Acta nº 17 comision de iniciativa y participacion ciudadana



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ACTA Nº 17

COMISION DE INICIATIVA Y PARTICIPACION CIUDADANA
En la ciudad de Paraná a los 08 días del mes de Julio de 2008, en la sede de la Biblioteca de la Honorable Legislatura de la Provincia, sita en calle Rivadavia 232, los integrantes de la Comisión de Iniciativa y Participación Ciudadana de la Honorable Convención Constituyente se encuentran reunidos. Siendo la hora doce y diez minutos se toma asistencia a los Señores CC y contando con el quórum requerido por el artículo 37 del Reglamento de la Convención Constituyente se da inicio a la reunión, dejando constancia de las ausencias de los Sres. CC. Acevedo Miño, Martín, pide la palabra la Sra. Presidenta de la Comisión Profesora María Celeste Pérez y propone dar inicio a la reunión con los primeros invitados a exponer, Expedientes Nºs: 1276 – 1278 – 1279 y 1280 presentados todos por AJER (Asociación Judicial Entre Ríos) Se encuentran presentes por AJER el Sr Sec. Gral. Florentino Agostini y las Sras Perino y Segura, además invitados por ellos y apoyando las presentaciones efectuadas los Sres. Secretarios Generales de AGMER Sergio Elizar y de ATE José Galarraga. El Sec. Gral.de AJER comienza explicando que en base a los derechos que establece el artículo 14 bis de la CN y a los tratados internacionales incorporados a la misma en el artículo 75 inc.22, en lo referente a derechos del los trabajadores, entienden que debe eliminarse cualquier relación en un ámbito de trabajo que implique el mismo y que no reconozca una retribución a cambio, ya sea como período de prueba, como “meritorio” con la promesa o expectativa de una posterior designación, o para el desarrollo de actividades de formación laboral o de capacitación de estudiantes, evitando de esta manera formas encubiertas de explotación laboral que se ejercen en forma directa, o en forma indirecta sobre los otros trabajadores que comparten ese ámbito. Esto es avalado por la doctrina que entiende que cualquier actividad en un ámbito laboral es trabajo, y que en nuestro país el trabajo presupone siempre una retribución a cambio. Propone además mejorar la protección del trabajador en la relación laboral y la aplicación de la norma más beneficiosa a favor del trabajador. Adopción de los principios establecidos por la teoría de los DDHH en cuanto a que teniendo el salario el carácter de alimentario y de subsistencia, el descuento de los días de huelga se transforma no en una limitación lógica y razonable al derecho de huelga que establece la CN, sino en un medio directo para impedir al trabajador su ejercicio a partir de privarlo del alimento y las condiciones de vida para si mismo y su familia. Congruentemente, desde esta misma perspectiva, se apunta a fortalecer la capacidad de los trabajadores para negociar mejoras salariales y de condiciones de trabajo, ya que esto impacta positivamente en toda la sociedad, ya sea por su efecto directo en sus propias condiciones de vida como por el aumento en el consumo –en calidad y cantidad- que vuelca sobre su entorno; y no menos importante, como efecto demostración o ejemplo para otros sectores de trabajadores, que con sus conquistas consiguen transformar en realidad la aspiración de mejorar la distribución del ingreso y disminuir los índices de desigualdad social que son sostenidos en forma unánime por todas las fuerzas sociales y políticas como principal objetivo de cualquier modelo social. Asimismo la reciente sanción de la ley de paritarias para docentes y estatales de la provincia, acompañando la tendencia nacional en este sentido, marca el camino de la negociación en mesas de acuerdos entre las partes para abordar todos los aspectos de la relación laboral, desde el salario hasta las condiciones y reglamentos de trabajo. Esto y las limitaciones que establece el resto de la legislación vigente sobre el derecho de huelga, como la conciliación obligatoria, y los otros recursos con que cuentan la Dirección o Ministerios de Trabajo como mediador, establece el marco de razonabilidad y contención en la evolución de los conflictos. La razonabilidad particularmente siempre ha sido un elemento puesto en juego por los trabajadores. Exponen también sobre el Derecho elemental de quien demanda: que quien lo juzga no sea quien dispuso la medida que lo afecta. Es decir que quien lo juzgue no sea juez y parte. La situación actual de los trabajadores judiciales entrerrianos es que ven violentado este principio elemental que les garantiza el Art.75 inc. 22 de la CN que incorpora con rango constitucional los tratados internacionales sobre derechos Y garantías ya que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Y para el final quieren fundamentar que el actual ordenamiento jurídico reconoce a organizaciones sociales la capacidad para actuar en representación de intereses difusos y colectivos en lo referente, por ejemplo, a la protección del medio ambiente. En cambio, a pesar del rango constitucional que el 14 bis reconoce a los derechos de los trabajadores y de las organizaciones sindicales desconoce a los gremios la facultad de actuar de aquella manera en defensa de los intereses de los trabajadores que representa. Esta inequidad y omisión debe salvarse de manera de evitar que a la hora de reclamar administrativa o judicialmente los trabajadores se vean impedidos de hacerlo a través de la legítima representación que les reconoce la CN, viéndose obligados a demandar individualmente cuando sus derechos son afectados colectivamente, retrotrayendo la situación a las épocas anteriores al establecimiento de los derechos de los trabajadores como derechos sociales universalmente reconocidos. Constituye también un tema central, que ya ha venido siendo tratado por los trabajadores judiciales en el marco de la reforma procesal penal, debido a la importancia de la definición acerca del lugar institucional dentro de la órbita de los Poderes del Estado en el cual debe estar ubicado el Ministerio Público, en lo referido al aspecto financiero del Ministerio y de la Defensa, ya que actualmente su funcionalidad administrativa existe, y de ello dan cuenta cada una de las resoluciones destinadas a la organización de los mismos provenientes de las cabezas de poder de cada uno de ellos. Fundamentalmente, nuestro posicionamiento se fija en la necesidad de que tal Ministerio se ubique dentro de la esfera del Poder Judicial, genuino contralor de las garantías constitucionales para la ciudadanía en su conjunto y para el ejercicio de cada uno de los Poderes del Estado democrático. Pensarlo como un órgano extrapoder, aún con los antecedentes que figuran en las Constituciones mas avanzadas, nos sugiere un pensamiento reformista que ha tenido numerosos inconvenientes operativos en tales Cartas Magnas, con un costo institucional muy elevado a la hora de funcionar adecuadamente. El sr: CC Rogel explica a los expositores que en cuanto al trabajo gratuito en la Comisión de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable se esta tratando este tema, el de reconocimiento de licencia gremial y de las pasantías presentado ya un proyecto sobre el tema por el Dr. Rodriguez. Buscamos explico llegar al balance de lo justo y lo posible en cuanto a los blanqueos solicitados por todos los gremios pensando siempre en los haberes jubilatorios, como así también en cuanto a los descuentos por los días de huelga. La Sra CC de la Cruz de Zabal felicita a los expositores por la cantidad de proyectos presentados por AJER. El Sr. CC Díaz Carlos apoya lo dicho por la Sra. CC preopinante. El Sr. CC Márquez, pregunta porque debe el Ministerio Público quedar dentro de Tribunales. Responde el Sr. Sec. Gral. respondiendo que es necesario que dependa del poder judicial como contralor de las garantías constitucionales para la ciudadanía en su conjunto y para el ejercicio de cada uno de los Poderes del Estado democrático. La Sra. Pte. De la Comisión CC Pérez les agradece la presencia y despide a los Gremios presentes. Expediente Nº 1283 Dr. Ascua Juan María a quien se invita a exponer. Comienza su explicación del proyecto diciendo que es un resumen elaborado por la Asoc. De Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y el Foro de la Sociedad Civil en cuanto a los entes de control, a fin de coadyuvar con el Ministerio Público Fiscal y el Honorable Tribunal de Cuentas, dice que se analizó la posibilidad de incorporar al texto constitucional un organismo similar al de la Constitución ecuatoriana que llevaría como título Comisión de Control Cívico de la Corrupción, el mismo sería una persona jurídica, con sede en la ciudad de Paraná, con autonomía e independencia económica, política y administrativa. Quien promoverá la eliminación de la corrupción, receptará denuncias sobre presuntos ilícitos cometidos en las instituciones del Estado, para investigarlos y solicitar su juzgamiento y sanción. Podrá promover su organización en Municipios. La ley determinará su integración y funciones, las instituciones de la sociedad civil que harán las designaciones y la duración del período de sus integrantes a quienes se los dotará de los fueros necesarios que garanticen su cometido. Cuando la comisión haya finalizado sus investigaciones y encontrado indicios de responsabilidad, pondrá sus conclusiones en conocimiento del Ministerio Público Fiscal y del H. Tribunal de Cuentas. Se coincidió en otorgar autonomía funcional y presupuestaria al Ministerio Público Fiscal y Pupilar, no así en cuanto a ubicar en la órbita del Poder Judicial a los registros provinciales de la Propiedad, Personas Jurídicas y de Estado y Capacidad de las Personas. Ello así por cuanto no se vislumbra la relación de especificidad de dichos organismos con la función estrictamente jurisdiccional de este poder del Estado, sin perjuicio de señalar que los 1400 agentes que hoy lo integran se verían aumentados considerablemente, sin posibilidad cierta de que los anexados, con otro régimen de ingreso, ascenso, horarios y/o resonsabilidades, puedan unificarse pacíficameante con la actual orgánica de Magistrados, Funcionarios y empleados. Ello sin perjuicio de puntualizar, por no resultar un dato menor, que se aumentaría la labor de superintendencia por parte del Superior Tribunal. de Justicia. El Sr. CC Rogel felicita al autor por el trabajo realizado. El Sr. CC Díaz carlos también felicita al auto y pregunta si el Ministerio Fiscal no debería extraerse de Tribunales a lo que el autor responde que no. La Sra. Pte de la Comisión agradece al autor y depide al mismo felicitándolo por el proyecto. Expediente 1269 Autores Sres. Perdomo y Bulay quienes comienzan su exposición explicando que la provincia de Entre Ríos tiene una importante población de jóvenes que aún tiene la esperanza de un futuro mejor que aliente con logros y ejemplos concretos una mejor sociedad. El futuro necesita de una juventud que valore los conocimientos e ideas de los hombres y mujeres que hoy protagonizan la vida política provincial para ser capaces de aprender de los aciertos como así también de los errores. Pretenden que este derecho al trasvasamiento generacional sea una realidad efectiva en Entre Ríos. La reflexión que alienta fuertemente este proyecto es la escasa participación de la juventud en los ámbitos políticos, si bien con esfuerzo y dedicación muchos jóvenes se animan a participar desde centros de estudiantes, instituciones medioambientales como sectores de las instituciones civiles, creemos que se debe aprovechar al máximo su potencialidad futura. Hay acercar a la juventud a la política como herramienta indiscutida de la transformación de la sociedad y, en pos de fortalecer nuestro sistema pluralista y democrático.- Expediente 1273, mismos autores por lo cual se les solicita continúen para luego preguntar si hay dudas. Comienzan explicando que el pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos incorporado a la Constitución Nacional, refiere en su artículo 3º que “los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto”.- Puntualmente esta norma constitucional brega por la igualdad de los derechos civiles y políticos a todos los hombres y mujeres, por lo que obviamente incluye también a los jóvenes. Resulta prudente referir que impulsa este proyecto la realidad que atraviesan los jóvenes entrerrianos respecto a la igualdad de oportunidades que no tienen fundamentalmente en los derechos políticos al momento de ocupar cargos políticos, que si bien están garantizado su acceso, resulta muchas veces inviable su concreción.- Que asimismo, puntualiza el art. 25 del mismo Pacto Internacional que “todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representaciones libremente elegidos. Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”.- Debe decirse Sra. Presidente que el Estado Provincial debe garantizar a la Juventud Entrerriana condiciones de igualdad para acceder a funciones públicas de su Provincia, ocupando espacios políticos, participando de decisiones que hacen a la conducción del destino de la provincia y, asimismo a ser elegidos por el pueblo, en un marco de promoción real para ejercer éstos derechos políticos.- La mujer debió luchar por mucho tiempo y continúa haciéndolo, por lograr la equidad ante sus pares varones de los mismos derechos civiles y políticos y; haciendo un paralelismo en este sentido, debemos indicar que también los jóvenes buscan encontrar esta igualdad para ejercitar sus derechos políticos, en pos de lograr un Estado Provincial que le brinde posibilidades concretas de participar en los destinos de nuestra Provincia de Entre Ríos.- El Sr. CC Rogel dice que ambos proyectos se encuentran dentro de lo permitido tratar por la Ley 9768 y que además no tiene preguntas para realizar ya que han sido muy claros los Sres. Expositores. La Sra. Presidente les agradece muy especialmente ya que son parte de su equipo de colaboradores, y los despide. Expediente Nº 1049 autor el Sr. Gómez, Maximiliano en representación de Ecoclubes, quien comienza su alocución diciendo que actualmente, desde una perspectiva jurídica, los y las jóvenes en Argentina y Entre Ríos no están reconocidos como sujetos de Derecho, más bien se los reconoce como un “período de transición entre la niñez y la adultez. Por lo desarrollado por la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, que debe aún ser ratificada por nuestro país, proponemos incorporar una serie de artículos en la Constitución Provincial tendientes a mejorar la situación anteriormente descripta. Asimismo, consideramos que dichos artículos no deben quedar en “letra muerta”, sino que se traduzcan en el mediano y largo plazo en la legislación correspondiente. El índice de desocupación ha descendido gracias a la recuperación económica, los jóvenes no se han visto favorecidos en igual medida, ya que a nivel nacional la falta de trabajo en esta franja alcanza el 20%, otros se hallan en estado de subocupación, padeciendo la informalidad y/o condiciones cercanas a la explotación. Se propone propiciar trayectorias laborales significativas para los jóvenes con menores oportunidades. Para ello, la Constitución Provincial deberá acompañar la formación laboral de los jóvenes a partir de metodologías que combinan la formación técnica con la socio laboral. Será tarea de la Legislatura Provincial y/o de los miembros del Poder Ejecutivo poner en marcha programas al efecto. Proponemos que dichas herramientas asignen especial responsabilidad al organismo de jurisdicción provincial encargado de controlar el cumplimiento de las normas laborales. Asimismo y entendiendo que la inclusión de este artículo llevará a la provincia de Entre Ríos a ser una precursora en esta materia. A partir de la sanción de la nueva Ley de Educación Nacional, la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, y Entre Ríos, a su vez, ha comenzado un proceso de debate que dará forma a la nueva Ley de Educación Provincial. Frente a esto, consideramos primordial darle jerarquía constitucional a este derecho, específicamente para niños, niñas y jóvenes. Lo dicho anteriormente ha sido contemplado por diversos tratados internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos del Niño y el Pacto de San José de Costa Rica. Respecto a personas con discapacidades de distinta índole, son muchos los pactos internacionales que se explayan, reconociéndolos como sujetos de Derecho. Por eso, la Constitución Provincial debe dar lugar a un inciso específico en este sentido. El derecho a vivir en un ambiente sano está reconocido por el artículo 41 de la Constitución Nacional. Incluirlo expresamente en esta enumeración surge debido a la necesidad de incorporar contenidos sobre educación ambiental en la currícula escolar provincial. También es importante promover una nueva cultural ambiental, a partir del reconocimiento de nuestros derechos, asimismo de nuestras obligaciones que permitan mejorar y conservar la calidad de ambiente. Consideramos esencial la participación como pilar esencial de la democracia, por lo que estimamos deberá proporcionarse a los jóvenes las herramientas y espacios necesarios para su desarrollo personal y colectivo. Dicha participación, opinan ha de ser constante. Cabe destacar que este nuevo derecho, reconocido como “de incidencia colectiva”, también está presente en la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Por las consideraciones y argumentos brindados anteriormente es que invitamos y requerimos a los Honorables Convencionales Constituyentes el acompañamiento del presente proyecto. El Sr. CC Rogel dice que los felicita por la presentación que han efectuado y que se nota la mano en su formación del Sr. Enrique y les relata que a partir de la sanción de esta nueva Constitución, los jóvenes podrán participar a partir de los 16 años en la presentación de proyectos de Ley, que deberán ser tratados obligatoriamente pro los Sres. Legisladores, además algunos de los temas propuestos son de políticas activas. La Sra. CC De la Cruz de Zabal agradece la participación, y dice que cuando escucha estos proyectos se siente a salvo ya que estos jóvenes quieren un mundo diferente y espera ser garantía de eso. La Sra. CC Schoenfeld les agradece la participación y en nombre del Bloque felicita a los autores. La Sra. Pte agradece la propuesta, los felicita y despide. Expediente 1047 , autora la Psicóloga Claudia Bottegal explica que a partir de 1994 los derechos a la vida y a la salud se encuentran consagrados en la Constitución Nacional a través del inciso 22 del Art. 75. La salud concierne directamente a la preservación de la vida y al desarrollo de las capacidades humanas; es por esto que se puede sostener que es una necesidad humana en sentido estricto. La problemática de la salud, no puede desligarse de las condiciones y formas de vivir del hombre. Es aquí donde se dan relaciones vinculares que determinan los modos de disfrutar o padecer. En estos modos encontramos la dinámica de los procesos de vivir, enfermar y morir. Reafirmar el derecho a la Salud como un derecho humano fundamental considerando a la Salud Mental como irrescindible de la salud en general; nos lleva a jerarquizar la salud sobre la enfermedad. La Salud Mental se encuentra vinculada con el desarrollo humano y social; está atravesada por los diferentes modos que una sociedad se enlaza, lo cual puede producir patologías que son características de la época en la cual se vive. Esto no nos es posible ser analizado desde un solo campo disciplinario, sino desde una ínter-disciplina y una intersectorialidad. El sufrimiento psíquico es parte de la condición humana. Negar este sufrimiento como condición humana, sería creer en el ideal de vida; “vivir sin sufrimiento”. Las patologías sociales son expresiones de condiciones de vida. Estas tienen como necesaria e imprescindible el desarrollo del lazo social, la solidaridad grupal y la asunción colectiva de las problemáticas. Una no es sin la otra. El abordaje de la Salud Mental no es solo intervenir sobre los modos de vínculos subjetivos sino también sobre las condiciones sociales de vida, garantizando el acceso a los “bienes sociales”. No se puede desligar de las problemáticas que se presentan en la Salud Mental, las condiciones y formas de vivir del hombre. El acceso a los bienes sociales debe ser universal e igualitario La pregunta de cómo abordar las patologías cuando aparecen, nos lleva a plantearnos una concepción interdisciplinaria en el abordaje; superando así clásicos enfoques, los cuales se caracterizaron solo por la asistencia Considerar otros modos nos permite poder intervenir desde la promoción y protección de la salud, la prevención y asistencia con técnicas y dispositivos que eviten el aislamiento, la marginación social y familiar, apuntando a la reinserción social y familiar como forma de integración, evitando la cronicidad y la discriminación. Es el Estado el que debe garantizar su cuidado, mediante políticas públicas. Planes integrales de salud, planificación, estrategias de promoción, protección y prevención en Salud Mental. Fortaleciendo también la ampliación de la cobertura y accesibilidad de la población en las prestaciones sosteniendo aquí la concepción interdisciplinaria para su abordaje. Considerar una prioridad el bienestar de los miembros de nuestra sociedad entrerriana, y garantizarla, es lo que ha llevado al colegio de Psicólogos de Entre Ríos a realizar este aporte participativo. Es nuestra Constitución Provincial, máxima representante de nuestros derechos y garantías la que puede asegurar, avalar, y garantizar el derecho a la Salud Mental. Hago referencia aquí a nuestra Ley Provincial Nº 8806 de Salud Mental publicada en el Boletín Oficial del día 14/07/1994. Su creación fue un gran avance; ya que en la misma aparece una mirada diferente de la patología mental; tomándola como un sufrimiento psíquico no como una “enfermedad mental”. Dándole también lugar desde el Art. 9, mediante la reglamentación del Art. 22 a las “distintas realidades sociales que se vayan presentando en el devenir del tiempo”, una conceptualización mas amplia que la clásica, en relación a la conformación del sufrimiento psíquico. Por lo planteado considero que así como el derecho a la Salud, esta consagrado en la Constitución Nacional; el derecho a la Salud Mental debería tomar este camino en nuestra Constitución Provincial. Esta propuesta, garantizar desde Nuestra Constitución, es un gran progreso Institucional, para el bienestar integral de todos. Refiere que quiere destacar que desde el Estado quien más desarrollo tareas al respecto fue la Psicóloga Mercedez De Giusto ha quien hago un homenaje en estos momento ya que debería ser ella quien estuviera explicando ante los Sres. CC de la necesidad de lo propuesto por nosotros. El Sr. CC Rogel explica que dentro de 15 días se estará tratando el tema salud por lo cual será parte del tratamiento, en cuanto a la Ley 8806 que cambiaría. La autora explica que esta Ley Pcial fue la primera a nivel Nacional respecto al tema, es del año 1994 y hay cosas para mejorarle como ser no más enfermedad sin participación comunitaria, más promoción y participación. El Sr. CC Pesuto dice que tiene razón el Sr. CC preopinante en cuanto al tiempo que falta para tratar salud y pregunta donde ven la restricción o no aceptación a la salud mental. La autora responde que va mas allá de la enfermedad, explica que trabajando en tribunales con menores hace 15 años, las faltas cometidas por los jóvenes eran transgresiones menores a la Ley, hoy las situaciones son mucho más complejas, con una enorme carga de agresividad y conflictos que hacen necesarias actividades multidiciplinarias para encontrar soluciones. Como Colegio querían explicar que la salud mental debe dejar de ser un tema utópico. El CC Rogel dice que le da la impresión que el tema de salud mental hoy es una necesidad que se explica por si misma. La Sra. Bottegal dice que consideró que no haber venido y presentar un proyecto era una falta personal imperdonable. El Sr CC Marquez agradece a la autora en nombre del bloque justicialista y refiere a que el Colegio de Psicologos participo en su comisión cuando trataron el tema colegiación. La autora pide un minuto para hablar sobre el tema y felicita a todos los Sres. CC por el trabajo realizado en el tema Colegiación, ya que lo considera de vanguardia. La Sra. Pte agradece en nombre de todos los SresCC y despide a la autora. Expediente nº 1167 autoría del Movimiento Pacis Nuntii. Presidente Eduardo Riera Boni quien empieza diciendo que uno de los valores elementales del ser humano y a través del cual se pueden realizar los derechos fundamentales es la Paz entendida ésta nos solo como la relación armónica y respetuosa entre naciones sino también en lo individual y en el ámbito interno de cada país en relación a la vida pacífica entre conciudadanos. Una definición positiva y duradera de Paz exige que todas las personas gocen de una libertad verdadera, sin ningún tipo de represión, sin hambre, sin ignorancia, sin injusticias, de forma tal que el ser humano pueda desarrollar todas sus capacidades. Ese tipo de paz requiere de la existencia de una igualdad que otorgue las mismas posibilidades a todos, para que los pueblos puedan desarrollarse en forma colectiva. La nueva definición de paz implica no solo la conservación de la vida, sino el derecho a una calidad de vida. El nacimiento de nuevos sujetos de derecho internacional ha ligado el concepto de Derechos Humanos al concepto de Paz desde su comienzo. En la actualidad, el Derecho a la Paz se encuentra dentro de los Derechos Humanos de Tercera Generación. El fundamento inmediato del derecho a la paz es la seguridad frente a la violencia e irracionalidad. Es evidente que al protegerse este derecho se protegen todos los demás.. Que por todo lo expuesto es que se presenta como necesario el reconocimiento del Derecho a la Paz en nuestro texto constitucional. Y solicita un minuto más para referirse a la creación de la Bandera Internacional de la Paz que en el año 1984, en Paraná, un grupo de jóvenes, se proponen unir en canoas canadienses, las ciudades de Brasilia y Buenos Aires navegando el río Paraná. Surge así la necesidad de encontrar un símbolo que expresara estos ideales universalistas. El autor y posteriormente capitán de la expedición Eduardo Alberto Riera Borri consulta a su amigo periodista Armando Degani sobre la existencia de una bandera que reflejara el valor de la Paz, este alienta la creación de la misma. La enseña que convocara a la concordia de los pueblos, religiones e ideologías.De los diversos diseños el más aceptado era el presentado por César Fornari y Héctor Antonio Spoturno. El sábado 8 de septiembre de 1984, Roque Varrone; Armando Degani; Paolo Rossi; Ismael Rodríguez y Eduardo Riera Borri colaboran con su creación. El Sr. CC Rogel les explica que hay otros expedientes relacionados al tema propuesto pero que en reconocimiento a tantas tareas emprendidas por Movimiento se ha decidido invitarlos. Les agradece el haber venido y explicado los alcances del proyecto. La Sra CC De la Cruz de Zabal agradece a los presentes la participación y los felicita en nombre del Bloque de la Coalición Cívica Partido Solcialista. La Sra. Pte. De la Comisión les agradece y despide a los autores. No habiendo otro tema que tratar, y siendo las 16 horas y 45 minutos, se da por finalizada la reunión.


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