. 26

2. 2. 1. Una panorámica general. Pág. 26

2. 2. 2. La repercusión de la crisis económica en los Juzgados de lo Social. Pág. 36

2. 2. 3. Los Registros Civiles. Pág. 41

2. 3. Abogados y otros profesionales del Derecho relacionados con la Administración de Justicia. Pág. 44

2. 4. Actuaciones Penitenciarias. Pág. 51

2. 4. 1. Materias más frecuentes de que tratan las quejas atendidas. Pág. 51

2. 4. 2. Quejas sobre asistencia sanitaria. Pág. 57

2. 4. 3. Quejas que afectan a Juzgados y Fiscalías de Vigilancia Penitenciaria. Pág. 61

2. 5. Actuaciones en materia de extranjería. Pág. 62

2. 5. 1. Contenidos más habituales de las quejas recibidas. Pág. 64

2. 5. 2. De la expulsión a la multa, de la multa al arraigo. Pág. 68

SECCIÓN CUARTA:

DE LAS QUEJAS REMITIDAS A OTRAS INSTITUCIONES SIMILARES
ÁREA DE JUSTICIA Y PRISIONES. Pág. 72

TEMAS TRATADOS EN OTRAS ÁREAS TEMÁTICAS
SECCIÓN TERCERA: LOS DERECHOS DE LOS MENORES
9. Responsabilidad penal de los menores. Pág. 73.
10. Menores inmigrantes. Pág. 77
14. Litigios familiares. Pág. 81
SECCIÓN PRIMERA:

LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES CONSTITUCIONALES DE LOS ANDALUCES A TENOR DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Reeducación y Reinserción Social de las personas privadas de libertad: un campo adecuado para la mediación del Defensor del Pueblo Andaluz

A medida que la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha ido desarrollando su trabajo se aprecia con claridad, como veremos con unos simples datos, que uno de los ámbitos desde los que más se nos requiere para que intervengamos es el de los establecimientos penitenciarios existentes en Andalucía, la Comunidad que más centros de esta índole acoge en su territorio, el más extenso de los diecisiete autonómicos.

Como no puede ser de otro modo, nuestro objetivo al acercarnos a estas demandas, viene marcado con claridad por el texto Constitucional, que traza de modo muy preciso el sentido último de la penas, más allá del concepto retributivo y sancionador, clásico dentro de la prevención general que el sistema punitivo también implica.

Pero el énfasis constitucional se sitúa en la reeducación y en la reinserción social como señala el artículo 25.2, cuando afirma que «Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad».

Como se aprecia, el contenido de este precepto, esencial para la Administración penitenciaria, no se agota en el señalamiento del sentido reeducador y reinsertador de la pena sino que también recuerda cómo las personas encarceladas mantienen la totalidad de sus derechos constitucionales, siguen siendo titulares de los mismos, salvo los expresamente limitados por la sentencia, de entre los cuales es indudable que la pérdida de la libertad no solo cercena ésta sino que puede condicionar el disfrute de otros, como tenemos ocasión de comprobar, con demasiada frecuencia, en nuestras habituales tareas de supervisión o mediación.

Naturalmente toda la normativa penitenciaria respeta y secunda la orientación constitucional comentada, si bien completa los objetivos con los demás fines del ámbito sancionador penal, como se recoge en el artículo 1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria cuando preceptúa lo siguiente:

«Las Instituciones penitenciarias reguladas en la presente Ley tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados. Igualmente tienen a su cargo una labor asistencial y de ayuda para internos y liberados».

Y todavía más, el artículo 3º, recuerda que la actividad penitenciaria se ejercerá respetando la personalidad de las personas privadas de libertad, sus derechos e intereses jurídicos, sin ningún tipo de discriminación y precisa en una serie de apartados algunos de éstos, de entre los que destacamos los dos siguientes:

«Los internos podrán ejercitar los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, sin exclusión del derecho de sufragio, salvo que fuesen incompatibles con el objeto de su detención o el cumplimiento de la condena».

Y este otro, cuyo cumplimiento nos preocupa sobremanera, como cada año ponemos de manifiesto en nuestros Informes Anuales, y en este mismo en el apartado correspondiente:

«La Administración penitenciaria velará por la vida, integridad y salud de los internos».

Se trata en definitiva de respetar el mandato constitucional y tratar a la población encarcelada con la dignidad, el respeto de sus derechos inviolables y el libre desarrollo de la personalidad de las personas presas, a lo que también obliga el artículo 10.1 de nuestra Constitución.

Decíamos antes que son cada vez más las peticiones que nos llegan desde las cárceles andaluzas para que actuemos a favor de las personas presas, bien ante eventuales vulneraciones de sus derechos, bien porque expresamente soliciten nuestra mediación para la consecución de algunos de los beneficios penitenciarios contemplados en la normativa penitenciaria.

En los últimos catorce años hemos atendido un elevado número de quejas, con una tendencia a su aumento, como se aprecia en el siguiente cuadro:

Quejas penitenciarias atendidas (1996-2009)


AÑO

NÚMERO DE QUEJAS




AÑO

NÚMERO DE QUEJAS

1996

93




2003

395

1997

205




2004

333

1998

195




2005

342

1999

292




2006

343

2000

346




2007

359

2001

332




2008

357

2002

358




2009

498

Desde las 93 iniciales, de 1996, hasta las casi 500 de este último año, existe una perceptible variación al alza en la que han influido diversos factores, entre los cuales el más importante sin duda es el de la propia evolución de la población penitenciaria, que conoce cada año nuevos aumentos. Algunas cifras a este respecto son esclarecedoras. Si a finales de 1990 había en España aproximadamente, 33.000 personas presas, y en el año 2000 ya alcanzaban la cifra de 45.000, ahora, al finalizar 2009, se contabilizan unas 77.000. Quiere ello decir que entre el año 2000 y el 2009, en diez años, ha habido un aumento del 71% en la cifra de población encarcelada. Un problema que preocupa a todos y que desde esta Institución no dejamos de señalar.

Nuestra actitud ante las demandas en este campo no consiste tanto en una tarea de supervisión legal y reglamentaria, aunque también debamos hacerlo, como en una predisposición al acercamiento de intereses entre los usuarios del medio, internos y funcionarios, de un lado, y del otro el propio Sistema Penitenciario, que ha de buscar los tres grandes objetivos a los que aludía el artículo 1 de la Ley Penitenciaria (reinserción, custodia y labor asistencial).

Pensamos que la armonización de tan complejos objetivos tiene mejor cabida para nosotros en una labor mediadora, flexible y cercana, que no en una tarea rígida de supervisión legal, fundamentalmente por la posición de sometimiento y aislamiento de la población penitenciaria respecto del sistema, que parece aconsejar, para mejor acortar la distancia entre ambos, esta labor de acercamiento que proponemos y que nos esforzamos en desarrollar.

Pero hay además un motivo de índole competencial para sustentar esa posición mediadora, que no supervisora en sentido estricto.

Nos referimos al hecho de que las previsiones del Estatuto de Autonomía para Andalucía, del viejo Estatuto de 1981, contenidas dichas previsiones en su artículo 17.3, que se referían a las competencias de ejecución de legislaciones estatales que habrían de corresponder a Andalucía, no se han desarrollado en cuanto a las referidas a las materias Penitenciarias.

Seguimos en Andalucía sin administrar las competencias penitenciarias porque no se ha desarrollado transferencia alguna en este campo, ni parece que vayan a desarrollarse a corto y medio plazo, a pesar de que la previsión sobre dichas transferencias se mantiene en el vigente Estatuto, que ahora las encuadra en el Título II bajo el epígrafe “Seguridad y Competencias en materia penitenciaria”, al que dedica el artículo 67. En su apartado 3 prescribe: “Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia ejecutiva en materia penitenciaria”. Como puede verse no es más que una variante de la redacción anterior para decir lo mismo: en su momento se transferirán a Andalucía la ejecución de la legislación del Estado, con la concreta Administración de los Establecimientos Penitenciarios ubicados en nuestra Comunidad.

Por ello, en estos momentos, solamente un aspecto muy importante de la realidad penitenciaria corresponde a la Comunidad Autónoma: los programas educativos que se imparten en las prisiones andaluzas. Aquí sí podemos llevar a cabo una labor de supervisión en sentido estricto. Y en la media en que podemos, lo hacemos.

Pero como hemos dicho tantas veces, la Administración Autonómica y muchos de sus Departamentos, tienen obligaciones muy concretas que cumplir en el medio penitenciario. Todas aquéllas que deriven de los diferentes Convenios que concierten con la Administración Penitenciaria, especialmente tras la firma, en 1992, del Convenio Marco de Colaboración en materia penitenciaria que entonces suscribiera el Presidente de la Junta y el titular del Ministerio de Justicia, que era el Departamento encargado por aquellas fechas de los Asuntos Penitenciarios, a través de una Secretaría General. Dicho Convenio sigue vigente, con una aplicación y desarrollo desiguales.

Para llevar a cabo nuestro trabajo, de mediación las más de las veces, de supervisión en otros casos, actuamos a través de diversas vías. La primera indudablemente no puede ser otra que la atención a las quejas que se nos presentan, analizando sus motivaciones, las circunstancias concretas en que se encuentra la persona que se nos dirige, tanto en el plano procesal como en el penal y penitenciario. En esta fase nuestros contactos son frecuentes tanto con los internos como con los directivos y técnicos de los establecimientos con los que establecemos relaciones telefónicas fluidas.

Por otra parte, en aquellos casos en que es necesario contar con un informe más formalizado sobre los puntos concretos de la reclamación, solicitamos la colaboración de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que suele contestar con fluidez y con informes adecuados a la solicitud que se le hace.

Cuando la queja afecta a competencias autonómicas, en el sentido antes explicado de obligaciones derivadas de Convenios o de transferencias sectoriales, mantenemos contactos y solicitamos informes a diferentes Departamentos, normalmente a la Consejería de Salud (en los últimos meses más intensos en materia de asistencia sanitaria especializada y transferencias sanitarias pendientes); a la Consejería de Educación; a la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes; a los Servicios especializados en intervenciones con personas toxicómanas y otras más.

Digamos que éste es nuestro trabajo ordinario. Además si el asunto requiere una actuación de oficio, el Defensor ordena su apertura y se sigue la tramitación correspondiente. En la introducción del Área de Justicia se citan algunos casos.

Otras veces nos vemos obligados a elaborar un Estudio Monográfico sobre una materia de especial relevancia que tiene repercusiones de carácter general. Estos Estudios se presentan como Informe Especial al Parlamento andaluz, y de ellos se da cuenta resumida en los Informes Anuales. Recordemos en este sentido las últimas publicaciones relativas a “Mujeres Privadas de libertad en Centros Penitenciarios de Andalucía”, de Octubre de 2006, y “Lugares de Custodia de Personas Detenidas: Depósitos Municipales y otros Calabozos Policiales”, de Diciembre de 2008.

Otra de nuestras líneas de actuación se sitúa en las Jornadas de trabajo con Directivos penitenciarios andaluces y de los Servicios Centrales de la Secretaría General. En ellas tenemos una buena ocasión de ampliar nuestra información y desarrollar funciones de mediación. Como es sabido, dado que siempre damos cuenta de las mismas en nuestros Informes Anuales, ya hemos mantenido varios encuentros. El último de ellos, el Sexto, tuvo lugar el 28 de Mayo de 2009, y en él se abordaron diversos temas relativos a la necesidad de nuevos recursos para la reinserción, a la vista del incremento incesante de la población penitenciaria; la necesidad, por otra parte, de mejoras para una asistencia sanitaria integral e igualitaria y, finalmente, algunos aspectos relativos a los Juzgados y Fiscalías de Vigilancia Penitenciaria.

A propósito, este año también, el 17 de Noviembre de 2009, hemos mantenido una Jornada de trabajo con las Fiscalías de Vigilancia Penitenciaria que asisten a los nueve Juzgados de esta especialidad. En dicha Jornada se debatieron dos Ponencias una de carácter orgánico y de funcionamiento de ambas Instituciones –Fiscalías y Defensor- y otra sobre la Sanidad Penitenciaria.

Las Conclusiones de dicha Jornada son, por su importancia, de obligada inserción en este Informe Anual, y fueron las siguientes:

Primera.- El Defensor del Pueblo Andaluz y los Fiscales de Vigilancia Penitenciaria de Andalucía constatan el continuo incremento de la población penitenciaria española y andaluza, que desborda las previsiones de la Administración Penitenciaria tanto en medios materiales como en medios personales.

La población reclusa española ha pasado de 47.534 reclusos a 31 de Diciembre de 2001 a más de 76 500 reclusos en Noviembre de 2009. En este sentido, la tasa de reclusos de España, de 163 por 100.000 habitantes en Septiembre de 2009, es la más alta de nuestro entorno, en tanto la tasa de delitos por cada 1000 habitantes está más de 20 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Ello refleja una sobreutilización de la pena de prisión en España.



Segunda.- Este incremento de la población penitenciaria acompañado de la inauguración de sucesivos Centros Penitenciarios –Centros polivalentes y Centros de Inserción Social- pone en evidencia la insuficiencia de medios personales con que cuentan las Secciones de Vigilancia penitenciaria de las Fiscalías, especialmente por el desempeño de sus funciones sin exclusividad, y compatibilizadas con las generales de las Fiscalías.

También los Juzgados de Vigilancia padecen estas carencias.

La situación es especialmente delicada en los Juzgados de Vigilancia penitenciaria Sevilla (3900 reclusos) y el Puerto de Santa María (2500 reclusos), que en su contraste con la media nacional (1624 reclusos por Juzgado), hacen necesaria la creación respectiva de un segundo Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

Tercera.- La situación se hace más compleja por la ausencia de una regulación legal procesal suficiente de los procedimientos de actuación ante los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, haciéndose necesaria la aprobación de una normativa procesal, comprometida desde la aprobación de la Ley Orgánica General Penitenciaria -art. 78 y disposición transitoria primera- pero incumplida tras el transcurso de 30 años de su aprobación.

Es igualmente necesaria una legislación procesal de ejecución penal de nueva planta, que supere las carencias de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, vigente desde 1882, que además delimite adecuadamente las competencias entre los Jueces y Tribunales sentenciadores y los Juzgados de Vigilancia penitenciaria.



Cuarta.- Las relaciones de colaboración entre la Administración Penitenciaria y la Junta de Andalucía, aún siendo positivas, deben mejorar en diversas áreas y sus presupuestos normativos actualizarse. Nos referimos sobre todo, al Convenio de Colaboración actualmente vigente que data de comienzos de 1992. Debe ser revisado o sustituido por otro, que incorpore avances incluidos en otros Convenios más recientes, especialmente en materia de salud.

Quinta.- El Sistema Andaluz de Salud, que debe cubrir a la totalidad de la población, sin exclusión de la población reclusa albergada en los Centros Penitenciarios de Andalucía, tiene como objetivo garantizar el derecho constitucional a la protección de la salud que alcanza a todos.

La Ley 16/2003 de 28 de Mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, contempla la integración de la Sanidad Penitenciaria en el Sistema Nacional a través de los servicios autonómicos de salud. Por tanto, dicha transferencia sanitaria ya debería estar hecha desde hace años.

En consecuencia, tanto la Consejería de Salud como el Servicio Andaluz de Salud deben contribuir a eliminar cualquier obstáculo que frene la integración propuesta y materializar la prevista transferencia sanitaria, colaborando con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en la consecución de dichos fines.

Sexta.- En tanto se realizan las transferencias sanitarias, deberían concretarse protocolos de actuación entre los hospitales de referencia y los centros penitenciarios, que tengan como objetivo prioritario la mejora de la asistencia sanitaria especializada.

A este respecto deben contemplar la presencia real de especialistas en los establecimientos penitenciarios, incentivando la disponibilidad de éstos en la línea indicada, lo que ya se contemplaba en el Convenio de 1992, se asumió como modelo aplicable en el Reglamento Penitenciario de 1996, y de hecho se contempla en otros Convenios de la Administración Penitenciaria con diversas Comunidades Autónomas, que sí lo llevan a la práctica.

A este respecto, el Servicio Andaluz de Salud debe impartir instrucciones precisas para que tales protocolos se lleven a efecto cuanto antes.

Séptima.- En algunos establecimientos penitenciarios se siguen detectando numerosas pérdidas de citas hospitalarias para la realización de pruebas diversas o para la asistencia a consultas con especialistas, por falta de fuerza policial de escolta que se encargue de materializar el desplazamiento y la del interno enfermo para asistencia hospitalaria extrapenitenciaria. El problema se produce especialmente en aquellas prisiones en las que se encarga de dicho traslado la Policía Nacional. Ello constituye un obstáculo que compromete el derecho de los reclusos a recibir un trato sanitario equivalente al común de los ciudadanos.

Octava.- Ambas partes expresan su seria preocupación por la elevadísima prevalencia de enfermedades mentales entre la población encarcelada, que por otra parte no dispone de una asistencia especializada similar a la de la población libre. Se recuerda que la salud mental forma parte de la asistencia especializada, y que la misma no corresponde a la Administración Penitenciaria, y sí es responsabilidad del Sistema Andaluz de Salud.

Debe mejorarse, por tanto, la asistencia sanitaria a estos pacientes afectados por enfermedades mentales, debiendo ponerse a disposición de ellos los mismos dispositivos asistenciales existentes en el exterior, y proyectando además la necesaria asistencia de especialistas del Sistema Andaluz de Salud en los términos advertidos en nuestra conclusión Séptima.



Novena.- El Ministerio de Justicia y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias deberían implantar una comunicación informática que permita el acceso a datos entre los Centros Penitenciarios, los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y las Fiscalías, así como la implantación del sistema de expedientes electrónicos para los internos, que permitan a Jueces y Fiscales de Vigilancia Penitenciaria reclamar y recibir informes de los Centros Penitenciarios, así como notificar a dichos Centros, y a través de éstos a los internos, las resoluciones que les afecten.

También se observa la necesidad de que el Consejo General del Poder Judicial promueva la firma de convenios, con el Ministerio de Justicia y el Consejo General de la Abogacía, a fin de que las resoluciones de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria puedan llegar a ser notificadas al Ministerio Fiscal y a los letrados personados, a través de dicho sistema electrónico.



Décima.- Los Fiscales de Vigilancia Penitenciaria de Andalucía y el Defensor del Pueblo Andaluz expresan su voluntad de celebrar futuros Encuentros para la puesta en común de problemas concretos en materia penitenciaria. Se recoge el ofrecimiento del Fiscal Superior de Andalucía para la celebración de la próxima Jornada en la ciudad de Granada.

Como puede observarse, estas conclusiones contienen todo un programa de trabajo en el ámbito penitenciario. Por otra parte, fijan determinados conceptos y datos esenciales a tener en cuenta. Y en relación con la temática planteada en numerosas quejas de los últimos años, cobran una singular importancia para nosotros las conclusiones quinta, sexta, séptima y octava, que aluden a la Sanidad Penitenciaria poniendo especial énfasis en cuatro apartados pendientes de solución: la transferencia obligada, y retrasada, de la Sanidad Penitenciaria al Sistema Nacional de Salud y su asunción por los sistemas autonómicos de salud; la necesaria colaboración entre los centros penitenciarios y sus hospitales de referencia, a la que ha de contribuir de manera decisiva el Servicio Andaluz de Salud; el escandaloso suceso, reiteradamente repetido en algunos centros (como se analiza en el apartado correspondiente de este Informe) de la pérdida de citas hospitalarias por falta de fuerza de custodia, y las carencias preocupantes que presenta la asistencia especializada a las personas recluidas que padecen trastornos y enfermedades mentales, que son muchas.


Finalmente, ponen de manifiesto algunas de las conclusiones, la necesidad de dotar de más y mejores medios a los Juzgados y Fiscalías de Vigilancia Penitenciaria, así como de una más completa regulación legal procesal y de ejecución penal.

SECCIÓN SEGUNDA:

ANÁLISIS DE LAS QUEJAS ADMITIDAS A TRÁMITE




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